Inversiones Argentina

Daza, en el Council de las Américas: “La Argentina ya cambió y el cambio es permanente”

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“La Argentina ya cambió”. Con esa definición, José Luis Daza condensó el mensaje que el Gobierno buscó transmitir ante empresarios, inversores y referentes políticos durante el Council de las Américas 2026. El viceministro de Economía reemplazó al ministro Luis Caputo, ausente por problemas de salud, y convirtió su exposición en una defensa del rumbo económico iniciado con Javier Milei, pero también en una apuesta por el impacto estructural que, según su visión, tendrá la transformación sobre el mercado laboral y la matriz productiva.

Para Daza, el cambio no se limita a una reducción del déficit o a la baja de la inflación. Se trata de una modificación cultural y política que atraviesa al conjunto de la sociedad. “El cambio creo que es permanente”, afirmó, al sostener que la Argentina ingresó en una etapa que considera inédita en comparación con otras transformaciones económicas que observó durante décadas de trabajo en Estados Unidos y Wall Street.

Su interpretación parte de una premisa política: la elección de Milei significó, según Daza, que una mayoría social aceptara la necesidad de reducir el tamaño del Estado y alcanzar el equilibrio fiscal. “La Argentina cambia cuando decide elegir a un presidente cuyo símbolo es la motosierra”, sostuvo. Para el funcionario, allí se produjo un quiebre que excede la discusión ideológica tradicional y expresa un nuevo consenso sobre las restricciones fiscales del Estado.

Pero el segundo componente que Daza considera decisivo es la forma en que se implementó ese ajuste. El funcionario destacó que el Gobierno decidió reducir el gasto y avanzar hacia el equilibrio fiscal sin romper contratos ni reestructurar la deuda doméstica. “Todo lo que vamos a hacer en política económica, todo lo que vamos a hacer en el Gobierno es respetando el Estado de derecho, respetando la santidad de los contratos”, señaló al reconstruir el mandato recibido por el equipo económico.

La defensa de las reglas de juego ocupó buena parte de su exposición. Daza buscó presentar el cumplimiento de los contratos como una condición para reconstruir un mercado financiero de largo plazo y diferenciar el proceso argentino de anteriores episodios de default. En esa lógica, sostuvo que la estrategia permitió comenzar a sentar las bases de “la Argentina moderna” y que esa decisión ya empieza a producir resultados en materia de financiamiento y confianza.

El otro eje de su diagnóstico fue la inflación. Daza afirmó que el proceso de desinflación está asentado sobre “bases sólidas” y que continuará porque el programa no depende de una única variable. Destacó la combinación de equilibrio fiscal, cuentas externas positivas, bancos capitalizados y ausencia de descalces relevantes como parte de los fundamentos que, según el Gobierno, permitirían sostener la estabilización en el tiempo.

“Para mí personalmente no es un tema”, respondió al referirse a la inflación, en una de las definiciones más contundentes de su exposición. La afirmación apunta a transmitir que la dinámica de los precios dejó de constituir, para el equipo económico, una amenaza central al programa. Daza también vinculó el futuro de la estabilidad con la eventual aprobación de una nueva Carta Orgánica del Banco Central y consideró que una mayor independencia de la autoridad monetaria podría constituir “un shock de confianza” para la economía.

El cambio que todavía no se ve

Sin embargo, el aspecto más ambicioso del discurso no estuvo en los indicadores financieros sino en lo que Daza considera la transformación todavía subestimada: el cambio de la matriz productiva argentina.

El funcionario sostuvo que el país está transitando desde una estructura más dependiente de los sectores tradicionales hacia una economía donde energía y minería tendrán un peso creciente, junto con una expansión de la productividad agropecuaria. A su entender, la magnitud de esa transformación todavía no fue completamente incorporada por la sociedad porque los proyectos de inversión tienen tiempos de maduración diferentes a los de la percepción cotidiana.

“Se viene un cambio que la sociedad no ha podido percibir porque nunca ha visto un cambio en la matriz productiva como el que se nos viene en la Argentina”, planteó.

El punto relevante, según Daza, es que ese proceso no quedará circunscripto a las provincias productoras ni a las empresas directamente involucradas. La expansión energética y minera generaría una demanda creciente de infraestructura, servicios profesionales, transporte, tecnología, mantenimiento y proveedores industriales, con efectos sobre múltiples sectores de la economía.

La referencia a Chile funcionó como ejemplo de esa dinámica. Daza sostuvo que el desarrollo del cobre produjo allí una red de proveedores y servicios que se extendió mucho más allá de las regiones estrictamente mineras. Esa experiencia es utilizada por el Gobierno como una referencia para anticipar lo que podría ocurrir en Argentina si los proyectos de energía y minería alcanzan la escala prevista.

