Inversiones Argentina

Las variables que seguirá el mercado durante el segundo semestre, según Mills Capital

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La economía argentina ingresa en el segundo semestre de 2026 con un escenario diferente al de los últimos años. Tras una etapa marcada por la aceleración inflacionaria, los desequilibrios fiscales y la volatilidad financiera, el mercado comienza a enfocarse en nuevas variables: la consolidación de la desinflación, la recuperación de la actividad y la capacidad de sostener la estabilidad macroeconómica.

Ese es el diagnóstico de Emilio Botto, jefe de Estrategia e Inversiones de Mills Capital, quien considera que el país atraviesa una fase de estabilización avanzada, aunque todavía incompleta, y que el desafío ya no pasa por contener una crisis, sino por consolidar un proceso de crecimiento sostenible.

“La economía argentina está transitando una etapa de estabilización avanzada, aunque todavía inconclusa. El desafío ya no es frenar una dinámica inflacionaria disruptiva, sino consolidar un proceso que permita sostener la desinflación, recuperar la actividad y avanzar en una mayor normalización financiera”, sostuvo.

Una macro más ordenada

Según Botto, el mercado observa una combinación de factores que hace tiempo no coincidían en la Argentina.

Entre ellos mencionó una macroeconomía más ordenada, una menor incidencia del déficit fiscal sobre la política monetaria, expectativas de inflación en descenso, el regreso del crédito y la presencia de sectores con capacidad de impulsar el crecimiento estructural durante la próxima década.

“Hoy se observa una combinación de factores que hace tiempo no coincidían en Argentina: una macroeconomía más ordenada, menor dominancia fiscal sobre la política monetaria, una expectativa de inflación descendente, el regreso del crédito y motores de crecimiento estructural vinculados con energía, minería, agroindustria y economía del conocimiento”, explicó.

A pesar de esas mejoras, el ejecutivo considera que los activos argentinos todavía no reflejan plenamente el nuevo escenario.

“Uno de los elementos más llamativos es que las valuaciones de los activos argentinos continúan relativamente bajas y la participación de inversores extranjeros sigue siendo reducida”, indicó.

A su juicio, esto se explica porque históricamente los procesos de revalorización de activos en la Argentina no se desarrollaron de manera gradual, sino mediante fuertes compresiones del riesgo país y rápidas correcciones de precios.

Los sectores con mayor potencial

En materia de oportunidades de inversión, Botto identificó a la energía como uno de los sectores más atractivos de largo plazo.

“El desarrollo de Vaca Muerta y la creciente demanda global de recursos estratégicos posicionan al sector como uno de los grandes generadores de divisas de la próxima década”, afirmó.

La minería también ocupa un lugar destacado dentro de las perspectivas positivas, especialmente los proyectos vinculados al litio y al cobre, dos minerales considerados estratégicos para la transición energética global.

“La minería, especialmente vinculada al litio y al cobre, también presenta un potencial estructural importante”, señaló.

A esos sectores suma la agroindustria y la economía del conocimiento, actividades que, según su análisis, continúan mejorando sus niveles de productividad y capacidad exportadora.

En el mercado bursátil, Botto considera que todavía existen oportunidades selectivas debido a que las acciones argentinas mantienen valuaciones inferiores a las de otros mercados de la región.

“Las valuaciones todavía lucen rezagadas respecto de otros países de la región y el Merval aún se encuentra por debajo de sus máximos medido en dólares, lo que abre oportunidades selectivas para inversores con horizonte de largo plazo”, indicó.

Las tres variables que seguirá el mercado

Para el segundo semestre, el jefe de Estrategia e Inversiones de Mills Capital identifica tres indicadores centrales que marcarán la evolución de los mercados.

El primero es la actividad económica.

“La recuperación del nivel de actividad será determinante no sólo para el humor social, sino también para fortalecer la recaudación y sostener el superávit fiscal”, explicó.

La segunda variable es la inflación. Aunque considera que la tendencia sigue siendo favorable, advierte que el proceso todavía puede presentar episodios de volatilidad.

“La consolidación de la baja de la inflación será una de las variables centrales. La tendencia de fondo sigue siendo descendente, aunque el proceso puede presentar cierta volatilidad en el corto plazo”, sostuvo.

El tercer elemento es la normalización financiera y cambiaria.

“El avance hacia una mayor normalización del mercado cambiario y financiero será clave para facilitar una mayor participación de capitales internacionales en los activos argentinos”, afirmó.

