Inversiones Argentina

Solo tres provincias superan el empleo privado de 2023 y se perdieron 241.000 puestos

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La recuperación del empleo privado registrado todavía no alcanza al conjunto de las provincias argentinas. A mayo de 2026, solo Neuquén, Río Negro y San Juan tenían más trabajadores asalariados privados registrados que en noviembre de 2023, mientras que el país acumulaba una pérdida aproximada de 241.000 puestos, equivalente a una caída del 3,8%, según un relevamiento de PensarLab, de la Fundación Pensar.

El dato expone una transformación que excede la dinámica del mercado laboral. El informe, que analiza las 24 jurisdicciones a partir de indicadores de actividad, inversión, empleo privado, situación fiscal, presión tributaria, pobreza, educación y seguridad, plantea que la Argentina está construyendo una nueva geografía económica, con resultados cada vez más diferenciados entre territorios.

“La estabilización es nacional, las oportunidades no”, sostiene el trabajo. La definición resume el principal hallazgo: el nuevo escenario económico parece favorecer en mayor medida a las provincias con recursos energéticos y mineros, producción agropecuaria, infraestructura y capacidad exportadora, mientras genera mayores desafíos en los distritos cuya estructura depende del consumo interno, la construcción, la industria orientada al mercado doméstico y el empleo público.

Neuquén aparece como el caso más contundente. El empleo asalariado privado registrado creció 7,6% frente a noviembre de 2023, mientras que la actividad económica de la provincia avanzó 11,3% durante 2024, de acuerdo con la serie homogénea utilizada por PensarLab. El desempeño está asociado principalmente al desarrollo de Vaca Muerta y al efecto que la expansión hidrocarburífera genera sobre la inversión, los salarios y la demanda de servicios vinculados con la actividad.

Río Negro ocupa el segundo lugar entre las provincias que lograron superar el nivel de empleo privado de noviembre de 2023, con una expansión del 3,4%. San Juan completa el grupo, aunque con un crecimiento mucho más moderado, del 0,4%. En ambos casos, el resultado adquiere relevancia porque muestra que el incremento del empleo formal privado no se distribuye de manera homogénea y comienza a concentrarse en economías con nuevos motores de inversión.

La distancia entre provincias también aparece en la evolución de la actividad. Durante 2024, solamente cinco jurisdicciones registraron crecimiento según la metodología empleada por el estudio. Después de Neuquén se ubicaron Córdoba, con una expansión del 4,5%; Santa Fe, con 3,1%; Entre Ríos, con 0,4%; y La Pampa, también con 0,4%.

En el otro extremo, Tierra del Fuego registró una contracción del 13,1%; Formosa cayó 12,9%; Jujuy, 9,5%; San Luis, 8,8%; y Chaco, 6,3%. La dispersión refleja que el cambio de régimen económico no impacta de igual manera sobre las estructuras productivas provinciales.

El caso de Córdoba ocupa un lugar particular en el análisis. PensarLab la identifica como la jurisdicción que presenta la combinación más equilibrada entre crecimiento, situación fiscal, educación y evolución social. Río Negro, por su parte, aparece como un nuevo polo de inversión y empleo, mientras que San Juan concentra expectativas de transformación vinculadas principalmente con el desarrollo minero.

El RIGI comienza a reforzar esa diferenciación territorial. A mediados de agosto, PensarLab contabilizaba 21 proyectos aprobados dentro del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones por un monto de USD 46.709 millones, asociados a unos 95.175 empleos directos e indirectos. La mayor parte de esos desembolsos corresponde a iniciativas vinculadas con minería, petróleo y gas.

La concentración geográfica de esos proyectos constituye uno de los principales puntos de atención hacia adelante. Las inversiones asociadas al RIGI se localizan especialmente en provincias patagónicas y de la región cordillerana, donde la disponibilidad de recursos naturales puede convertirse en una ventaja competitiva frente a otros territorios.

Para las provincias que quedan fuera de esos grandes corredores de inversión, el desafío consiste en desarrollar condiciones que permitan capturar parte de la nueva actividad económica mediante proveedores, infraestructura, capacitación laboral y servicios. El impacto territorial de un proyecto extractivo no depende únicamente del capital que ingresa, sino también de cuánto de esa cadena de valor logra permanecer y multiplicarse en las economías locales.

El informe advierte justamente sobre esa posibilidad: Argentina puede volver a crecer y, al mismo tiempo, profundizar las diferencias entre provincias. La cuestión central deja de ser únicamente cuánto crece la economía nacional y pasa a ser dónde se concentra ese crecimiento, qué tipo de empleo genera y qué capacidad tienen los gobiernos provinciales para convertir inversiones puntuales en desarrollo sostenido.

