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Posco consigue USD 700 millones del BID para ampliar su producción de litio en Salta y Catamarca

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La minera surcoreana Posco obtuvo un financiamiento de hasta USD 700 millones de BID Invest para ampliar el proyecto Sal de Oro, ubicado en el Salar del Hombre Muerto, entre Salta y Catamarca. El crédito permitirá avanzar en la puesta en marcha y el aumento progresivo de la producción de dos plantas destinadas a elaborar hidróxido y carbonato de litio.

La estructura financiera contempla un tramo de hasta USD 250 millones aportado directamente por BID Invest, el brazo de inversión privada del Banco Interamericano de Desarrollo, y la posibilidad de movilizar otros USD 450 millones de instituciones financieras internacionales privadas.

El financiamiento representa un nuevo respaldo para una inversión que ya supera los USD 2.700 millones desde el desembarco de Posco en la Argentina en 2018. La compañía adquirió entonces los derechos mineros sobre el Salar del Hombre Muerto por USD 280 millones y atravesó ocho años de desarrollo antes de comenzar a capturar resultados operativos.

Dos plantas y hasta 48.000 toneladas anuales

La expansión contempla una planta de hidróxido de litio con capacidad para 25.000 toneladas anuales y otra de carbonato de litio con capacidad para 23.000 toneladas. Una vez que ambas instalaciones alcancen su plena operación, Posco proyecta producir y exportar cerca de 48.000 toneladas anuales de productos de litio.

El proyecto también generaría alrededor de 620 empleos permanentes formales, de acuerdo con la información difundida por BID Invest. La operación forma parte de IDB LAC Minerals, iniciativa del Grupo BID destinada a fortalecer cadenas de suministro de minerales críticos y promover mayor valor agregado en América Latina y el Caribe.

“Esta operación refleja el compromiso de BID Invest con el desarrollo de cadenas de suministro de minerales críticos en la región”, afirmó James Scriven, gerente general de BID Invest.

El financiamiento llega, además, después de que la segunda etapa de Sal de Oro, que supone una inversión adicional de USD 208 millones, obtuviera en junio la aprobación para ingresar al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI). El régimen contempla beneficios impositivos, estabilidad regulatoria durante 30 años y acceso al arbitraje internacional.

Después de años de pérdidas, Posco empezó a ganar dinero en Argentina

La llegada del financiamiento coincide con un punto de inflexión para la operación argentina de Posco. Durante el segundo trimestre de 2026, Posco Argentina registró una ganancia operativa de 11.000 millones de wones, equivalentes a unos USD 8 millones.

Se trata del primer trimestre con resultado operativo positivo para la compañía después de ocho años de presencia en el país y casi dos años desde el inicio de la operación comercial, en octubre de 2024. Hasta ese momento, la filial había acumulado pérdidas operativas cercanas a los 300.000 millones de wones.

El recorrido explica por qué el nuevo financiamiento adquiere relevancia. El proyecto demandó años de exploración, infraestructura y construcción antes de alcanzar una escala capaz de comenzar a generar resultados. Entre las obras realizadas se encuentran decenas de pozos y piletas de evaporación cuya superficie conjunta supera el equivalente a 1.000 canchas de fútbol.

Ahora, el desafío pasa de poner en marcha la producción a escalar la capacidad industrial y capturar mayor valor de un recurso estratégico para la transición energética.

Posco amplía su presencia en el Salar del Hombre Muerto

La estrategia de la compañía no se limita a Sal de Oro. En abril de este año Posco adquirió por USD 65 millones el proyecto Hombre Muerto Norte, también localizado en el Salar del Hombre Muerto, mediante la compra del 100% de las acciones de NRG Metals Argentina, subsidiaria de Lithium South.

El activo se encuentra en una etapa de exploración avanzada y presenta un potencial de producción de hasta 15.600 toneladas anuales de carbonato de litio equivalente.

