El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) continúa ampliando su cartera de proyectos estratégicos. El Comité Evaluador aprobó el ingreso de la iniciativa presentada por la sucursal dedicada de LIEX S.A., destinada a desarrollar un complejo de producción de carbonato de litio en el Salar Tres Quebradas, ubicado en Fiambalá, provincia de Catamarca. La inversión comprometida asciende a US$709 millones, consolidando al litio como uno de los sectores con mayor capacidad para atraer capitales de largo plazo dentro de la minería argentina.
El anuncio fue realizado por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien destacó que el proyecto contempla la construcción y operación de una planta con capacidad para producir 40.000 toneladas anuales de carbonato de litio, además del desarrollo integral de la infraestructura necesaria para la explotación del yacimiento. El plan incluye la perforación de pozos para extracción de salmuera, ductos de transporte, sistemas de purificación, caminos internos, tuberías, instalaciones industriales auxiliares y obras de control de inundaciones, entre otras inversiones vinculadas a la operación del complejo.
Desde la perspectiva económica, el emprendimiento presenta indicadores de escala relevantes. Según la documentación evaluada por el Comité, el yacimiento dispone de recursos suficientes para sostener más de 19 años de producción efectiva, mientras que las exportaciones proyectadas alcanzarían aproximadamente US$400 millones por año, fortaleciendo el ingreso de divisas provenientes del sector minero y ampliando la participación del litio dentro de la matriz exportadora argentina.
El impacto también se proyecta sobre el mercado laboral. Durante las etapas de construcción y operación, el desarrollo demandará 4.406 puestos de trabajo directos e indirectos, generando un efecto multiplicador sobre proveedores, servicios especializados, infraestructura y actividades vinculadas a la cadena minera de Catamarca.
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El Comité Evaluador aprobó el ingreso al RIGI del Proyecto de la Sucursal Dedicada de LIEX S.A., una nueva iniciativa minera destinada a producir carbonato de litio en el Salar Tres Quebradas, en Fiambalá, provincia de Catamarca.
La aprobación representa un nuevo respaldo al RIGI como herramienta para canalizar inversiones de gran escala en sectores considerados estratégicos por el Gobierno nacional. Con la incorporación de LIEX S.A., el régimen acumula 21 proyectos aprobados, que en conjunto comprometen US$46.700 millones en inversiones distribuidas entre minería, energía e infraestructura.
Para la administración nacional, la incorporación de nuevos proyectos busca consolidar un esquema de previsibilidad regulatoria orientado a acelerar el desarrollo de inversiones intensivas en capital y con fuerte perfil exportador. En ese contexto, el litio continúa posicionándose como uno de los principales motores del crecimiento minero argentino, impulsado por la creciente demanda internacional asociada a la transición energética y a la fabricación de baterías para vehículos eléctricos y sistemas de almacenamiento de energía.
La aprobación del proyecto en Catamarca reafirma además el protagonismo del denominado “triángulo del litio”, integrado por Argentina, Chile y Bolivia, una región que concentra una parte sustancial de las reservas mundiales del mineral y que se ha convertido en uno de los principales destinos para las inversiones globales en minerales críticos.
La minería argentina acaba de recibir una de las reformas regulatorias más profundas de los últimos años. A través del Decreto 482/2026, el Gobierno nacional sustituyó integralmente la reglamentación de la Ley 24.196 de Inversiones Mineras, con cambios que impactan directamente sobre la estructura de costos, los tiempos de aprobación y el acceso a beneficios fiscales para empresas del sector.
La medida busca adecuar una normativa diseñada en 1993 a las condiciones actuales de una industria atravesada por nuevos desarrollos tecnológicos, mayores exigencias ambientales y una creciente competencia internacional por atraer inversiones en minerales estratégicos.
El eje de la reforma pasa por una reducción significativa de cargas burocráticas y una redefinición de varios procedimientos considerados críticos por los operadores mineros.
Menos trámites y mayor previsibilidad para las inversiones
Uno de los cambios más relevantes es la modernización del sistema de acceso y permanencia dentro del régimen promocional.