En ese escenario, el empleo privado registrado funciona como uno de los indicadores más concretos para medir si la recuperación económica logra trasladarse al mercado laboral. Los 241.000 puestos perdidos frente a noviembre de 2023 muestran que la estabilización macroeconómica todavía no se tradujo en una recuperación generalizada del trabajo formal privado.

La nueva geografía económica que describe PensarLab plantea, por lo tanto, una competencia entre modelos productivos. Energía, minería, agro y exportaciones aparecen como los sectores con mayor capacidad para atraer capital en el nuevo esquema, pero el desafío para cada provincia será transformar esa ventaja en empleo formal, proveedores locales, mayor productividad y mejoras sociales.

Para Misiones y buena parte del NEA, la discusión adquiere una dimensión estratégica: competir por inversiones en un mapa donde los recursos naturales y la infraestructura energética concentran buena parte de los grandes proyectos exige identificar otras ventajas —industriales, forestales, agropecuarias, logísticas y de servicios— capaces de generar empleo privado y vincularse con mercados externos.

El dato laboral marca el punto de partida. Mientras el país todavía se encuentra 3,8% por debajo del nivel de empleo privado registrado de noviembre de 2023, tres provincias ya lograron superar aquel registro. La pregunta que abre el nuevo escenario no es solamente quién crece primero, sino qué territorios conseguirán convertir la inversión en una estructura productiva capaz de sostener empleo y reducir las brechas sociales y regionales.

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ARCA activa el sistema para gestionar los beneficios del RIMI

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La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) implementó de manera general el Sistema de Gestión de Inversiones (SGI), una plataforma digital que busca concentrar en un único circuito el registro, seguimiento y administración de proyectos de inversión productiva y de los beneficios tributarios asociados. La medida fue formalizada mediante la Resolución General 5889/2026 y tiene como primera aplicación el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI).

El cambio apunta a reemplazar progresivamente los mecanismos utilizados hasta ahora para tramitar beneficios vinculados con inversiones productivas por un sistema digital que permita cargar información, vincular comprobantes, seleccionar incentivos y realizar el seguimiento de los proyectos. Según ARCA, la herramienta busca reducir la utilización de papel, simplificar la interacción con el organismo y anticipar los controles sobre la información declarada, con el objetivo de disminuir los costos administrativos y de cumplimiento.

El SGI será, en esta primera etapa, la vía de gestión del Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), creado por la Ley 27.802. El esquema contempla incentivos para inversiones productivas realizadas en el país y permite acceder a beneficios vinculados con el Impuesto a las Ganancias y el IVA. El anexo de la resolución precisa que los beneficios pueden seleccionarse de manera no excluyente: se trata de la amortización acelerada en Ganancias y la devolución de créditos fiscales en el IVA.

La plataforma permitirá que las empresas gestionen sus proyectos, seleccionen los beneficios que pretendan utilizar y realicen el seguimiento de las inversiones informadas. Para ello deberán registrar las inversiones productivas, asociarlas a uno o más proyectos y vincular los comprobantes que respalden cada operación. ARCA pondrá a disposición los comprobantes electrónicos que ya figuren en sus bases de datos para su validación, aunque los contribuyentes podrán efectuar ajustes, modificaciones, incorporaciones o eliminaciones mediante carga manual o importación de información.

El nuevo esquema también incorpora una lógica de trazabilidad física de las inversiones. Cada proyecto deberá identificar su ubicación geográfica y los bienes, obras o explotaciones deberán clasificarse según categorías que incluyen bienes de capital, bienes de informática y telecomunicaciones, obras, equipos de riego agrícola, equipos de alta eficiencia energética, bienes semovientes, malla antigranizo y minas, canteras y bosques. Cada activo incorporado al sistema recibirá además un código único para su identificación y seguimiento.

Para el RIMI, el anexo establece que la fecha de inicio de la primera inversión productiva no podrá ser anterior al 6 de marzo de 2026. También fija como referencia documental el 19 de mayo de 2028: el sistema permitirá incorporar comprobantes cuya fecha de emisión sea anterior o igual a ese día. Esto genera un horizonte temporal concreto para que los proyectos registren y respalden las inversiones alcanzadas por el régimen.

Uno de los puntos centrales del nuevo mecanismo es que el SGI no se limitará a recibir información, sino que realizará un seguimiento de la inversión. A partir de los datos y documentos registrados, determinará el valor de la inversión productiva que cuente con fecha de puesta en marcha y verificará si corresponde alcanzar el monto mínimo de inversión previsto por la Ley 27.802 según la categoría del contribuyente.