Una nueva etapa para los inversores

Botto entiende que, si el proceso de estabilización continúa, también cambiará la lógica de inversión que predominó durante años en la Argentina.

“Si el escenario macroeconómico continúa normalizándose, la generación de valor dependerá cada vez menos de encontrar un activo puntual y más de la capacidad de construir estrategias diversificadas, detectar oportunidades específicas y administrar el riesgo con una mirada integral”, señaló.

En ese contexto, considera que los inversores deberán priorizar la gestión activa y la diversificación por encima de las apuestas concentradas.

“Con rendimientos más bajos, la gestión activa, la diversificación y una visión de largo plazo volverán a ganar protagonismo”, indicó.

Bajo esa lógica, proyecta un crecimiento sostenido de herramientas como los Fondos Comunes de Inversión y las carteras balanceadas, instrumentos que podrían ganar relevancia a medida que la economía avance hacia un escenario de menor inflación y mayor previsibilidad financiera.

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El Gobierno quitará instancias de participación ciudadana en la selección de jueces y ministros de la Corte

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La administración nacional modificó el procedimiento para la selección de jueces de la Corte Suprema, magistrados federales, fiscales y defensores públicos. El objetivo declarado es reducir tiempos administrativos y acelerar la cobertura de vacantes en un sistema judicial que arrastra demoras estructurales. Para el sector productivo, la medida reabre el debate sobre la velocidad y previsibilidad de la Justicia, un factor cada vez más relevante para inversiones, contratos y resolución de conflictos económicos.

A través del Decreto 467/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional reformó los mecanismos administrativos previos a la nominación de jueces de la Corte Suprema de Justicia, integrantes del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio Público de la Defensa.

La modificación apunta a eliminar instancias que el Ejecutivo considera redundantes respecto de los procedimientos que ya realiza el Senado durante el tratamiento de los acuerdos. La decisión llega después de un período marcado por dificultades para cubrir vacantes judiciales y tras la reciente aprobación de 74 pliegos en la Cámara alta.

La principal novedad es la eliminación de la etapa de observaciones ciudadanas y publicación de antecedentes que se desarrollaba dentro del Ministerio de Justicia antes de que los candidatos fueran enviados al Senado. A partir de ahora, los mecanismos de participación y control público quedarán concentrados exclusivamente en la instancia legislativa.

Menos burocracia administrativa, mismos requisitos constitucionales

El Gobierno sostiene que la reforma no modifica el esquema previsto por la Constitución Nacional. Los candidatos seguirán necesitando el acuerdo del Senado y continuarán sometidos a audiencias públicas, impugnaciones y evaluaciones por parte de la Comisión de Acuerdos.

La apuesta oficial es reducir tiempos administrativos en una estructura judicial que presenta un elevado número de cargos vacantes. Según los fundamentos del decreto, las demoras en la cobertura de puestos afectan el funcionamiento de los tribunales y generan mayores tiempos de tramitación de expedientes.

La reforma también incorpora plazos específicos para organismos que intervienen en el proceso. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) deberá emitir en un máximo de cinco días los informes sobre cumplimiento de obligaciones impositivas y previsionales de los postulantes, un trámite que hasta ahora carecía de un límite temporal uniforme.

Además, los candidatos dispondrán de cinco días para presentar sus declaraciones juradas patrimoniales y de potenciales conflictos de interés.

Aunque la medida se inscribe dentro del funcionamiento del sistema judicial, sus efectos potenciales trascienden el ámbito jurídico.

Para empresas, inversores y sectores productivos, la velocidad de respuesta de la Justicia constituye una variable relevante en la toma de decisiones. Litigios comerciales, concursos preventivos, conflictos tributarios, controversias regulatorias o causas vinculadas al comercio exterior dependen de tribunales que actualmente operan con niveles significativos de vacancias.

La demora en la designación de magistrados genera cuellos de botella que terminan afectando la resolución de expedientes con impacto económico directo.

La lógica del Gobierno apunta a que una reducción de los tiempos administrativos en la etapa de nominación permita acelerar los procesos de cobertura de cargos y contribuir a una mayor capacidad operativa del sistema judicial.

Qué cambia concretamente

Entre los principales cambios introducidos por el decreto se destacan: Se elimina la instancia administrativa de observaciones ciudadanas previa a la nominación presidencial. La publicación de antecedentes deja de realizarse en diarios de circulación nacional y se concentrará en el Boletín Oficial y en la página web del Ministerio de Justicia. Se fijan plazos máximos para declaraciones juradas e informes fiscales. Se unifican criterios de transparencia patrimonial para jueces, fiscales y defensores. Se mantienen intactas las audiencias públicas y el requisito de acuerdo del Senado.

