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Una ventana financiera de US$387 millones: Misiones amplía las herramientas de crédito y renegociación de deuda

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Más allá de los $5,2 billones de gastos previstos para 2027, el proyecto de Presupuesto incorpora un capítulo financiero de peso propio. La Provincia queda autorizada a tomar créditos públicos por hasta US$387 millones, además de renegociar obligaciones existentes, afectar recursos de la Coparticipación Federal como garantía y compensar deudas recíprocas con el Estado nacional.

La primera autorización contempla hasta US$100 millones destinados a inversión pública. El abanico es amplio: obras de saneamiento, infraestructura vial y energética, comunicaciones, bienes de capital, infraestructura social o productiva y proyectos ejecutados en los municipios. También permite financiar sistemas informáticos, incorporación de tecnología, conectividad y procesos de modernización y fortalecimiento del Estado.

A esa herramienta se suma una segunda autorización, considerablemente mayor: hasta US$287 millones de créditos públicos con organismos multilaterales, bilaterales o regionales de crédito, bancos de desarrollo, instituciones financieras internacionales u otros entes.

En conjunto, ambas facultades representan una capacidad potencial de endeudamiento de hasta US$387 millones. Se trata de autorizaciones y, por lo tanto, no significan que la Provincia vaya a tomar necesariamente la totalidad de esos créditos ni que constituyan deuda ya contraída. Pero sí establecen el margen legal disponible para buscar financiamiento durante el ejercicio.

El proyecto también concede al Poder Ejecutivo una autorización amplia para reestructurar, reconvenir, refinanciar o renegociar deudas y compromisos contraídos por el Estado provincial, cualquiera sea su origen y tanto en pesos como en dólares.

La facultad alcanza también obligaciones asumidas mediante garantías o avales. La condición establecida es que la operación permita obtener mejoras en los plazos, tasas u otras variables, de acuerdo con las condiciones del mercado. Para esas operaciones podrán mantenerse las garantías existentes sobre los compromisos renegociados.

El instrumento le otorga así al Ejecutivo flexibilidad para administrar el perfil de sus pasivos si durante 2027 aparecen condiciones financieras más convenientes.

Coparticipación como garantía y compensación con Nación

Hay otro elemento relevante. Para las obligaciones que se asuman, el Ejecutivo queda facultado a ceder o afectar en garantía y pago recursos provenientes del Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos.

Al mismo tiempo, podrá compensar deudas y créditos recíprocos con el Estado nacional, incluyendo en ese mecanismo a entes, sociedades o empresas estatales o aquellas en las que el Estado tenga participación mayoritaria.

Esta herramienta adquiere particular relevancia en un escenario de crecientes controversias fiscales entre las provincias y la Nación por transferencias, obligaciones y acreencias cruzadas.

El Presupuesto 2027 también prorroga durante toda la vigencia de la ley la situación de emergencia económica y financiera de Misiones, bajo las leyes provinciales VII N.º 24 y VII N.º 13, con las excepciones y facultades específicas establecidas en el articulado.

La continuidad de la emergencia convive así con un presupuesto que aumenta 28,7%, una necesidad de financiamiento calculada en $787.596 millones y nuevas autorizaciones para recurrir al crédito externo.

No son conceptos equivalentes -la necesidad presupuestaria de financiamiento no debe sumarse automáticamente a los US$387 millones autorizados-, pero forman parte de una misma arquitectura: el Ejecutivo busca conservar un amplio menú de herramientas financieras para atravesar 2027.

Los CEMIS, hasta junio de 2029

Finalmente, el proyecto modifica el régimen correspondiente a los Certificados de Cancelación de Deudas de la Provincia de Misiones (CEMIS).

La nueva redacción dispone diferir hasta el 30 de junio de 2029 los vencimientos de los servicios de amortización y renta correspondientes a los certificados alcanzados por las leyes VII N.º 25, VII N.º 36 y VII N.º 40 y los respectivos cupones enumerados en el proyecto.

El dato completa una de las caras menos visibles, pero económicamente más relevantes, del Presupuesto 2027: junto con la fuerte expansión de la inversión económica y productiva, Misiones se asegura capacidad legal para renegociar pasivos, recurrir a financiamiento internacional, utilizar la Coparticipación como garantía y postergar vencimientos de los CEMIS.

