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Con Presupuesto Participativo, Oberá inauguró el SUM de Villa Blanquita con apoyo provincial

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La inauguración del Salón de Usos Múltiples (SUM) del barrio Villa Blanquita, en Oberá, marcó un hito institucional para la ciudad y para la provincia. El acto, encabezado por el gobernador Hugo Passalacqua el martes 30 de diciembre de 2025, puso en valor una obra surgida del primer Presupuesto Participativo del municipio, ejecutada mediante licitación pública por una empresa local y emplazada en un terreno cedido por el Ministerio de Salud Pública. Más allá de la infraestructura, el evento dejó una señal política clara: la articulación entre Estado provincial, municipio y vecinos como eje de la gestión pública en un contexto económico exigente.

“Esto es para mí la demostración perfecta de cómo se construye una sociedad: siendo socios”, afirmó Passalacqua, al remarcar el impacto social, institucional y económico de una obra que sintetiza participación ciudadana, inversión pública eficiente y fortalecimiento del tejido comunitario.

Una obra con participación ciudadana y eficiencia en el uso de recursos

El SUM de Villa Blanquita se construyó sobre una superficie total de 109,73 metros cuadrados, con prioridad en el uso de madera y ladrillos artesanales de producción local, elaborados con materia prima de la zona. La obra comenzó en mayo de 2025 y concluyó en octubre del mismo año, cumpliendo los plazos previstos. La ejecución se realizó mediante licitación pública y estuvo a cargo de una empresa de Oberá, lo que permitió generar trabajo y mano de obra local, un dato relevante en términos de impacto económico regional.

Durante el inicio de los trabajos se desarrolló una jornada de participación directa en la que los propios vecinos levantaron de manera colectiva una de las paredes del edificio. Ese muro, que hoy forma parte de la estructura del SUM, quedó asociado simbólicamente al compromiso barrial y al trabajo comunitario que dio origen a la obra.

La infraestructura se emplazó en un terreno provincial cedido por el área de Salud Pública, en un esquema de uso compartido con el Centro de Atención Primaria de la Salud. Esta articulación permitió cercar la totalidad del predio, mejorar las condiciones de seguridad y generar una relación funcional entre ambos espacios, con un uso orientado a la comunidad.

Presupuesto Participativo y fortalecimiento del tejido social

Durante el acto, Passalacqua destacó el rol del municipio y de los vecinos en la concreción del proyecto. “Felicito al intendente Hassan y su municipio por el excelente uso de los recursos públicos municipales, por ponerlos a disposición de la gente. También quiero felicitar a toda la barriada y a todos los vecinos por el trabajo de construir”, señaló. En ese marco, subrayó que la iniciativa demuestra que “la actitud positiva y alegre es el motor que hace que las cosas salgan bien”.

El gobernador remarcó además que la comunidad eligió construir el SUM en un terreno provincial y que fue el municipio el que ejecutó la obra, lo que calificó como una excelente inversión pública. “Este es un espacio comunitario donde la gente viene a construir sociedad, a fortalecer el tejido social. Y cuando ese tejido social es fuerte, no hay tormenta que pueda derribarnos”, afirmó.

Por su parte, el intendente Pablo Hassan celebró la inauguración al señalar que se trata de la primera obra entregada en la historia de Oberá bajo la modalidad de Presupuesto Participativo. “Hoy se concretan sueños y los objetivos que se propuso esta gestión junto a los vecinos, a través de este innovador concepto. Mi deseo es que este espacio sea un semillero de comunidad, solidaridad y sentido de pertenencia”, expresó.

La actividad contó con la presencia del ministro de Salud Pública, Héctor González, además de autoridades municipales, legisladores, integrantes del Gabinete provincial y vecinos del barrio.

Proyección del programa y alcance territorial

Durante 2025, Oberá desarrolló la primera edición del Presupuesto Participativo, una herramienta de participación ciudadana que incluyó el sorteo de cuatro barrios. El SUM de Villa Blanquita se convirtió en la primera obra finalizada e inaugurada en el marco de esta experiencia, consolidando un antecedente concreto para futuras iniciativas.