La consecuencia más concreta de esa transformación, y quizás una de las definiciones de mayor impacto social de su discurso, aparece en el mercado laboral. “Argentina va a necesitar por lo menos 18.000 ingenieros por año”, afirmó. A esa demanda sumó soldadores, electricistas, mecánicos, trabajadores vinculados a la infraestructura, contadores y otros perfiles técnicos y profesionales.

El dato funciona como una advertencia tanto para el sistema educativo como para empresas y gobiernos. Si la inversión esperada efectivamente se materializa, la restricción podría dejar de estar exclusivamente en la disponibilidad de capital para convertirse también en la disponibilidad de recursos humanos capacitados.

Argentina, según Daza, egresa actualmente alrededor de 6.000 ingenieros por año, por lo que el salto requerido sería de una magnitud considerable. La discusión sobre el modelo económico, en consecuencia, empieza a desplazarse hacia otra pregunta: ¿está el país preparado para formar a las personas que necesitará la economía que pretende construir?

De la macroeconomía al bolsillo

El funcionario insistió además en que el crecimiento de sectores como minería y energía no debería analizarse como un fenómeno aislado. “Esto se va a trasladar a toda la sociedad”, afirmó, al explicar que la expansión de las inversiones demandará trabajadores, proveedores y servicios en distintas regiones.

La lógica es conocida en economía: una inversión primaria puede generar efectos multiplicadores sobre cadenas de proveedores, logística, servicios financieros, software, profesionales y consumo. La diferencia, en el caso argentino, estaría en la escala potencial de los recursos involucrados y en la posibilidad de convertirlos en una plataforma exportadora.

Daza vinculó esa oportunidad con la teoría de la convergencia: una economía que incorpora capital, tecnología y productividad puede acercar su ingreso por habitante al de países que lograron sostener procesos prolongados de crecimiento. En ese punto comparó la trayectoria argentina con la uruguaya y la chilena y sostuvo que la apertura y la eliminación de restricciones permitirían recuperar parte del terreno perdido.

El optimismo del funcionario, sin embargo, fue presentado como una conclusión basada en experiencias internacionales y no como una expectativa coyuntural. “No estoy optimista de Argentina. Soy realista”, afirmó, al explicar que observó transformaciones similares en otros países y que considera que Argentina reúne una combinación particularmente favorable de recursos naturales y capital humano.

El desafío que queda fuera de los balances

En el tramo final de su discurso, Daza introdujo una dimensión social que resulta central para evaluar cualquier proceso de transformación económica. Reconoció que la pobreza continúa siendo “excesivamente alta” y que la fragilidad de las clases medias también permanece como un problema.

El funcionario reivindicó, en ese sentido, el esfuerzo del Gobierno por focalizar la asistencia sobre los sectores más vulnerables mientras avanza el ajuste fiscal. La cuestión resulta particularmente relevante porque el éxito de una transformación productiva no se mide únicamente por exportaciones, inversiones o equilibrio presupuestario, sino por su capacidad para generar empleo, mejorar ingresos y ampliar las oportunidades de movilidad social.

Ese es, precisamente, el punto donde el discurso económico encuentra su principal desafío. La promesa de una Argentina más productiva requiere que el crecimiento de energía, minería, agro y servicios se convierta efectivamente en empleos formales, mejores salarios, proveedores locales y nuevas capacidades profesionales.

La advertencia sobre los 18.000 ingenieros anuales puede leerse, entonces, como algo más que una proyección laboral. Es también un llamado a anticipar el cuello de botella de la próxima etapa. Si la Argentina pretende atraer inversiones de gran escala, deberá resolver simultáneamente problemas de infraestructura, formación técnica, capacitación profesional y articulación entre el sistema educativo y las nuevas demandas empresarias.

En esa transición, el cambio de matriz productiva puede ser una oportunidad, pero no constituye por sí mismo una garantía de desarrollo territorial equilibrado. El verdadero salto dependerá de cuánto valor agregado pueda capturar la economía local y de qué manera ese crecimiento llegue a trabajadores, pymes, profesionales y comunidades.

Daza cerró su exposición con una definición política que resume la estrategia oficial: “La Argentina ya cambió”. Para el Gobierno, el desafío ahora consiste en demostrar que ese cambio no se limita a la macroeconomía y que puede convertirse en una transformación productiva capaz de generar oportunidades concretas.

La próxima discusión, por lo tanto, no será solamente cuánto déficit queda, cuánto baja la inflación o cuánto capital ingresa. Será quiénes podrán participar de la nueva economía que el Gobierno proyecta y si el país logra formar, integrar y retener a los trabajadores que esa transformación va a necesitar.

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Activos argentinos bajo presión: ADRs caen hasta 18% y el riesgo país trepa casi 12% en agosto

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Los activos argentinos profundizaron su castigo durante la segunda semana de agosto, en una señal que empieza a exceder la dinámica estrictamente cambiaria. Con el dólar mayorista estable en torno de los $1.500 y un escenario internacional que ofreció cierto alivio a los mercados emergentes, las acciones y los bonos soberanos locales volvieron a quedar rezagados, mientras el riesgo país escaló hasta los 480 puntos básicos.