La señal es doble. El Gobierno busca ampliar el margen para financiar infraestructura y desarrollo, pero al mismo tiempo se cubre financieramente ante un escenario que continúa considerando incierto, al punto de mantener vigente la emergencia económica y financiera durante todo 2027.

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Presupuesto 2027: Passalacqua pone el acelerador en la economía y duplica la inversión productiva

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El Presupuesto General de la Administración Pública Provincial pasa de $4.045.600.921.000 en 2026 a $5.206.134.722.000 en 2027. La diferencia alcanza los $1,16 billones y representa un incremento nominal de 28,69%. Pero ese 28,7% promedio esconde movimientos muy diferentes dentro del presupuesto.

La partida de Desarrollo de la Economía es, por lejos, la que protagoniza el mayor salto entre las grandes funciones del Estado provincial. Crece de $354.571,9 millones a $747.027,6 millones: son $392.456 millones adicionales y una expansión de 110,7% en apenas un ejercicio.

Su participación dentro del presupuesto total pasa así de 8,76% en 2026 a 14,35% en 2027.

Prácticamente uno de cada siete pesos previstos para el próximo año queda comprendido dentro de las políticas de desarrollo económico.

Es la principal señal de orientación del primer presupuesto diseñado íntegramente para la segunda mitad del mandato de Passalacqua.

Salud dispondrá de $1.249.193,7 millones, frente a los $1.002.308,9 millones presupuestados para 2026. El incremento nominal es importante: $246.885 millones adicionales, equivalentes a 24,6%.

Sin embargo, como el presupuesto total aumenta 28,7%, Salud pierde ligeramente participación relativa: pasa de representar 24,78% del gasto a 23,99%.

Algo muy parecido ocurre con Cultura y Educación. La partida crece desde $1.012.065,7 millones hasta $1.251.687,1 millones, un aumento de $239.621 millones o 23,7%. Su participación en el gasto total baja de 25,02% a 24,04%.

Entre ambos sectores continuarán absorbiendo prácticamente la mitad del presupuesto provincial.

No hay, por lo tanto, un retroceso nominal de Salud o Educación, pero el Estado decide que durante 2027 otros componentes -particularmente el desarrollo económico- crezcan mucho más rápido.

Presupuesto Misiones 2027: dónde están los cambios

Comparación directa entre los presupuestos provinciales 2026 y 2027

Finalidad / función 2026 2027 Variación
Presupuesto total $4,046 billones $5,206 billones +28,7%
Salud $1,002 billones $1,249 billones +24,6%
Cultura y Educación $1,012 billones $1,252 billones +23,7%
Bienestar Social $768.412 millones $776.422 millones +1,0%
Desarrollo de la Economía $354.572 millones $747.028 millones +110,7%
Seguridad $306.473 millones $343.408 millones +12,1%
Apoyo a gobiernos municipales $302.753 millones $345.112 millones +14,0%
Legislación, Justicia y Culto $157.767 millones $254.057 millones +61,0%
Ciencia y Técnica $7.101 millones $9.927 millones +39,8%
Inversión social 2027 62,95%
Desarrollo de la Economía 14,35%
Necesidad de financiamiento 2026 $493.488 M
Necesidad de financiamiento 2027 $787.596 M
Fuente: Presupuesto General de la Administración Pública Provincial 2026 y Proyecto de Presupuesto General 2027. Cálculos y elaboración: Economis.

Bienestar Social tenía asignados $768.412 millones en 2026 y contará con $776.422 millones en 2027. Son apenas $8.009 millones adicionales: un aumento nominal de sólo 1,04%. Su peso dentro del presupuesto cae con fuerza, desde 18,99% a 14,91%.

Es, entre las grandes funciones presupuestarias, la que muestra la menor expansión.

De todos modos, esto no implica que todos los programas de asistencia permanezcan congelados. El propio articulado muestra, por ejemplo, que Hambre Cero pasa de $5.391 millones a $7.062 millones, un aumento de aproximadamente 31%.

El 62,95% social

La suma de Salud ($1,249 billones), Bienestar Social ($776.422 millones) y Cultura y Educación ($1,252 billones) alcanza los $3,277 billones.