En ese sentido, la jefa del Departamento de Adultos Mayores Oberá, Gabriela Magali Fernández, destacó que el nuevo espacio cuenta con un sector exclusivo para actividades, talleres y deportes, lo que contribuye al bienestar comunitario “en un contexto económico complicado”.

En paralelo, se encuentran en ejecución los Salones de Usos Múltiples de los barrios Villa Ruff y Londin, además de una obra de mejora urbana en Villa Osorio, que contempla desagües y cordón cuneta. Para la edición 2026 del Presupuesto Participativo, se presentaron 30 iniciativas impulsadas por las comisiones vecinales, lo que anticipa una ampliación del alcance territorial y social del programa.

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El Gobierno refuerza el presupuesto del RENAPER con más de $44.800 millones para 2025

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La Jefatura de Gabinete de Ministros dispuso una modificación del Presupuesto 2025 para reforzar los créditos de la Dirección Nacional del Registro Nacional de las Personas (RENAPER), con el objetivo de afrontar gastos impostergables de funcionamiento y financiar inversiones en bienes de uso. La medida, formalizada mediante la Decisión Administrativa 39/2025, implica una reasignación de partidas por más de $44.845 millones y se apoya en recursos propios del organismo y en financiamiento externo, en un contexto de prórroga presupuestaria y restricciones fiscales.

Adecuación presupuestaria en un esquema de prórroga

La Decisión Administrativa 39/2025, firmada por el jefe de Gabinete de Ministros, Manuel Adorni, y el ministro de Economía, Luis Andrés Caputo, fue dictada el 29 de diciembre de 2025 y publicada en el Boletín Oficial el 30 de diciembre. La norma modifica el Presupuesto General de la Administración Nacional correspondiente al ejercicio 2025, que se rige por la Ley N° 27.701 de Presupuesto 2023, prorrogada conforme al artículo 27 de la Ley N° 24.156 y al Decreto N° 1.131 del 27 de diciembre de 2024.

Según se desprende de los considerandos, la adecuación presupuestaria responde a la necesidad de cubrir “gastos impostergables para su normal funcionamiento” del RENAPER, organismo descentralizado que depende de la Secretaría de Interior del Ministerio del Interior. La decisión se encuadra en las facultades otorgadas al Poder Ejecutivo por el artículo 37 de la Ley de Administración Financiera, que habilita modificaciones presupuestarias para garantizar la continuidad operativa de los organismos del Estado.

Más de $44.845 millones para gastos corrientes y de capital

El detalle de las planillas anexas que integran la decisión administrativa muestra que el refuerzo presupuestario total para el RENAPER asciende a $44.845.288.142. De ese monto, $38.487.990.542 corresponden a gastos corrientes financiados con recursos propios, mientras que $6.357.297.600 se destinan a gastos de capital financiados mediante crédito externo.

En el rubro de gastos corrientes, la mayor parte se concentra en servicios no personales, con partidas relevantes para servicios básicos, correos y telégrafos, mantenimiento, limpieza, servicios técnicos y profesionales, informática, servicios comerciales y financieros, suscripciones a internet, viáticos, impuestos y otros servicios. Entre los conceptos destacados figuran $8.667.990.542 para servicios básicos vinculados a correos y telégrafos, $6.540 millones para mantenimiento y limpieza, y $7.400 millones para suscripciones adicionales a internet.

Por el lado de las inversiones, los $6.357.297.600 de gastos de capital se asignan íntegramente a bienes de uso, en particular a la adquisición de maquinaria y equipos, lo que apunta a sostener y actualizar la infraestructura tecnológica del organismo.

Recursos propios y financiamiento externo

En cuanto a las fuentes de financiamiento, el esquema aprobado combina ingresos propios del RENAPER con aportes de la Administración Central y crédito externo. Los recursos corrientes del organismo alcanzan los $38.487.990.542, provenientes mayormente de ingresos no impositivos. Dentro de ese rubro se destacan las tasas vinculadas a la expedición de pasaportes, en el marco del Decreto N° 261/2011, que suman $15.743.807.164, y otros ingresos varios por $19.174.370.070.

