investigación judicial

La defensa de Cerimedo sostiene que fue un “autoatentado”, mientras la Justicia boliviana avanza sobre la investigación

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La causa por el ataque a tiros contra Nadia Beller en Santa Cruz de la Sierra sumó este miércoles una nueva controversia, luego de que la defensa de Fernando Cerimedo planteara públicamente que el episodio pudo haber sido un “autoatentado” y rechazara cualquier responsabilidad de su representado. La hipótesis, formulada por la abogada del asesor político, deberá ser contrastada con la evidencia que reúna la investigación judicial en Bolivia.

“Creemos que ha sido un autoatentado”, sostuvo la defensora durante una entrevista televisiva, al cuestionar el relato de Beller y afirmar que “no hay ni una sola prueba” que vincule a Cerimedo con el ataque. La letrada también aseguró que su cliente “no tiene idea de quién pudo haberla atacado” y sostuvo que el episodio habría sido organizado con anticipación con el objetivo de generar inestabilidad política.

La acusación adquiere una dimensión política por el vínculo de Cerimedo con el escenario electoral boliviano. El asesor, que tuvo relación con La Libertad Avanza en Argentina, mantiene actualmente un vínculo cercano con Rodrigo Paz Pereira, presidente de Bolivia. Beller, por su parte, señaló a Cerimedo como presunto autor intelectual del ataque luego de ser baleada por dos hombres que, según su denuncia, vestían uniformes de una empresa de delivery.

La investigación judicial busca determinar qué ocurrió efectivamente y quiénes participaron del ataque. La fiscal Yolanda Aguilera ordenó peritar el teléfono celular y la computadora que estaban en poder de Cerimedo cuando fue detenido en el aeropuerto de Santa Cruz de la Sierra. El acusado habría entregado voluntariamente las claves necesarias para acceder a los dispositivos, por lo que el análisis del contenido digital puede convertirse en una pieza relevante para establecer comunicaciones, movimientos y eventuales vínculos con el episodio.

La Fiscalía de Santa Cruz también anticipó que solicitará hasta 180 días de prisión preventiva para Cerimedo, acusado de presunta participación en el intento de femicidio. La decisión final quedará en manos de un juez, que deberá evaluar tanto los elementos reunidos por los investigadores como los argumentos de la defensa.

Mientras la causa avanza, el estado de salud de Beller también incorporó nuevos elementos al expediente. La mujer, de 33 años, permanece internada en una clínica de Santa Cruz de la Sierra luego de recibir múltiples impactos de bala. El parte médico consignó heridas en la mama derecha, el brazo derecho, el cuello y el hombro izquierdo, además de una fractura expuesta y conminuta del húmero derecho.

Beller debió ser sometida a una intervención quirúrgica para tratar la fractura y también se le extrajeron dos esquirlas de proyectil. Los estudios médicos detectaron además un cuerpo extraño en la región infraclavicular derecha y otra herida compatible con un proyectil en la zona supraclavicular izquierda. De acuerdo con el parte difundido, se encontraba lúcida, estable desde el punto de vista hemodinámico y sin signos de insuficiencia respiratoria.

El informe médico confirmó además que Beller cursa un embarazo inicial de entre cuatro y seis semanas. La evaluación ginecológica y una ecografía abdominal no detectaron lesiones en órganos intraabdominales ni presencia de líquido libre.

La defensa también intentó relativizar la relación entre Cerimedo y Beller y rechazó las acusaciones de violencia previa. La abogada sostuvo que no se trataba de una pareja formal y cuestionó el valor probatorio de fotografías y conversaciones que eventualmente pudieran incorporarse al expediente. Esos elementos, al igual que los dispositivos electrónicos secuestrados, deberán ser sometidos al análisis judicial correspondiente.

El caso quedó así atravesado por dos dimensiones que deberán avanzar por carriles diferentes: la investigación penal sobre el ataque y sus responsables y la disputa política alrededor de las acusaciones formuladas por las partes. Por ahora, la hipótesis del “autoatentado” pertenece al planteo de la defensa y no constituye una conclusión de la investigación.

El desafío para la Justicia boliviana será reconstruir la secuencia del ataque a partir de evidencia verificable: peritajes balísticos, registros de cámaras, análisis de comunicaciones, información de los dispositivos electrónicos y testimonios. En una causa con implicancias políticas y una víctima gravemente herida, la trazabilidad de esas pruebas será determinante para separar las hipótesis de los hechos acreditados.

