La investigación por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó un nuevo capítulo con las declaraciones testimoniales de las mujeres que financiaron la compra de su departamento en Caballito. Ante el fiscal federal Gerardo Pollicita, las acreedoras ratificaron la existencia de un crédito privado y precisaron las condiciones del acuerdo, mientras la Justicia avanza sobre la trazabilidad de los fondos.
Según los testimonios de Graciela Molina de Cancio y Victoria Cancio, el financiamiento fue otorgado en noviembre de 2024 por un total de 100.000 dólares, bajo la modalidad de préstamo hipotecario no bancario. De ese monto, Molina aportó 85.000 dólares y Cancio los 15.000 restantes.
Las testigos indicaron que el acuerdo contempla cuotas mensuales en curso y un vencimiento final previsto para noviembre de este año. Además, detallaron que el crédito fue pactado con una tasa de interés del 11% anual. De acuerdo con lo declarado, al funcionario aún le resta cancelar un saldo de 70.000 dólares más intereses.
En paralelo, la investigación judicial busca determinar si las acreedoras -ambas integrantes de la Policía Federal- contaban con la capacidad económica suficiente para otorgar el financiamiento, así como reconstruir el origen de los fondos utilizados en la operación inmobiliaria.
Un punto de tensión en el expediente surge a partir del testimonio de la escribana Adriana Nechevenko, quien intervino en la certificación de firmas tanto de este inmueble como de otra propiedad en Exaltación de la Cruz. La profesional negó la existencia de préstamos en efectivo y sostuvo que la operación se encuadró dentro de un esquema “normal”, describiéndola como una compraventa con pago en cuotas, es decir, un financiamiento directo entre partes y no un crédito externo.
La causa continuará esta semana con nuevas declaraciones. Para el miércoles 15 están citadas Beatriz Viegas, de 72 años, y Claudia Sbabo, de 64, también vinculadas a la compra del inmueble. En tanto, la semana pasada prestó testimonio vía Zoom el exfutbolista Hugo Morales, quien había sido el propietario original del departamento antes de venderlo a las actuales acreedoras.
Con estos elementos, la Justicia busca determinar si existió un circuito financiero transparente o si hay inconsistencias que puedan configurar un incremento patrimonial no justificado.
La escribana Adriana Nechevenko declaró durante casi 3 horas este miércoles (08/04) ante el fiscal Gerardo Pollicita, en la causa que investiga el presunto enriquecimiento ilícito de Manuel Adorni. Al retirarse de los tribunales de Comodoro Py, dialogó brevemente con los medios presentes.
“Eso pregúntenle a él”, respondió cuando se la consultó sobre el origen del dinero con el que Adorni compró el departamento del barrio porteño de Caballito y la casa en el country Indio Cua.
También aseguró que no hubo “ninguna irregularidad” en la adquisición de las propiedades. Mencionó que en la compraventa del departamento de Caballito “no hubo préstamo de dinero en efectivo, sino que se trató de una hipoteca normal sin ningún problema”.
La escribana consideró habitual que se hipotequen propiedades por un 90% de su valor, en relación al porcentaje que las vendedoras -dos jubiladas- accedieron a financiarle con una “hipoteca con saldo de precio”, precisó. Ambas mujeres están citadas mañana a declarar, también como testigos, para dar precisiones sobre la venta del departamento de casi 200 metros cuadrados por 230 mil dólares, de los cuales financiaron 200 mil.
“Todas las operaciones están explicadas”, agregó la escribana sobre su declaración en la fiscalía.
Luego, cuando le consultaron acerca de sus 7 visitas a la Casa de Gobierno, se negó ante la prensa a responder sobre los motivos. “No lo puedo decir, a mi cliente no le gustaría que yo lo diga”.
Su declaración, que forma parte de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra el actual jefe de Gabinete, duró más de dos horas. Allí habría indicado que fue una compra-venta “con una hipoteca por saldo de precio” y remarcó que “hace muchos años” tiene un vínculo profesional y laboral tanto con Adorni como con su esposa, Bettina Angeletti.
Trascendió que Nechevenko presentó toda la documentación requerida por el fiscal, sin embargo, al llegar al lugar, la escribana le adelantó a la prensa y aseguró que “no iba a explicar absolutamente nada“.
