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El mercado de capitales bate récord: el MAV movilizó $16,8 billones en el primer semestre

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El financiamiento empresarial a través del mercado de capitales continúa ganando protagonismo en Argentina. Según un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), entre enero y junio de 2026 el Mercado Argentino de Valores (MAV) registró operaciones por $16,8 billones, el mayor volumen para un primer semestre desde que existen registros. En términos reales, el crecimiento alcanzó el 37,4% respecto del mismo período de 2025 y superó en 115% el promedio de los últimos cinco primeros semestres, confirmando una aceleración sostenida de la actividad.

El dato no solo refleja una mayor utilización de instrumentos bursátiles por parte del sector privado, sino también una transformación en la forma en que las empresas financian capital de trabajo, inversiones y proyectos de expansión. En un escenario donde el crédito bancario aún presenta limitaciones, el mercado de capitales se consolida como un canal complementario para sostener la actividad económica.

Entre enero y junio se negociaron $ 16,8 billones en el Mercado Argentino de Valores, un 37% más que en el mismo período de 2025 en términos reales. Los pagarés encabezaron la operatoria, mientras que las FCE más que duplicaron su volumen.

Evolución del monto total operado en el MAV

Según datos del Mercado Argentino de Valores (MAV), durante el primer semestre de 2026 la negociación de cheques de pago diferido (CPD), facturas de crédito electrónicas (FCE), pagarés y pagarés producto (PP) totalizó $ 16,8 billones. Este valor registró un crecimiento real del 37,4% respecto del mismo período de 2025 y más que duplicó el promedio de los cinco primeros semestres anteriores (+115%), constituyendo el mayor volumen operado para este período del año del que se tiene registro.

Diferenciando por mes, se advierte una aceleración de la operatoria hacia el cierre del semestre. En junio se negociaron instrumentos por $ 3,3 billones, el mayor registro de 2026 y el segundo volumen mensual más elevado de la serie, apenas por debajo del máximo alcanzado en diciembre de 2025. De esta manera, el monto operado durante el segundo trimestre superó al del primero.

Cabe aclarar que el análisis realizado en este apartado considera el volumen total negociado en el MAV expresado en pesos constantes de junio de 2026, con el objetivo de aislar el efecto del incremento de precios. Para ello, los montos originalmente denominados en dólares fueron convertidos a pesos utilizando el tipo de cambio mayorista de referencia (Comunicación A3500 del Banco Central de la República Argentina) del día de la negociación y posteriormente ajustados mediante el Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Considerando el acumulado entre enero y junio, el pagaré se mantuvo como el principal instrumento negociado, concentrando el 55,2% del volumen total. Esta participación resultó levemente superior a la registrada en el primer semestre de 2025, reforzando su predominio dentro del mercado. En segundo lugar, los CPD representaron el 42,1% de las operaciones, registrando una disminución respecto del mismo período del año anterior. Por su parte, las FCE incrementaron su participación hasta el 2,5%, alcanzando su mayor incidencia para un primer semestre. Finalmente, el pagaré producto explicó alrededor del 0,2% de las negociaciones.

Análisis por instrumento

Centrando el análisis en cada instrumento, el volumen operado en el MAV a través de pagarés ascendió a $ 9,3 billones durante el primer semestre de 2026, registrando un incremento real del 39% respecto del mismo período del año anterior. Este monto constituye el mayor valor alcanzado por el instrumento para un primer semestre y se posiciona 130% por encima del promedio de los últimos años. En el interior del semestre, junio presentó el mayor nivel de operatoria, con negociaciones por $ 1,85 billones, ubicándose como el tercer mayor registro mensual de toda la serie.

Entre los beneficios del pagaré se destaca su facilidad de emisión y sus reducidos costos de transacción, además de que no cuenta con un plazo máximo de vencimiento. Puede ser emitido tanto en pesos como en dólares, permitiendo acceder a una cobertura dollar linked vinculada al dólar Banco Nación o al tipo de cambio A3500 del BCRA.