La reforma incorpora una novedad política relevante: desaparece del texto normativo la recomendación que figuraba desde 2003 para considerar criterios de diversidad de género, procedencia regional y especialización jurídica en la selección de candidatos.

El Ejecutivo argumenta que esas valoraciones forman parte de las facultades discrecionales del Presidente al momento de proponer postulantes y que no requieren estar expresamente reglamentadas.

Desde el punto de vista institucional, la decisión concentra aún más el peso político de la etapa de nominación en el Poder Ejecutivo y traslada el control público al Congreso, donde continuará realizándose el examen de antecedentes y las instancias de participación ciudadana.

Qué puede significar para las provincias y el interior

Para jurisdicciones del interior, donde numerosas causas económicas, ambientales, comerciales y vinculadas al comercio internacional dependen de la Justicia Federal, la cobertura más rápida de vacantes podría tener efectos sobre la capacidad de respuesta de los tribunales.

En provincias con fuerte perfil exportador y fronterizo como Misiones, Corrientes o Formosa, la eficiencia de la Justicia Federal tiene incidencia sobre investigaciones vinculadas a contrabando, delitos económicos, propiedad intelectual, comercio exterior y cumplimiento regulatorio.

La clave estará en verificar si la simplificación administrativa efectivamente se traduce en una reducción de los tiempos de designación o si las demoras continúan concentrándose en la etapa legislativa, donde permanece intacto el requisito político de construir mayorías especiales para los acuerdos.

La reforma busca atacar un problema concreto: la lentitud en la cobertura de vacantes judiciales. El éxito de la medida no dependerá de la eliminación de trámites administrativos sino de su capacidad para acelerar efectivamente los nombramientos sin afectar los mecanismos de control y transparencia.

Para el sector productivo, el indicador relevante no será la modificación del procedimiento, sino si durante los próximos meses comienza a reducirse el número de cargos vacantes y mejora la capacidad de respuesta de los tribunales. La calidad institucional y la previsibilidad judicial siguen siendo variables centrales para la competitividad económica y la atracción de inversiones.

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El RIGI ya supera los US$133.000 millones en proyectos y consolida a la energía y la minería como los grandes motores de inversión

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A menos de dos años de su puesta en marcha, el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) comienza a exhibir la magnitud de la apuesta oficial para transformar la matriz exportadora argentina. Con proyectos presentados por más de US$133.000 millones, el esquema impulsado a través de la Ley Bases se convirtió en el principal vehículo para canalizar inversiones de gran escala en sectores estratégicos, particularmente energía y minería, que concentran prácticamente la totalidad de los capitales comprometidos.

Los datos relevados por la Bolsa de Comercio de Rosario muestran que más del 22% de las inversiones ya obtuvo aprobación administrativa, mientras el resto continúa atravesando distintas etapas de evaluación. El volumen involucrado coloca al régimen en el centro de la estrategia económica del Gobierno nacional, que busca acelerar el ingreso de divisas y ampliar la capacidad exportadora del país mediante proyectos intensivos en capital.

Con foco en energía y minería, el RIGI suma más de US$ 133.000 millones en proyectos presentados (aprobados y en evaluación), con provincias protagonistas como Neuquén y San Juan. Un proyecto de “Súper RIGI” busca sumar inversiones en nuevas industrias.

El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), incorporado en el marco de la Ley Bases es instrumento para canalizar inversiones de gran escala en sectores estratégicos de la economía argentina. Desde su implementación, las inversiones presentadas al régimen ya superan los US$ 133.000 millones, reflejando el interés de empresas nacionales e internacionales por participar en iniciativas vinculadas principalmente a energía, minería, infraestructura e industria. Del total relevado, más del 22% del capital solicitante ya obtuvo aprobación oficial, mientras que una porción significativa continúa en diferentes etapas de evaluación administrativa.

La composición sectorial de las inversiones muestra un marcado enfoque en actividades asociadas a la minería y energética. En conjunto, estos dos sectores explican más del 99% del monto total presentado al RIGI, consolidándose como los sectores de mayor relevancia dentro del régimen.