De esta manera, el grupo surcoreano está construyendo una posición de mayor escala sobre uno de los principales polos litíferos de la Argentina. El movimiento combina expansión de reservas, incremento de capacidad productiva y acceso a infraestructura industrial para procesar el recurso.

La compañía prevé adelantar la construcción de una tercera y una cuarta planta de litio en salmuera para 2027 y 2030, respectivamente. Su objetivo global es alcanzar una producción combinada de 173.000 toneladas anuales de litio en 2033, incluyendo operaciones de roca en Australia.

El litio argentino gana peso en la estrategia de Corea del Sur

La expansión de Posco ocurre en paralelo con un mayor acercamiento entre Argentina y Corea del Sur alrededor de los minerales críticos. El 31 de julio, el presidente surcoreano Lee Jae Myung visitó Buenos Aires y mantuvo una reunión con Javier Milei.

Ese mismo día, Argentina y Corea del Sur firmaron un memorando de cooperación en minerales críticos, con especial atención en el litio. El acuerdo busca promover inversiones en exploración, extracción, procesamiento y refinamiento, además de fortalecer cadenas de suministro vinculadas con baterías y tecnologías avanzadas.

Para Corea del Sur, el acceso estable a minerales críticos es una cuestión estratégica frente a las tensiones de las cadenas globales de suministro y la creciente demanda asociada a la electrificación y la industria tecnológica.

Para Argentina, la ecuación es diferente pero complementaria: convertir recursos naturales en exportaciones, inversiones, empleo y mayor capacidad de procesamiento. La llegada de financiamiento internacional para ampliar una operación que ya produce y comienza a generar ganancias muestra que el capital busca proyectos con capacidad de pasar de la etapa exploratoria a una escala industrial.

Argentina busca convertir reservas en producción

El país ocupa, según los datos aportados, el quinto lugar entre los mayores productores mundiales de litio y el tercero en reservas. Sin embargo, la distancia entre el potencial geológico y la producción efectiva continúa siendo significativa.

La Secretaría de Minería registra 69 proyectos de litio en distintas etapas de desarrollo, pero solamente siete se encuentran actualmente en producción. El desafío económico, por lo tanto, no consiste únicamente en ampliar las reservas conocidas, sino en transformar proyectos mineros en operaciones industriales sostenibles y con capacidad exportadora.

En ese escenario, los USD 700 millones comprometidos por BID Invest para Sal de Oro aportan una señal adicional sobre la maduración del sector. El capital internacional no llega solamente para explorar: se orienta a ampliar plantas, aumentar producción y consolidar cadenas vinculadas con un mineral que ocupa un lugar central en la competencia tecnológica global.

Para las provincias productoras, el punto decisivo será que esa expansión se traduzca en actividad económica local, empleo formal, proveedores y mayor integración industrial. Para Argentina, el desafío de fondo es aprovechar la ventana del litio antes de que la competencia internacional y la evolución tecnológica reduzcan el valor relativo de su ventaja geológica.

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La economía creció 2,7% en junio y la minería volvió a marcar el rumbo

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La actividad económica argentina creció 2,7% interanual en junio de 2026 y avanzó 0,8% respecto de mayo, según el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) difundido por el INDEC. El dato confirma la continuidad de la recuperación y ubica a junio como el segundo mayor crecimiento interanual del año.

El resultado adquiere mayor relevancia al observar qué sectores explicaron la expansión. La explotación de minas y canteras registró un salto del 15,6% interanual y, junto con el sector agropecuario, aportó 1,1 puntos porcentuales al crecimiento general de la economía.

La minería se consolida así como uno de los motores más dinámicos de la actividad, en un escenario en el que el desarrollo de recursos naturales gana peso dentro de la estructura productiva argentina. El desempeño del sector muestra el impacto que pueden tener las inversiones asociadas a la explotación de recursos sobre la actividad económica, especialmente cuando se traducen en mayor producción y capacidad exportadora.

El dato mensual también ofrece una señal positiva. Luego de distintos movimientos durante el primer semestre, la economía logró crecer 0,8% en junio frente a mayo. A su vez, el indicador de tendencia-ciclo, que permite observar la evolución de la actividad descontando los factores estacionales, registró una mejora de 0,2%.