A partir de ahora, los nuevos proyectos deberán acreditar la titularidad de los derechos mineros y presentar los lineamientos básicos de desarrollo para acceder a los beneficios. Paralelamente, se crea un régimen específico para prestadores de servicios mineros, quienes deberán demostrar que una proporción relevante de su facturación proviene efectivamente de actividades vinculadas al sector.
La reglamentación también incorpora el domicilio legal electrónico obligatorio, mecanismo que digitaliza las comunicaciones entre empresas y Estado y elimina gran parte de las notificaciones presenciales o documentales que históricamente ralentizaban los expedientes.
Para compañías con proyectos en etapas avanzadas de desarrollo, el cambio más significativo aparece en materia de estabilidad fiscal.
La nueva reglamentación establece con mayor precisión los plazos y condiciones para la aprobación de los estudios de factibilidad y determina que la estabilidad fiscal se considerará otorgada desde la presentación válida de la documentación requerida, fortaleciendo la seguridad jurídica para inversiones de largo plazo.
IVA de exploración: devolución más rápida y menos requisitos
Uno de los reclamos recurrentes de las empresas exploradoras era la complejidad administrativa para recuperar créditos fiscales acumulados durante las etapas iniciales de un proyecto.
La nueva normativa simplifica sustancialmente este proceso.
La devolución acelerada del IVA quedará respaldada principalmente por facturas y comprobantes de pago, eliminando exigencias previas que implicaban mayores tiempos administrativos.
Para una industria donde la exploración puede extenderse durante años sin generar ingresos operativos, acelerar la recuperación de créditos fiscales mejora la disponibilidad de capital de trabajo y reduce necesidades de financiamiento.
Otro punto de fuerte impacto económico es la actualización del régimen de importación de bienes destinados a la actividad minera.
El sistema anterior exigía autorizaciones y certificados emitidos por la autoridad de aplicación antes de concretar determinadas operaciones.
La nueva reglamentación reemplaza ese esquema por una declaración jurada del importador sobre el destino minero de los bienes, integrada digitalmente a la Ventanilla Única de Comercio Exterior Argentino (VUCEA) y al Sistema Informático Malvina (SIM).
Para proveedores de equipamiento, contratistas especializados y proyectos de gran escala, la modificación apunta a reducir tiempos logísticos y costos administrativos asociados a la importación de maquinaria, equipos e insumos.
La reforma también redefine el concepto de integración regional dentro del régimen minero.
El límite geográfico para vincular yacimientos, plantas de procesamiento e infraestructura asociada se amplía hasta 500 kilómetros, una decisión que podría facilitar esquemas productivos más eficientes en regiones con grandes distancias operativas.
La modificación adquiere especial relevancia en provincias con extensos corredores mineros, donde la ubicación de plantas de beneficio, centros logísticos o instalaciones industriales muchas veces condiciona la viabilidad económica de los proyectos.
Cambios ambientales: más peso para el seguro obligatorio
En materia ambiental, el decreto introduce una adecuación entre la Ley de Inversiones Mineras y la Ley General del Ambiente.
La reglamentación reconoce que el Seguro Ambiental Obligatorio (SAO) puede reemplazar, bajo determinadas condiciones, a la previsión contable especial destinada a remediación ambiental.
Desde la perspectiva empresarial, la modificación busca transformar una obligación basada en registros contables en un instrumento que garantice la disponibilidad efectiva de recursos para eventuales tareas de recomposición ambiental.
Impactos clave de la reforma
Digitalización completa de notificaciones y trámites administrativos. Simplificación de la devolución del IVA para exploración minera. Menos requisitos previos para importar equipamiento e insumos. Mayor precisión en el régimen de estabilidad fiscal por 30 años. Nuevo marco regulatorio para prestadores de servicios mineros. Ampliación a 500 kilómetros del criterio de integración regional. Reconocimiento del Seguro Ambiental Obligatorio como herramienta válida de cobertura ambiental.