Paralelamente, se investiga su pasado profesional, debido a reportes que la vinculan con servicios prestados anteriormente a organizaciones de narcotráfico. Esta declaración se suma a otras medidas en la causa, como la reciente citación a las cuatro jubiladas que figuran como prestamistas del funcionario.
Por otro lado, las cuatro mujeres que le facilitaron hipotecas no bancarias al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, que le permitieron comprar dos propiedades, fueron citadas a declarar por el fiscal Gerardo Pollicita.
Se trata de Claudia Sbabo y Beatriz Viegas (que facilitaron la compra del departamento de Caballito en la calle Miró donde en la actualidad vive Adorni) y Graciela Isabel Molina y Victoria María José Cancio, que le otorgaron una hipoteca privada en un inmueble de la calle Asamblea, en el mismo barrio porteño.__IP__
Las dos primeras fueron citadas este jueves 9 y las otras dos mujeres, el lunes 13.
El crimen ocurrido en una escuela de San Cristóbal, en la provincia de Santa Fe, sumó en las últimas horas un dato clave que cambia el eje de la investigación y que el Gobierno dio a conocer este miércoles en una rueda de prensa que dejó a muchos atónitos por lo inesperado del caso.
En los hechos, el adolescente que asesinó a un compañero no actuó de manera aislada, sino que formaba parte de una comunidad digital internacional que promueve y glorifica la violencia extrema.
Así lo confirmaron autoridades nacionales y provinciales durante una conferencia de prensa en la que participaron el gobernador Maximiliano Pullaro, la ministra de Seguridad Nacional Alejandra Monteoliva y representantes de la Policía Federal Argentina.
La propia ministra fue contundente al definir el caso como “un caso inédito en el país”, lo que obligó a un trabajo coordinado entre fuerzas provinciales y federales.
Qué contó el Gobierno sobre la investigación
En un primer momento, el hecho había sido interpretado como un posible caso de bullying o incluso como un episodio de desborde psicológico. Sin embargo, el avance de la investigación descartó esas hipótesis iniciales.
Según explicó Pullaro, “en principio parecía ser un brote psicótico, posteriormente se habló de que la motivación podía ser el bullying”, pero el análisis de pruebas digitales permitió reconstruir un escenario mucho más complejo.
“No fue un brote psicótico de este adolescente, no tiene que ver con el bullying”, afirmó el gobernador, y agregó que el joven:
“participaba de una red internacional de una subcultura digital que se denomina TCC (True Crime Community)”.
Qué es la TCC y por qué preocupa (no solo en Santa Fe)
De acuerdo a lo detallado por las autoridades, la TCC es una subcultura digital que gira en torno a la fascinación por crímenes violentos, especialmente tiroteos masivos en escuelas.
Monteoliva explicó que estas comunidades están integradas mayormente por jóvenes y adolescentes, y que funcionan a escala global: “Tiene que ver con comunidades virtuales que se centran en el estudio y análisis de asesinatos, de tiroteos masivos (…) organizaciones nihilistas, misantrópicas, que tienden a llevar actos de violencia”.
Además, advirtió que el fenómeno no es nuevo en el país, aunque nunca había derivado en un hecho de estas características. “En los últimos dos años, la Policía Federal junto con el FBI registró e identificó 15 casos y hay cuatro en análisis”, precisó.
Cómo operan estas comunidades
El jefe de la Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA), Guillermo Díaz, explicó que estas redes siguen una lógica escalonada.
Primero, se produce una etapa de fascinación por hechos reales, que tiene como punto de partida histórico la masacre de Columbine, en Estados Unidos. Luego, ese contenido se difunde en plataformas digitales como Discord o Telegram.
“El principal problema es la imitación”, señaló Díaz, y agregó que en una fase posterior algunos integrantes pasan directamente a planificar ataques. “Estos chicos pasan a ser héroes”, remarcó.
NO ES UN CASO AISLADO
El ataque en la escuela de Santa Fe expone un fenómeno global: subculturas digitales que se organizan para admirar, replicar y promover tiroteos masivos.
No actúan solos. Se conectan, comparten, planifican y glorifican la violencia.
— Alejandra Monteoliva (@AleMonteoliva) April 8, 2026
Nuevos implicados y medidas judiciales
La investigación también permitió detectar la participación de otro menor vinculado a estos grupos digitales. El joven fue detenido mientras circulaba por la Ruta Nacional 11 junto a sus padres.
En su domicilio se realizaron allanamientos donde se secuestraron dispositivos electrónicos y material relacionado con estas subculturas.