En términos acumulados, la economía presenta una expansión de 1,9% durante los primeros seis meses del año. El registro muestra que, pese a la contracción observada en febrero, el balance del primer semestre permanece en terreno positivo.

El desafío ahora es determinar cuánto de este crecimiento puede transformarse en una recuperación más amplia y sostenida. El fuerte desempeño de la minería y el aporte del agro muestran sectores con capacidad para impulsar la actividad, pero el impacto sobre el conjunto de la economía dependerá de que esa expansión pueda irradiarse hacia la industria, la construcción, el comercio y los servicios.

La composición del crecimiento resulta, por eso, tan importante como el número general. Una economía que crece impulsada por sectores con capacidad de generar inversiones, exportaciones y divisas cuenta con una oportunidad para ampliar su frontera productiva. El desafío consiste en convertir esa ventaja en más encadenamientos locales, empleo privado y actividad en las regiones donde se desarrollan los proyectos.

La evolución de la minería aparece como una de las claves para ese proceso. Su crecimiento interanual del 15,6% superó ampliamente la expansión promedio de la economía y refuerza el papel que pueden asumir los recursos naturales en una estrategia orientada a aumentar la producción y las exportaciones.

El resultado de junio, de todos modos, no permite hablar todavía de una recuperación homogénea. El crecimiento agregado esconde comportamientos diferentes entre sectores, por lo que la sostenibilidad del ciclo dependerá de que la mejora alcance progresivamente a una mayor cantidad de actividades.

Con un crecimiento interanual de 2,7%, una expansión mensual de 0,8% y un acumulado anual positivo de 1,9%, el EMAE de junio deja una señal de recuperación. La pregunta económica para los próximos meses será si el impulso de los sectores más dinámicos puede convertirse en una expansión más generalizada, capaz de sostener inversión, empleo y consumo.

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Daza, en el Council de las Américas: “La Argentina ya cambió y el cambio es permanente”

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“La Argentina ya cambió”. Con esa definición, José Luis Daza condensó el mensaje que el Gobierno buscó transmitir ante empresarios, inversores y referentes políticos durante el Council de las Américas 2026. El viceministro de Economía reemplazó al ministro Luis Caputo, ausente por problemas de salud, y convirtió su exposición en una defensa del rumbo económico iniciado con Javier Milei, pero también en una apuesta por el impacto estructural que, según su visión, tendrá la transformación sobre el mercado laboral y la matriz productiva.

Para Daza, el cambio no se limita a una reducción del déficit o a la baja de la inflación. Se trata de una modificación cultural y política que atraviesa al conjunto de la sociedad. “El cambio creo que es permanente”, afirmó, al sostener que la Argentina ingresó en una etapa que considera inédita en comparación con otras transformaciones económicas que observó durante décadas de trabajo en Estados Unidos y Wall Street.

Su interpretación parte de una premisa política: la elección de Milei significó, según Daza, que una mayoría social aceptara la necesidad de reducir el tamaño del Estado y alcanzar el equilibrio fiscal. “La Argentina cambia cuando decide elegir a un presidente cuyo símbolo es la motosierra”, sostuvo. Para el funcionario, allí se produjo un quiebre que excede la discusión ideológica tradicional y expresa un nuevo consenso sobre las restricciones fiscales del Estado.

Pero el segundo componente que Daza considera decisivo es la forma en que se implementó ese ajuste. El funcionario destacó que el Gobierno decidió reducir el gasto y avanzar hacia el equilibrio fiscal sin romper contratos ni reestructurar la deuda doméstica. “Todo lo que vamos a hacer en política económica, todo lo que vamos a hacer en el Gobierno es respetando el Estado de derecho, respetando la santidad de los contratos”, señaló al reconstruir el mandato recibido por el equipo económico.