La reforma reglamentaria representa una señal de continuidad en la estrategia oficial de desregulación y promoción de inversiones. El impacto real dependerá ahora de la velocidad con que la autoridad de aplicación dicte las normas complementarias previstas en un plazo de 60 días y de la capacidad del sector para transformar la simplificación administrativa en nuevos proyectos concretos. Para las provincias y empresas proveedoras, la clave estará en identificar rápidamente cuáles de estos cambios pueden traducirse en mayor actividad económica, empleo especializado y participación en una cadena minera que busca ganar escala en los próximos años.
La minería consolida su transformación en uno de los pilares estratégicos de la economía argentina. Mientras el país busca ampliar sus fuentes genuinas de divisas, el sector se encamina a protagonizar un nuevo salto histórico en 2026, con exportaciones que podrían superar los 9.000 millones de dólares y alcanzar una participación superior al 10% del total de las ventas externas nacionales.
El escenario surge de un informe elaborado por la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) y la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), que muestra una combinación de factores favorables: el crecimiento sostenido del litio, la fortaleza internacional de los precios del oro y la plata, y un flujo récord de inversión extranjera directa que continúa alimentando nuevos proyectos y ampliaciones productivas.
El litio sigue creciendo en producción, mientras el declive en volumen del oro y plata se ve compensado en las exportaciones por la vía de los precios. La inversión extranjera en minería crece 27% en 2025 y alcanza récords históricos.
De cumplirse estas previsiones, la participación de la minería en las exportaciones argentina podría alcanzar un nuevo máximo histórico. La última proyección de exportaciones del REM del BCRA estima las exportaciones argentinas del 2026 en US$ 96.056 millones. Considerando ese dato, la participación de la minería pasaría de cerca del 7% a más del 10% de las exportaciones nacionales.
Detrás del buen desempeño exportador conviven dos dinámicas bien diferentes, que ponen en riesgo la consolidación de la minería como pilar de las exportaciones argentinas. Esto se debe a que el declive productivo de los metales preciosos (oro y plata) tiene como consecuencia el incremento de los costos operativos, que sin embargo el contexto internacional compensa vía suba de los precios internacionales. La contracara es el avance estructural del litio, que combina expansión de volúmenes y una recuperación de precios en 2026.
Oro: cae la producción, pero suben exportaciones por efecto precio
Durante 2025, la producción de oro en Argentina volvió a descender y alcanzó 1.184 mil onzas, lo que nos indica una caída del 6% interanual y una merma del 42% respecto a una década atrás. La marca deja al país incluso por debajo del piso de la pandemia y refleja un factor estructural: el agotamiento natural de operaciones maduras, en un contexto donde los incentivos no lograron impulsar suficientes inversiones en exploración y desarrollo que permitan compensar las menores leyes minerales.
Aun así, el ingreso de divisas creció con fuerza. Las exportaciones de oro sumaron US$ 4.094 millones en 2025 (+30% vs. 2024), sostenidas por un salto del precio internacional de referencia. Para 2026, se proyecta una producción que sostiene la marca (baja) del año previo, gracias a la incorporación de Río Negro como productor aurífero, con el inicio de Calcatreu, y reactivación de Casposo en San Juan, compensando otras bajas productivas de operaciones maduras.
A pesar de la magra producción esperada para este año, se anticipa un nuevo salto exportador: el oro podría alcanzar US$ 5.129 millones (+25% vs. 2025), impulsado por un precio promedio proyectado de US$ 4.353 por onza.
Plata: mínimo productivo y más dependencia del efecto precio
La plata replicó la lógica del oro, pero con caídas productivas aún más marcadas. En 2025, la producción cayó a 22,1 millones de onzas (-7,8% interanual y -35% vs. 2019), ubicándose en el nivel más bajo en la última década. Sin embargo, las exportaciones sumaron US$ 785 millones (+22% vs. 2024), apalancadas por un aumento del precio promedio a US$ 38,8 por onza.
Para el 2026, el escenario proyecta una baja de producción a 19,5 millones de onzas (-10% vs. 2025). Sin embargo, la proyección es contundente por el efecto precio: las exportaciones de plata podrían trepar a US$ 1.172 millones (+49% vs. 2025). Con un precio promedio proyectado de US$ 60 por onza, nuevamente, el componente decisivo es el precio: la plata exporta más dólares aun produciendo menos.