Además, los peritajes sobre el celular del atacante resultaron claves para establecer conexiones y reconstruir el entramado digital en el que se movía.
Un fenómeno global que excede fronteras
Las autoridades insistieron en que el problema no puede analizarse únicamente desde lo local. “No tiene que ver con lo que pueda suceder en una comunidad, escuela, provincia o país”, sostuvo Pullaro, sino con una lógica global que encuentra en internet su principal espacio de expansión.
En ese sentido, Monteoliva remarcó la necesidad de una respuesta integral: “Una respuesta a este tipo de casos excede e involucra a todas las partes: familia, escuela, educadores, comunicadores. Todos tenemos una función que cumplir”.
Otra línea de preocupación: el fenómeno incel
Durante la investigación también surgió otro dato relevante: en algunos casos, estos grupos digitales se vinculan con el movimiento incel (célibes involuntarios), caracterizado por el odio hacia las mujeres y hacia quienes mantienen relaciones afectivas.
Según Díaz, este tipo de ideología puede escalar hacia conductas violentas, lo que suma un nuevo nivel de alarma dentro de estas comunidades.
Un caso que marca un antes y un después
Mientras la causa judicial continúa en curso y se analizan más dispositivos electrónicos, el caso de San Cristóbal ya es considerado un punto de inflexión.
“Es un fenómeno nuevo, diferente, que tenemos que abordar”, advirtió Pullaro.
El desafío ahora, coinciden las autoridades, será anticiparse a este tipo de dinámicas antes de que vuelvan a traducirse en hechos de violencia en el mundo real.
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, adquirió en noviembre de 2025 un departamento en el barrio porteño de Caballito por USD 230.000, según consta en el Registro de la Propiedad Inmueble. La operación, formalizada el 18 de ese mes, quedó asentada en la escritura de compraventa y forma parte de un expediente judicial que busca determinar la evolución patrimonial del funcionario.
La vivienda, de casi 200 metros cuadrados, pertenecía previamente a dos mujeres que la habían comprado meses antes. Las vendedoras, Beatriz Viegas (72 años) y Claudia Sbabo, no solo transfirieron el inmueble sino que además financiaron la mayor parte de la operación: otorgaron un crédito hipotecario por USD 200.000, equivalente a cerca del 90% del valor total.
Según el informe registral, cada una aportó el 50% del préstamo y quedó como acreedora en partes iguales. Este esquema permitió completar la adquisición del inmueble con un financiamiento poco habitual en el mercado inmobiliario, donde los créditos privados de este tipo son excepcionales.
En paralelo, fuentes judiciales confirmaron que el fiscal federal Gerardo Pollicita solicitó una serie de medidas de prueba en el marco de una causa por presunto enriquecimiento ilícito. El expediente, a cargo del juez Ariel Lijo, apunta a reconstruir la situación patrimonial, financiera y registral de Adorni y su entorno familiar.
Entre las medidas solicitadas se incluyen pedidos de información a registros de la propiedad, organismos de control y entidades financieras, con el objetivo de detectar activos no declarados o inconsistencias en las declaraciones juradas.
La investigación se originó a partir de una denuncia de la diputada Marcela Pagano, quien advirtió un incremento patrimonial del 500% en un período fiscal. Según la presentación, existirían diferencias entre las declaraciones juradas del funcionario, con omisiones de activos financieros, depósitos en el exterior por más de $16 millones y la incorporación de USD 24.500 en efectivo.
Además de la propiedad en Caballito, la Justicia analiza la compra de un inmueble en el country Indio Cuá Golf Club, en Exaltación de la Cruz, que figura a nombre de su esposa, Julieta Bettina Angeletti. Registros internos del barrio privado indican que las expensas del lote comenzaron a emitirse a nombre de la cónyuge, lo que podría evidenciar una titularidad o posesión no declarada.
En su última declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción, Adorni informó la titularidad del 50% de un departamento en la Ciudad de Buenos Aires y el 100% de otro en La Plata, pero no incluyó propiedades en countries ni nuevas adquisiciones recientes.
El informe de dominio del departamento de Caballito también detalla que la operación fue posible gracias al crédito otorgado por las propias vendedoras, un mecanismo que ahora es analizado por los investigadores para determinar el origen de los fondos y posibles vínculos entre las partes.
