INVALIDEZ

Un corte a la insensatez

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Un acto de humillación”. “De vejación”. Cuentan que el Gobernador se enfureció cuando conoció los detalles del maltrato a cientos de misioneros durante las “auditorías” de Nación para determinar la validez de las pensiones por discapacidad. Cientos de personas en largas filas bajo el sol, sin ninguna contención, esperando ser atendidos por un grupo de jóvenes sin identificación, sin médicos y apurados por militantes libertarios enardecidos ante los reclamos. 

Las “auditorías” estuvieron repletas de irregularidades. La falta de profesionales es apenas una. El cardiólogo Leandro Peñaloza, de Pergamino, Buenos Aires, denunció que le falsificaron la firma para las “constancias” entregadas, que no eran otra cosa que un papel sin sello ni membrete de la Agencia Nacional de Discapacidad. 

El médico también negó un vínculo con los libertarios: “Me enteré que en Misiones incluso me quisieron vincular con La Libertad Avanza, pero yo no tengo ninguna relación con esa fuerza política”, relató el profesional al diario Clarín. “En 54 años de ejercicio de la medicina, es la primera vez que me pasa algo así“, afirmó. 

No exagera. Salvo en los años más oscuros de la historia, nunca hubo semejante nivel de atropello a ciudadanos por parte del poder central, acostumbrado a creer que puede mirar con menosprecio a quienes viven más allá de los límites geográficos de la capital.

Por ese cúmulo de vejámenes, Hugo Passalacqua ordenó a la Fiscalía de Estado presentar un amparo ante la Corte Suprema. “Es extremadamente importante. No es una denuncia mediática ni política. Es seria, tuvimos que recabar documentación, testimonios, etc para acreditar en una Corte nada menos. Algo serio, como amerita la barbaridad que hizo la Nación”, detalló Passalacqua. El mandatario misionero, conmovido, puso énfasis en que más allá del rumbo político, la gobernanza debe tener carácter humano. “Si se pierde eso se pierde todo”.

La demanda de Misiones ante la Corte exige el inmediato restablecimiento del pago de las pensiones no contributivas por invalidez, el pago retroactivo a quienes perdieron el beneficio en los últimos meses, la nulidad de las auditorías irregulares realizadas en la provincia, medidas para garantizar la continuidad de las prestaciones, transparencia del proceso y respeto a la dignidad de las personas con discapacidad. 

Aunque parezca el menor de los males, la falta de respeto a la dignidad de las personas con discapacidad es quizás lo más grave de la situación. El desprecio por el otro. El desdén. La falta de empatía. La indolencia. Los operativos en Misiones fueron coordinados por Samantha Stekler. La delegada del PAMI y diputada electa fue la encargada de alquilar los hoteles y elegir los lugares donde se hicieron las “auditorías” que terminaron en escándalo. 

Sea del signo político que sea, el Gobierno debe estar para proteger a sus ciudadanos, no para darles la espalda ni para ahondar su vulnerabilidad. No hay Excel ni motosierra que justifique la degradación. Por eso no sorprendió que incluso los aliados votaran a favor de la ratificación de la ley de Emergencia en Discapacidad, vetada por el Presidente. Milei se quedó en soledad en su negativa. Apenas lo acompañaron seis senadores de la LLA y una del PRO. Los senadores de Misiones, Carlos Arce y Sonia Rojas Decut votaron en línea con el posicionamiento de Passalacqua. Martín Goerling Lara, que en la primera votación estuvo ausente, ahora votó a favor en contra del veto. 

No se trata de evadir controles ni auditorías, sino de respetar al otro. Sin embargo, el Gobierno parece disfrutar de llevar al extremo el avasallamiento. La irregularidad de la auditoría en Misiones no es una excepción. En otras provincias ocurrió lo mismo. Salta también reclamó ante la Corte Suprema. 

No son excepciones: el propio Presidente Javier Milei, su ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y el entonces jefe de Gabinete, Nicolás Posse, sostuvieron durante meses que una auditoría había demostrado que la mitad de los comedores del país no existían. Esa supuesta evidencia sirvió para justificar la suspensión del envío de alimentos, mientras millones de kilos de mercadería se acumulaban en depósitos oficiales.

Sin embargo, tras un largo reclamo de la diputada nacional Natalia Zaracho y un fallo judicial favorable, el ministerio de Capital Humano reconoció oficialmente que esa auditoría nunca existió. En su lugar, sólo se realizaron verificaciones parciales y administrativas, que abarcaron apenas al 6% de los inscriptos en el Registro Nacional de Comedores Comunitarios y sin trabajo de campo real. Es decir, no hubo auditoría en términos legales ni metodológicos.