Representa exactamente 62,95% del Presupuesto General.

En 2026, esas mismas tres funciones sumaban $2,783 billones y representaban 68,79%.

Eso significa que el gasto social comparable aumenta cerca de $494.516 millones en términos nominales, 17,8%, pero pierde casi seis puntos porcentuales dentro del presupuesto.

La explicación está menos en un recorte absoluto que en el enorme crecimiento de las partidas económicas y de inversión.

El Presupuesto 2027, por lo tanto, mantiene un Estado fuertemente social -más de seis de cada diez pesos siguen destinados a Salud, Educación y Bienestar-, pero busca construir un segundo eje mucho más potente alrededor de la economía.

Desarrollo de la Economía recibe $392.456 millones más que en 2026. Para tener dimensión: el incremento anual de esa partida es superior al presupuesto completo que la misma función tenía apenas un año antes.

Es decir, el Gobierno prácticamente agrega otro presupuesto de Desarrollo de la Economía encima del existente.

El contraste con las políticas nacionales es bastante nítido. Passalacqua quiere que el Estado provincial también funcione como impulsor de actividad económica en un escenario nacional contractivo para varias economías regionales y con menor presencia federal en la obra pública.

Eso se relaciona directamente con el diagnóstico que acompaña al proyecto: menor financiamiento nacional, retracción de programas y obras federales y una macroeconomía que, desde la mirada del Ejecutivo misionero, genera presión sobre las actividades productivas y comerciales de una provincia de frontera.

Municipios y Seguridad crecen por debajo del promedio

El apoyo a gobiernos municipales sube desde $302.752,5 millones a $345.112 millones, un incremento nominal de 14%.

Como consecuencia, su participación dentro del total cae de 7,48% a 6,63%.

Seguridad muestra un comportamiento parecido. La asignación pasa de $306.473,5 millones a $343.408,3 millones, una mejora de 12,1%, pero el peso relativo baja de 7,58% a 6,60%.

En contraste, Legislación, Justicia y Culto aumenta 61%, desde $157.767 millones hasta $254.057 millones, y Administración General Varios sube 62,8%, hasta $164.631 millones.

Ciencia y Técnica, aunque todavía representa una porción pequeña del gasto total, crece 39,8%, desde $7.101 millones a $9.927 millones.

La deuda sube, pero sigue teniendo un peso reducido

Otra variación llamativa aparece en la partida Deuda Pública. Pasa de apenas $4.861 millones a $26.250 millones, un incremento de 440%.

El porcentaje resulta enorme por la baja base de comparación. Aun después del incremento, la función equivale apenas al 0,50% del presupuesto provincial.

Más relevante para analizar las necesidades de caja es la amortización de deuda prevista en el articulado.

En 2026 se habían destinado $9.108 millones para amortizaciones. Para 2027 el monto asciende a $18.158 millones, prácticamente el doble.

El dato refuerza una de las características históricas de las finanzas misioneras: el peso directo del servicio de la deuda continúa siendo bajo en relación con el tamaño total del Estado, aunque aumenta respecto del ejercicio anterior.

Hay, sin embargo, una señal fiscal que merece especial atención. Mientras las erogaciones aumentan 28,7%, los recursos calculados crecen sólo 24,5%.

En 2026 la necesidad de financiamiento había sido calculada en $493.488 millones. Para el próximo año asciende a $787.596 millones. El incremento es de $294.108 millones, o 59,6%.

El financiamiento bruto de la administración provincial pasa simultáneamente de $502.596 millones a $805.754 millones, una suba de 60,3%.

Más recursos para el IPS y el Parque de la Salud

El análisis de los organismos también muestra movimientos significativos.

El Instituto de Previsión Social pasa de un presupuesto de $667.672 millones a $927.476 millones, un incremento de 38,9%.

El Parque de la Salud Dr. Ramón Madariaga sube desde $440.531 millones hasta $617.553 millones, una expansión de 40,2%. Ambos crecen por encima del presupuesto provincial promedio.

El Instituto de Macroeconomía Circular pasa de $76.592 millones a $102.036 millones, 33,2% más. El IAAVIM muestra uno de los saltos porcentuales más fuertes: de $453 millones a $966 millones, 113,1%.