Por su parte, las operaciones con pagarés bursátiles a la vista, también denominados pagaré producto, totalizaron $ 39.400 millones durante los primeros seis meses de 2026. Este instrumento permite vincular los intereses del pagaré con la evolución de un índice de referencia, que puede ser el precio de la soja publicado por la Cámara Arbitral de Cereales (CAC) de Rosario, la tasa BADLAR o la tasa TAMAR. No obstante, durante el primer semestre de 2026, la totalidad de las operaciones utilizó como referencia la tasa TAMAR.

Si bien no resulta posible realizar una comparación interanual debido a que el instrumento comenzó a operar en mayo de 2025, se evidencia que en los recientes meses de mayo y junio los volúmenes de negociación resultaron marcadamente superiores a los registrados en los meses previos, concentrando entre ambos más de tres cuartas partes del total operado en el semestre y evidenciando un repunte de la operatoria hacia el cierre del período.

En lo que respecta a los CPD, el monto negociado en lo que va del año alcanzó $ 7,1 billones, marcando un incremento real del 33% interanual y un nuevo máximo para un primer semestre. Junio fue el mes de mayor operatoria del año, con un volumen cercano a $ 1,35 billones, siendo el tercer mayor registro mensual en términos históricos.

Un aspecto relevante surge al observar la distribución de los plazos de negociación. En este sentido, los CPD con vencimientos de entre 31 y 60 días concentraron la mayor proporción del volumen, dando cuenta del 35% del total. Los instrumentos con plazos de hasta 30 días explicaron el 31%, mientras que aquellos de entre 61 y 90 días representaron el 19%. En conjunto, los instrumentos de corto plazo (con vencimientos de hasta 90 días) representaron el 84% de los CPD operados durante el primer semestre de 2026, 5 p.p. más que en igual período de 2025.

En contraposición, los plazos más extensos mostraron una participación acotada. Los CPD de entre 91 y 120 días explicaron el 8% del volumen; los de entre 121 y 180 días, el 6%; y aquellos de entre 181 y 365 días, apenas el 2%. De esta manera, los instrumentos de largo plazo dieron cuenta del 16% de la operatoria.

Desde una perspectiva histórica, se advierte un cambio marcado en la composición de los plazos. Mientras que durante los primeros semestres de 2020 y 2021 los instrumentos de corto plazo representaban alrededor del 44% de las operaciones, esta proporción se incrementó progresivamente hasta alcanzar el 84% en 2026. Esto evidencia una preferencia persistente por horizontes de financiamiento más reducidos dentro de este instrumento. No obstante, esta tendencia debe analizarse considerando que los CPD fueron perdiendo participación frente a los pagarés, que desde 2023 se posicionan como el instrumento más utilizado en MAV y que, al no contar con un plazo máximo de vencimiento, pueden destinarse al financiamiento de mediano y largo plazo. En este sentido, es posible que parte de la menor participación de los CPD de largo plazo responda a su sustitución por pagarés.

Finalmente, el monto negociado mediante facturas de crédito electrónicas alcanzó $ 417.900 millones, duplicando el registro del primer semestre de 2025 (+106%). Este valor constituye un claro máximo histórico para este período del año, y cuadruplica el volumen promedio del último lustro (+326%).

A nivel mensual, en junio se operaron $ 83.900 millones, el mayor volumen mensual negociado a través de FCE del que se tiene registro. Si bien su participación dentro del total continúa siendo reducida, el instrumento mantiene una trayectoria de crecimiento y gana progresivamente terreno dentro del financiamiento canalizado por el MAV.


Evolución de los montos operados en pesos y en dólares

Distinguiendo las operaciones según la moneda de denominación, se advierte que alrededor del 86% del volumen negociado durante el primer semestre se realizó en pesos, igual proporción respecto del mismo período de 2025, aunque 7 p.p. superior respecto del promedio. El monto operado en moneda local ascendió a $ 14,5 billones, registrando un crecimiento real del 37,1% interanual y alcanzando un nuevo máximo para este período del año.

Los CPD y los pagarés mostraron una participación prácticamente equivalente dentro de las negociaciones en pesos. Los CPD totalizaron $ 7,1 billones y dieron cuenta del 48,7% de la operatoria, mientras que los pagarés alcanzaron algo más de $ 7 billones y explicaron otro 48,4%.