En el caso del beneficio de devolución de créditos fiscales de IVA, el sistema habilitará una presolicitud para iniciar el proceso de asignación del cupo fiscal. El mecanismo tendrá ventanas específicas durante el año: estará disponible en los meses de febrero, mayo, agosto y noviembre, entre los días 1 y 10. La asignación del cupo podrá consultarse entre los días 11 y 15 de esos meses.

El diseño introduce además reglas de trazabilidad sobre ese cupo fiscal. El contribuyente podrá renunciar al cupo asignado a determinados comprobantes, pero no podrá trasladarlo de un comprobante a otro ni eliminar comprobantes sin renunciar previamente al cupo correspondiente. Tampoco podrá editar posteriormente el período de la declaración jurada ni el monto del IVA computable asignado a cada comprobante.

Una vez transcurridos tres períodos fiscales mensuales desde aquel en que haya correspondido computar el crédito fiscal en la declaración jurada de IVA, los comprobantes con cupo asignado quedarán disponibles en el Sistema Integral de Recupero (SIR), donde el contribuyente deberá formalizar la solicitud de recupero conforme al procedimiento vigente.

Para acceder al SGI, los contribuyentes deberán contar con CUIT activa, estar dados de alta en los impuestos correspondientes, mantener actualizado y sin inconsistencias el domicilio fiscal, tener actualizada la actividad económica declarada y contar con Domicilio Fiscal Electrónico constituido. En términos operativos, el nuevo sistema traslada buena parte de la gestión hacia un circuito digital en el que la consistencia de la información fiscal y documental pasa a ser una condición previa para avanzar.

La implementación tiene una lectura relevante para las empresas que evalúan inversiones productivas: el acceso a los incentivos deja de depender exclusivamente de una tramitación posterior y pasa a estructurarse alrededor de un registro digital del proyecto, sus activos, comprobantes, ubicación, puesta en marcha y beneficios pretendidos. En la práctica, esto puede favorecer una mayor previsibilidad para quienes planifiquen inversiones, pero también exige que la documentación y los datos del proyecto sean consistentes desde el comienzo.

El objetivo declarado por ARCA es extender gradualmente este modelo a otros regímenes de inversión y beneficios tributarios. El RIMI funciona así como la primera etapa de una transformación más amplia: convertir la gestión de incentivos fiscales en un proceso digital, trazable y articulado con las bases de información del organismo.

Anexo 1 Resolución General 5889/2026 ARCA by CristianMilciades

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Daza, en el Council de las Américas: “La Argentina ya cambió y el cambio es permanente”

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“La Argentina ya cambió”. Con esa definición, José Luis Daza condensó el mensaje que el Gobierno buscó transmitir ante empresarios, inversores y referentes políticos durante el Council de las Américas 2026. El viceministro de Economía reemplazó al ministro Luis Caputo, ausente por problemas de salud, y convirtió su exposición en una defensa del rumbo económico iniciado con Javier Milei, pero también en una apuesta por el impacto estructural que, según su visión, tendrá la transformación sobre el mercado laboral y la matriz productiva.

Para Daza, el cambio no se limita a una reducción del déficit o a la baja de la inflación. Se trata de una modificación cultural y política que atraviesa al conjunto de la sociedad. “El cambio creo que es permanente”, afirmó, al sostener que la Argentina ingresó en una etapa que considera inédita en comparación con otras transformaciones económicas que observó durante décadas de trabajo en Estados Unidos y Wall Street.

Su interpretación parte de una premisa política: la elección de Milei significó, según Daza, que una mayoría social aceptara la necesidad de reducir el tamaño del Estado y alcanzar el equilibrio fiscal. “La Argentina cambia cuando decide elegir a un presidente cuyo símbolo es la motosierra”, sostuvo. Para el funcionario, allí se produjo un quiebre que excede la discusión ideológica tradicional y expresa un nuevo consenso sobre las restricciones fiscales del Estado.

Pero el segundo componente que Daza considera decisivo es la forma en que se implementó ese ajuste. El funcionario destacó que el Gobierno decidió reducir el gasto y avanzar hacia el equilibrio fiscal sin romper contratos ni reestructurar la deuda doméstica. “Todo lo que vamos a hacer en política económica, todo lo que vamos a hacer en el Gobierno es respetando el Estado de derecho, respetando la santidad de los contratos”, señaló al reconstruir el mandato recibido por el equipo económico.