El movimiento dejó una fotografía incómoda para el mercado: en lo que va de agosto, los ADRs argentinos acumularon pérdidas de hasta 18%, mientras el riesgo país avanzó casi 12%. En las últimas cinco ruedas, el S&P Merval cedió 4,5% medido en dólares y descendió hasta los US$1.867. La corrección se produjo pese a que Wall Street encontró respaldo en una inflación estadounidense que moderó las expectativas de un endurecimiento monetario de la Reserva Federal.

La divergencia entre Argentina y el resto de los mercados volvió a colocar los factores domésticos en el centro de la discusión. La liquidez continúa ajustada, las tasas de corto plazo permanecen elevadas y la inflación de julio mostró una aceleración hasta 2,1% mensual, frente al 1,9% de junio. A esto se suma una creciente discusión sobre la capacidad de la economía para sostener la recuperación del empleo, los salarios y el consumo, variables que comienzan a adquirir mayor relevancia en la valoración de los activos.

El esquema económico oficial mantiene como prioridad la estabilidad cambiaria y el control de la liquidez. Según el análisis de Eric Ritondale, de Puente, el Gobierno profundizó durante la semana el uso del ancla nominal mediante una combinación de estabilidad del tipo de cambio y una administración más estricta de los pesos disponibles en el sistema financiero. El Banco Central, al mismo tiempo, moderó el ritmo de compra de divisas y las tasas de muy corto plazo se estabilizaron en torno del 20% al 23% después de las tensiones registradas en jornadas anteriores.

El Tesoro consiguió, además, renovar prácticamente la totalidad de sus vencimientos en la última licitación, aunque la demanda volvió a concentrarse en instrumentos de menor plazo. El movimiento de fondos entre el Tesoro, el BCRA y los bancos comerciales contribuyó a reducir parte de la volatilidad, pero no eliminó la restricción de liquidez que atraviesa al sistema.

El problema es que la estabilidad cambiaria tiene un costo cuando se sostiene con tasas elevadas y una oferta monetaria contenida. La estrategia puede contribuir a moderar la inflación y evitar una aceleración de las expectativas devaluatorias, pero también puede enfriar el crédito y postergar decisiones de inversión si la restricción financiera se prolonga.

La inflación de julio agregó una nueva variable a esa ecuación. El 2,1% mensual superó levemente las expectativas del mercado, mientras que la inflación núcleo se ubicó en 1,8%. Aunque las expectativas de largo plazo continúan ancladas alrededor de una inflación mensual de 1,5%, la aceleración reciente reabrió el interrogante sobre cuánto esfuerzo monetario será necesario para sostener el proceso de desinflación.

El mercado laboral y la actividad comienzan así a formar parte de la ecuación financiera. Desde GMA Capital señalaron que las mesas de dinero empiezan a discutir cuánto del aumento del riesgo argentino responde a los recientes traspiés macroeconómicos y cuánto empieza a incorporar el comportamiento de los salarios, el empleo y la heterogeneidad sectorial, junto con el escenario político hacia 2027.

Acciones: ni los buenos balances alcanzaron para revertir la tendencia

La renta variable fue uno de los segmentos más castigados. El S&P Merval llegó a retroceder más de 4% en dólares durante la semana y el sector bancario encabezó las pérdidas, con Banco Macro llegando a caer más de 10%.

La particularidad es que el deterioro bursátil no estuvo acompañado por una temporada de balances negativa. Por el contrario, varias compañías argentinas presentaron resultados superiores a las previsiones. YPF y Pampa Energía superaron en más de 40% las estimaciones de ganancias por acción, mientras Ternium y Telecom también quedaron por encima del consenso.

YPF, además, avanzó en una operación estratégica al aceptar la oferta de Edenor para adquirir el 70% de Metrogas y el 5% de MetroEnergías por US$780 millones. La transacción se encuadra en el proceso de optimización del portafolio de la petrolera y apunta a liberar capital para proyectos de mayor retorno vinculados con Vaca Muerta y las exportaciones.

Sin embargo, el mercado no está premiando exclusivamente los fundamentos corporativos. La percepción de riesgo soberano se convirtió en un factor dominante y terminó imponiéndose incluso sobre las noticias positivas de las empresas.

Los bonos pierden terreno frente a otros emergentes

La deuda soberana también profundizó la corrección. Los Globales retrocedieron a lo largo de prácticamente toda la curva: el GD38 y el GD46 cayeron 1,1%, el GD35 perdió 0,9%, el GD41 bajó 0,8% y el GD30 cedió 0,3%.

El dato relevante no es solamente la magnitud de las pérdidas, sino su comparación internacional. Mientras los bonos argentinos retrocedieron, los de Ecuador avanzaron 0,6%, los de Pakistán 0,5% y los de Egipto 0,4%. El promedio de los mercados emergentes y los bonos del Tesoro estadounidense permanecieron prácticamente estables.