El IMiBio aumenta 6,4%, hasta $3.457 millones, y el Instituto Forestal Provincial 15,5%, hasta $176 millones.

Una curiosidad aparece en la Dirección General de Rentas: su presupuesto baja ligeramente desde $161.994 millones a $160.851 millones, una variación de -0,7%.

Más cargos y más horas cátedra

El Presupuesto 2026 autorizó 63.935 cargos permanentes y 280.904 horas cátedra. El proyecto 2027 eleva la planta a 65.090 cargos, es decir, 1.155 más, un crecimiento de alrededor de 1,8%.

Las horas cátedra aumentan a 282.133, 1.229 por encima del ejercicio anterior.

El crecimiento de la planta resulta muy inferior al del presupuesto total y debe leerse además junto con las restricciones que mantiene la propia ley sobre contratación de personal temporario y las facultades de reorganización de cargos.

Atención primaria y asistencia

Hay también modificaciones en programas específicos.

La asignación autorizada por habitante para atención primaria de la salud sube de $135 mensuales en 2026 a $177 en 2027, un aumento de 31,1%.

Hambre Cero, como se señaló, crece 31%.

Y el proyecto mantiene mecanismos específicos de financiamiento educativo provincial frente a la ausencia o insuficiencia de fondos nacionales.

Son detalles que complementan la lectura: aunque el peso relativo del bloque social se reduce, existen programas determinados que continúan teniendo aumentos cercanos o superiores al crecimiento total del presupuesto.

El Presupuesto 2027 tiene además una dimensión política inevitable. Será el presupuesto que Passalacqua ejecutará durante la última parte del mandato iniciado en diciembre de 2023. Y, a diferencia de los primeros ejercicios, llega después de tres años en los que la Provincia debió redefinir prioridades frente al cambio del vínculo fiscal con la Nación.

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Lanzan una licitación por $2.573 millones para crear un mapa digital integral de todos los puertos argentinos

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La competitividad logística de la Argentina no depende únicamente de nuevas inversiones en infraestructura. También requiere conocer con precisión qué activos existen, dónde están ubicados y cuál es su estado real de los puertos argentinos. Con esa premisa, el Gobierno nacional puso en marcha uno de los relevamientos territoriales más ambiciosos de los últimos años para el sistema portuario argentino, una iniciativa que busca transformar información dispersa en una herramienta estratégica para la gestión pública y el desarrollo económico.

A través de la Resolución 45/2026, la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) autorizó el llamado a una licitación pública nacional para contratar un Servicio de Relevamiento Integral Multimodal, Sistémico y Georreferenciado de Infraestructuras Portuarias, con un presupuesto oficial de 2.573.550.000 pesos y un plazo de ejecución de doce meses, prorrogable por otro período similar.

El proyecto no consiste únicamente en levantar planos o realizar mediciones. La contratación contempla la generación de imágenes georreferenciadas, modelos tridimensionales basados en nubes de puntos y bases de datos espaciales que integren información sobre áreas terrestres, sectores acuáticos y las zonas de transición entre ambos ambientes en todos los puertos bajo jurisdicción nacional.

La iniciativa forma parte del Programa de Regularización de Muebles e Inmuebles en Jurisdicción Portuaria, impulsado por la Agencia durante 2025, cuyo objetivo es construir una base de información única y confiable sobre el patrimonio portuario del Estado. El diagnóstico oficial sostiene que disponer de datos precisos permitirá completar y actualizar el catastro, delimitar correctamente las jurisdicciones portuarias, avanzar en la regularización dominial de inmuebles y fortalecer los sistemas de información geográfica utilizados para la planificación.

Detrás de esta decisión hay un problema estructural que trasciende la gestión administrativa. Durante décadas, numerosos predios portuarios acumularon superposiciones catastrales, ocupaciones irregulares, documentación incompleta y límites poco definidos entre áreas operativas, fiscales y privadas. Esa incertidumbre jurídica suele traducirse en demoras para concesiones, conflictos sobre la utilización de terrenos estratégicos y mayores costos para proyectos de inversión.

El nuevo relevamiento apunta justamente a reducir esas asimetrías mediante tecnología de alta precisión. La información obtenida servirá como insumo para futuras decisiones sobre planificación portuaria, expansión de terminales, administración de concesiones, obras de infraestructura y preservación del patrimonio estatal.