Las FCE en pesos registraron el mayor crecimiento relativo, con operaciones por $ 374.200 millones, más que duplicando el volumen del primer semestre de 2025 (+110%), aunque con una participación de apenas 2,6%. Por último, los pagarés producto totalizaron $ 39.400 millones y representaron menos del 1% de las operaciones en moneda local.

En cuanto a las operaciones en moneda extranjera, durante los primeros seis meses del año se negociaron instrumentos por aproximadamente US$ 1.549 millones, medidos en dólares constantes de junio de 2026. Para ello, los montos nominales expresados en dólares fueron deflactados utilizando el Índice de Precios al Consumidor de Estados Unidos (CPI), en su serie ajustada por estacionalidad, publicado por el U.S. Bureau of Labor Statistics.

El monto negociado implicó una recuperación real del 38,9% respecto del primer semestre de 2025, interrumpiendo la caída que había presentado la operatoria en dólares durante los dos años anteriores. No obstante, este volumen permaneció un 4,3% por debajo del primer semestre de 2024 y un 19,7% por detrás del máximo alcanzado en 2023.

Los pagarés continuaron concentrando prácticamente la totalidad de las operaciones en moneda extranjera, con un volumen de US$ 1.520 millones, un 38,4% más que en igual período de 2025 y equivalente al 98% del total. Por su parte, las FCE en dólares ascendieron a aproximadamente US$ 29,5 millones, registrando un incremento interanual del 75,5%, aunque manteniendo una incidencia marginal.

En resumen, durante el primer semestre de 2026 el volumen operado en el mercado de capitales alcanzó un nuevo máximo histórico, impulsado por un crecimiento generalizado de todos los instrumentos. A diferencia de lo observado durante los últimos dos años, la expansión encontró sustento tanto en las operaciones en pesos como en la recuperación de las negociaciones en dólares. No obstante, el financiamiento en moneda local continuó siendo el principal motor del mercado. De esta manera, el MAV continúa consolidándose como un canal relevante de financiamiento corporativo, facilitando recursos para el capital de trabajo y para el desarrollo de proyectos de inversión de las empresas.

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La UIA reclama cambios al “Súper RIGI”: pide más contenido nacional y alerta por la presión fiscal sobre la industria

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Mientras el Gobierno busca acelerar la aprobación del denominado “Súper RIGI” en la Cámara de Diputados como una de las piezas centrales de su estrategia para atraer inversiones, la Unión Industrial Argentina (UIA) decidió fijar posición y plantear modificaciones al proyecto. La principal entidad fabril del país respaldó la necesidad de promover nuevas inversiones, pero advirtió que el régimen debe incorporar mecanismos concretos que garanticen una mayor participación de la industria nacional y de los proveedores locales.

La discusión no es menor. El oficialismo aspira a convertir al “Súper RIGI” en una herramienta para captar grandes desembolsos de capital en sectores estratégicos, ampliando los beneficios ya previstos en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones. Sin embargo, desde la UIA sostienen que el desafío no pasa únicamente por atraer inversiones, sino por maximizar su impacto sobre el entramado productivo argentino.

Durante la reunión de Junta Directiva de la entidad, el presidente de la UIA, Martín Rappallini, remarcó que la llegada de nuevas inversiones debe transformarse en una oportunidad para fortalecer cadenas de valor locales, generar empleo calificado y promover la transferencia tecnológica. En ese sentido, planteó una definición de fondo: si la Argentina necesita regímenes de excepción para atraer capitales, el problema estructural sigue siendo la falta de condiciones competitivas para el conjunto de la industria.

Con esa lógica, la central fabril propuso incorporar al “Súper RIGI” una exigencia mínima de contenido nacional. La iniciativa consiste en replicar el piso obligatorio del 20% de inversión que ya contempla el régimen vigente, pero orientándolo exclusivamente a bienes con valor agregado local. El objetivo es evitar que ese porcentaje se diluya en contrataciones que inevitablemente deben realizarse en el mercado interno y garantizar una participación efectiva de fabricantes nacionales en los grandes proyectos de inversión.