La defensa de las reglas de juego ocupó buena parte de su exposición. Daza buscó presentar el cumplimiento de los contratos como una condición para reconstruir un mercado financiero de largo plazo y diferenciar el proceso argentino de anteriores episodios de default. En esa lógica, sostuvo que la estrategia permitió comenzar a sentar las bases de “la Argentina moderna” y que esa decisión ya empieza a producir resultados en materia de financiamiento y confianza.

El otro eje de su diagnóstico fue la inflación. Daza afirmó que el proceso de desinflación está asentado sobre “bases sólidas” y que continuará porque el programa no depende de una única variable. Destacó la combinación de equilibrio fiscal, cuentas externas positivas, bancos capitalizados y ausencia de descalces relevantes como parte de los fundamentos que, según el Gobierno, permitirían sostener la estabilización en el tiempo.

“Para mí personalmente no es un tema”, respondió al referirse a la inflación, en una de las definiciones más contundentes de su exposición. La afirmación apunta a transmitir que la dinámica de los precios dejó de constituir, para el equipo económico, una amenaza central al programa. Daza también vinculó el futuro de la estabilidad con la eventual aprobación de una nueva Carta Orgánica del Banco Central y consideró que una mayor independencia de la autoridad monetaria podría constituir “un shock de confianza” para la economía.

El cambio que todavía no se ve

Sin embargo, el aspecto más ambicioso del discurso no estuvo en los indicadores financieros sino en lo que Daza considera la transformación todavía subestimada: el cambio de la matriz productiva argentina.

El funcionario sostuvo que el país está transitando desde una estructura más dependiente de los sectores tradicionales hacia una economía donde energía y minería tendrán un peso creciente, junto con una expansión de la productividad agropecuaria. A su entender, la magnitud de esa transformación todavía no fue completamente incorporada por la sociedad porque los proyectos de inversión tienen tiempos de maduración diferentes a los de la percepción cotidiana.

“Se viene un cambio que la sociedad no ha podido percibir porque nunca ha visto un cambio en la matriz productiva como el que se nos viene en la Argentina”, planteó.

El punto relevante, según Daza, es que ese proceso no quedará circunscripto a las provincias productoras ni a las empresas directamente involucradas. La expansión energética y minera generaría una demanda creciente de infraestructura, servicios profesionales, transporte, tecnología, mantenimiento y proveedores industriales, con efectos sobre múltiples sectores de la economía.

La referencia a Chile funcionó como ejemplo de esa dinámica. Daza sostuvo que el desarrollo del cobre produjo allí una red de proveedores y servicios que se extendió mucho más allá de las regiones estrictamente mineras. Esa experiencia es utilizada por el Gobierno como una referencia para anticipar lo que podría ocurrir en Argentina si los proyectos de energía y minería alcanzan la escala prevista.

La consecuencia más concreta de esa transformación, y quizás una de las definiciones de mayor impacto social de su discurso, aparece en el mercado laboral. “Argentina va a necesitar por lo menos 18.000 ingenieros por año”, afirmó. A esa demanda sumó soldadores, electricistas, mecánicos, trabajadores vinculados a la infraestructura, contadores y otros perfiles técnicos y profesionales.

El dato funciona como una advertencia tanto para el sistema educativo como para empresas y gobiernos. Si la inversión esperada efectivamente se materializa, la restricción podría dejar de estar exclusivamente en la disponibilidad de capital para convertirse también en la disponibilidad de recursos humanos capacitados.

Argentina, según Daza, egresa actualmente alrededor de 6.000 ingenieros por año, por lo que el salto requerido sería de una magnitud considerable. La discusión sobre el modelo económico, en consecuencia, empieza a desplazarse hacia otra pregunta: ¿está el país preparado para formar a las personas que necesitará la economía que pretende construir?

De la macroeconomía al bolsillo

El funcionario insistió además en que el crecimiento de sectores como minería y energía no debería analizarse como un fenómeno aislado. “Esto se va a trasladar a toda la sociedad”, afirmó, al explicar que la expansión de las inversiones demandará trabajadores, proveedores y servicios en distintas regiones.

La lógica es conocida en economía: una inversión primaria puede generar efectos multiplicadores sobre cadenas de proveedores, logística, servicios financieros, software, profesionales y consumo. La diferencia, en el caso argentino, estaría en la escala potencial de los recursos involucrados y en la posibilidad de convertirlos en una plataforma exportadora.

Daza vinculó esa oportunidad con la teoría de la convergencia: una economía que incorpora capital, tecnología y productividad puede acercar su ingreso por habitante al de países que lograron sostener procesos prolongados de crecimiento. En ese punto comparó la trayectoria argentina con la uruguaya y la chilena y sostuvo que la apertura y la eliminación de restricciones permitirían recuperar parte del terreno perdido.