La defensa de las reglas de juego ocupó buena parte de su exposición. Daza buscó presentar el cumplimiento de los contratos como una condición para reconstruir un mercado financiero de largo plazo y diferenciar el proceso argentino de anteriores episodios de default. En esa lógica, sostuvo que la estrategia permitió comenzar a sentar las bases de “la Argentina moderna” y que esa decisión ya empieza a producir resultados en materia de financiamiento y confianza.

El otro eje de su diagnóstico fue la inflación. Daza afirmó que el proceso de desinflación está asentado sobre “bases sólidas” y que continuará porque el programa no depende de una única variable. Destacó la combinación de equilibrio fiscal, cuentas externas positivas, bancos capitalizados y ausencia de descalces relevantes como parte de los fundamentos que, según el Gobierno, permitirían sostener la estabilización en el tiempo.

“Para mí personalmente no es un tema”, respondió al referirse a la inflación, en una de las definiciones más contundentes de su exposición. La afirmación apunta a transmitir que la dinámica de los precios dejó de constituir, para el equipo económico, una amenaza central al programa. Daza también vinculó el futuro de la estabilidad con la eventual aprobación de una nueva Carta Orgánica del Banco Central y consideró que una mayor independencia de la autoridad monetaria podría constituir “un shock de confianza” para la economía.

El cambio que todavía no se ve

Sin embargo, el aspecto más ambicioso del discurso no estuvo en los indicadores financieros sino en lo que Daza considera la transformación todavía subestimada: el cambio de la matriz productiva argentina.

El funcionario sostuvo que el país está transitando desde una estructura más dependiente de los sectores tradicionales hacia una economía donde energía y minería tendrán un peso creciente, junto con una expansión de la productividad agropecuaria. A su entender, la magnitud de esa transformación todavía no fue completamente incorporada por la sociedad porque los proyectos de inversión tienen tiempos de maduración diferentes a los de la percepción cotidiana.

“Se viene un cambio que la sociedad no ha podido percibir porque nunca ha visto un cambio en la matriz productiva como el que se nos viene en la Argentina”, planteó.

El punto relevante, según Daza, es que ese proceso no quedará circunscripto a las provincias productoras ni a las empresas directamente involucradas. La expansión energética y minera generaría una demanda creciente de infraestructura, servicios profesionales, transporte, tecnología, mantenimiento y proveedores industriales, con efectos sobre múltiples sectores de la economía.

La referencia a Chile funcionó como ejemplo de esa dinámica. Daza sostuvo que el desarrollo del cobre produjo allí una red de proveedores y servicios que se extendió mucho más allá de las regiones estrictamente mineras. Esa experiencia es utilizada por el Gobierno como una referencia para anticipar lo que podría ocurrir en Argentina si los proyectos de energía y minería alcanzan la escala prevista.

La consecuencia más concreta de esa transformación, y quizás una de las definiciones de mayor impacto social de su discurso, aparece en el mercado laboral. “Argentina va a necesitar por lo menos 18.000 ingenieros por año”, afirmó. A esa demanda sumó soldadores, electricistas, mecánicos, trabajadores vinculados a la infraestructura, contadores y otros perfiles técnicos y profesionales.

El dato funciona como una advertencia tanto para el sistema educativo como para empresas y gobiernos. Si la inversión esperada efectivamente se materializa, la restricción podría dejar de estar exclusivamente en la disponibilidad de capital para convertirse también en la disponibilidad de recursos humanos capacitados.

Argentina, según Daza, egresa actualmente alrededor de 6.000 ingenieros por año, por lo que el salto requerido sería de una magnitud considerable. La discusión sobre el modelo económico, en consecuencia, empieza a desplazarse hacia otra pregunta: ¿está el país preparado para formar a las personas que necesitará la economía que pretende construir?

De la macroeconomía al bolsillo

El funcionario insistió además en que el crecimiento de sectores como minería y energía no debería analizarse como un fenómeno aislado. “Esto se va a trasladar a toda la sociedad”, afirmó, al explicar que la expansión de las inversiones demandará trabajadores, proveedores y servicios en distintas regiones.