Además, la UIA impulsa la creación de esquemas de integración progresiva. La propuesta apunta a que, a medida que los emprendimientos avancen desde la etapa de construcción hacia la operación, se incremente gradualmente la participación de proveedores argentinos. Para ello, también reclama reglas claras que permitan verificar objetivamente la existencia de oferta local competitiva en términos de precio, calidad y disponibilidad.

La posición de la entidad industrial surge en un contexto donde conviven expectativas por la recuperación económica con señales de preocupación en varios sectores manufactureros. De acuerdo con los datos presentados por el Centro de Estudios de la UIA (CEU), la actividad industrial registró en mayo una caída interanual del 0,8%, con desempeños particularmente negativos en ramas de alto impacto productivo como la automotriz (-21%), la metalmecánica (-5%) y bebidas (-14%).

Pero el debate sobre el “Súper RIGI” estuvo acompañado por otra preocupación recurrente del sector: la presión tributaria. Durante el encuentro, la entidad presentó un informe sobre la carga fiscal que enfrenta la producción formal y advirtió que miles de pequeñas y medianas empresas continúan operando bajo condiciones que deterioran su competitividad frente a competidores internacionales.

Según el análisis de la UIA, la industria aporta el 27% de la recaudación tributaria nacional y enfrenta una estructura de costos agravada por impuestos provinciales y municipales. Particularmente, la entidad puso el foco sobre el financiamiento productivo. En promedio, las provincias aplican una alícuota del 9% de Ingresos Brutos sobre la intermediación financiera, mientras que las tasas municipales agregan otro 6%. Sumados los impuestos de sellos y otras cargas, el sobrecosto tributario sobre el crédito puede alcanzar el 20%, encareciendo el acceso al financiamiento y afectando especialmente a las pymes.

La advertencia adquiere especial relevancia para provincias industriales y agroindustriales del interior, donde el acceso al crédito resulta determinante para sostener inversiones, capital de trabajo y empleo. En regiones como el NEA, donde predominan las pequeñas y medianas empresas vinculadas a la producción primaria, la industria forestal y los servicios, el costo financiero se ha convertido en una de las principales barreras para la expansión de la actividad.

La discusión sobre el “Súper RIGI” expone así una tensión de fondo dentro del modelo económico actual. Mientras el Gobierno apuesta a la apertura de nuevos flujos de inversión y a la estabilidad macroeconómica como motores del crecimiento, la industria reclama que esos incentivos extraordinarios se traduzcan en desarrollo local, generación de proveedores y fortalecimiento de las capacidades productivas nacionales. La batalla legislativa que comenzará en Diputados no solo definirá el alcance de un régimen promocional, sino también el perfil que tendrá la política industrial argentina en los próximos años.

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El agro empuja la recuperación: el PBI creció 2,3% en el primer trimestre, pero la industria sigue sin encontrar piso

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La economía argentina comenzó 2026 con números positivos, aunque con señales de una recuperación todavía heterogénea. Según el último informe de Cuentas Nacionales del INDEC, el Producto Interno Bruto (PIB) registró un crecimiento de 2,3% interanual durante el primer trimestre del año y avanzó 0,7% respecto del trimestre anterior en términos desestacionalizados.

Detrás de ese resultado aparece una característica cada vez más marcada del actual ciclo económico: mientras los sectores vinculados a los recursos naturales, la energía y los servicios muestran una dinámica expansiva, la industria manufacturera continúa exhibiendo dificultades para recuperar niveles de actividad, transformándose en uno de los principales frenos del crecimiento agregado.

La mayor contribución positiva al desempeño económico provino de Agricultura, ganadería, caza y silvicultura, que registró una expansión interanual del 18,1%, aportando más de un punto porcentual al crecimiento total del PIB. El dato confirma el peso estratégico que sigue teniendo el sector agropecuario en la generación de riqueza y divisas, particularmente luego de varios años marcados por eventos climáticos adversos y restricciones productivas.

El desempeño del agro vuelve a poner en evidencia cómo la mejora de las condiciones climáticas y la recuperación de las cosechas se transforman rápidamente en un factor multiplicador para el conjunto de la economía. Provincias productoras como Misiones, con una matriz económica fuertemente vinculada a actividades primarias y forestales, observan estos movimientos con especial atención, ya que suelen impactar sobre la generación de empleo, el transporte, los servicios logísticos y la actividad comercial regional.