El optimismo del funcionario, sin embargo, fue presentado como una conclusión basada en experiencias internacionales y no como una expectativa coyuntural. “No estoy optimista de Argentina. Soy realista”, afirmó, al explicar que observó transformaciones similares en otros países y que considera que Argentina reúne una combinación particularmente favorable de recursos naturales y capital humano.

El desafío que queda fuera de los balances

En el tramo final de su discurso, Daza introdujo una dimensión social que resulta central para evaluar cualquier proceso de transformación económica. Reconoció que la pobreza continúa siendo “excesivamente alta” y que la fragilidad de las clases medias también permanece como un problema.

El funcionario reivindicó, en ese sentido, el esfuerzo del Gobierno por focalizar la asistencia sobre los sectores más vulnerables mientras avanza el ajuste fiscal. La cuestión resulta particularmente relevante porque el éxito de una transformación productiva no se mide únicamente por exportaciones, inversiones o equilibrio presupuestario, sino por su capacidad para generar empleo, mejorar ingresos y ampliar las oportunidades de movilidad social.

Ese es, precisamente, el punto donde el discurso económico encuentra su principal desafío. La promesa de una Argentina más productiva requiere que el crecimiento de energía, minería, agro y servicios se convierta efectivamente en empleos formales, mejores salarios, proveedores locales y nuevas capacidades profesionales.

La advertencia sobre los 18.000 ingenieros anuales puede leerse, entonces, como algo más que una proyección laboral. Es también un llamado a anticipar el cuello de botella de la próxima etapa. Si la Argentina pretende atraer inversiones de gran escala, deberá resolver simultáneamente problemas de infraestructura, formación técnica, capacitación profesional y articulación entre el sistema educativo y las nuevas demandas empresarias.

En esa transición, el cambio de matriz productiva puede ser una oportunidad, pero no constituye por sí mismo una garantía de desarrollo territorial equilibrado. El verdadero salto dependerá de cuánto valor agregado pueda capturar la economía local y de qué manera ese crecimiento llegue a trabajadores, pymes, profesionales y comunidades.

Daza cerró su exposición con una definición política que resume la estrategia oficial: “La Argentina ya cambió”. Para el Gobierno, el desafío ahora consiste en demostrar que ese cambio no se limita a la macroeconomía y que puede convertirse en una transformación productiva capaz de generar oportunidades concretas.

La próxima discusión, por lo tanto, no será solamente cuánto déficit queda, cuánto baja la inflación o cuánto capital ingresa. Será quiénes podrán participar de la nueva economía que el Gobierno proyecta y si el país logra formar, integrar y retener a los trabajadores que esa transformación va a necesitar.

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Activos argentinos bajo presión: ADRs caen hasta 18% y el riesgo país trepa casi 12% en agosto

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Los activos argentinos profundizaron su castigo durante la segunda semana de agosto, en una señal que empieza a exceder la dinámica estrictamente cambiaria. Con el dólar mayorista estable en torno de los $1.500 y un escenario internacional que ofreció cierto alivio a los mercados emergentes, las acciones y los bonos soberanos locales volvieron a quedar rezagados, mientras el riesgo país escaló hasta los 480 puntos básicos.

El movimiento dejó una fotografía incómoda para el mercado: en lo que va de agosto, los ADRs argentinos acumularon pérdidas de hasta 18%, mientras el riesgo país avanzó casi 12%. En las últimas cinco ruedas, el S&P Merval cedió 4,5% medido en dólares y descendió hasta los US$1.867. La corrección se produjo pese a que Wall Street encontró respaldo en una inflación estadounidense que moderó las expectativas de un endurecimiento monetario de la Reserva Federal.

La divergencia entre Argentina y el resto de los mercados volvió a colocar los factores domésticos en el centro de la discusión. La liquidez continúa ajustada, las tasas de corto plazo permanecen elevadas y la inflación de julio mostró una aceleración hasta 2,1% mensual, frente al 1,9% de junio. A esto se suma una creciente discusión sobre la capacidad de la economía para sostener la recuperación del empleo, los salarios y el consumo, variables que comienzan a adquirir mayor relevancia en la valoración de los activos.

El esquema económico oficial mantiene como prioridad la estabilidad cambiaria y el control de la liquidez. Según el análisis de Eric Ritondale, de Puente, el Gobierno profundizó durante la semana el uso del ancla nominal mediante una combinación de estabilidad del tipo de cambio y una administración más estricta de los pesos disponibles en el sistema financiero. El Banco Central, al mismo tiempo, moderó el ritmo de compra de divisas y las tasas de muy corto plazo se estabilizaron en torno del 20% al 23% después de las tensiones registradas en jornadas anteriores.