La licitación se realizará bajo la modalidad de orden de compra abierta, un mecanismo previsto en el régimen nacional de contrataciones que permite ajustar la ejecución del servicio dentro de cantidades máximas establecidas, otorgando mayor flexibilidad operativa durante el desarrollo del contrato.

Desde el punto de vista económico, la inversión representa una apuesta por fortalecer uno de los principales activos logísticos del país. Más del 80% del comercio exterior argentino se moviliza por vía marítima o fluvial, por lo que disponer de información territorial precisa sobre la infraestructura portuaria constituye un insumo clave para mejorar la competitividad, reducir incertidumbres regulatorias y facilitar futuras inversiones públicas y privadas.

La resolución también aprueba el pliego de bases y condiciones técnicas y delega en la Subgerencia de Compras, Contrataciones y Convenios la organización del proceso licitatorio, incluyendo la fijación de fechas para la presentación y apertura de ofertas. Paralelamente, se designó la Comisión Evaluadora que analizará las propuestas de las empresas interesadas.

Si bien el impacto inmediato de la medida será administrativo, sus efectos potenciales exceden el ámbito burocrático. La consolidación de una cartografía digital unificada puede convertirse en una herramienta de largo plazo para transparentar la gestión del patrimonio público, disminuir litigios sobre inmuebles portuarios, acelerar procesos de inversión y brindar mayor previsibilidad a operadores logísticos y gobiernos provinciales.

En un contexto donde la eficiencia del comercio exterior depende tanto de las obras físicas como de la calidad de la información disponible, el relevamiento integral aparece como una inversión silenciosa pero estratégica: antes de construir nuevos puertos o ampliar los existentes, el Estado busca conocer con exactitud qué posee, cómo está distribuido y cuáles son las oportunidades de desarrollo sobre ese patrimonio.

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El Gobierno evalúa reactivar el Tren Norpatagónico para potenciar Vaca Muerta y reducir costos logísticos

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La recuperación de la infraestructura ferroviaria vuelve a ganar espacio en la agenda económica nacional. Después de años de paralización, el Gobierno nacional analiza reactivar el proyecto del Tren Norpatagónico, una obra estratégica para acompañar el crecimiento de Vaca Muerta mediante un corredor logístico capaz de reducir costos, mejorar la eficiencia del transporte de cargas y aliviar la presión sobre las rutas patagónicas.

La iniciativa, actualmente en estado de suspensión, busca transformar la conexión ferroviaria entre Bahía Blanca y Añelo, el principal centro operativo de la formación de hidrocarburos no convencionales más importante del país. El proyecto contempla intervenir un total de 665 kilómetros de infraestructura ferroviaria y demandaría un plazo estimado de ejecución de cuatro años.

El avance de Vaca Muerta modificó la escala de las necesidades logísticas de la industria energética. El incremento sostenido de la producción de petróleo y gas exige transportar cada vez mayores volúmenes de arena para fractura, tubos, maquinaria pesada, insumos industriales y combustibles, una tarea que hoy depende casi exclusivamente del transporte por camión.

La propuesta apunta precisamente a diversificar esa logística mediante un sistema ferroviario de cargas con mayor capacidad y menores costos operativos, mejorando además la previsibilidad del abastecimiento para una actividad que se convirtió en uno de los principales motores de generación de divisas del país.

Según la documentación técnica evaluada por el Gobierno, el proyecto prevé el mejoramiento de 374 kilómetros de vías existentes sobre el corredor que une Bahía Blanca con Río Negro y Neuquén. A ello se suma la renovación integral de otros 208 kilómetros correspondientes a los sectores más deteriorados del histórico ramal ferroviario.

La intervención también incorpora uno de los componentes más relevantes desde el punto de vista estratégico: la construcción de 83 kilómetros de vías completamente nuevas entre Contraalmirante Cordero y Añelo. Ese desvío permitirá conectar directamente con el corazón operativo de Vaca Muerta, evitando atravesar áreas urbanas y optimizando la circulación de trenes de carga.

