INV

El Gobierno moderniza y simplifica la regulación de la industria vitivinícola

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El Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) mantendrá sus funciones relacionadas con la inocuidad de los vinos y las certificaciones de exportación.

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía de la Nación en conjunto con el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado ponen en marcha, a través de la Resolución N° 37/2025 del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), una profunda reforma que moderniza el marco regulatorio del sector vitivinícola, eliminando trabas burocráticas y devolviendo la libertad a la industria. 

Durante décadas, la actividad estuvo regida por más de 1.000 normas dispersas, muchas de ellas obsoletas. Para poner orden, se elaboró un Digesto Normativo que revisa, actualiza y simplifica toda la normativa existente. De un total de 1.207 normas en materia vitivinícola se derogan 973.

Reforma del INV

Con esto damos lugar a un nuevo régimen basado en la libertad, la responsabilidad y la competencia. Esta reforma redefine el rol del INV. El organismo dejará de intervenir en las etapas iniciales e intermedias del proceso productivo para concentrarse exclusivamente en el control del producto final, garantizando que los vinos sean aptos para el consumo y no estén adulterados. En otras palabras, el INV dejará de fiscalizar todo el proceso productivo y se enfocará en asegurar la calidad del vino que llega a los consumidores. 

El cambio responde a un diagnóstico compartido por toda la industria: los excesivos controles y trámites impuestos por el INV habían generado costos, demoras y pérdida de competitividad. Los inspectores no fiscalizarán más en las bodegas y se verificará únicamente el producto terminado, es decir, en el tramo final de la cadena productiva. Con esta medida se dejarán de realizar aproximadamente unas 5.000 fiscalizaciones presenciales al año. 

Se eliminaron la Declaración Jurada semanal de elaboración, las multas y sanciones por presentaciones tardías de Declaraciones Juradas, y los permisos de tránsito (para mover sus productos las bodegas generaban más de 140.000 permisos de tránsito por año que debían solicitar al Instituto). 

Con esta nueva norma, las certificaciones de origen, añada y varietal pasan a ser optativas. El INV continuará emitiendo las certificaciones exigidas para exportaciones, tal como lo requieren los países de destino. Esta reforma pone fin a un esquema regulatorio sobredimensionado, oneroso, ineficaz y burocrático, que durante años obstaculizó el desarrollo de una de las principales economías regionales de la Argentina.

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Modernización normativa en el Instituto Nacional de Vitivinicultura

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El Instituto Nacional de Vitivinicultura avanza en la desburocratización del sector con la derogación de normas obsoletas. La Resolución 35/2025 elimina regulaciones en desuso y se enmarca en el plan nacional de simplificación administrativa impulsado por el Gobierno

El Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), con sede en Mendoza, dispuso mediante la Resolución 35/2025, publicada el 6 de octubre en el Boletín Oficial, la derogación de un conjunto de resoluciones consideradas obsoletas o innecesarias.

La medida, firmada por el presidente del organismo, Carlos Raúl Tizio Mayer, se enmarca en el proceso de simplificación y modernización del Estado Nacional, establecido por los Decretos 891/2017 y 90/2025, que instruyen a los organismos públicos a revisar, ordenar y actualizar su normativa interna.

El texto oficial detalla que la Dirección Nacional de Fiscalización del INV realizó un relevamiento normativo que permitió identificar resoluciones que habían perdido vigencia o cuya aplicación respondía a contextos temporales específicos. Entre ellas, se incluyen aquellas que fijaban anualmente el grado alcohólico de los vinos para su circulación —una disposición que por su naturaleza agrícola se actualiza cada año— y otras que exigían información puntual ante situaciones excepcionales.

“Diversas resoluciones del Instituto han perdido actualidad y relevancia en el proceso de desburocratización que está llevando a cabo el Estado Nacional”, señala la norma en sus considerandos.

Un paso en el proceso de simplificación administrativa nacional

La resolución se dicta en cumplimiento de las “Buenas Prácticas en Materia de Simplificación” establecidas por el Decreto 891/2017, que promueve una gestión pública más ágil, transparente y orientada a resultados.

Posteriormente, el Decreto 90/2025 dispuso la realización de un relevamiento normativo integral en todo el sector público, con el objetivo de identificar y derogar normas en desuso que obstaculicen la gestión o generen superposición de funciones.

En el caso del INV, el análisis técnico-jurídico permitió determinar que muchas de las resoluciones vigentes carecían de efectos prácticos en la actualidad, por lo que su derogación busca reducir cargas administrativas, mejorar la eficiencia institucional y favorecer la competitividad del sector vitivinícola argentino.

La Coordinación de Asuntos Jurídicos del organismo intervino en el proceso, garantizando que las medidas adoptadas se ajustaran a las facultades conferidas por las Leyes 14.878 y 24.566 y el Decreto 684/2025, que regulan las competencias del INV.

“Corresponde dejar sin efecto las resoluciones que, por sus características, son pasibles de ello”, establece el artículo primero del texto normativo.

Impacto y proyección en la industria vitivinícola

Si bien la Resolución 35/2025 no afecta las normas operativas vigentes sobre la producción, comercialización o fiscalización de vinos, representa un avance en la digitalización y simplificación de los procesos administrativos del INV, un aspecto clave en un contexto donde el sector vitivinícola enfrenta desafíos de competitividad, costos logísticos y acceso a mercados internacionales.

La eliminación de regulaciones en desuso contribuye a agilizar los trámites para productores, bodegas y exportadores, reduciendo tiempos y requisitos innecesarios, en línea con los objetivos generales del Gobierno de modernizar el Estado y facilitar la interacción entre organismos públicos y privados.

Asimismo, la medida se inscribe dentro del proceso de armonización normativa que busca dotar de mayor coherencia al entramado regulatorio que rige la actividad vitivinícola, una industria estratégica para las economías regionales de Cuyo y el noroeste argentino.

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