A ello se agregan $3.569.813.308 por venta de bienes y servicios de la administración pública. Para el financiamiento de las inversiones, la modificación presupuestaria contempla la obtención de préstamos del sector externo a largo plazo por $6.357.297.600, identificados como provenientes del Banco Centroamericano de Integración Económica, junto con contribuciones figurativas de la Administración Central por el mismo monto.

Impacto institucional y operativo

La modificación presupuestaria tiene un impacto directo en la capacidad operativa del RENAPER, un organismo clave para la identificación, registro y clasificación del potencial humano nacional. El refuerzo de partidas permite garantizar la continuidad de servicios esenciales como la emisión de documentos y pasaportes, en un contexto de alta demanda y costos crecientes asociados a tecnología, conectividad y logística.

Desde el punto de vista institucional, la medida refleja el uso de herramientas de gestión presupuestaria para sostener el funcionamiento de organismos descentralizados en un escenario de prórroga del presupuesto y de restricciones fiscales. Al mismo tiempo, la incorporación de financiamiento externo para inversiones en equipamiento plantea un esquema mixto de sostenimiento operativo y modernización, con impacto en la eficiencia administrativa y en la calidad del servicio al ciudadano.

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Actualizan los montos del plan nacional de Inversiones Públicas desde 2026

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La Jefatura de Gabinete de Ministros, a través de la Dirección Nacional de Inversión Pública (DNIP), actualizó los montos máximos de los programas y proyectos de inversión pública que pueden ser aprobados directamente por los organismos ejecutores para su incorporación al Plan Nacional de Inversiones Públicas (PNIP). La medida quedó formalizada mediante la Disposición 1/2025, dictada el 23 de diciembre de 2025 y con vigencia a partir del 1° de enero de 2026.

La norma redefine los umbrales de aprobación en función de la variación del presupuesto anual de inversión pública nacional, con impacto directo sobre la planificación, evaluación y priorización de proyectos financiados con recursos del Sector Público Nacional. En concreto, se elevó a $3.045 millones el monto máximo para la aprobación directa por parte del organismo iniciador y se fijó en $30.459 millones el umbral a partir del cual será obligatorio presentar un Documento Analítico Complementario ante la DNIP.

El encuadre normativo del Sistema Nacional de Inversiones Públicas

La disposición se inscribe en el marco de la Ley N° 24.354, que creó el Sistema Nacional de Inversiones Públicas (SNIP), cuyo objetivo central es mantener un inventario actualizado de proyectos de inversión pública y formular y gestionar el Plan Nacional de Inversiones Públicas. El SNIP establece criterios técnicos para asegurar la consistencia, eficiencia y racionalidad del gasto de capital del Estado nacional.

De acuerdo con el artículo 11 de la Ley 24.354, el monto máximo de un programa o proyecto que puede ser aprobado directamente por el organismo iniciador no puede superar el UNO POR MIL (1‰) del presupuesto anual de inversión pública nacional correspondiente al ejercicio inmediato anterior. Ese criterio fue operacionalizado por la Resolución N° 1/2021 de la entonces Secretaría de Evaluación Presupuestaria, Inversión Pública y Participación Público Privada, que fijó como base de cálculo los gastos de capital del Presupuesto Consolidado del Sector Público Nacional.

En ese marco, la DNIP, como órgano responsable del SNIP, tiene la función de comunicar periódicamente los montos máximos actualizados y de proponer modificaciones a las normas que regulan el sistema, tal como lo estableció el Decreto N° 1.103/2024.

Nuevos umbrales y exigencias técnicas para los proyectos

La Disposición 1/2025 fija dos valores clave para la gestión de inversiones públicas a partir de 2026. Por un lado, establece en $3.045.000.000 el monto máximo de los programas o proyectos que podrán ser aprobados directamente por el organismo o ente iniciador para su inclusión en el PNIP, sin necesidad de instancias adicionales de evaluación centralizada.

