JUBILACIÓN

Anses Posadas ya trabaja en el nuevo programa que jubilará a mujeres de 60 años o más en Misiones

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El Jefe de la Udai Posadas, Mario “Pichi” Esper Perié, anunció que ya se trabaja en la implementación de la nueva medida -que tiene carácter de estricta justicia social e igualdad, según manifestó el abogado- por la cual se podrán jubilar prácticamente 300.000 mujeres en todo el país, donde se podrá descontar tiempos de aporte por hijo y así ingresar a la moratoria vigente.

El funcionario contó que el martes la directora ejecutiva del Anses, Fernanda Raverta, ratificó la noticia a los jefes regionales y a los jefes de Udai de oficina de todo el país, e instó a los distintos encargados de seccionales a poner a trabajar sus oficinas en ese sentido.

De acuerdo a lo manifestado por Esper, la Udai Posadas comenzará la semana que viene a actualizar datos y a brindar información a las mujeres mayores de 60 años para que puedan ser asesoradas si están en condiciones mediatas o inmediatas de acceder a este beneficio. A su vez, aquellas que aún no han cumplido 60 puedan acreditar sus datos para el momento que esto suceda.

En este sentido, el jefe de la Udai instó a las mujeres de 60 o más que tengan hijos y estén en condiciones de jubilarse con esta nueva medida, que concurran a la oficina (con turno previo que se saca a través de la página de Anses), con el fin de acreditar y actualizar sus datos personales.

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De pobreza cero a pobreza cien mil: análisis de la Pensión Universal para Adultos Mayores como reemplazo de la moratoria previsional

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Este informe analiza la política de otorgamiento de la Pensión Universal para Adultos Mayores (PUAM) como reemplazo de las moratorias previsionales y su impacto en relación a la línea de pobreza individual y al endeudamiento de sus beneficiarios durante los últimos 2 años.
 

Conclusiones

  • Origen de la Pensión Universal (PUAM). En octubre de 2016, con el decreto 881 y luego de la aprobación de la Ley de Reparación Histórica -Ley 27.260- , se votó la implementación de la Pensión Universal de Adultos Mayores (PUAM) como política orientada hacia aquellos/as que percibían pensiones no contributivas por vejez, que equivalía al 70% de la jubilación mínima y requería la edad de 70 años para su acceso. Desde enero de 2017 y hasta diciembre de 2018 se han incrementado en 110.711 los casos de personas mayores que perciben la PUAM.
  • Pensión Universal vs. Moratoria. Desde el gobierno se argumenta que la implementación de la PUAM tenía sentido para absorber a aquellos beneficiarios/as que percibían pensión por vejez. Sin embargo, los números oficiales de ANSES revelan que del total de 110.711 nuevos casos de PUAM, sólo el 9% corresponden a un pasaje desde la pensión por vejez. Por otro lado, si las Pensiones para Adultos Mayores alcanzaron los 110.711 casos, en contraposición, los beneficiarios/as que ingresaron en moratoria se redujeron sensiblemente: pasando de 31.485 casos en agosto de 2016 a 12.628 en diciembre de 2018.
  • Pensión Universal según género. Si observamos estos datos según género, entre enero de 2017 y septiembre de 2017 (la última fecha disponible en la base de ANSES para esta desagregación), el 74% de los/as nuevos/as pensionados/as que accedieron a la PUAM son varones. Alcanzan 38.678 casos sobre 52.268 pensionados/as en total. Esta situación se explica porque la moratoria para las mujeres tiene aún continuidad, aunque sólo hasta septiembre de 2019. Pero precisamente esta composición según género es una enorme advertencia: si efectivamente el gobierno decide discontinuar la moratoria para las mujeres sería lógico esperar un considerable incremento de titulares mujeres en la PUAM, incluso superando la composición masculina en el beneficio. Esto se ubica en línea con la participación femenina en las moratorias jubilatorias: entre 2003 y 2016 se jubilaron 1.796.439 mujeres por moratoria, más del 80% del total de los que accedieron al beneficio previsional. El fin de la moratoria no es más que la condena patriarcal hacia las mujeres trabajadoras que dedicaron toda su vida al trabajo en el hogar.
  • Cambio de paradigma. La aplicación de una pensión universal no contributiva a la vejez plantea una segmentación entre los que están adentro del mercado laboral formal, aportaron y se jubilaron en regla, y los que por no haber cumplido alguno de esos requisitos (aun si dependiera de un patrón o empleador que no quiso pagar sus aportes) no les corresponde una jubilación, entendida como un retiro después de toda una vida de trabajo y aportes. A esa población se le otorga un subsidio, un plan social, y ello constituye un concepto deslaboralizador, que se “focaliza” en las poblaciones pobres y las “atiende” específicamente según sus necesidades. En este caso el subsidio que se entrega tiene más que ver con la condición de “pobre”, que con el reconocimiento de un derecho de jubilación por ser un trabajador o una trabajadora. No hay reconocimiento de derecho, como sí lo hace la moratoria previsional.
  • “Ahorro” de ANSES. Si observamos esta decisión de reemplazo del acceso a la jubilación mínima por el otorgamiento de la PUAM en términos fiscales, la ANSES se “ahorra” 2.766 millones de pesos en un año. Esta suma equivale a poco menos de dos días de intereses generados por LELIQ por parte del Banco Central, con tasa nominal anual de 65% y una tasa efectiva anual que supera el 90%.
  • Jubilación mínima y línea de pobreza. En marzo de 2016, la jubilación mínima superaba la línea de pobreza en 40%, mientras que en la actualidad, a marzo de 2019, sólo la supera en 13%, llegando a un punto mínimo en febrero de 2019 (previo al último aumento de movilidad), cuando apenas superó la línea en 5%.
  • Pensión Universal y línea de pobreza: 100 mil pensionados/as bajo la línea de pobreza individual. El caso de las PUAM, si en marzo de 2016 ésta superaba la línea de pobreza en 12%, tres años después los montos se ubican 9% por debajo de dicha línea, con un punto mínimo en febrero de 2019 (16% por debajo de la línea de pobreza). De haberse mantenido la moratoria previsional, esas personas se encontrarían por encima de la línea de pobreza, mientras que al reemplazar la misma por la PUAM y como resultado del aumento de la CBT, estas personas hoy se consideran pobres por ingresos.
  • Créditos Argenta a los/as pensionados/as. Desde julio de 2017 el Gobierno extendió el programa de Créditos Argenta a los/as titulares de  beneficios no contributivos, es decir, Pensiones No Contributivas (PNC), Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación Universal por Embarazo (AUE), PUAM, y otras pensiones no contributivas. En el caso de la PUAM, actualmente se puede acceder a un crédito con un monto que se ubica entre $5.000 y $35.000, con una posibilidad de financiación en 24 ó 36 cuotas. En todos los casos, el monto del crédito no puede exceder el 30% del ingreso mensual del tomador.
  • CFT de los Argenta. En la actualidad, el Costo Financiero Total (CFT) efectivo anual del crédito ofrecido alcanza 52,83% tratándose de 24 cuotas y 49,60% para 36 cuotas. Esta tasa se ha ido incrementando sensiblemente, acompañando el aumento de la tasa de referencia de la política monetaria, la correspondiente a las Letras de Liquidez o LELIQ.
  • Nivel de endeudamiento de los/as pensionados/as. De los 110 mil casos de beneficiarios/as de PUAM que se registran en la actualidad, un total de 49 mil tomaron créditos en ANSES. Esto significa que la mitad de los/as beneficiarios/as de las pensiones universales está endeudada (el 45%). El monto de endeudamiento de los/as beneficiarios/as de PUAM entre julio de 2017 y diciembre de 2018 alcanza casi $1,4 mil millones. Esto representa 80% más que lo que cobran mensualmente los beneficiarios/as de PUAM, que alcanza $782 millones mensuales.
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Lenta desaceleración de la inflación en 2019