El protagonismo del litio: en 2025 por volumen; 2026 por volumen y precio
Si oro y plata sostienen su nivel exportador por la vía de precios, el litio es el que aporta crecimiento de producción año tras año. En 2025, la producción alcanzó 116 mil toneladas LCE, un salto de +56% interanual y +241% vs. 2018, explicado por expansiones y ramp-up de operaciones (Salar Olaroz, Mina Fénix, Cauchari-Olaroz) y la incorporación/crecimiento de nuevos proyectos. Aun con una caída del precio (el precio promedio de exportación bajó a US$ 8,7 por kilo), el volumen empujó las exportaciones a US$ 911 millones (+44% vs. 2024), mostrando que el litio logró crecer incluso con precios internacionales menos favorables.
Un nuevo salto espera aparecer en 2026: la producción proyectada de un escenario intermedio se espera alcance las 172 mil toneladas LCE (+48% vs. 2025), en línea con una mayor utilización de capacidad instalada y el avance de proyectos. La diferencia respecto de 2025 es que en 2026 se espera una combinación de más volumen y mejor precio: el precio promedio de exportación está proyectado en torno a los US$ 14,9 por kilo. De esta manera, las exportaciones podrían escalar a US$ 2.559 millones, lo que implica +181% vs. 2025. De esta manera, el litio pasaría de ser el “motor por volumen” en 2025 a un “motor por volumen y precio” en 2026.
La inversión extranjera en minería alcanza récords históricos
Además del aporte comercial vía exportaciones, la minería también canaliza divisas a través de la inversión extranjera directa (IED). Según datos del BCRA, la IED en las diversas actividades del sector minero mostró un salto de peso en los últimos dos años. El 2024 trajo uno de los años de mayor ingreso de capitales por IED en la minería argentina, con más de US$ 4.517 millones invertidos. No obstante, el 2025 también cerró con elevados niveles de inversión del sector, superando los US$ 3.767 millones, apuntalando aún más el ingreso de inversión extranjera para seguir potenciando a la minería argentina.
De esta manera, la minería muestra su impacto exportador sobre el frente externo, con sus ventas al exterior fortaleciendo el balance comercial. Sin embargo, también se observa la fuerza de la minería sobre la economía argentina a través de las inversiones directas, que contribuyen a aumentar el stock de capital de la economía nacional mientras financian ampliaciones, ramp-ups y nuevas capacidades productivas.
En 2025 las inversiones extranjeras de la minería en Argentina crecieron un 27% respecto al año anterior y un 88% con relación al 2023. Además, si se compara el último trimestre del 2025 con el mismo período del 2017, el crecimiento asciende a 202%. En este marco, al último día del 2025, el stock de inversiones extranjeras en minería marcó un récord histórico, superando los US$ 17.645 millones.
De la mano del RIGI, uno de los protagonistas centrales de la IED en Argentina es el cobre, que aspira a volver a producirse a gran escala en el país en los años venideros. Vale la pena destacar que la minería es el principal sector de ingreso neto de divisas por inversión extranjera directa en Argentina desde el 2003, es decir, hace más de dos décadas.
El Ministerio de Economía aprobó la adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) del Proyecto Único “Carbonatos Profundos (DCP)”, presentado por MINAS ARGENTINAS SA SUCURSAL DEDICADA RIGI I–NUEVO GUALCAMAYO (MASA-SD), con una inversión total declarada de USD 519.647.635. La decisión quedó formalizada a través de la Resolución 6/2026, firmada por el ministro Luis Andrés Caputo el 13 de enero de 2026 y publicada en el Boletín Oficial el 15 de enero de 2026.
La medida otorga al proyecto minero, localizado en la provincia de San Juan, los beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios previstos en el Título VII de la Ley 27.742, y marca uno de los primeros avales formales del Estado nacional a una iniciativa minera de gran escala en el marco del nuevo régimen de incentivos, diseñado para atraer inversiones estratégicas de largo plazo.