En conjunto, las obras permitirían recuperar un corredor ferroviario pensado para responder a las exigencias de una industria energética en plena expansión. La posibilidad de transportar mayores volúmenes mediante ferrocarril reduciría significativamente la circulación de camiones, disminuyendo costos logísticos, tiempos de traslado, consumo de combustible y desgaste de la infraestructura vial.

El impacto potencial trasciende al sector energético. Bahía Blanca constituye uno de los principales nodos portuarios del país y la consolidación de un corredor ferroviario eficiente fortalecería la salida de la producción hacia los mercados internacionales, mejorando la competitividad exportadora de Vaca Muerta.

En un contexto en el que la energía se perfila como uno de los grandes generadores de dólares para la economía argentina, la logística aparece como un factor decisivo para sostener el crecimiento. Distintos informes económicos coinciden en que la expansión de la producción requiere inversiones complementarias en oleoductos, gasoductos, infraestructura portuaria y sistemas ferroviarios capaces de acompañar el aumento de la actividad.

La eventual reactivación del Tren Norpatagónico se inscribe precisamente en esa lógica: convertir la infraestructura en una herramienta para reducir costos estructurales y aumentar la productividad de toda la cadena energética.

Más allá del beneficio directo para Vaca Muerta, el proyecto también abre una oportunidad para recuperar un activo ferroviario largamente relegado. La modernización del corredor permitiría fortalecer el transporte de cargas en una región con creciente actividad económica, generando condiciones para futuras inversiones industriales y mejorando la integración logística entre el interior productivo y los principales puertos del país.

El desafío ahora pasa por transformar la evaluación técnica en una decisión de inversión. Si finalmente se reactiva, el Tren Norpatagónico podría convertirse en una de las obras de infraestructura más relevantes para acompañar la próxima etapa de crecimiento de Vaca Muerta, consolidando un esquema logístico más eficiente y competitivo para una actividad que hoy ocupa un lugar central en la estrategia económica argentina.

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Esuco entra en concurso preventivo: la constructora quedó atrapada entre el freno de la obra pública y la crisis financiera

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Después de casi ocho décadas de actividad y de haber participado en algunas de las obras de infraestructura más importantes del país, la constructora Esuco ingresó en concurso preventivo de acreedores. La decisión judicial marca un punto de inflexión para una empresa que durante años fue uno de los principales actores de la ingeniería argentina y refleja el profundo cambio de escenario que atraviesa el sector de la construcción tras la paralización de la obra pública nacional.

La apertura del concurso fue dispuesta por el Juzgado Nacional en lo Comercial N° 28, luego de que la compañía reconociera dificultades para afrontar sus compromisos financieros. En su presentación, sostuvo que el objetivo de la reestructuración judicial es preservar la continuidad operativa y alcanzar un acuerdo con más de 800 acreedores, mientras intenta sostener una actividad que se redujo drásticamente durante el último año.

Fundada en 1948, Esuco desarrolló más de 500 proyectos de infraestructura en todo el país. Su trayectoria incluye la participación en obras emblemáticas como la represa hidroeléctrica Yacyretá, el Aeropuerto Internacional Comandante Armando Tola de El Calafate, el ex Centro Cultural Kirchner, el Gasoducto del Noreste Argentino (GNEA), la planta depuradora de efluentes cloacales de Berazategui, el Acueducto Miraflores en Chaco y la estación terrena satelital Las Lajas, además de numerosos emprendimientos viales, ferroviarios, energéticos e hidráulicos ejecutados para organismos nacionales, provinciales y municipales.

La paralización de la obra pública aceleró el deterioro

En el expediente judicial, la empresa atribuye su crisis a una combinación de factores que modificaron por completo el escenario del negocio. La fuerte reducción de la inversión pública, la virtual desaparición de nuevas licitaciones nacionales, el incremento de los costos de construcción, el elevado costo del financiamiento y los conflictos contractuales con Energía Argentina (Enarsa) terminaron deteriorando su capacidad financiera.

Según expuso la compañía, el cambio comenzó a profundizarse desde fines de 2023 y se consolidó durante 2024, cuando numerosos contratos financiados por el Estado fueron paralizados, suspendidos o ralentizados.

La empresa sostiene que la inversión pública en infraestructura cayó cerca de un 80% en términos reales respecto de 2023, mientras que la actividad de la construcción retrocedió más de un 27% durante 2024, provocando una fuerte reducción en las oportunidades de negocio y dificultando el reemplazo de los proyectos que finalizaban.