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En la era Javier Milei, el Banco Nación otorgó 1.120 créditos hipotecarios a personas políticamente expuestas

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La polémica por los créditos hipotecarios otorgados por el Banco Nación a funcionarios y dirigentes vinculados al Estado sumó un nuevo capítulo. Según información obtenida a través de un pedido de acceso a la información pública, la entidad financiera concedió 1.120 créditos hipotecarios a Personas Expuestas Políticamente (PEP) entre enero de 2024 y marzo de 2026, sobre un total de 25.391 operaciones realizadas en ese período. Esto implica que aproximadamente uno de cada 23 préstamos fue otorgado a integrantes de una categoría sometida a controles especiales por parte de la Unidad de Información Financiera (UIF).

El dato permite dimensionar por primera vez la magnitud de una operatoria que comenzó a ser observada tras conocerse que varios funcionarios nacionales habían accedido a créditos millonarios del Banco Nación. Entre los casos que trascendieron públicamente figuran el director del Banco Central, Pedro Inchauspe; el asesor del Ministerio de Economía, Felipe Núñez; el secretario de Finanzas, Federico Furiase; y el ex jefe de Gabinete del Ministerio de Capital Humano, Leandro Massaccesi.

La controversia excede a esos nombres. El universo de Personas Expuestas Políticamente incluye a funcionarios de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, magistrados, fiscales, autoridades militares, embajadores y otros cargos jerárquicos, además de familiares directos y ex funcionarios alcanzados por la normativa de la UIF. Sin embargo, también deja fuera a algunos cargos relevantes dentro de la estructura estatal, por lo que el número informado podría no abarcar a todos los beneficiarios con vínculos con la administración nacional.

Uno de los puntos más cuestionados es la modificación introducida por el Banco Nación en septiembre de 2024 en la línea hipotecaria “+ Hogares”. La actualización incorporó expresamente entre los potenciales beneficiarios a los “cargos políticos designados por resolución o electivos”, una definición que no figuraba en la normativa vigente durante la gestión anterior. Esa modificación motivó una denuncia presentada por la diputada nacional Mónica Frade, que actualmente tramita en el juzgado federal a cargo de María Eugenia Capuchetti.

El Gobierno intentó relativizar el impacto del caso. El ministro de Economía, Luis Caputo, sostuvo que los funcionarios involucrados representan una porción mínima del total de créditos otorgados. Sin embargo, la información oficial entregada por el Banco Nación muestra que la cantidad de beneficiarios alcanzados por la categoría PEP es significativamente superior a los casos que se conocieron públicamente.

La investigación judicial busca determinar si existieron irregularidades en el otorgamiento de esos préstamos y si la modificación de la normativa pudo favorecer a determinados sectores de la administración pública. Paralelamente, continúan las investigaciones y pedidos de información sobre la evolución patrimonial de algunos funcionarios nacionales que accedieron a estas líneas crediticias. Entre ellos figura el vocero presidencial Manuel Adorni, cuyo incremento patrimonial sigue bajo análisis público y judicial, aunque hasta el momento no existe una resolución que determine irregularidades.

Más allá de las definiciones judiciales futuras, el dato central es que los créditos otorgados a Personas Expuestas Políticamente no constituyen casos aislados. La información oficial revela una operatoria de alcance mucho más amplio dentro de un universo regulado y monitoreado por el propio sistema financiero, reabriendo el debate sobre los criterios de acceso al crédito en el principal banco público del país.

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El country de Adorni: contratista ratificó cobros por US$245 mil

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La causa judicial que investiga al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por presunto enriquecimiento ilícito sumó un nuevo elemento de peso: el fiscal Gerardo Pollicita confirmó que los comprobantes presentados por el contratista Matías Tabar coinciden con los 245 mil dólares que declaró haber recibido por las obras de remodelación realizadas en la vivienda del funcionario, ubicada en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz.

La documentación fue entregada el viernes pasado, cuando Tabar se presentó espontáneamente ante la fiscalía de Comodoro Py. Allí aportó recibos y facturas vinculadas a la compra de materiales y al pago de mano de obra utilizada durante la obra. Según trascendió, todos los comprobantes coinciden con el monto señalado en su primera declaración.

De acuerdo con el testimonio del empresario, los trabajos fueron abonados en efectivo y sin factura por parte de Adorni. Además, detalló el cronograma de ejecución y la modalidad de pago utilizada durante los casi diez meses que demandó la remodelación.

Las refacciones se habrían desarrollado entre septiembre de 2024 y julio de 2025 sobre una propiedad asentada en un lote de 400 metros cuadrados. Las tareas incluyeron colocación de pisos, arreglos en baño y cocina, construcción de mobiliario para el quincho y reparaciones en la pileta.