La lectura es contundente: la corrección argentina tiene un componente predominantemente doméstico. No parece responder a una ola generalizada de aversión al riesgo, sino a una reevaluación específica de la economía argentina.

Esto también implica un cambio respecto del primer semestre. Hasta julio, el GD35 acumulaba una ganancia directa del 9% y había superado a Ecuador y al promedio emergente. El retroceso posterior prácticamente borró aquella ventaja y abrió una discusión sobre si el mercado comenzó a incorporar un escenario más complejo para la macroeconomía y la política económica.

La deuda corporativa, en cambio, muestra mayor resistencia. Las Obligaciones Negociables continúan recibiendo flujos, respaldadas por balances sólidos, niveles de endeudamiento relativamente bajos e ingresos sostenidos. Algunas compañías todavía consiguen financiamiento a tasas de 3% anual o inferiores en plazos cortos y las emisiones corporativas acumulan un volumen 30% superior al registrado durante el mismo período de 2025.

Ese comportamiento introduce una diferencia importante dentro del riesgo argentino: mientras el soberano vuelve a ser castigado, el crédito corporativo conserva acceso al mercado. La fortaleza de empresas vinculadas con energía, telecomunicaciones e infraestructura funciona, en este contexto, como una vía de financiamiento alternativa para proyectos productivos aun en un escenario de mayor volatilidad.

El crédito en dólares puede modificar el mapa financiero

La ampliación del crédito bancario en moneda extranjera aparece como otra variable a seguir. La nueva regulación anunciada por el Gobierno permitirá ampliar los destinos de estos préstamos, bajo límites prudenciales específicos y con un tope conjunto equivalente al 15% de los depósitos en dólares de cada entidad para los nuevos destinos.

Para el mercado, el mecanismo podría incrementar la oferta de divisas si las empresas toman esos créditos y los fondos se canalizan a través del mercado oficial. También puede reducir la necesidad de acudir al mercado de capitales, con un eventual impacto sobre la oferta futura de Obligaciones Negociables.

Pero existe una contracara. Mientras el tipo de cambio permanezca estable, el endeudamiento en dólares puede resultar atractivo para las compañías. Una eventual fase de volatilidad cambiaria modificaría rápidamente el incentivo: las empresas endeudadas necesitarían comprar divisas para cancelar sus obligaciones y podrían convertirse en una fuente adicional de demanda.

La política financiera enfrenta, por lo tanto, una cuestión de timing. El crédito en dólares puede profundizar la intermediación y aportar financiamiento productivo, pero su expansión requiere que los riesgos de moneda permanezcan adecuadamente cubiertos.

El escenario externo juega a favor, pero Argentina no logra aprovecharlo

La diferencia con Wall Street resulta significativa. Los datos de inflación de Estados Unidos redujeron las expectativas de un nuevo endurecimiento de la Fed y favorecieron a los activos de riesgo.

El índice de precios al productor estadounidense no registró variaciones mensuales en julio, contra una expectativa de 0,2%, mientras que la medición interanual se desaceleró de 5,5% a 4,7%. La inflación mayorista núcleo avanzó 0,2% mensual, también por debajo de las previsiones.

Con los últimos datos de empleo, IPC e IPP, el mercado comenzó a incorporar una Reserva Federal menos restrictiva. La probabilidad asignada a una suba de tasas en septiembre pasó del 55% al 35%, mientras aumentaron las chances de que la Fed mantenga el rango de 3,50% a 3,75%.

El resultado fue un contexto internacional relativamente favorable para la renta variable y el oro. El S&P 500 incluso llegó a superar los 7.800 puntos, mientras el 85% de las empresas del índice que ya presentaron balances superó las expectativas de beneficios.

Argentina, sin embargo, transitó en sentido contrario.

La señal que deja agosto es que la estabilidad del dólar ya no alcanza por sí sola para sostener las valuaciones. El mercado necesita ahora una combinación más exigente: desinflación consistente, liquidez menos restrictiva, recuperación del empleo y los salarios, crecimiento sostenible y una reducción del riesgo político hacia 2027.

El desafío, desde una perspectiva de desarrollo, consiste en que la estabilidad financiera deje de ser un objetivo defensivo y se transforme en una plataforma para ampliar el crédito, atraer inversión y recuperar el empleo formal. Si ese puente no se construye, la calma cambiaria puede coexistir con una economía de activos locales deprimidos y con un mercado que continúa asignando una prima elevada al riesgo argentino.

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La inflación volvió a superar el 2% y el mercado recalibra expectativas para el segundo semestre

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La inflación argentina volvió a cruzar en julio la barrera del 2% mensual y dejó una señal que obliga a mirar con mayor cautela la velocidad del proceso de desinflación. Después de haber perforado ese umbral en junio, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró un incremento de 2,1% durante el séptimo mes del año, acumuló 19,3% desde enero y alcanzó una variación interanual de 33,8%.