Por otro lado, determina que los proyectos cuyo monto supere los $30.459.000.000 deberán presentar obligatoriamente un Documento Analítico Complementario ante la Dirección Nacional de Inversión Pública, conforme a los requisitos previstos en el Anexo 2 de la Resolución 1/2021. Ese documento deberá ser presentado antes del 15 de junio de 2026, respetando los plazos fijados por el artículo 7° del Decreto N° 720/95, que establece como fecha límite el 15 de junio del año anterior al ejercicio presupuestario en el que se pretende incorporar el proyecto.

Para calcular estos montos, la DNIP solicitó a la Oficina Nacional de Presupuesto el dato actualizado de los gastos de capital del Presupuesto Consolidado del Sector Público Nacional. Dicha oficina informó que, en virtud de la prórroga del Presupuesto 2023 dispuesta por el Decreto N° 1.131/2024, se consideraron las proyecciones incluidas en el Mensaje de Elevación del Proyecto de Ley de Presupuesto 2026, que estiman los gastos de capital de 2025 en $3.045.964,5 millones.

Impacto institucional y en la planificación de la obra pública

La actualización de estos umbrales tiene implicancias directas sobre la dinámica de aprobación y evaluación de la inversión pública nacional. Al redefinir los montos máximos, la norma ajusta los mecanismos de control técnico a la nueva escala presupuestaria, evitando que la inflación o la expansión nominal del gasto de capital distorsionen los criterios de aprobación establecidos por el SNIP.

Desde el punto de vista institucional, la medida refuerza el rol de la Dirección Nacional de Inversión Pública como órgano rector del sistema y ordena el proceso de incorporación de proyectos al PNIP, al tiempo que deroga la Disposición DNIP N° 1/2024, que había fijado los montos vigentes hasta el cierre de 2025.

Para los organismos ejecutores, el nuevo esquema redefine los márgenes de autonomía en la aprobación de proyectos y eleva las exigencias técnicas para las iniciativas de mayor envergadura, lo que anticipa un mayor énfasis en la evaluación económica y financiera de los grandes proyectos de inversión pública a partir del ejercicio 2026.

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Parques Nacionales adjudicó por $111,8 millones la nueva portada del Parque Nacional Iguazú

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Parques Nacionales adjudicó la obra de la nueva portada de acceso al Parque Nacional Iguazú por $111,8 millones. La Administración de Parques Nacionales (APN) adjudicó la construcción de la nueva portada de acceso al Parque Nacional Iguazú, en la provincia de Misiones, por un monto total de $111.862.136,86, mediante la Resolución 466/2025, firmada el 18 de diciembre de 2025. La obra fue otorgada a La Mantovana de Servicios Generales S.A. tras un proceso de Licitación Pública Nacional, y será financiada con partidas correspondientes a los ejercicios 2025 y 2026, consolidando una inversión clave en infraestructura turística y operativa en uno de los destinos más relevantes del sistema de áreas protegidas del país.

Una licitación estratégica para el principal parque turístico del país

El procedimiento se tramitó bajo el Expediente EX-2025-102087554-APN-DNIN#APNAC y tuvo como objeto la ejecución de la obra denominada “Construcción de portada de acceso al Parque Nacional Iguazú”. El llamado se encuadró en la Licitación Pública Nacional N° 74-0026-LPU25, autorizada previamente por la Resolución del Directorio RESFC-2025-323-APN-D#APNAC, que también aprobó la totalidad de la documentación técnica y administrativa del proceso.

La licitación se desarrolló conforme al marco normativo vigente, incluyendo la Ley N° 13.064 de Obras Públicas, la Ley N° 22.351 de Parques Nacionales, el Decreto N° 1.023/2001 de Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional y sus modificatorias, así como las disposiciones específicas de la Oficina Nacional de Contrataciones. La convocatoria fue publicada en el sistema electrónico CONTRAT.AR, cumpliendo con la publicidad exigida por la normativa.

Durante el proceso se emitieron seis circulares aclaratorias y la apertura de ofertas se realizó el 28 de noviembre de 2025. Para el renglón único se presentaron tres oferentes: La Mantovana de Servicios Generales S.A., PRAT S.R.L. y Mateo Constructora S.R.L.

