El Gobierno baja el IVA para el riego y apunta a reordenar costos del agro con la Ley 27.802
El Gobierno nacional formalizó un giro en su política agropecuaria al instrumentar beneficios fiscales para el riego a través de la Ley 27.802/2026, sancionada en el marco de la reforma laboral. La norma reduce del 27% al 10,5% el IVA sobre la energía eléctrica destinada al riego y habilita incentivos para la inversión en equipamiento. La decisión combina política tributaria y estrategia productiva en un momento donde el Ejecutivo busca consolidar competitividad sin recurrir a subsidios directos. El dato abre una tensión: ¿es un incentivo sectorial puntual o el inicio de un rediseño más amplio del esquema impositivo para el agro?
Un instrumento legal con efectos económicos concretos
La medida se estructura sobre dos artículos clave de la ley. Por un lado, la reducción del IVA impacta directamente en los costos operativos de los productores que utilizan sistemas de riego. Por otro, el artículo 182 incorpora beneficios dentro del Régimen de Incentivo a las Medianas Inversiones (RIMI), permitiendo la amortización acelerada en una cuota en el impuesto a las ganancias para la compra de equipos de riego y bienes vinculados a la eficiencia energética.
El paquete se completa con la posibilidad de computar el crédito fiscal del IVA con recupero en tres períodos mensuales, lo que acorta los tiempos financieros y mejora el flujo de caja. Traducido en términos productivos, el esquema busca acelerar decisiones de inversión, especialmente en tecnologías como el riego por pivot y por goteo.
No es un dato aislado. La iniciativa se articula con otras medidas ya implementadas: la reducción de aranceles a la importación de equipos de riego del 14% al 2% y la eliminación del impuesto PAIS. El enfoque es claro: bajar costos estructurales y generar previsibilidad.
El riego como política productiva
El trasfondo de la medida excede lo tributario. El riego aparece como una herramienta estratégica para estabilizar rendimientos y reducir la exposición a riesgos climáticos. En un esquema productivo altamente dependiente de variables externas, la capacidad de planificar se vuelve un activo económico.
Los números oficiales refuerzan esa lógica. En los últimos dos años se incorporaron más de 55.000 hectáreas irrigadas, con aproximadamente 650 pivotes de riego y 8.400 hectáreas bajo sistemas de goteo subterráneo. Actualmente, la superficie irrigada alcanza 2,1 millones de hectáreas, con un potencial de expansión estimado en 4,8 millones adicionales.
El mensaje político es implícito: el Gobierno busca intervenir en la matriz productiva sin modificar el esquema general de retenciones o ingresos, apostando a incentivos focalizados.
Alivio de costos y señal de inversión
El paquete fortalece a los productores con capacidad de inversión, que encuentran mejores condiciones para ampliar o tecnificar su producción. También introduce una señal hacia el mercado: el Ejecutivo prioriza herramientas fiscales que mejoren rentabilidad esperada antes que mecanismos de transferencia directa.
En términos de correlación de fuerzas, la medida alinea al Gobierno con sectores productivos que demandan previsibilidad y reducción de costos. Al mismo tiempo, limita el margen de discusión sobre otros instrumentos más sensibles dentro de la política agropecuaria.
Desde el punto de vista económico, la reducción de costos energéticos y financieros puede impactar en la productividad y, en el mediano plazo, en la oferta exportable. Sin embargo, el alcance dependerá de la capacidad real de inversión de los productores y del contexto macroeconómico.
Incentivos que requieren escala
La implementación de la Ley 27.802 introduce un cambio concreto en el esquema de costos del riego, pero su efecto estructural todavía está en construcción. El desafío será escalar el uso de estas herramientas y traducirlas en expansión sostenida de la superficie irrigada.
En las próximas etapas, la atención estará puesta en la velocidad de adopción tecnológica y en si el paquete logra extenderse más allá de los segmentos con mayor capacidad financiera. También será clave observar cómo evoluciona la combinación entre estabilidad macroeconómica y acceso al crédito.
El Gobierno ya fijó una dirección: menos carga impositiva en insumos clave y más estímulo a la inversión. Queda por ver si ese enfoque alcanza para transformar el potencial en producción efectiva o si requerirá nuevos ajustes en el esquema productivo.