Para Thiago Marino, analista de Renta Fija de IOL Inversiones, el dato no supone necesariamente un quiebre de tendencia, pero sí confirma que el camino hacia una inflación más baja difícilmente sea lineal.

Uno de los elementos relevantes del informe de precios fue, precisamente, la composición del aumento. La inflación núcleo —que excluye componentes estacionales y regulados y suele funcionar como una referencia más estable de la dinámica inflacionaria— avanzó 1,8% y se ubicó por debajo del índice general.

Los precios estacionales, en cambio, treparon 4,5%, afectados especialmente por el movimiento turístico propio del receso invernal. Los regulados aumentaron 2,1%, en un mes atravesado por la recomposición de tarifas.

Las vacaciones de invierno dejaron su marca

El componente estacional quedó particularmente expuesto en Recreación y cultura, que encabezó los aumentos nacionales con una suba de 5%. La temporada turística de invierno impulsó precios vinculados con viajes, alojamiento y servicios recreativos y culturales.

Marino considera que esa presión debería perder intensidad una vez agotado el efecto vacaciones. Desde IOL estiman que la moderación de esta división podría restar entre 0,1 y 0,2 puntos porcentuales a los próximos registros mensuales.

La lectura resulta relevante porque permite separar dos movimientos diferentes: mientras determinados precios vinculados con la estacionalidad aceleraron durante julio, la inflación núcleo permaneció por debajo del 2%. Es decir, detrás del repunte del índice general todavía aparecen señales compatibles con una desaceleración, aunque atravesadas por factores que pueden generar oscilaciones de un mes a otro.

El mercado dejó atrás la apuesta por una inflación de 1,5%

El segundo dato que aparece detrás del IPC de julio está en las expectativas.

De acuerdo con el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, las proyecciones para el segundo semestre permanecieron sin cambios respecto del relevamiento anterior. Los participantes esperan una inflación mensual promedio de 1,9% durante el tercer trimestre y de 1,7% en el cuarto.

La trayectoria esperada apunta, por lo tanto, hacia una zona de entre 1,6% y 1,8% mensual hacia el cierre del año, aunque sin descartar fluctuaciones derivadas de factores estacionales.

Pero hubo un movimiento adicional: el mercado financiero también recalibró sus números.

Según el análisis de IOL, la inflación implícita en los precios de los bonos experimentó una corrección significativa durante el último mes. El mercado había llegado a descontar una inflación promedio de alrededor de 1,5% mensual para el segundo semestre, en un escenario que contemplaba incluso una reducción nominal de los combustibles capaz de contribuir a desacelerar el IPC.

Ese escenario se modificó.

El recrudecimiento de las tensiones en Medio Oriente volvió a introducir presión sobre las expectativas vinculadas con los precios internacionales de la energía y la inflación break-even —la inflación implícita que surge de comparar instrumentos ajustados por precios con títulos a tasa fija— se desplazó hasta aproximadamente 1,8% mensual para el segundo semestre.

La corrección resulta significativa: el mercado dejó de apostar por una desinflación particularmente veloz y pasó a incorporar un escenario más cercano al que IOL venía proyectando.

Un proceso de desinflación, pero sin línea recta

La visión de Marino es que la inflación continuará mostrando una dinámica semejante durante los próximos meses: una trayectoria descendente, aunque irregular, que tendería hacia registros mensuales de entre 1,6% y 1,8%.

Esa diferencia no es menor para el mercado financiero. Cuando las expectativas de inflación implícitas en los bonos se encontraban por debajo de las proyecciones de IOL, la estrategia de la firma había sido sobreponderar instrumentos ajustados por CER.

La lógica era sencilla: si la inflación efectiva terminaba siendo superior a la que descontaban los precios de mercado, los bonos indexados ofrecían una oportunidad relativa frente a los instrumentos nominales.

Ahora esa brecha prácticamente desapareció.

Con la inflación break-even nuevamente en torno del 1,8%, IOL considera que ya no existe un diferencial tan evidente a favor de la deuda CER bajo su escenario base.

Sin embargo, la firma mantiene una posición sobreponderada en el X30N6, BONCER con vencimiento en noviembre de 2026, mientras espera nuevas señales que permitan determinar si el ritmo de aumento de precios puede desacelerarse más de lo previsto.

Según sus cálculos, el título ofrece una TNA estimada “a finish” de 26,5% para los 108 días restantes hasta su vencimiento, aproximadamente un punto porcentual por encima de un instrumento comparable a tasa fija.

Julio reabrió la discusión sobre la velocidad

El IPC de julio deja así una fotografía con matices. La inflación volvió a superar el 2%, pero la núcleo quedó en 1,8%; los precios estacionales explicaron buena parte de la presión del mes y deberían moderarse una vez finalizado el efecto de las vacaciones de invierno.