Evaluación técnica, dictamen y adjudicación

La evaluación de las propuestas estuvo a cargo de una Comisión Evaluadora integrada por Julieta Trimarco, Alejandro Boccacci y María Angélica Borri, con Vanesa Soledad Larrosa y Pablo Cristian López como miembros suplentes, conforme lo dispuesto por el Directorio de la APN.

El 12 de diciembre de 2025, la Comisión emitió el Dictamen de Preadjudicación, recomendando adjudicar la obra a La Mantovana de Servicios Generales S.A. (CUIT 30-69605181-6) por considerar su oferta admisible y económicamente conveniente. En contraste, las propuestas de PRAT S.R.L. y Mateo Constructora S.R.L. fueron calificadas como inconvenientes desde el punto de vista económico.

El dictamen fue publicado en CONTRAT.AR el 15 de diciembre de 2025 y no recibió impugnaciones dentro del plazo previsto. Posteriormente, la Dirección General de Administración certificó la existencia de crédito presupuestario, habilitando la adjudicación definitiva.

Mediante la Resolución 466/2025, el Directorio de la APN aprobó todo lo actuado y formalizó la adjudicación por un monto de $111.862.136,86, autorizando además al Presidente del Directorio a suscribir el contrato a través del sistema electrónico de contrataciones.

Financiamiento, control de obra e impacto institucional

La inversión será imputada al Programa 24, Proyecto 77, Obra 51, Fuente de Financiamiento 12, distribuyéndose en dos ejercicios: $33.558.641,06 correspondientes a 2025 y $78.303.495,80 a 2026. La Dirección Nacional de Infraestructura designará al profesional responsable del seguimiento, supervisión, control y recepción de la obra.

Desde el plano institucional, la resolución reafirma el rol de la APN como organismo rector del sistema de áreas protegidas, utilizando los mecanismos formales de contratación pública para ejecutar obras de infraestructura en parques nacionales estratégicos. En términos económicos y operativos, la nueva portada de acceso apunta a mejorar la gestión del flujo de visitantes, optimizar los controles y reforzar la infraestructura de ingreso a un parque que concentra una porción sustantiva del turismo nacional e internacional.

La decisión también tiene impacto en el sector de la obra pública, al activar inversión en Misiones bajo reglas de competencia abierta y transparencia administrativa. Asimismo, fortalece la capacidad operativa del Parque Nacional Iguazú, un activo central para el turismo y la conservación, alineando inversión pública, planificación institucional y normativa vigente.

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Brasil y Paraguay inauguran el Puente de Integración financiado por Itaipú y apuestan a impulsar el comercio regional

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El presidente Luiz Inácio Lula da Silva inauguró este viernes 19 en Foz do Iguaçu el Puente de Integración Brasil–Paraguay, una obra estratégica financiada íntegramente por Itaipú Binacional que conectará esa ciudad brasileña con Presidente Franco. Con una inversión total de 712 millones de reales, la nueva infraestructura apunta a potenciar el comercio bilateral, mejorar el flujo turístico y consolidar la integración logística del Mercosur, con impacto directo sobre las economías de ambos países.

La inauguración se realizó en el marco de un acto oficial en el que Lula aseguró que por el nuevo puente “pasarán unos pocos miles de millones de dólares en intereses a las economías de Brasil y Paraguay”, al facilitar el tránsito de personas, bienes y servicios. “El pueblo paraguayo se mudará a Brasil y el pueblo brasileño a Paraguay, para hacer negocios, trabajar, vender y comprar. Lo importante es que ambas economías crezcan”, afirmó el mandatario.

La obra, que une Foz do Iguaçu (estado de Paraná) con Presidente Franco, en el departamento paraguayo de Alto Paraná, constituye un nuevo paso en la agenda de integración regional impulsada por el gobierno brasileño y se suma a otras conexiones viales estratégicas entre ambos países.

Una infraestructura clave para el comercio y el Corredor Bioceánico

El Puente de Integración Brasil–Paraguay tiene una extensión total de 760 metros y un vano libre de 470 metros, el más largo del continente. La estructura atirantada se sostiene sobre dos torres de 190 metros de altura, equivalentes a un edificio de 63 pisos. Su diseño permite un cruce ágil sobre el río Paraná y una mayor capacidad para el transporte de cargas.