En particular, la energía concentra cerca del 64% del volumen de inversiones presentadas, con iniciativas por más de US$ 85.456 millones. Actualmente, el sector registra alrededor de US$ 66.353 millones bajo análisis, mientras que US$ 19.103 millones ya fueron aprobados. Por su parte, la minería lleva US$ 9.952 millones aprobados sobre un total cercano a US$ 46.000 millones. El 22% del capital aplicado al RIGI en energía ya tiene aprobación administrativa, proporción que se ubica en el 21% en el caso de la minería.

Dentro de los proyectos mineros presentados en el marco del RIGI, las iniciativas vinculadas al cobre concentran la mayor parte de las inversiones, con montos comprometidos por aproximadamente US$ 31.500 millones. Este total surge de proyectos de gran escala como El Pachón, Vicuña, Minera Agua Rica (MARA), Los Azules y San Jorge.

No obstante, gran parte de estas inversiones continúa en etapa de evaluación. Del total asociado al cobre, US$ 3.563 millones ya fueron aprobados, mientras que el litio presenta un mayor volumen de capital autorizado, con proyectos aprobados por más de US$ 4.528 millones. Por su parte, el oro y otros proyectos mineros completan el esquema minero del régimen, con inversiones aprobadas cercanas a US$ 1.861 millones.

Dentro del sector energético, los proyectos vinculados a petróleo y gas concentran la mayor parte de las inversiones comprometidas en el marco del RIGI, con montos por aproximadamente US$ 55.300 millones. Las recientes presentaciones de los proyectos LLL Oil y El Trapial por parte de YPF y Chevron apuntalaron fuertemente las solicitudes en este sector. 

Por otro lado, el GNL aparece como el segundo segmento de mayor relevancia, con inversiones aprobadas por US$ 15.156 millones. Esta inversión se concentra exclusivamente en el proyecto de licuefacción de gas natural de Southern Energy, reflejando el interés por impulsar la capacidad de licuefacción y exportación de GNL en Argentina. Asimismo, los proyectos asociados a infraestructura midstream totalizan más de US$ 11.000 millones, combinando iniciativas ya aprobadas y otras aún bajo análisis. En menor medida, también se observan inversiones vinculadas a energías renovables, petroquímicas y procesamiento de gas, completando el mapa energético de proyectos presentados al régimen.

Distribución provincial de las inversiones presentadas al RIGI

Las inversiones presentadas en el marco del RIGI tienen varios protagonistas a lo largo del país. Neuquén lidera el ranking provincial con proyectos por aproximadamente US$ 62.434 millones, equivalente a cerca del 47% del total relevado. En segundo lugar, se ubica San Juan, con US$ 25.000 millones, seguida por Rio Negro con US$ 19.588 millones, concentrando estas dos provincias el 19% y 15% de las aplicaciones al RIGI respectivamente.

En conjunto, estas tres provincias concentran alrededor de US$ 107.000 millones, superando el 80% de las inversiones presentadas relevadas bajo el régimen. La composición sectorial explica buena parte de esta concentración, dado que en dichas jurisdicciones predominan proyectos vinculados a energía y cobre, que implican elevadas necesidades de capital y con una orientación fundamental hacia la generación de exportaciones.

Por detrás aparecen Catamarca, con inversiones cercanas a US$ 9.615 millones, y Salta, con aproximadamente US$ 8.748 millones, aquí con protagonismo de proyectos de litio. El resto de las provincias reúnen en conjunto alrededor de US$ 7.700 millones, mostrando una participación significativamente menor dentro del total presentado al régimen. La distribución geográfica refleja el peso estratégico que poseen las provincias cordilleranas y patagónicas en materia de recursos naturales, infraestructura energética y proyectos exportadores de gran escala.

No debemos perder de vista que existen dos RIGIs muy relevantes para el agro argentino. Primeramente, ya se encuentra aprobada y en ejecución la Terminal Multipropósito Timbúes en Santa Fe, una nueva terminal para el Gran Rosario, el principal nodo portuario agroexportador del mundo. Asimismo, Pampa Energía espera ingresar al RIGI para construir una planta de fertilizantes en el Polo Industrial de Bahía Blanca. Con el denominado proyecto Fertil Pampa podría incrementarse la producción nacional de urea en 2,1 millones de toneladas, aproximándose a duplicar la capacidad productiva del país para este fertilizante estratégico.

En paralelo al avance de los proyectos actualmente presentados bajo el RIGI, el Gobierno nacional envió al Congreso un proyecto de ley para crear un nuevo régimen orientado a promover inversiones en actividades económicas sin desarrollo previo en el país, denominado informalmente “Súper RIGI”.