Al mismo tiempo, el mercado corrigió una expectativa que había comenzado a lucir demasiado optimista. La inflación implícita pasó de alrededor de 1,5% a 1,8% mensual para el segundo semestre, prácticamente alineada con la trayectoria que proyecta IOL.

El desafío hacia adelante ya no parece estar únicamente en perforar nuevamente el 2%, sino en comprobar si la economía puede sostenerse debajo de esa barrera durante varios meses consecutivos.

En ese terreno se jugará buena parte de la próxima etapa del proceso de desinflación. Y también las decisiones de inversión: cuanto más se aproximen las expectativas del mercado a la inflación finalmente observada, menor será el margen para capturar diferencias entre deuda CER y títulos a tasa fija.

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Caputo anticipó inversiones por hasta US$50.000 millones y aseguró que no habrá tensión cambiaria en 2027

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El ministro de Economía, Luis Caputo, eligió la Bolsa de Comercio de Córdoba para transmitir una señal de confianza sobre el horizonte económico argentino: anticipó nuevos anuncios de inversiones bajo el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) por hasta US$50.000 millones y aseguró que el flujo de dólares permitirá atravesar 2027, un año marcado por las elecciones presidenciales, sin las tensiones cambiarias que caracterizaron otros ciclos electorales.

La magnitud del anuncio permite dimensionar el rol que el Gobierno pretende asignarle al RIGI. Caputo explicó que hasta ahora fueron aprobados 23 proyectos por US$49.766 millones, sobre un universo de 43 iniciativas presentadas por US$148.229 millones. Es decir, los proyectos aprobados representan aproximadamente un tercio de las inversiones postuladas, según los datos expuestos por el ministro.

“Esto es solamente de los RIGI que hemos aprobado, que son un tercio de la totalidad”, sostuvo Caputo ante empresarios cordobeses. Y anticipó que próximamente se conocerán nuevos proyectos que podrían llevar el monto de inversiones a una escala de hasta US$50.000 millones adicionales.

El dato relevante para la economía argentina no reside solamente en el volumen anunciado, sino en su potencial efecto sobre el flujo futuro de divisas. El Gobierno busca que las grandes inversiones vinculadas a energía, minería, infraestructura y otros sectores estratégicos generen una oferta de dólares capaz de acompañar el crecimiento de la actividad sin reproducir los ciclos de escasez cambiaria que históricamente terminaron en restricciones, devaluaciones o crisis externas.

Sobre ese punto, Caputo fue categórico al descartar un escenario de turbulencias cambiarias en 2027. “El flujo de dólares es cada vez más alto, esto garantiza que no vamos a tener problemas en el tipo de cambio, como supimos tener en el pasado”, afirmó. Para el ministro, el ingreso creciente de inversiones permitirá que la economía llegue al próximo proceso electoral con una posición externa diferente a la de otros años electorales.

La apuesta supone, de todos modos, una condición central: que los proyectos anunciados se transformen efectivamente en desembolsos, producción, exportaciones y generación de empleo. La diferencia entre capital comprometido y capital efectivamente invertido será uno de los indicadores determinantes para evaluar si el RIGI consigue convertirse en una herramienta estructural de expansión de la capacidad productiva argentina.

Caputo también utilizó su exposición para abordar uno de los problemas menos visibles de la economía argentina: la persistencia de la desconfianza. A 25 años del corralito, el ministro sostuvo que aquella experiencia todavía influye en las decisiones financieras de los hogares y explicó que una parte de los argentinos mantiene dólares fuera del sistema bancario por temor a que una nueva crisis vuelva a restringir el acceso a sus depósitos.

“Nos han estado haciendo bullying por años”, resumió, al referirse a una cultura económica construida alrededor del miedo a la moneda nacional, los bancos y las instituciones. Su diagnóstico es que la dolarización de los ahorros no puede entenderse únicamente como una preferencia financiera, sino también como el resultado acumulado de crisis, confiscaciones, controles y cambios abruptos en las reglas de juego.

La reconstrucción de esa confianza aparece así como uno de los desafíos centrales de la política económica. Una economía puede estabilizar determinadas variables macroeconómicas, pero si los hogares y las empresas continúan actuando bajo la premisa de que las reglas pueden cambiar de manera repentina, el ahorro permanece fuera del sistema, el crédito se encarece y la inversión pierde profundidad.

En su lectura, las crisis argentinas tampoco fueron exclusivamente fenómenos económicos. Caputo sostuvo que detrás de cada desequilibrio que terminó en una crisis hubo decisiones políticas que evitaron abordar los problemas estructurales. Desde esa perspectiva, el objetivo oficial consiste en modificar esa dinámica mediante estabilidad macroeconómica, disciplina fiscal y reglas que permitan recuperar previsibilidad.