El episodio revela una estrategia discursiva basada en un relato fabricado y amplificado por parte del aparato mediático: instalar una cifra impactante (“el 50% no existe”) para legitimar un ajuste sobre las políticas alimentarias, aunque careciera de sustento. 

Más allá de la cuestión técnica, el trasfondo es político: Milei buscó instalar un símbolo de “despilfarro y corrupción” en los sectores más vulnerables para justificar el desmantelamiento del sistema de asistencia. La revelación no solo desnuda esa maniobra, sino que también plantea interrogantes sobre los límites de la posverdad en la gestión pública.

En contraste, la realidad se empeña en contradecir el relato oficialista. Para ser un Presidente especialista en generar riqueza con o sin dinero, los resultados son bastante escasos, apenas sostenidos por la contención de la inflación, que no alcanza ante el desmoronamiento del poder adquisitivo de millones de familias. 

En julio, una familia tipo en la Argentina necesitó casi cuatro salarios mínimos para no caer por debajo de la línea de pobreza y cubrir el costo de la canasta básica, según un informe del Centro de Investigación y Formación de la República Argentina. La comparación entre el salario mínimo y la línea de pobreza muestra una situación incluso peor que la del año 2001, cuando el país estuvo al borde de la disolución tras el fracaso de la alianza y la década menemista. 

El deterioro también se observa en otras variables analizadas, como las jubilaciones mínimas y la desindustrialización. Cifra señala que el retroceso no puede atribuirse únicamente a coyunturas externas adversas, sino que responde también a decisiones de política económica que priorizaron la apertura comercial y la disciplina fiscal sobre el sostenimiento del aparato productivo y del mercado interno. La contracción de la industria y el deterioro de los ingresos previsionales son dos caras de una misma estrategia de ajuste. La política económica está siendo más letal que el Covid: desde noviembre de 2023 cerraron 15.564 empresas. Durante la pandemia, 15.398 bajaron las persianas

En el medio, el Gobierno acaba de romper con su promesa más firme: la libre flotación del dólar. Hace apenas unas semanas, Milei y todo el equipo económico se burlaban en un streaming de las críticas a la política económica. “¿El dólar está intervenido?”, le preguntó un inocente Alejandro Fantino. “¡¡Flotaaaa!!”, le respondieron todos entre risotadas. No flota más. Las medidas de contención indirecta del dólar se fueron desgastando y perdiendo potencia, hasta que el escándalo de las coimas de Karina dinamitó la confianza. El dólar se disparó y el temblor llegó a las acciones. El Tesoro tuvo que usar la bala de plata y no le quedó otra que intervenir en el mercado para calmar la fiebre. Con una aspirina.

En ese escenario, este domingo el gobierno enfrentará una batalla electoral clave. Buenos Aires va a las urnas para renovar su Legislatura y las encuestas anticipan que el peronismo está cinco puntos arriba de la Libertad Avanza, con diferencias más amplias en algunas secciones electorales. El cierre de campaña encabezado por Milei, en medio del escándalo por las presuntas coimas y sobreprecios que protagoniza su hermana Karina, fue una muestra del desencanto: apenas un puñado de militantes en contraste con la euforia exhibida en el escenario. Los sondeos coinciden en que LLA sumará otra derrota en las provincias, aunque los acólitos insisten en matizar que “lo que importa es octubre”. Pero más allá del resultado, la elección es clave porque lo que implica para dos que no son candidatos: el Presidente y Axel Kicillof, quien representa al “kirchnerismo muerto” que se resiste a morir. 

Misiones también piensa en octubre. Pero como nunca antes, el silencio domina la campaña. Los pintados de violeta, hacen mutis por el foro. Diego Hartfield pasó la semana tuiteando sobre el US Open. Ni una sola idea, ni una sola propuesta. Solo retuits. Del resto se sabe nada. 

Oscar Herrera Ahuad, el presidente de la Legislatura, quien fue uno de los primeros en cuestionar el manoseo de las pensiones, ahora marcó la cancha con el precio de la yerba mate y recordó que en 2023, cuando era gobernador se logró alcanzar los 50 centavos de dólar. Ahora vale, en el mejor de los casos, 250 pesos y hasta 180 como paga Las Marías, la yerbatera de Corrientes. Herrera Ahuad anticipó que en el Congreso volverá a pelear por la regulación del mercado yerbatero, al que definió como imperfecto, por el desequilibrio entre muchos productores y pocos compradores que controlan los precios.