La inversión total de Itaipú Binacional alcanzó los 712 millones de reales. De ese monto, 372 millones se destinaron a la construcción del puente y 340 millones a las obras del Perimetral Este, una autopista de casi 15 kilómetros que conecta la nueva infraestructura con la BR-277. Este corredor desvía el tránsito pesado del centro urbano de Foz do Iguaçu y enlaza la frontera con el puerto de Paranaguá, uno de los principales nodos logísticos de Brasil.

Según precisaron las autoridades, Itaipú asumió el costo total del puente, la aduana y los accesos. El esquema institucional fue tripartito, con el Departamento Nacional de Infraestructura de Transporte (DNIT) como órgano propietario, el gobierno del estado de Paraná como ejecutor y la binacional como responsable de la transferencia de recursos.

Además, Lula destacó que otra conexión vial entre Brasil y Paraguay se encuentra en su etapa final: el puente entre Porto Murtinho (Mato Grosso do Sul) y Carmelo Peralta, también financiado íntegramente por Itaipú. Esa obra forma parte del Corredor Bioceánico, considerado estratégico para conectar el centro-oeste brasileño con los puertos del norte de Chile, reducir costos logísticos y ampliar la integración regional.

Inicio operativo y respaldo institucional

Durante el acto, el ministro de Transporte, Renan Filho, confirmó que con la finalización del puente y del Perimetral Este, los organismos de control y fiscalización ya están en condiciones de operar. “A partir de mañana liberaremos el flujo de camiones sobre el Puente de Integración”, señaló, en referencia al inicio gradual de la operatoria desde este sábado 20.

En una primera etapa, el cruce estará habilitado únicamente para camiones sin carga, conocidos como “en lastre”, bajo horarios específicos coordinados por la Receita Federal y la Policía Federal de Carreteras. Posteriormente, se habilitará también el tránsito de ómnibus turísticos fletados. Los horarios definitivos serán informados por los organismos competentes.

La ministra de la Secretaría de Relaciones Institucionales, Gleisi Hoffmann, subrayó que se trata de “una inauguración real” y no simbólica. “El puente está listo y todos nuestros servicios están preparados para que funcione”, aseguró.

En los últimos dos años, Itaipú Binacional transfirió 70 millones de reales para las obras del Perimetral Este, lo que representa el 20,6% del total invertido en ese tramo. La última transferencia vinculada directamente al puente se realizó en 2023, cuando la binacional aportó 7 millones de reales tras la finalización de las obras civiles, concluidas en octubre de ese año.

Una obra con más de tres décadas de gestación

El director general brasileño de Itaipú, Enio Verri, recordó que las primeras discusiones sobre la construcción del puente comenzaron a principios de los años 90. Con la firma de Actas de Entendimiento en 1992 y su aprobación por el Congreso en 1994. Sin embargo, el proyecto cobró impulso recién a partir de 2003, durante los dos primeros mandatos de Lula. Y fue licitado en 2014, bajo la presidencia de Dilma Rousseff.

En 2005 se firmó un nuevo acuerdo internacional que definió las bases técnicas de la obra y estableció la responsabilidad financiera de Brasil. En 2012, el proyecto fue incorporado como prioridad estratégica al Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC). Tras completar los procesos de licitación, licencias ambientales y proyectos de ingeniería, el Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables (Ibama) otorgó la licencia ambiental en febrero de 2017. Las obras comenzaron en 2019 y avanzaron de forma sostenida hasta su finalización física en 2023.

Verri también destacó el rol de Itaipú en la integración regional y citó como ejemplo la Universidad Federal de la Integración Latinoamericana (UNILA). Creada en 2010, que cuenta con estudiantes de 32 países y cuyas obras fueron reactivadas con recursos de la binacional. “La integración es una marca de todos los gobiernos del presidente Lula”, afirmó.

Con la puesta en marcha del Puente de Integración Brasil–Paraguay, ambos países apuestan a profundizar el comercio, dinamizar el turismo y fortalecer una red logística regional que impacta directamente en la competitividad del Mercosur.

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