El ministro trasladó esa misma lógica al debate sobre la industria, aunque con una interpretación que vuelve a generar controversia. Cuestionó el desempeño del sector durante los años de tarifas subsidiadas y sostuvo que, pese a los niveles de protección y subsidios, la industria cayó alrededor de 10%, al igual que otros sectores como el comercio y la construcción.

La discusión plantea una cuestión que excede la disputa política sobre si la industria está creciendo o cayendo: qué modelo productivo puede sostenerse cuando los costos internos se encuentran desacoplados de los precios internacionales y qué condiciones necesita la producción argentina para competir sin depender indefinidamente de subsidios.

Caputo argumentó que durante años se utilizaron recursos equivalentes a cerca de 15 puntos del Producto Interno Bruto sin que ese esfuerzo se tradujera en una infraestructura acorde. Su crítica apunta a que el gasto público no logró generar una plataforma suficiente para reducir costos logísticos y mejorar la productividad.

El Gobierno pretende modificar esa ecuación mediante una mayor participación privada en infraestructura. Caputo anticipó que en los próximos dos años podría registrarse un cambio significativo en la infraestructura nacional a partir de las concesiones de rutas y del financiamiento de organismos multilaterales canalizado en conjunto con las provincias.

El vínculo con los gobernadores ocupa un lugar creciente en la estrategia del ministro. Después de las elecciones legislativas de 2025, Caputo reconoció la necesidad de involucrarse más directamente en la negociación política y comenzó a participar con mayor frecuencia de las reuniones de la mesa política de Casa Rosada y de actividades en el interior del país. La visita a Córdoba y el viaje previsto a Catamarca junto al jefe de Gabinete, Diego Santilli, forman parte de esa nueva dinámica.

El dato político no es menor: la construcción de infraestructura requiere coordinación con provincias que, en muchos casos, están gobernadas por dirigentes de espacios opositores al Gobierno nacional. Caputo destacó precisamente esa convivencia institucional como una condición posible cuando existe un objetivo compartido de desarrollo.

Para el Norte Grande, donde la infraestructura energética y vial constituye uno de los principales reclamos de los gobernadores, esa coordinación puede adquirir una dimensión concreta. El desafío será transformar el diálogo político en proyectos financiables, obras ejecutables y una reducción verificable de los costos que hoy limitan la competitividad de las economías regionales.

La exposición de Caputo también tuvo un capítulo electoral. El ministro descartó que el kirchnerismo pueda regresar al poder y cuestionó las posibilidades de una eventual candidatura presidencial del gobernador bonaerense Axel Kicillof. Su argumento se apoyó en las dificultades que, según planteó, existen para construir una confluencia entre Kicillof, Cristina Kirchner, La Cámpora, Sergio Massa y los gobernadores vinculados al peronismo.

Sin embargo, el núcleo económico de su mensaje estuvo lejos de esa disputa. Caputo buscó instalar que 2027 no será necesariamente otro año de tensión cambiaria y que el Gobierno no recurrirá a un esquema de estímulo fiscal de corto plazo para obtener rédito electoral. La apuesta oficial es que el crecimiento, la inversión y la estabilidad sean los factores que construyan expectativas positivas.

El verdadero test de esa estrategia será su capacidad para trasladar la mejora macroeconómica a la microeconomía. El ingreso de capitales puede ampliar la capacidad productiva; el RIGI puede acelerar inversiones; las concesiones pueden mejorar infraestructura y el equilibrio fiscal puede reducir la vulnerabilidad externa. Pero el impacto social dependerá de que esas variables terminen expresándose en más empleo privado, salarios reales, crédito, productividad y oportunidades para las empresas argentinas.

La promesa de Caputo para 2027, en definitiva, no se reduce a que “no falten dólares”. Implica que la Argentina consiga transformar esos dólares en inversión productiva y que la inversión se traduzca en una economía con mayor capacidad de generar riqueza sin volver a depender de ciclos de endeudamiento, emisión o restricciones cambiarias. Allí estará la diferencia entre una estabilización transitoria y un cambio estructural.

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El Tesoro vuelve al mercado con una licitación que combina deuda en pesos, CER, dólar linked y un bono en dólares

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La Secretaría de Finanzas volverá al mercado de deuda el miércoles 12 de agosto con una oferta diversificada que busca captar financiamiento en distintos segmentos de la curva. La licitación incluirá una LECAP a tasa fija, una nueva letra ajustada por CER, dos instrumentos dólar linked y una reapertura del BONAR 2029, en una operación que también contempla una segunda vuelta por hasta USD 50 millones para el título denominado en dólares.

La recepción de ofertas estará abierta entre las 10 y las 15 del miércoles. La liquidación de las operaciones adjudicadas se realizará el viernes 14 de agosto. La estrategia combina instrumentos de corto plazo con alternativas de cobertura frente a la inflación y la evolución del tipo de cambio, ampliando el menú disponible para inversores con diferentes perfiles de riesgo y horizonte temporal.