El Tesoro consiguió, además, renovar prácticamente la totalidad de sus vencimientos en la última licitación, aunque la demanda volvió a concentrarse en instrumentos de menor plazo. El movimiento de fondos entre el Tesoro, el BCRA y los bancos comerciales contribuyó a reducir parte de la volatilidad, pero no eliminó la restricción de liquidez que atraviesa al sistema.

El problema es que la estabilidad cambiaria tiene un costo cuando se sostiene con tasas elevadas y una oferta monetaria contenida. La estrategia puede contribuir a moderar la inflación y evitar una aceleración de las expectativas devaluatorias, pero también puede enfriar el crédito y postergar decisiones de inversión si la restricción financiera se prolonga.

La inflación de julio agregó una nueva variable a esa ecuación. El 2,1% mensual superó levemente las expectativas del mercado, mientras que la inflación núcleo se ubicó en 1,8%. Aunque las expectativas de largo plazo continúan ancladas alrededor de una inflación mensual de 1,5%, la aceleración reciente reabrió el interrogante sobre cuánto esfuerzo monetario será necesario para sostener el proceso de desinflación.

El mercado laboral y la actividad comienzan así a formar parte de la ecuación financiera. Desde GMA Capital señalaron que las mesas de dinero empiezan a discutir cuánto del aumento del riesgo argentino responde a los recientes traspiés macroeconómicos y cuánto empieza a incorporar el comportamiento de los salarios, el empleo y la heterogeneidad sectorial, junto con el escenario político hacia 2027.

Acciones: ni los buenos balances alcanzaron para revertir la tendencia

La renta variable fue uno de los segmentos más castigados. El S&P Merval llegó a retroceder más de 4% en dólares durante la semana y el sector bancario encabezó las pérdidas, con Banco Macro llegando a caer más de 10%.

La particularidad es que el deterioro bursátil no estuvo acompañado por una temporada de balances negativa. Por el contrario, varias compañías argentinas presentaron resultados superiores a las previsiones. YPF y Pampa Energía superaron en más de 40% las estimaciones de ganancias por acción, mientras Ternium y Telecom también quedaron por encima del consenso.

YPF, además, avanzó en una operación estratégica al aceptar la oferta de Edenor para adquirir el 70% de Metrogas y el 5% de MetroEnergías por US$780 millones. La transacción se encuadra en el proceso de optimización del portafolio de la petrolera y apunta a liberar capital para proyectos de mayor retorno vinculados con Vaca Muerta y las exportaciones.

Sin embargo, el mercado no está premiando exclusivamente los fundamentos corporativos. La percepción de riesgo soberano se convirtió en un factor dominante y terminó imponiéndose incluso sobre las noticias positivas de las empresas.

Los bonos pierden terreno frente a otros emergentes

La deuda soberana también profundizó la corrección. Los Globales retrocedieron a lo largo de prácticamente toda la curva: el GD38 y el GD46 cayeron 1,1%, el GD35 perdió 0,9%, el GD41 bajó 0,8% y el GD30 cedió 0,3%.

El dato relevante no es solamente la magnitud de las pérdidas, sino su comparación internacional. Mientras los bonos argentinos retrocedieron, los de Ecuador avanzaron 0,6%, los de Pakistán 0,5% y los de Egipto 0,4%. El promedio de los mercados emergentes y los bonos del Tesoro estadounidense permanecieron prácticamente estables.

La lectura es contundente: la corrección argentina tiene un componente predominantemente doméstico. No parece responder a una ola generalizada de aversión al riesgo, sino a una reevaluación específica de la economía argentina.

Esto también implica un cambio respecto del primer semestre. Hasta julio, el GD35 acumulaba una ganancia directa del 9% y había superado a Ecuador y al promedio emergente. El retroceso posterior prácticamente borró aquella ventaja y abrió una discusión sobre si el mercado comenzó a incorporar un escenario más complejo para la macroeconomía y la política económica.

La deuda corporativa, en cambio, muestra mayor resistencia. Las Obligaciones Negociables continúan recibiendo flujos, respaldadas por balances sólidos, niveles de endeudamiento relativamente bajos e ingresos sostenidos. Algunas compañías todavía consiguen financiamiento a tasas de 3% anual o inferiores en plazos cortos y las emisiones corporativas acumulan un volumen 30% superior al registrado durante el mismo período de 2025.

Ese comportamiento introduce una diferencia importante dentro del riesgo argentino: mientras el soberano vuelve a ser castigado, el crédito corporativo conserva acceso al mercado. La fortaleza de empresas vinculadas con energía, telecomunicaciones e infraestructura funciona, en este contexto, como una vía de financiamiento alternativa para proyectos productivos aun en un escenario de mayor volatilidad.