Sin embargo, el panorama dista de ser uniforme. La industria manufacturera cayó 1,7% interanual y fue el sector con mayor incidencia negativa sobre el resultado global de la economía, restando 0,24 puntos porcentuales al crecimiento del PIB.

La contracción industrial refleja algunas de las tensiones que atraviesa actualmente el modelo económico. La apertura comercial, la apreciación cambiaria, el elevado costo financiero y la debilidad de la demanda interna continúan afectando a numerosos segmentos manufactureros, especialmente aquellos orientados al mercado doméstico.

La divergencia entre sectores también se observa en otros rubros que mostraron una evolución favorable. Comercio, hoteles y restaurantes, intermediación financiera, construcción y explotación de minas y canteras exhibieron mejoras significativas respecto del mismo período del año anterior, acompañando la recuperación de determinados nichos de inversión y consumo.

En paralelo, la formación bruta de capital fijo mantuvo niveles elevados, un dato que el Gobierno considera clave para sostener la expansión futura de la economía. Las inversiones en construcción, infraestructura y determinados segmentos productivos continúan mostrando dinamismo, aunque todavía de manera concentrada en actividades específicas.

El resultado del primer trimestre ratifica así una tendencia que viene consolidándose desde finales de 2025: la economía argentina crece, pero no todos los sectores participan del mismo modo de esa recuperación. Mientras el agro, la minería y los servicios vinculados a la inversión lideran la expansión, la industria continúa enfrentando desafíos estructurales que limitan una recuperación más homogénea del aparato productivo.

Para las provincias del interior, donde la actividad industrial y las economías regionales tienen un peso determinante, el desafío de los próximos meses será precisamente transformar el rebote estadístico en un proceso sostenido de crecimiento capaz de generar empleo privado y ampliar la base productiva. El dato del PIB ofrece una señal positiva, pero también deja expuesta la principal incógnita del modelo económico actual: si la recuperación podrá derramarse sobre los sectores que todavía permanecen rezagados.

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“No es nueva deuda, sino refinanciamiento”: Caputo justificó la toma de deuda por US$ 5.000 millones

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El ministro de Economía, Luis Caputo, explicó el decreto que habilita al Gobierno a tomar deuda por hasta US$5.000 millones y afirmó que no se trata de “nueva deuda”, sino que es “refinanciamiento” a una tasa más baja.

El titular del Palacio de Hacienda le respondió a un usuario en sus redes, que lo acusó de tomar nueva deuda y endeudar al país por el monto dispuesto en el Decreto 478/2026 del Boletín Oficial.

El funcionario aclaró que la medida no implica una nueva toma de deuda por parte del Gobierno, sino que funciona como un refinanciamiento sobre la misma deuda a una tasa más baja.

No es nueva deuda, sino refinanciamiento, y al 6% de tasa. O sea, un ahorro enorme para los argentinos versus las tasas a las que ustedes endeudaron al país”, sostuvo Caputo en X

El tuit original acusa al ministro económico de endeudar al país “por US$5.000 millones bajo ley yanqui”.

En ese sentido, Caputo acusó al gobierno kirchnerista de endeudar a la Argentina “por US$177.000 millones, a tasas del 45% en dólares hasta el 2030“.

También indicó que la administración libertaria canceló deuda por US$20.000 millones “porque cerramos un déficit consolidado de 15 puntos del PIB (Producto Interno Bruto) que heredamos del gobierno anterior”.

El lunes, el Gobierno aprobó la realización de operaciones de toma de deuda pública por hasta US$5.000 millones y cedió jurisdicción a favor de Nueva York.

Según se detalló en el Boletín Oficial, la medida busca reducir el costo de financiamiento del Tesoro Nacional mediante préstamos con entidades financieras internacionales que contarán con garantías parciales de organismos multilaterales de crédito.

El decreto autoriza al Órgano Responsable de la Coordinación de los Sistemas de Administración Financiera a incluir cláusulas de prórroga de jurisdicción a favor de los tribunales federales y estatales de Nueva York.