Tabar, socio del estudio Alta Arquitectura, sostuvo que el funcionario canceló la totalidad de la obra en dos etapas: una primera entrega de 55 mil dólares durante 2024 y otros 190 mil dólares abonados a lo largo de 2025.

Otro dato que llamó la atención de los investigadores es que, mientras se realizaban las refacciones, Adorni habría alquilado otra vivienda dentro del mismo country. Según el contratista, ese gasto adicional alcanzó los 13 mil dólares durante el período que duraron los trabajos.

Como parte del expediente, Tabar también entregó su teléfono celular a la Justicia y brindó detalles sobre las personas que participaron en la obra: albañiles, plomeros y electricistas. Esa información podría resultar clave para reconstruir la trazabilidad de los pagos y verificar si los desembolsos declarados guardan consistencia con la evolución patrimonial del funcionario.

La causa apunta a determinar el origen de los fondos utilizados por Adorni tanto para la compra como para la remodelación de sus propiedades. En concreto, la Justicia intenta establecer si esos gastos resultan compatibles con los ingresos declarados por el actual jefe de Gabinete durante los últimos años.

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Imputaron a Demian Reidel por los gastos de lujo con tarjetas de crédito en Nucleoeléctrica

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El fiscal federal Ramiro González impulsó una investigación penal contra Demian Reidel, ex presidente de Nucleoeléctrica Argentina S.A. y ex asesor del presidente Javier Milei, por presuntos gastos de carácter particular realizados con tarjetas corporativas de la empresa estatal durante el período en que estuvo al frente de la compañía. Milei lo considera un “amigo personal” y lo ha definido como uno de sus hombres de mayor confianza en temas económicos y tecnológicos.

La investigación también alcanza a integrantes del Directorio, de la Sindicatura y a los titulares y usuarios de la cuenta corporativa N° 338402 emitida a nombre de Nucleoeléctrica Argentina S.A., en una causa que quedó a cargo del juez federal Daniel Rafecas.

En su requerimiento de instrucción, el fiscal solicitó determinar si existieron “irregularidades penalmente relevantes en la utilización y administración” de esa tarjeta corporativa durante el período comprendido entre marzo de 2025 y febrero de 2026.

La denuncia surgió a partir del informe de gestión presentado en la Cámara de Diputados por el jefe de Gabinete Manuel Adorni, donde se incorporó un “Reporte Tarjeta Corporativa Nucleoeléctrica Argentina S.A.” elaborado como respuesta a un pedido de acceso a la información formulado por la diputada Florencia Carignano.

Según la presentación judicial, el reporte exhibía consumos que podrían resultar ajenos al objeto social y a la finalidad institucional de la empresa. Además, el fiscal advirtió que el informe no identificaba al titular ni al usuario responsable de cada operación, ni aclaraba si los gastos habían sido realizados con una única tarjeta o mediante plásticos adicionales, ni incluía una rendición documentada que justificara el destino institucional de cada erogación.

Entre los gastos observados figuran 45 compras en free shops por un total de 5.957 dólares y 1,1 millones de pesos; 13 pagos a la firma Mar y Sombra SL, una empresa de servicios de playa en Valencia, por 212 dólares; además de transferencias por Mercado Pago, hoteles, pasajes aéreos, indumentaria y consumos en distintos países.

También aparecen adelantos en efectivo por 56 millones de pesos y gastos en el pub El Pirata, de Madrid, por 765 dólares.

La denuncia original fue presentada por la diputada nacional Marcela Pagano, quien sostuvo que incluso si los gastos hubiesen estado vinculados a viajes oficiales, los consumos resultarían incompatibles con el régimen normativo vigente en materia de viáticos.

La fiscalía también remarcó que Nucleoeléctrica Argentina es una sociedad anónima con participación estatal mayoritaria, por lo que se atribuyó responsabilidad no solo a Reidel, sino también a los miembros del Directorio, la Sindicatura y los responsables del control interno de gastos corporativos, por una presunta omisión en el cumplimiento de sus deberes de control, vigilancia y autorización.

La investigación apunta a posibles delitos de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, peculado, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con la función pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Como primeras medidas de prueba, el fiscal pidió incorporar el reporte cuestionado, identificar a todos los titulares y usuarios autorizados de la cuenta corporativa y requerir al banco emisor el detalle completo de las operaciones realizadas, incluyendo fecha, comercio, concepto e importe de cada consumo. También solicitó conocer la cantidad de plásticos asociados a la cuenta y determinar quién utilizó cada uno de ellos.