El crédito en dólares puede modificar el mapa financiero

La ampliación del crédito bancario en moneda extranjera aparece como otra variable a seguir. La nueva regulación anunciada por el Gobierno permitirá ampliar los destinos de estos préstamos, bajo límites prudenciales específicos y con un tope conjunto equivalente al 15% de los depósitos en dólares de cada entidad para los nuevos destinos.

Para el mercado, el mecanismo podría incrementar la oferta de divisas si las empresas toman esos créditos y los fondos se canalizan a través del mercado oficial. También puede reducir la necesidad de acudir al mercado de capitales, con un eventual impacto sobre la oferta futura de Obligaciones Negociables.

Pero existe una contracara. Mientras el tipo de cambio permanezca estable, el endeudamiento en dólares puede resultar atractivo para las compañías. Una eventual fase de volatilidad cambiaria modificaría rápidamente el incentivo: las empresas endeudadas necesitarían comprar divisas para cancelar sus obligaciones y podrían convertirse en una fuente adicional de demanda.

La política financiera enfrenta, por lo tanto, una cuestión de timing. El crédito en dólares puede profundizar la intermediación y aportar financiamiento productivo, pero su expansión requiere que los riesgos de moneda permanezcan adecuadamente cubiertos.

El escenario externo juega a favor, pero Argentina no logra aprovecharlo

La diferencia con Wall Street resulta significativa. Los datos de inflación de Estados Unidos redujeron las expectativas de un nuevo endurecimiento de la Fed y favorecieron a los activos de riesgo.

El índice de precios al productor estadounidense no registró variaciones mensuales en julio, contra una expectativa de 0,2%, mientras que la medición interanual se desaceleró de 5,5% a 4,7%. La inflación mayorista núcleo avanzó 0,2% mensual, también por debajo de las previsiones.

Con los últimos datos de empleo, IPC e IPP, el mercado comenzó a incorporar una Reserva Federal menos restrictiva. La probabilidad asignada a una suba de tasas en septiembre pasó del 55% al 35%, mientras aumentaron las chances de que la Fed mantenga el rango de 3,50% a 3,75%.

El resultado fue un contexto internacional relativamente favorable para la renta variable y el oro. El S&P 500 incluso llegó a superar los 7.800 puntos, mientras el 85% de las empresas del índice que ya presentaron balances superó las expectativas de beneficios.

Argentina, sin embargo, transitó en sentido contrario.

La señal que deja agosto es que la estabilidad del dólar ya no alcanza por sí sola para sostener las valuaciones. El mercado necesita ahora una combinación más exigente: desinflación consistente, liquidez menos restrictiva, recuperación del empleo y los salarios, crecimiento sostenible y una reducción del riesgo político hacia 2027.

El desafío, desde una perspectiva de desarrollo, consiste en que la estabilidad financiera deje de ser un objetivo defensivo y se transforme en una plataforma para ampliar el crédito, atraer inversión y recuperar el empleo formal. Si ese puente no se construye, la calma cambiaria puede coexistir con una economía de activos locales deprimidos y con un mercado que continúa asignando una prima elevada al riesgo argentino.

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La inflación volvió a superar el 2% y el mercado recalibra expectativas para el segundo semestre

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La inflación argentina volvió a cruzar en julio la barrera del 2% mensual y dejó una señal que obliga a mirar con mayor cautela la velocidad del proceso de desinflación. Después de haber perforado ese umbral en junio, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró un incremento de 2,1% durante el séptimo mes del año, acumuló 19,3% desde enero y alcanzó una variación interanual de 33,8%.

Para Thiago Marino, analista de Renta Fija de IOL Inversiones, el dato no supone necesariamente un quiebre de tendencia, pero sí confirma que el camino hacia una inflación más baja difícilmente sea lineal.

Uno de los elementos relevantes del informe de precios fue, precisamente, la composición del aumento. La inflación núcleo —que excluye componentes estacionales y regulados y suele funcionar como una referencia más estable de la dinámica inflacionaria— avanzó 1,8% y se ubicó por debajo del índice general.

Los precios estacionales, en cambio, treparon 4,5%, afectados especialmente por el movimiento turístico propio del receso invernal. Los regulados aumentaron 2,1%, en un mes atravesado por la recomposición de tarifas.

Las vacaciones de invierno dejaron su marca

El componente estacional quedó particularmente expuesto en Recreación y cultura, que encabezó los aumentos nacionales con una suba de 5%. La temporada turística de invierno impulsó precios vinculados con viajes, alojamiento y servicios recreativos y culturales.

