En medio de las protestas de productores yerbateros por el derrumbe de precios como consecuencia de la desregulación del mercado yerbatero que impuso el presidente Javier Milei, el Congreso de la Nación comenzará a analizar dos iniciativas clave para el sector. Se trata de un proyecto de ley que busca restituir las atribuciones del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) que fueron eliminadas por el denominado “Mega DNU” del presidente Javier Milei, y un proyecto de resolución que reclama al Poder Ejecutivo la designación de su representante en el organismo y la actualización de la tasa que lo financia.
Ambas propuestas llegan en un contexto de profunda preocupación en el sector productivo, que denuncia la falta de intervención estatal en la regulación del mercado, lo que ha derivado en una caída del precio que reciben los productores. Actualmente, el precio de la materia prima se paga muy por debajo del costo de producción, mientras las exportaciones de yerba mate crecen exponencialmente.
El proyecto de ley impulsado por la diputada Julia Strada, plantea la derogación del artículo 165 del DNU 70/2023, que eliminó atribuciones fundamentales del INYM, como la posibilidad de fijar precios de la materia prima y regular la producción. De aprobarse, el INYM recuperaría la facultad de:
- Compilar estadísticas y realizar censos sobre la producción, industrialización y comercialización de la yerba mate.
- Regular el equilibrio entre oferta y demanda, estableciendo medidas en conjunto con la Secretaría de Agricultura, como la resolución 170 que puso límites a las nuevas plantaciones.
- Definir precios de referencia en base al costo de producción y al valor de venta al consumidor.
El proyecto cuenta con el respaldo de los diputados Nancy Sand, Christian Zulli, Jorge Antonio Romero, Gustavo Bordet, Martín Soria, Hilda Aguirre, Blanca Osuna, Ana María Ianni, Jorge Ricardo Herrera, Juan Manuel Pedrini, Andrea Freites, Roxana Monzón y Carlos Castagneto, quienes impulsan la iniciativa para restituir las atribuciones del INYM y normalizar su funcionamiento en defensa de los pequeños productores yerbateros. Además, de sectores productivos y legisladores que advierten que, sin una regulación efectiva, los pequeños productores quedan a merced de las grandes industrias, que hoy compran la materia prima a precios de remate.
En paralelo, se presentó un proyecto de resolución que complementa el de ley y exige al Gobierno que normalice el funcionamiento del INYM, hoy paralizado por falta de designaciones y de financiamiento. Desde que comenzó la actual gestión, el Poder Ejecutivo no ha nombrado a su representante en el directorio del organismo, lo que impide su correcto funcionamiento. Además, el Gobierno no ha actualizado la tasa de inspección y fiscalización, fuente de financiamiento clave para el INYM.
“Es urgente que el Ejecutivo cumpla con su obligación y garantice el funcionamiento del INYM. No designar a su representante ni actualizar la tasa es una manera de asfixiarlo y dejar el mercado a merced de las grandes empresas”, señalaron los impulsores del proyecto.
En una entrevista con Open1017, Strada explicó los alcances de ambos proyectos y destacó la gravedad de la crisis yerbatera: “En virtud de las horas tremendas que está atravesando la provincia con las protestas de los productores, es urgente que el INYM intervenga fijando un precio que sea digno para reponer los costos y permitir que la actividad funcione. Hoy tenemos una crisis de la actividad económica yerbatera. Son dos proyectos distintos: uno para restituir las atribuciones del INYM y otro para que el Gobierno conforme el directorio, cosa que no ha hecho”.
Consultada sobre las posibilidades de que la iniciativa avance en el Congreso, Strada detalló el proceso legislativo: “Todo proyecto de ley tiene dos caminos. El primero es el camino tradicional de las comisiones: economías regionales, presupuesto, justicia y asuntos constitucionales. Pero para eso el Congreso tiene que funcionar. Hoy en día la decisión del presidente Milei es que no funcione”.
A pesar de este escenario, la diputada señaló que se intentará tratar la iniciativa sobre tablas en la sesión del 12 de marzo. “En ese caso necesitamos dos tercios del recinto, es decir, el apoyo de legisladores de distintos sectores políticos. Todos aquellos que quieran enfrentarse a la extorsión de Milei sobre las provincias pueden acompañar este proyecto, que ni siquiera deroga la totalidad del DNU 70, sino solo los artículos más dañinos para el sector”.
Strada también subrayó que muchos legisladores desconocen el impacto que tiene la falta de precios en la producción yerbatera: “Cuando hablo con diputados que no son de Misiones o Corrientes, se sorprenden al enterarse de que los productores no tienen un precio mínimo garantizado. Es algo que hay que explicar y hacer visible en el Congreso”.
Crisis en el sector: caída de precios y concentración industrial
La preocupación de los productores tiene fundamento en datos alarmantes del sector. Según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), al que pertenece Strada, en 2024 las exportaciones de yerba crecieron un 27% respecto al año anterior, pero el consumo interno cayó un 9,3%, consolidando el peor registro en los últimos ocho años.
Además, la estructura del sector está marcada por una gran desigualdad:
- La producción primaria está atomizada en más de 12.000 pequeños productores.
- El 41% de la producción industrial está concentrada en solo tres empresas.
A esto se suma que, pese a la inflación, el precio de la tonelada de yerba mate no se actualizó desde marzo de 2024, lo que representa una pérdida de al menos 70% en términos reales.
Según el mismo informe de CEPA, los productores reciben apenas 4,5% del precio final de la yerba en góndola, la cifra más baja desde 2019. Mientras tanto, el Gobierno redujo impuestos a la importación de yerba, lo que favoreció la compra de materia prima del exterior y afectó aún más a los productores nacionales.
El conflicto llegó a la Justicia. En enero de 2024, un juzgado de Misiones suspendió el capítulo del DNU referido al INYM, en respuesta a un reclamo de pequeños productores. La medida fue confirmada en abril por la Cámara Federal de Posadas, pero el Gobierno apeló ante la Corte Suprema, donde la cuestión sigue pendiente de resolución.
En el plano legislativo, el Senado rechazó el Mega DNU en marzo, pero la Ley 26.122 establece que debe ser rechazado por ambas cámaras para su derogación total. Por ello, el nuevo proyecto de ley apunta a restituir de inmediato las facultades del INYM, sin esperar una definición sobre el resto del decreto.El debate sobre el INYM es un capítulo clave en la crisis yerbatera. Mientras los productores exigen un precio justo y reglas claras para competir, el Gobierno mantiene una postura de desregulación absoluta, favoreciendo la concentración del mercado.