La lógica es conocida en economía: una inversión primaria puede generar efectos multiplicadores sobre cadenas de proveedores, logística, servicios financieros, software, profesionales y consumo. La diferencia, en el caso argentino, estaría en la escala potencial de los recursos involucrados y en la posibilidad de convertirlos en una plataforma exportadora.

Daza vinculó esa oportunidad con la teoría de la convergencia: una economía que incorpora capital, tecnología y productividad puede acercar su ingreso por habitante al de países que lograron sostener procesos prolongados de crecimiento. En ese punto comparó la trayectoria argentina con la uruguaya y la chilena y sostuvo que la apertura y la eliminación de restricciones permitirían recuperar parte del terreno perdido.

El optimismo del funcionario, sin embargo, fue presentado como una conclusión basada en experiencias internacionales y no como una expectativa coyuntural. “No estoy optimista de Argentina. Soy realista”, afirmó, al explicar que observó transformaciones similares en otros países y que considera que Argentina reúne una combinación particularmente favorable de recursos naturales y capital humano.

El desafío que queda fuera de los balances

En el tramo final de su discurso, Daza introdujo una dimensión social que resulta central para evaluar cualquier proceso de transformación económica. Reconoció que la pobreza continúa siendo “excesivamente alta” y que la fragilidad de las clases medias también permanece como un problema.

El funcionario reivindicó, en ese sentido, el esfuerzo del Gobierno por focalizar la asistencia sobre los sectores más vulnerables mientras avanza el ajuste fiscal. La cuestión resulta particularmente relevante porque el éxito de una transformación productiva no se mide únicamente por exportaciones, inversiones o equilibrio presupuestario, sino por su capacidad para generar empleo, mejorar ingresos y ampliar las oportunidades de movilidad social.

Ese es, precisamente, el punto donde el discurso económico encuentra su principal desafío. La promesa de una Argentina más productiva requiere que el crecimiento de energía, minería, agro y servicios se convierta efectivamente en empleos formales, mejores salarios, proveedores locales y nuevas capacidades profesionales.

La advertencia sobre los 18.000 ingenieros anuales puede leerse, entonces, como algo más que una proyección laboral. Es también un llamado a anticipar el cuello de botella de la próxima etapa. Si la Argentina pretende atraer inversiones de gran escala, deberá resolver simultáneamente problemas de infraestructura, formación técnica, capacitación profesional y articulación entre el sistema educativo y las nuevas demandas empresarias.

En esa transición, el cambio de matriz productiva puede ser una oportunidad, pero no constituye por sí mismo una garantía de desarrollo territorial equilibrado. El verdadero salto dependerá de cuánto valor agregado pueda capturar la economía local y de qué manera ese crecimiento llegue a trabajadores, pymes, profesionales y comunidades.

Daza cerró su exposición con una definición política que resume la estrategia oficial: “La Argentina ya cambió”. Para el Gobierno, el desafío ahora consiste en demostrar que ese cambio no se limita a la macroeconomía y que puede convertirse en una transformación productiva capaz de generar oportunidades concretas.

La próxima discusión, por lo tanto, no será solamente cuánto déficit queda, cuánto baja la inflación o cuánto capital ingresa. Será quiénes podrán participar de la nueva economía que el Gobierno proyecta y si el país logra formar, integrar y retener a los trabajadores que esa transformación va a necesitar.

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Habilitan una línea eléctrica de 93 kilómetros para abastecer al proyecto minero Josemaría–Filo del Sol en San Juan

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El Gobierno nacional autorizó a Vicuña Argentina S.A. a construir una nueva línea de alta tensión de 93 kilómetros destinada a abastecer exclusivamente al Proyecto Minero Integrado Josemaría–Filo del Sol, en el norte de San Juan. La obra tendrá una capacidad de 220 kV, será de doble terna y conectará las futuras estaciones transformadoras Josemaría y Chaparro.