Marino considera que esa presión debería perder intensidad una vez agotado el efecto vacaciones. Desde IOL estiman que la moderación de esta división podría restar entre 0,1 y 0,2 puntos porcentuales a los próximos registros mensuales.

La lectura resulta relevante porque permite separar dos movimientos diferentes: mientras determinados precios vinculados con la estacionalidad aceleraron durante julio, la inflación núcleo permaneció por debajo del 2%. Es decir, detrás del repunte del índice general todavía aparecen señales compatibles con una desaceleración, aunque atravesadas por factores que pueden generar oscilaciones de un mes a otro.

El mercado dejó atrás la apuesta por una inflación de 1,5%

El segundo dato que aparece detrás del IPC de julio está en las expectativas.

De acuerdo con el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, las proyecciones para el segundo semestre permanecieron sin cambios respecto del relevamiento anterior. Los participantes esperan una inflación mensual promedio de 1,9% durante el tercer trimestre y de 1,7% en el cuarto.

La trayectoria esperada apunta, por lo tanto, hacia una zona de entre 1,6% y 1,8% mensual hacia el cierre del año, aunque sin descartar fluctuaciones derivadas de factores estacionales.

Pero hubo un movimiento adicional: el mercado financiero también recalibró sus números.

Según el análisis de IOL, la inflación implícita en los precios de los bonos experimentó una corrección significativa durante el último mes. El mercado había llegado a descontar una inflación promedio de alrededor de 1,5% mensual para el segundo semestre, en un escenario que contemplaba incluso una reducción nominal de los combustibles capaz de contribuir a desacelerar el IPC.

Ese escenario se modificó.

El recrudecimiento de las tensiones en Medio Oriente volvió a introducir presión sobre las expectativas vinculadas con los precios internacionales de la energía y la inflación break-even —la inflación implícita que surge de comparar instrumentos ajustados por precios con títulos a tasa fija— se desplazó hasta aproximadamente 1,8% mensual para el segundo semestre.

La corrección resulta significativa: el mercado dejó de apostar por una desinflación particularmente veloz y pasó a incorporar un escenario más cercano al que IOL venía proyectando.

Un proceso de desinflación, pero sin línea recta

La visión de Marino es que la inflación continuará mostrando una dinámica semejante durante los próximos meses: una trayectoria descendente, aunque irregular, que tendería hacia registros mensuales de entre 1,6% y 1,8%.

Esa diferencia no es menor para el mercado financiero. Cuando las expectativas de inflación implícitas en los bonos se encontraban por debajo de las proyecciones de IOL, la estrategia de la firma había sido sobreponderar instrumentos ajustados por CER.

La lógica era sencilla: si la inflación efectiva terminaba siendo superior a la que descontaban los precios de mercado, los bonos indexados ofrecían una oportunidad relativa frente a los instrumentos nominales.

Ahora esa brecha prácticamente desapareció.

Con la inflación break-even nuevamente en torno del 1,8%, IOL considera que ya no existe un diferencial tan evidente a favor de la deuda CER bajo su escenario base.

Sin embargo, la firma mantiene una posición sobreponderada en el X30N6, BONCER con vencimiento en noviembre de 2026, mientras espera nuevas señales que permitan determinar si el ritmo de aumento de precios puede desacelerarse más de lo previsto.

Según sus cálculos, el título ofrece una TNA estimada “a finish” de 26,5% para los 108 días restantes hasta su vencimiento, aproximadamente un punto porcentual por encima de un instrumento comparable a tasa fija.

Julio reabrió la discusión sobre la velocidad

El IPC de julio deja así una fotografía con matices. La inflación volvió a superar el 2%, pero la núcleo quedó en 1,8%; los precios estacionales explicaron buena parte de la presión del mes y deberían moderarse una vez finalizado el efecto de las vacaciones de invierno.

Al mismo tiempo, el mercado corrigió una expectativa que había comenzado a lucir demasiado optimista. La inflación implícita pasó de alrededor de 1,5% a 1,8% mensual para el segundo semestre, prácticamente alineada con la trayectoria que proyecta IOL.

El desafío hacia adelante ya no parece estar únicamente en perforar nuevamente el 2%, sino en comprobar si la economía puede sostenerse debajo de esa barrera durante varios meses consecutivos.

En ese terreno se jugará buena parte de la próxima etapa del proceso de desinflación. Y también las decisiones de inversión: cuanto más se aproximen las expectativas del mercado a la inflación finalmente observada, menor será el margen para capturar diferencias entre deuda CER y títulos a tasa fija.

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