El Gobierno nacional decidió cerrar la disputa administrativa que abrió el sector de los talleres de verificación técnica vehicular y ratificó la reforma del sistema de Revisión Técnica Obligatoria (RTO) impulsada en 2025. A través del Decreto 139/2026, firmado el 6 de marzo y publicado el 9 de marzo en el Boletín Oficial, el presidente Javier Milei rechazó el reclamo presentado por la Cámara Argentina de Talleres de Revisión Técnica de Vehículos de Autotransporte Interjurisdiccional y por más de veinte empresas y particulares vinculados al sector.
La decisión tiene un alcance político claro: el Ejecutivo reafirma la desregulación del mercado de revisiones técnicas y mantiene sin cambios el esquema introducido por el Decreto 196/2025, que amplió los plazos de inspección para vehículos nuevos y eliminó restricciones históricas al funcionamiento de los talleres. Detrás del expediente administrativo aparece una discusión más amplia sobre cuánto mercado y cuánta regulación debe tener el sistema de control vehicular.
Con el rechazo formal del reclamo, el Gobierno no solo mantiene la reforma sino que cierra la vía administrativa para los demandantes, que ahora deberán acudir a la Justicia si pretenden frenar el nuevo modelo.
La reforma de la RTO que el Gobierno decidió sostener
El conflicto se originó tras el dictado del Decreto 196/2025, que modificó la reglamentación de la Ley de Tránsito y Seguridad Vial N.º 24.449. Esa norma introdujo cambios estructurales en el sistema de revisiones técnicas de vehículos.
Entre los puntos centrales de la reforma que ahora quedaron ratificados se destacan:
- Extensión del plazo de la primera revisión para vehículos 0 km de 3 a 5 años desde el patentamiento.
- Revisión cada dos años para vehículos de hasta 10 años de antigüedad.
- Eliminación de la posibilidad de que las jurisdicciones limiten la cantidad de talleres o fijen tarifas obligatorias.
- Apertura del sistema para que más prestadores puedan ofrecer el servicio, siempre que cumplan los requisitos técnicos.
- Eliminación del Informe de Configuración de Modelo (ICM) para vehículos modificados, en línea con una política de simplificación administrativa.
Para el Gobierno, estas medidas buscan reducir costos para los usuarios, ampliar la oferta de servicios y concentrar los controles en vehículos más antiguos, donde el riesgo técnico es mayor.
La Cámara empresaria que representa a talleres de revisión técnica sostuvo lo contrario: argumentó que la reforma podría afectar la seguridad vial, debilitar la trazabilidad del mantenimiento y generar conflictos de interés si concesionarias o talleres que reparan vehículos también realizan inspecciones.
El argumento oficial: competencia y modernización del sistema
En el decreto que rechaza el reclamo, el Ejecutivo defendió la reforma con una lógica coherente con su agenda económica.
El Gobierno sostiene que la extensión de los plazos responde a la evolución tecnológica del parque automotor, cuyos componentes tienen mayor durabilidad y menor tasa de fallas en los primeros años de uso.
Además, citó informes técnicos de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y de la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial, que concluyen que la mayoría de los siniestros viales se explica por factores humanos —como exceso de velocidad o alcohol— y no por fallas mecánicas.
En ese marco, el Ejecutivo sostiene que mantener revisiones tempranas implicaba destinar recursos a vehículos de bajo riesgo, mientras que el nuevo esquema permitiría concentrar controles donde el deterioro mecánico es más probable.
El decreto también reivindica explícitamente la lógica de apertura de mercado: eliminar restricciones a la cantidad de talleres y a los precios busca, según el Gobierno, incrementar la competencia y evitar distorsiones en los valores del servicio.
Un choque entre modelo regulatorio y actores del sector
El expediente refleja un choque de visiones entre el Estado y una parte del sector regulado.
La CATRAI, que agrupa talleres de revisión técnica del transporte de pasajeros y cargas, consideró que la reforma alteraba el equilibrio del sistema. Entre otras objeciones, señaló que permitir que concesionarias o importadores participen en las inspecciones podría comprometer la independencia del control.
El Gobierno respondió con una lectura diferente: sostuvo que los estándares internacionales —como los utilizados en Europa o las normas técnicas de inspección— no exigen exclusividad en la actividad, siempre que exista fiscalización adecuada sobre los procesos.
Desde esa perspectiva, el Ejecutivo argumenta que la imparcialidad del sistema no depende de la estructura empresarial de los talleres, sino del cumplimiento verificable de los protocolos técnicos.
Un capítulo más de la agenda desreguladora
La decisión también tiene una dimensión política más amplia. La defensa explícita del nuevo modelo se inscribe dentro de la lógica de reformas que el Gobierno viene impulsando desde el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, que introdujo el principio de desregulación económica en múltiples sectores.
El decreto que rechazó el reclamo retoma esa línea argumental: plantea que las restricciones al número de prestadores o a la fijación de precios funcionaban como barreras de entrada, limitando la competencia y afectando la dinámica de mercado.
En ese sentido, el conflicto con los talleres de revisión técnica aparece como uno de los primeros choques sectoriales derivados de la desregulación de servicios vinculados al transporte.
La batalla podría trasladarse a la Justicia
El Decreto 139/2026 también deja una definición institucional importante: la vía administrativa quedó agotada. Eso significa que los reclamantes solo podrán continuar el conflicto mediante acciones judiciales.
La decisión abre un nuevo escenario. Si el sector decide judicializar la reforma, la discusión podría trasladarse a tribunales y convertirse en un nuevo frente de disputa entre regulación estatal y apertura de mercados.
Mientras tanto, el sistema de revisiones técnicas seguirá funcionando bajo las reglas fijadas por el Gobierno en 2025.
La incógnita ahora no pasa solo por la seguridad vial o los costos del servicio. Lo que está en juego es si el modelo de competencia que impulsa el Ejecutivo logra consolidarse en sectores históricamente regulados o si enfrentará nuevas resistencias en los tribunales y en las jurisdicciones provinciales.