En paralelo, trascendieron cuestionamientos sobre el valor declarado del inmueble, que podría estar por debajo de los precios de mercado para propiedades similares en la zona, lo que abre otra línea de análisis dentro de la causa judicial .
La fiscalía remarcó la necesidad de verificar “toda situación patrimonial, crediticia, registral, societaria, dominial y económica” del funcionario y su entorno. Por el momento, no hay resoluciones judiciales, pero se espera que en las próximas semanas se incorporen nuevos elementos que permitan esclarecer la consistencia de su patrimonio.
A 17 meses de la muerte de Juanita Milagros Sirimarco Díaz, la causa judicial que había sido archivada dio un giro decisivo: la Cámara de Apelaciones de Misiones anuló esa resolución y ordenó que la investigación continúe. El cambio reactiva un expediente que había generado fuerte conmoción social y vuelve a poner el foco en las responsabilidades en torno al fallecimiento de la adolescente de 13 años.
Juanita, estudiante del Instituto Cristiano República Argentina de Posadas, falleció en octubre de 2024 tras sufrir un shock séptico derivado de un cuadro de influenza B. La descompensación ocurrió luego de regresar de un viaje de egresados en Villa Carlos Paz, Córdoba, y tras varios días de internación en el Hospital de Pediatría Fernando Barreyro.
CLAVES DEL CASO JUANITA
Víctima: Juanita Sirimarco, 13 años
Fecha del fallecimiento: Octubre de 2024
Causa médica: Shock séptico por influenza B
Contexto: Regreso de viaje de egresados en Carlos Paz
Primera decisión judicial: Archivo de la causa
Nuevo fallo: Cámara anuló el archivo
Situación actual: La investigación continúa
Estado procesal: Sin imputados por el momento
La causa había sido archivada en primera instancia bajo el argumento de que no existía delito. Sin embargo, la querella, en representación de la familia, apeló esa decisión. La Cámara revisó el expediente y concluyó que había elementos probatorios que no fueron correctamente valorados.
“El archivo queda sin efecto. La Cámara entendió que existían pruebas que no habían sido analizadas conforme a la sana crítica racional y por eso ordenó dictar una nueva resolución acorde a derecho”, explicó el abogado querellante de la familia, Miguel Cassettai, en diálogo con Open 101.7.
El fallo implica que el expediente volverá al juzgado de instrucción de origen y se reabrirá la etapa investigativa. A partir de ahora, el juez deberá emitir un nuevo dictamen teniendo en cuenta los elementos señalados por el tribunal de alzada.
Según detalló Cassettai, la estrategia de la querella podría incluir el pedido de apartamiento del magistrado que intervino inicialmente. “Entendemos que ya adoptó una postura previa. Buscamos que otro juez, con una mirada imparcial, evalúe las pruebas”, señaló.
CRONOLOGÍA DEL CASO
2024: Viaje de egresados a Carlos Paz
Octubre 2024: Fallecimiento tras internación
2025: Investigación y posterior archivo
2026: Apelación de la familia
Marzo 2026: La Cámara anula el archivo
En esta etapa del proceso -la instrucción- no se requieren certezas absolutas sino la “probabilidad” de que haya existido un hecho con relevancia penal. De confirmarse ese umbral mínimo, la causa podría avanzar hacia la formulación de imputaciones y eventualmente a un juicio oral.
Por el momento, no hay personas imputadas en el expediente. “Al no haberse configurado aún un delito, no existen imputaciones formales. Recién si el nuevo análisis determina que hay elementos suficientes, se avanzará en ese sentido”, aclaró el letrado.
El fallo de la Cámara no solo evita el cierre definitivo del caso, sino que habilita nuevas líneas de investigación en torno a las condiciones del viaje, los controles sanitarios y las responsabilidades de los adultos a cargo.
“Es una noticia muy importante porque permite que la causa continúe. Nosotros siempre agotamos todas las instancias cuando entendemos que hay elementos que deben ser analizados”, remarcó Cassettai.
El caso de Juanita marcó además un punto de inflexión en la organización de viajes escolares. Según el abogado, a partir de lo ocurrido se comenzaron a implementar mayores medidas de seguridad, como la presencia de personal de salud en contingentes estudiantiles.
Con la causa nuevamente en marcha, la expectativa de la familia se centra ahora en que la Justicia avance en la determinación de responsabilidades y esclarezca las circunstancias que rodearon la muerte de la adolescente.