Los números reflejan esa transformación. Aunque durante 2024 Esuco facturó $84.664 millones, ese nivel representó una caída real del 23,7% frente al ejercicio anterior. El deterioro operativo también impactó sobre la rentabilidad: tras obtener una ganancia de $2.849 millones en 2023, cerró el último ejercicio con pérdidas por $6.206 millones.

El resultado bruto descendió desde $25.138 millones hasta $17.373 millones, mientras que los ingresos provenientes de obras ejecutadas disminuyeron desde $110.993 millones a $84.664 millones.

Más del 80% del personal fue desvinculado. La contracción de la actividad también golpeó con fuerza la estructura laboral de la empresa.

La documentación presentada ante la Justicia muestra que Esuco redujo su plantel de 397 trabajadores en junio de 2025 a apenas 70 empleados en abril de 2026, una disminución superior al 80% en menos de un año.

Los empleados permanentes pasaron de 160 a solo 25, mientras que el personal jornalizado afectado directamente a las obras cayó de 237 a 45 trabajadores, reflejando la magnitud del ajuste que debió afrontar la compañía.

El conflicto con Enarsa agravó la situación financiera

Otro de los ejes centrales de la presentación judicial es el conflicto que la empresa mantiene con Energía Argentina (Enarsa), vinculado a la ejecución de dos proyectos estratégicos para el sistema energético nacional: la Planta Compresora Mercedes y las obras de adecuación de las plantas compresoras necesarias para la reversión del Gasoducto Norte.

Esta última constituye una de las principales obras energéticas de los últimos años, ya que permitirá incrementar el transporte de gas desde Vaca Muerta hacia el norte del país para sustituir progresivamente las importaciones provenientes de Bolivia.

Esuco sostiene que ambos contratos estuvieron afectados por demoras en la aprobación de certificados de obra, redeterminaciones de precios, autorizaciones técnicas e ingresos de materiales, situación que la obligó a financiar una parte creciente de los trabajos mediante recursos propios y endeudamiento bancario.

Según la empresa, solo el contrato correspondiente a la reversión del Gasoducto Norte le generó perjuicios económicos por aproximadamente $3.700 millones, mientras que los créditos pendientes de cobro relacionados con distintos proyectos energéticos superarían los $53.900 millones.

La constructora también argumenta que el atraso en los pagos, sumado a tasas de interés que durante parte de 2025 superaron el 100% nominal anual, terminó deteriorando aún más su situación financiera e imposibilitó sostener el ritmo previsto de ejecución de las obras.

Carlos Wagner y una empresa emblemática del sector

La historia reciente de Esuco también está estrechamente ligada a la figura del ingeniero Carlos Wagner, uno de los empresarios más influyentes de la construcción argentina durante las últimas décadas.

Wagner presidió la Cámara Argentina de la Construcción entre 2004 y 2012, período caracterizado por un fuerte crecimiento de la inversión pública en infraestructura. Posteriormente adquirió notoriedad nacional al declarar como imputado colaborador en la causa conocida como los “Cuadernos de las Coimas”, donde describió el funcionamiento del presunto esquema de recaudación ilegal vinculado a contrataciones de obra pública.

No obstante, en la presentación del concurso preventivo, la empresa atribuye su crisis exclusivamente al cambio de escenario económico y operativo derivado del derrumbe de la inversión pública y las dificultades para sostener proyectos de gran escala.

El ingreso de Esuco al concurso preventivo trasciende la situación de una empresa en particular y se convierte en uno de los casos más representativos del impacto que tuvo el cambio de política de infraestructura sobre el sector de la construcción.

Mientras el Gobierno nacional mantiene el recorte de la obra pública como uno de los pilares del ajuste fiscal, numerosas empresas contratistas enfrentan una combinación de menor actividad, dificultades de financiamiento y conflictos derivados de contratos en ejecución.

Para Esuco, la continuidad dependerá ahora de la posibilidad de reestructurar su pasivo, recuperar los créditos pendientes —especialmente los vinculados a obras energéticas— y adaptarse a un mercado significativamente más reducido que el que impulsó su crecimiento durante décadas.

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