La autorización fue formalizada mediante la Resolución 197/2026 de la Secretaría de Energía, publicada este viernes en el Boletín Oficial, y constituye un paso regulatorio relevante para la infraestructura eléctrica asociada a uno de los proyectos mineros de mayor escala en desarrollo en la provincia.

La línea será construida, operada y mantenida íntegramente a costo de la empresa y para su propia necesidad. La autorización tendrá una vigencia de 25 años y no implica, de acuerdo con la resolución, que la infraestructura pase a formar parte de una obra de uso compartido por terceros.

El proyecto contempla una línea de transporte eléctrico en 220 kV y doble terna, con una extensión aproximada de 93 kilómetros entre la futura Estación Transformadora Josemaría, ubicada en el predio del emprendimiento minero, y la futura Estación Transformadora Chaparro, que será construida con capacidad de transformación de 500/220 kV.

El punto central de la decisión es que la Secretaría de Energía concluyó que se cumplieron las condiciones previstas por el artículo 31 de la Ley 24.065 para autorizar una instalación de transporte eléctrico de uso particular. Ese régimen exige evaluar, entre otros aspectos, que no exista una necesidad o conveniencia pública de utilización compartida de la infraestructura, incluso en el largo plazo.

Antes de otorgar la autorización se realizó una Audiencia Pública convocada por el entonces Ente Nacional Regulador de la Electricidad. La instancia se llevó a cabo el 15 de enero de 2026 y permitió incorporar las observaciones de los distintos actores vinculados con el sistema eléctrico, además de analizar eventuales impactos técnicos, ambientales y regulatorios.

Según el análisis posterior realizado por la Dirección Nacional de Transporte y Distribución Eléctrica de la Secretaría de Energía, la audiencia cumplió con los requisitos establecidos por la normativa. El organismo concluyó además que no se detectaron impedimentos técnicos, ambientales ni regulatorios para avanzar con la obra y que durante el procedimiento no se acreditó una necesidad o conveniencia pública de uso compartido con terceros.

La autorización, sin embargo, no funciona como un permiso aislado de las reglas del sistema eléctrico. La resolución establece que la construcción y operación de la línea deberán ajustarse a las condiciones técnicas, ambientales y regulatorias aplicables al Sistema Argentino de Interconexión (SADI), además de los requerimientos que surjan del Convenio de Conexión que deberá suscribirse con Transener.

La medida también involucra a los principales actores del sistema eléctrico nacional. La Secretaría de Energía dispuso notificar la autorización a Transener, Cammesa y al organismo regulador correspondiente, además de la propia empresa Vicuña Argentina.

Desde una perspectiva de desarrollo productivo, la infraestructura eléctrica constituye un componente crítico para transformar un proyecto minero en una operación industrial de escala. En este caso, el diseño elegido permite que la inversión en la conexión eléctrica sea afrontada directamente por el desarrollador del proyecto, mientras el Estado concentra su intervención en la evaluación regulatoria, técnica y ambiental y en la compatibilidad de la obra con el sistema eléctrico nacional.

La resolución no establece el monto de inversión asociado a la construcción de la línea ni fija un cronograma de ejecución de la obra. Tampoco anticipa por sí misma cuándo comenzará la operación comercial del proyecto minero. Lo que sí hace es despejar uno de los requisitos regulatorios necesarios para desarrollar la infraestructura eléctrica específica que deberá abastecerlo.

El siguiente desafío será convertir esta autorización en infraestructura efectiva. Para ello, Vicuña Argentina deberá cumplir las exigencias aplicables al SADI y avanzar en el Convenio de Conexión con Transener, mientras que la obra deberá mantenerse dentro de los parámetros técnicos, ambientales y regulatorios establecidos por las autoridades competentes.

Así, la decisión agrega una pieza concreta a la infraestructura necesaria para el desarrollo de Josemaría–Filo del Sol: una conexión eléctrica de 93 kilómetros que será financiada por el propio proyecto y que, durante los próximos 25 años, estará destinada a garantizar su abastecimiento energético bajo las condiciones establecidas por el marco regulatorio nacional.

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