Un proyecto minero estratégico dentro del esquema RIGI
El proyecto aprobado se encuadra en el sector “Minería”, subsector “Minerales de primera y segunda categoría del Código de Minería de la Nación (excluidos potasio y litio)”, conforme a lo dispuesto por el Decreto 749/2024, reglamentario del RIGI. Su objeto consiste en la exploración de las concesiones mineras Gualcamayo 1 y Gualcamayo 2, la determinación de la factibilidad del yacimiento de oro y plata denominado “Carbonatos Profundos”, y la construcción, puesta en marcha y operación de una planta de tratamiento.
El emprendimiento se ubica en la región de Gualcamayo, a 270 kilómetros al norte de la ciudad de San Juan y a 1.100 kilómetros en línea recta de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El acceso principal se realiza desde la Ruta Nacional 40, a través de un camino minero de aproximadamente 15 kilómetros hasta el valle del río Gualcamayo.
La empresa solicitante declaró que el proyecto supera holgadamente el monto mínimo de inversión exigido por el RIGI, y que el 69 % del gasto destinado a proveedores, bienes y obras de infraestructura durante las etapas de construcción y operación corresponderá a proveedores locales, un porcentaje significativamente superior al 20 % mínimo requerido por la normativa vigente.
Inversión, plazos y compromisos asumidos
De acuerdo con la documentación presentada ante el Ministerio de Economía, el plan prevé una inversión inicial en activos computables de USD 46.741.254 durante el primer año y USD 43.858.696 durante el segundo, totalizando USD 90.599.950 en los primeros dos años desde la adhesión al régimen. Ese monto supera el 40 % de la inversión mínima exigida por los artículos 172 y 173 de la Ley 27.742.
La resolución fija como fecha límite para cumplir con el monto total de inversión mínima el 31 de diciembre de 2028, en los términos del artículo 177 de la ley. Asimismo, se determinó que la fecha de adhesión al RIGI y de adquisición de derechos es el 27 de noviembre de 2025, momento en el cual la empresa completó la carga de la información requerida por el área técnica.
El acto administrativo también aprobó el listado de mercaderías que podrán importarse bajo franquicia aduanera, conforme al artículo 190 de la Ley 27.742, y aceptó la manifestación de la empresa de resolver eventuales controversias mediante los mecanismos previstos en el artículo 221 de la ley, incluido el Panel RIGI y el Reglamento de Arbitraje (Mecanismo Complementario) del CIADI.
Evaluación técnica, control estatal y efectos económicos
La solicitud de adhesión fue evaluada por la Secretaría de Minería del Ministerio de Economía, a través de la Dirección Nacional de Inversiones Mineras, que emitió un informe técnico concluyendo que el proyecto y su plan de inversión cumplen con los requisitos y objetivos del RIGI. Posteriormente, el Comité Evaluador de Proyectos RIGI, reunido el 23 de diciembre de 2025, recomendó su aprobación mediante el Acta 13/2025.
En materia cambiaria, el proyecto fue puesto en conocimiento del Banco Central de la República Argentina (BCRA), que concluyó que no existen observaciones que formular, al considerar que la iniciativa no presenta elementos susceptibles de generar distorsiones en el mercado cambiario local.
La resolución encomienda a la Secretaría de Minería la fiscalización y control del cumplimiento de las obligaciones asumidas bajo el régimen, y ordena la inscripción del proyecto en el Registro de Vehículos de Proyecto Único. Además, instruye a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) para la generación de una CUIT especial y la aplicación de los incentivos tributarios y aduaneros, y al BCRA para la implementación de los beneficios cambiarios previstos por la ley.
Desde una perspectiva institucional, la aprobación del proyecto “Carbonatos Profundos” consolida el funcionamiento operativo del RIGI como herramienta central de la política económica para promover grandes inversiones, incrementar exportaciones, fortalecer la competitividad sectorial y generar previsibilidad normativa en proyectos de largo plazo, particularmente en el sector minero.