Más allá de la crisis del sector primario yerbatero, Misiones exhibe datos económicos que contrastan con el deterioro nacional. Subió el empleo -108.492 puestos de acuerdo a la Superintendencia de Riesgos de Trabajo- y también aumentó el número empresas empleadoras con una suba mensual de 0,9% (+83), con el agro como protagonista en ambos casos. Misiones tiene uno de cada tres empleos registrados en el NEA.

También como la principal exportadora de la región y se convirtió en la sexta provincia del país con mayor peso de manufacturas en sus exportaciones superando largamente a Corrientes y Chaco. Misiones fue la provincia con el mayor volumen de exportaciones en la región con USD 262 millones, explicando el 40,9% del total regional. Las ventas al exterior crecieron al 11,6% contra el año anterior y también mostraron importantes incrementos contra los primeros semestres de los años previos (+41,6% vs. 2023 y +20,7% contra 2022). En esta línea cabe resaltar que no solo creció contra esos años, sino que Misiones tuvo su mejor primer semestre desde el 2002.

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Misiones presenta un amparo ante la Corte Suprema por la suspensión de pensiones por invalidez

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El gobernador Hugo Passalacqua, anunció que instruyó al fiscal de Estado, Fidel Eduardo Duarte, a promover una acción de amparo contra el Estado Nacional y la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) por la suspensión de las Pensiones No Contributivas por Invalidez y otros beneficios conexos, medida que afecta a miles de misioneros desde marzo de 2025.

La presentación judicial se formalizó bajo el expediente N° 2128/2025, caratulado “Misiones, Provincia de c/ Estado Nacional y otro s/ Amparo”, que tramita ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación – Secretaría de Juicios Originarios.

Según se desprende del escrito presentado por la Fiscalía de Estado y sus representantes legales -los procuradores fiscales José Sebastián Santiago Delgado y Christian Horacio Lampugnani-, la demanda solicita al máximo tribunal:

  • El inmediato restablecimiento del pago de las pensiones y beneficios suspendidos por la ANDIS.
  • La cancelación de los retroactivos adeudados a los beneficiarios desde marzo de 2025.
  • La nulidad de las auditorías realizadas en la provincia, que fueron denunciadas como irregulares por carecer de validez legal, ya que no contaban con médicos ni documentos oficiales que formalicen los controles, realizados en lugares inapropiados.
  • La adopción de medidas cautelares innovadoras, que garanticen la continuidad de las prestaciones y aseguren la transparencia de los procesos administrativos.

Defensa de los derechos

Passalacqua remarcó que la acción busca proteger la dignidad de las personas con discapacidad, quienes resultaron afectadas por la decisión del gobierno nacional. “He instruido al fiscal de Estado a promover esta acción de amparo en defensa de los derechos de los misioneros más vulnerables”, expresó el mandatario provincial en su mensaje.

La Provincia sostiene que la suspensión de las pensiones constituye un acto ilegítimo y arbitrario que vulnera garantías constitucionales y compromete la subsistencia de miles de familias, que además fueron obligadas a recurrir a controles en lugares no apropiados y sin profesionales a cargo de la situación. Según trascendió, una de las que organizó los operativos y el desembarco de los jóvenes libertarios que “asistieron” en los controles fue Samantha Stekler, la delegada del PAMI local y flamante diputada provincial electa por la Libertad Avanza. La funcionaria forma parte del tridente violeta en Misiones, junto a Adrián Núñez y el ex tenista Diego Hartfield, que ahora se postula a diputado nacional.

En el operativo realizado en San Ignacio, el cardiólogo Leandro Peñaloza denunció que falsificaron su firma para renovar pensiones por discapacidad. La constancia advertía que el beneficiario debía presentar documentación adicional en un plazo de 30 días mediante TAD, ANSES o Centros de ANDIS, aunque en Misiones la agencia carece de oficinas propias.

Después, el operativo en 25 de Mayo terminó en otro escándalo, cuando los militantes libertarios intentaron frenar el trabajo periodístico que estaba reflejando las pésimas condiciones a las que fueron sometidos los misioneros que fueron a renovar sus certificados. Ante la sucesión de escándalos, Stekler canceló reservas en un hotel de Bernardo de Irigoyen, donde se iba a realizar un nuevo operativo.

El escrito judicial ordenado por Passalacqua enfatiza que el Fiscal de Estado de Misiones tiene la atribución constitucional de defender el patrimonio e intereses de la Provincia, tal como lo establece el artículo 128 de la Constitución provincial y la Ley I N° 18 (antes Ley 456), Orgánica de la Fiscalía de Estado.

En ese marco, Duarte y los procuradores fiscales actuarán en representación de Misiones “en forma conjunta, indistinta o separadamente” en el proceso que ahora se abre en el máximo tribunal del país.

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