A través del decreto 882/17, publicado hoy en el ‘Boletín Oficial’, el Gobierno de Mauricio Macri autorizó al ministerio de Energía a vender centrales eléctricas en manos del Estado. Podrá desprenderse además de participaciones accionarias que podría tener en alguna de las empresas del rubro. Estiman que con la venta de activos recaudarán US$1000 millones, que según fuentes del Ejecutivo serán utilizados en otras obras de infraestructura energética. Además, decidió la absorción de EBISA por parte de ENARSA y autorizan el cambio de nombre de esta por “Integración Energética Argentina S.A.”.
Mauricio Macri instruyó al Ministerio de Energía y Minería a vender centrales energéticas del Estado nacional que están en poder de Energía Argentina S.A. (ENARSA), a la vez que decidió cambiarle el nombre a ENARSA por “Integración Energética Argentina S.A.” y “restituirle” el nombre original a las represas hidroeléctricas ubicadas en la provincia de Santa Cruz, entre otras medidas publicadas hoy en el ‘
Boletín Oficial‘.
Hasta hoy, el Ministerio de Energía tenía bajo su órbita dos sociedades anónimas: la Empresa Binacional S.A. (EBISA) y Energía Argentina S.A. (ENARSA), aunque a partir de la publicación del decreto EBISA (que comercializa por ejemplo la energía producida por Yacyretá) será reabsorbida por ENARSA y a su vez esta última cambiará de nombre, que pasará a llamarse Integración Energética S.A. “Queremos darle un punto de quiebre y dejar el pasado de ENARSA atrás”, mencionaron desde el Ministerio que conduce Juan José Aranguren.
Según detallaron fuentes de la cartera de Energía, el objetivo de esta fusión es “lograr una mayor eficiencia, fusionarla y que maneje mejor los emprendimientos energéticos que están en este momento ejecutados por el Estado Nacional y aquellos que en un futuro puedan hacerse desde el Estado Nacional”.
Bajo esta nueva sociedad anónima, por ejemplo, estarán las represas de Santa Cruz, la Central Térmica de Río Turbio y también los gasoductos cordillerano, de la costa y el del centro, que pasa por la provincia de Santa Fe.
Además de la nueva sociedad, a través del decreto, el presidente instruyó a Aranguren a que venda algunos activos en poder de ENARSA. Según cálculos de funcionarios de ese Ministerio, podrían recaudar hasta US$1000 millones con las ventas, aunque remarcaron que son números “conservadores”.
“El sistema eléctrico nacional requiere que se continúen adoptando las medidas que permitan asegurar el adecuado suministro eléctrico a toda la población del país, para lo cual resulta conveniente propiciar la participación de terceros capaces de asumir actividades de generación y transporte en los proyectos energéticos, mientras el Estado Nacional asigna sus recursos a aquéllas que hacen al cumplimiento del cometido público estatal”, expresa el decreto entre sus considerandos.
Entre los activos que buscarán vender, según publicó hoy el diario ‘
El Cronista‘, se encuentran:
– Las centrales térmicas Barragán Ensenada y Brigadier López, que se venderán con el compromiso de que se cierre el ciclo.
– Las participaciones accionarias que tiene el Estado nacional en las cuatro centrales correspondientes al FONINVEMEM: San Martín, Manuel Belgrano, Vuelta de Obligado y Guillermo Brown.
– El 50% de la compañía Citelec, que a su vez es titular del 52% de Transener, la transportista de alta tensión.
– El 51% de las acciones que están previstas que salgan al mercado de la empresa Diositec.
– Las pequeñas participaciones accionarias en empresas, como el 8,7% que tiene de Central Puerto, el 8% de participación en TransBa, otro pequeño porcentaje en Térmica Güemes. La argumentación es porque no tiene ninguna “capacidad estratégica”, dijeron desde Energía.
Todas estas ventas, aseguraron desde el Ministerio, se hará por un proceso de licitaciones transparentes. “Acá no hay club de amigos”, remarcaron según el mismo medio.
El Estado nacional decidió estas ventas a raíz del resultado de las elecciones porque consideran que las urnas “refrendaron” una manera “de hacer la cosa pública” con un “Estado menos burocrático, menos pesado y que le cueste menos” a los ciudadanos.