La iniciativa apunta a proyectos de gran escala, con un piso mínimo de inversión de US$ 1.000 millones, y contempla beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios superiores a los del régimen vigente. Entre las actividades que podrían quedar alcanzadas se mencionan desarrollos de hidrógeno verde, plantas de GNL onshore, infraestructura vinculada a inteligencia artificial y data centers abastecidos con gas natural, además de iniciativas asociadas al agregado de valor de minerales críticos.

El nuevo esquema también busca incentivar industrias vinculadas a la electromovilidad, biotecnología avanzada, infraestructura digital y manufacturas tecnológicas de alto valor agregado. A nivel fiscal, el Súper RIGI aplica una tasa del 15% en el impuesto a las Ganancias. En cuanto a la amortización, este esquema permite un beneficio acelerado: se deduce un 60% durante el primer año y un 20% en cada uno de los dos años posteriores.

En el ámbito del comercio exterior, el llamado Súper RIGI elimina los derechos de exportación desde el primer momento (a diferencia del RIGI, que lo hace recién a partir del tercer año). Además, libera de aranceles a todas las importaciones que sean indispensables para arrancar el proyecto, un marco más amplio que la limitación del RIGI, que solo aplica a bienes de capital e informática.

Por su parte, se elimina progresivamente la obligación de liquidar las divisas generadas por exportaciones de productos adheridos al proyecto: será obligatorio liquidar el 80% de las divisas en el 1° año y el 60% en el 2° año. Finalmente, desde el 3° año no será obligatorio liquidar divisas por estas operaciones.

Por último, para que este nuevo régimen entre en vigencia a nivel local, los gobiernos provinciales y municipales deben adherirse bajo dos condiciones clave: limitar el cobro de Ingresos Brutos a un máximo del 0,5% y garantizar que las tasas municipales no se calculen en base al nivel de facturación.

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Las acciones argentinas extienden las bajas mientras la guerra y la Fed dominan la agenda global

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La incertidumbre geopolítica volvió a imponerse sobre el entusiasmo tecnológico en los mercados internacionales y arrastró a los activos argentinos a una nueva jornada de corrección. El S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cayó 0,9% y acumuló su segunda rueda consecutiva en terreno negativo, en un contexto donde las dudas sobre la evolución del conflicto en Medio Oriente comenzaron a neutralizar el optimismo que había generado el boom de la inteligencia artificial en Wall Street.

La corrección local se produjo después de varias semanas en las que Argentina había mostrado una performance relativamente sólida frente al deterioro global. Sin embargo, el regreso de la aversión al riesgo golpeó principalmente a las acciones argentinas que cotizan en Nueva York. Globant encabezó las pérdidas con una caída cercana al 7%, reflejando la sensibilidad del sector tecnológico ante cualquier cambio de humor de los inversores internacionales.

En contraste, las compañías vinculadas a la energía volvieron a mostrar resiliencia. YPF, Pampa Energía y Vista Energy lograron sostener ganancias impulsadas por un nuevo avance del petróleo, que continúa reaccionando a las tensiones geopolíticas en Medio Oriente y a las amenazas sobre la estabilidad de los flujos energéticos globales.

La dinámica no es casual. A medida que aumentan las dudas sobre una resolución definitiva entre Estados Unidos e Irán y persisten los focos de conflicto en la región, el mercado incorpora una prima de riesgo sobre los precios de la energía. El Brent volvió a ubicarse en niveles elevados, consolidando un escenario favorable para las petroleras, pero generando al mismo tiempo mayores presiones inflacionarias sobre las economías desarrolladas.

Para Argentina, el efecto es dual. Por un lado, las empresas energéticas se benefician de un contexto de precios más altos. Por otro, un petróleo caro puede retrasar el proceso de baja de tasas en Estados Unidos y fortalecer al dólar a nivel global, dos variables que suelen afectar a los mercados emergentes.

En ese marco, Wall Street operó con bajas moderadas de entre 0,2% y 0,4%, luego de haber alcanzado máximos históricos en la jornada previa. Los inversores se encuentran atrapados entre dos narrativas contrapuestas: el extraordinario impulso que la inteligencia artificial está generando sobre las ganancias corporativas y la incertidumbre derivada de la geopolítica internacional.