En el segmento de pesos, el Tesoro ofrecerá una reapertura de la LECAP S30N6, con vencimiento el 30 de noviembre de 2026, y una nueva LECER que ajustará su capital por CER y vencerá el 29 de enero de 2027. En ambos casos, la integración será en pesos y el precio de colocación quedará determinado por el resultado competitivo de la licitación.

La incorporación de la LECER agrega una alternativa particularmente relevante en un escenario donde la evolución de la inflación continúa siendo una de las variables centrales para la formación de expectativas financieras. Al estar vinculada al CER, la letra busca preservar el capital frente a la variación del índice de precios durante el período comprendido entre su emisión y vencimiento.

El menú se completa con dos letras dólar linked. La primera es una reapertura del D30S6, con vencimiento el 30 de septiembre de 2026, mientras que la segunda es un instrumento nuevo con vencimiento el 30 de octubre de este año. Ambas se suscribirán en pesos, utilizando como referencia el tipo de cambio de la Comunicación “A” 3500 del Banco Central correspondiente al 11 de agosto, aunque su valor nominal estará denominado en dólares y el pago se realizará en pesos al tipo de cambio aplicable.

La estructura ofrece, así, una cobertura cambiaria sin requerir la integración inicial en moneda estadounidense. Para los inversores, la diferencia respecto de una colocación tradicional en pesos radica en que la evolución del capital queda vinculada al tipo de cambio oficial de referencia definido para la operación.

El AO29 vuelve a escena con hasta USD 100 millones

El instrumento de mayor plazo será el BONAR 2029, una reapertura del bono del Tesoro en dólares con cupón del 6% y vencimiento el 31 de octubre de 2029. A diferencia de las letras en pesos y de los instrumentos dólar linked, su suscripción deberá realizarse exclusivamente en dólares estadounidenses.

La primera vuelta tendrá un monto máximo de USD 50 millones. El Tesoro habilitará además una segunda vuelta el jueves 13 de agosto, entre las 11 y las 13, por otros USD 50 millones. Esta instancia funcionará bajo la modalidad de adhesión y al precio de corte que surja de la primera licitación.

De esta manera, el AO29 podría alcanzar una colocación total de hasta USD 100 millones entre ambas vueltas, siempre que la primera instancia no sea declarada desierta. La segunda ronda tendrá una oferta mínima de USD 1.000 de valor nominal y aceptará propuestas hasta completar el monto máximo autorizado.

El diseño de la operación también diferencia el acceso según el grado de especialización del inversor. En el tramo no competitivo, las personas físicas o jurídicas podrán presentar una única oferta por inversor, con un máximo de VNO $50 millones para instrumentos en pesos y USD 50.000 para los denominados en dólares. Los mínimos serán de $10.000 y USD 1.000, respectivamente.

El tramo competitivo estará orientado a operaciones superiores a esos límites y a los inversores considerados especializados. Para los instrumentos en pesos, la oferta mínima será de VNO $1 millón, mientras que para los denominados en dólares será de VNO USD 1.000, sin límite máximo de monto.

La mecánica vuelve a colocar en el centro la administración de vencimientos y la búsqueda de financiamiento bajo diferentes estructuras de cobertura. Para el Tesoro, la combinación de tasa fija, CER, dólar linked y deuda directamente denominada en dólares permite observar la profundidad de la demanda en cada segmento y, al mismo tiempo, distribuir las alternativas de inversión según las expectativas sobre inflación, tasas y tipo de cambio.

En el caso de los instrumentos dólar linked, el capital se ajustará en función del tipo de cambio aplicable establecido por el mecanismo previsto en la licitación. El nuevo instrumento con vencimiento en octubre será emitido el 14 de agosto, tendrá cupón cero y amortizará íntegramente al vencimiento.

La licitación llega además con una particularidad para quienes siguen el mercado de deuda soberana: el jueves se realizará una segunda rueda del AO29 al precio de corte de la operación principal. Se trata de una instancia que permite extender la colocación del bono sin modificar el precio surgido de la primera vuelta.

En términos financieros, el dato relevante no será solamente cuánto consiga captar el Tesoro, sino también a qué precio lo haga. La tasa implícita de los instrumentos, especialmente en las letras a tasa fija y ajustadas por CER, permitirá medir qué rendimiento exige el mercado para financiar al Estado en los próximos meses. En los títulos dólar linked, en tanto, la señal estará vinculada a la demanda de cobertura cambiaria, mientras que el AO29 ofrecerá una referencia sobre el apetito por riesgo soberano en moneda dura.

El resultado de la licitación permitirá, por lo tanto, leer algo más que una operación puntual de financiamiento. La distribución de la demanda entre pesos, inflación, cobertura cambiaria y dólares funcionará como una fotografía de las expectativas de los inversores sobre las principales variables financieras de la economía argentina para el tramo final de 2026 y el comienzo de 2027.

Comunicado Llamado Licitacion 20260812 by CristianMilciades

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