En concreto, implica que la Argentina renuncia a oponer la defensa de inmunidad de jurisdicción ante eventuales reclamos producidos en dicha sede judicial vinculados a estos contratos, aunque establece límites para resguardar el patrimonio nacional.

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Deuda externa: el Gobierno habilita financiamiento por hasta USD 5.000 millones con bancos internacionales

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El Gobierno nacional autorizó una nueva estrategia de financiamiento externo por hasta USD 5.000 millones, mediante préstamos otorgados por entidades financieras internacionales y respaldados parcialmente por organismos multilaterales de crédito. La medida busca reducir el costo de financiamiento del Tesoro y ampliar las fuentes de fondeo en moneda dura, en un contexto donde la administración nacional procura consolidar el equilibrio fiscal mientras enfrenta un exigente calendario financiero.

El Decreto 478/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial, habilita además la posibilidad de incorporar cláusulas de prórroga de jurisdicción a favor de tribunales de Nueva York, una condición habitual en los mercados internacionales de crédito para operaciones de esta naturaleza.

Más financiamiento externo con menor riesgo percibido

La novedad central del decreto no radica únicamente en el monto autorizado, sino en la estructura elegida. Los préstamos contarán con garantías parciales de organismos multilaterales, mecanismo que suele mejorar las condiciones financieras al reducir el riesgo asumido por los acreedores privados.

Desde la perspectiva del mercado, la participación de organismos internacionales funciona como un respaldo institucional que puede traducirse en tasas más competitivas respecto de otras alternativas de endeudamiento soberano.

La autorización faculta a las Secretarías de Hacienda y Finanzas a definir plazos, monedas, entidades participantes y condiciones financieras de cada operación, además de contratar bancos colocadores, agentes de pago y calificadoras de riesgo.

Uno de los aspectos más observados por los inversores es la autorización para someter eventuales controversias a tribunales federales y estaduales de Nueva York.

La cláusula no representa una cesión irrestricta de soberanía jurídica. El decreto establece una extensa protección sobre activos estratégicos del Estado argentino, manteniendo inmunidad de ejecución sobre las reservas y activos del Banco Central. Bienes del dominio público. Activos vinculados a servicios públicos esenciales. Bienes militares y de defensa. Representaciones diplomáticas. Recursos tributarios y regalías. Patrimonio cultural protegido.

La estructura replica mecanismos utilizados históricamente por Argentina y otros países emergentes cuando acceden a financiamiento internacional.

Impacto para el sector productivo

Aunque se trata de una medida vinculada a la gestión de la deuda pública, sus efectos potenciales alcanzan al entramado empresarial.

Una mejora en las condiciones de financiamiento soberano suele influir sobre el costo del crédito para provincias, bancos y empresas. Cuando el riesgo país disminuye o el Estado logra acceder a fondos a tasas más competitivas, parte de esa mejora puede trasladarse gradualmente al sistema financiero local.

Para sectores intensivos en inversión, como la forestoindustria, la agroindustria, la energía y la infraestructura logística, la disponibilidad de financiamiento de largo plazo continúa siendo una variable crítica para ampliar capacidad productiva.

Entre los principales efectos económicos esperados se destacan: Diversificación de las fuentes de financiamiento del Tesoro. Reducción potencial del costo financiero de la deuda pública. Menor presión sobre el mercado doméstico de crédito. Mayor previsibilidad para el programa financiero nacional. Posible mejora en las condiciones de acceso al financiamiento para el sector privado si disminuye el riesgo soberano.

El decreto se conoce pocos días después de que el Ministerio de Economía lograra refinanciar parte de los vencimientos de deuda dólar linked de corto plazo. La combinación de operaciones de mercado local y apertura de nuevas líneas de financiamiento externo muestra una estrategia orientada a extender plazos y reducir costos financieros.

Lo que habrá que seguir de cerca ahora es la materialización efectiva de estos préstamos: el monto finalmente obtenido, las tasas pactadas y el nivel de participación de los organismos multilaterales serán los factores que permitirán medir si la operación logra traducirse en una mejora tangible del perfil financiero argentino.

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