La causa suma un nuevo frente judicial para uno de los ex funcionarios más cercanos al núcleo económico del oficialismo, en medio de un escenario de fuerte escrutinio sobre el uso de recursos públicos dentro de empresas estatales.

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Paraguay intensifica operativo por millonario faltante tras caída de avión de caudales y crecen dudas sobre la investigación

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Una fuerza conjunta de fiscales y policías de Paraguay avanzó este miércoles con allanamientos en Minga Guazú, a pocos kilómetros de la frontera con Brasil, en busca de US$ 1,3 millón y R$ 4 millones desaparecidos tras la caída de un avión el sábado pasado. El operativo, ordenado por la Justicia y ejecutado en cinco viviendas del km 26 de la ruta PY02, no arrojó resultados, pero dejó una tensión latente: ¿se trata de un robo común o de un episodio más complejo que involucra fallas en los controles posteriores al siniestro?

El dato no es menor. El dinero era transportado por una aeronave vinculada a una empresa de caudales y su desaparición, confirmada recién el lunes por la tarde, abre un frente sensible en materia de seguridad y credibilidad institucional en una zona clave para el comercio regional.

Investigación bajo la lupa: foco en vecinos y vacíos en el procedimiento

El procedimiento fue encabezado por el Ministerio Público paraguayo, con orden judicial, y se concentró exclusivamente en familias de bajos recursos que viven cerca del lugar del accidente. Según el informe oficial, los allanamientos no encontraron evidencia vinculada al presunto robo, aunque las autoridades aseguran contar con información relevante para continuar la pesquisa.

El punto crítico no es solo la falta de resultados. La decisión de poner el foco en quienes primero asistieron a las víctimas —y no en otros actores que también estuvieron en el lugar desde el inicio— introduce un interrogante institucional. Policías, funcionarios del Ministerio Público, personal de la empresa de transporte de valores y bomberos no fueron incluidos en las medidas de verificación.

A esto se suma un dato que reconfigura la escena: la desaparición del dinero fue reportada dos días después del accidente. Ese desfase temporal instala dudas sobre lo ocurrido en las horas posteriores a la caída y abre la puerta a una hipótesis que ya circula en el expediente: la posibilidad de un fraude vinculado a la cobertura del seguro.

El accidente: una caída con impacto controlado y consecuencias abiertas

La aeronave, un Cessna 402B, se precipitó el sábado alrededor de las 15:30, a unos 700 metros del Aeropuerto Internacional Guaraní. Había despegado con destino a Asunción, pero tras registrar fallas mecánicas intentó regresar. En la maniobra final perdió potencia, impactó contra árboles y cayó parcialmente sobre una vivienda desocupada.

El piloto murió en el acto, mientras que tres ocupantes —dos de ellos empleados de la empresa transportadora de valores— resultaron heridos y fueron asistidos inicialmente por vecinos antes de la llegada de los equipos de emergencia. El incendio posterior fue controlado rápidamente.

El episodio, en sí mismo, ya implicaba un hecho grave. Sin embargo, la desaparición del dinero transformó el accidente en un caso de alto voltaje político y judicial.

Credibilidad en juego y tensión en la frontera

El desarrollo de la investigación empieza a impactar en dos planos. Por un lado, en la percepción de imparcialidad del sistema judicial paraguayo, ante cuestionamientos por el criterio selectivo de los allanamientos. Por otro, en la seguridad de las operaciones logísticas en una región donde circulan bienes, divisas y servicios entre Paraguay, Brasil y Argentina.

El faltante de dinero, sumado a la demora en su denuncia, coloca bajo presión a los actores involucrados en la cadena de custodia. No hay definiciones, pero sí señales de fragilidad en los mecanismos de control.

Para una provincia como Misiones, con fuerte vinculación comercial y territorial con el área del suceso, el caso no es ajeno. La dinámica fronteriza amplifica cualquier episodio que involucre transporte de valores, seguridad y circulación de capitales.

Entre el delito común y una trama más compleja

La investigación sigue en curso, pero el eje ya no es solo encontrar el dinero. También será clave reconstruir la secuencia posterior al accidente y determinar quién tuvo acceso real a la carga.

En las próximas semanas, el avance —o estancamiento— de la causa podría redefinir el enfoque: desde un robo puntual hasta un caso con implicancias institucionales más profundas.

Por ahora, el expediente deja más preguntas que certezas. Y en esa zona gris, donde se cruzan frontera, logística y control estatal, es donde se juega el verdadero alcance del caso.

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