Los balances recientes de gigantes tecnológicos como Dell y Hewlett Packard reforzaron la percepción de que la revolución de la inteligencia artificial está generando una nueva ola de crecimiento empresarial. Sin embargo, el mercado comenzó a preguntarse cuánto tiempo podrá sostenerse ese impulso si el escenario internacional continúa deteriorándose.

A la tensión geopolítica se suma otro factor que empieza a preocupar a los operadores: la política monetaria estadounidense. Los últimos indicadores laborales mostraron una economía más robusta de lo esperado y volvieron a poner en duda la velocidad con la que la Reserva Federal podría avanzar hacia nuevos recortes de tasas.

Actualmente, el rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a diez años se mantiene en torno al 4,45%, un nivel que sigue siendo elevado para los estándares históricos recientes. Al mismo tiempo, los contratos de futuros comienzan a reflejar una probabilidad creciente de que la Fed mantenga una postura restrictiva durante más tiempo del previsto.

Para los activos argentinos, este escenario representa un desafío adicional. Si bien el riesgo país permanece estable en torno a los 488 puntos básicos y los bonos soberanos operan con variaciones acotadas, el mercado sigue monitoreando tres variables clave: la acumulación de reservas por parte del Banco Central, la estabilidad cambiaria y la evolución de la inflación.

Los analistas destacan que, pese a la volatilidad externa, Argentina continúa exhibiendo una fortaleza relativa superior a la observada en otros episodios de tensión internacional. La combinación de superávit fiscal, mejora en las cuentas energéticas y una reducción gradual del riesgo soberano ha permitido amortiguar parte de los shocks externos.

No obstante, la dependencia de los flujos financieros globales sigue siendo un factor determinante. En un mercado donde la tecnología sostiene gran parte de las ganancias bursátiles y la geopolítica amenaza con alterar las expectativas, cualquier movimiento de la Reserva Federal o una escalada en Medio Oriente puede modificar rápidamente el apetito por riesgo.

Por ahora, los inversores parecen haber optado por una estrategia de cautela. La inteligencia artificial continúa impulsando las valuaciones de las grandes tecnológicas, pero la guerra, el petróleo y las tasas vuelven a recordar que los mercados globales siguen transitando un delicado equilibrio entre crecimiento e incertidumbre.

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Passalacqua propuso al fiscal Andrés Poujade para el STJ

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El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, propuso formalmente al abogado Andrés Poujade para integrar el Superior Tribunal de Justicia (STJ), en el marco de la cobertura de una vacante en el máximo órgano judicial de la provincia. La postulación abre ahora el proceso institucional previsto, que incluye la evaluación de antecedentes y el posterior tratamiento legislativo para su eventual designación. Poujade cubriría la vacante dejada por Ramona Velázquez, quien se acaba de jubilar.

Oriundo de Posadas, Poujade es egresado de la Universidad de Buenos Aires y cuenta con una formación académica que combina el derecho local con una marcada proyección internacional. Entre sus estudios de posgrado se destaca una especialización en Francia, donde obtuvo un máster en Derecho Francés y Europeo de Negocios y Nuevas Tecnologías, un perfil que incorpora herramientas vinculadas a la regulación económica y los desafíos jurídicos de la era digital.

En el plano profesional, se desempeña actualmente como fiscal de Cámara en lo Penal y de Menores de Misiones, cargo al que accedió mediante concurso público con acuerdo legislativo. Se trata de una posición clave dentro del Ministerio Público, con intervención en instancias superiores del proceso penal y en causas de significativa complejidad.

En paralelo, integra el Tribunal Electoral de la provincia como vocal titular, rol desde el cual participa en la organización, control y validación de los procesos electorales, una función que refuerza su perfil institucional dentro del sistema republicano provincial.

Su trayectoria incluye además participación en espacios de formación continua en derecho penal, derechos humanos, gestión judicial y políticas públicas, así como actividad en el ámbito de la docencia universitaria, lo que configura un perfil técnico con anclaje académico.

La propuesta del Ejecutivo se inscribe en un momento de recambio dentro del STJ, un tribunal que no solo actúa como última instancia judicial en la provincia, sino que también define criterios interpretativos con impacto directo en la seguridad jurídica, el clima de inversiones y la relación entre los poderes del Estado.

De avanzar el proceso legislativo, Poujade podría incorporarse a un cuerpo que concentra decisiones estratégicas para el funcionamiento institucional de Misiones. Su eventual llegada aportaría un perfil con fuerte base penal, formación internacional y experiencia en organismos clave del sistema judicial.

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