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Un informe de Ecolatina estima que la inflación no se alejará significativamente del 35% en 2019
La economía argentina convive hace más de una década con inflación elevada y persistente. Según el IPC GBA Ecolatina la inflación en los últimos 10 años promedió casi 30% anual y, salvo en 2009, nunca perforó el 20%. Producto de la elevada inercia, el aumento del nivel general de precios se ubica en una velocidad crucero cercana al 2% mensual, con aceleraciones o desaceleraciones según la evolución de los costos empresarios, entre los que se destacan el salario, el tipo de cambio, y las tarifas de servicios públicos.
El gobierno anterior utilizó al dólar y las tarifas como anclas nominales para moderar la suba de precios en los años electorales. El resultado? Inflación elevada y atraso cambiario y tarifario, los cuales condujeron a abultados déficits gemelos (externo y fiscal). En la búsqueda de recuperar el equilibrio macroeconómico, el actual gobierno levantó esas anclas al mismo tiempo que planteaba ambiciosas metas de inflación. La unificación del mercado cambiario y la corrida de 2018, los continuos y significativos aumentos en las tarifas de servicios públicos (energía y transporte) y negociaciones paritarias que no fueron consistentes con las metas de inflación planteadas por el gobierno, explicaron el importante desacople entre objetivos y realidad. En este marco, el deseo de la administración Macri de culminar su primer mandato con una inflación cercana al 5% no se cumplirá.
Las perspectivas para el año que comienza no son auspiciosas. Creemos que la inflación superará claramente el 23% estipulado en la Ley de Presupuesto 2019. Incluso si el tipo de cambio se desliza en forma controlada (hecho que dependerá de la magnitud de la dolarización pre-electoral), esperamos que la suba de precios sea más cercana al 35% que al 28,7% que estima el consenso del mercado (REM del BCRA). Esta lenta desinflación responde a la falta de un ancla nominal.
Producto del salto cambiario (que impacta sensiblemente en los costos de producción de los servicios públicos) y la necesidad de reducir subsidios para alcanzar la ambiciosa meta fiscal de equilibrio primario, el Ejecutivo ha anunciado subas de tarifas de servicios públicos que, en promedio, superan el 40%. Estas tienen un significativo impacto directo e indirecto (a través del alza de los costos de las empresas) sobre el IPC. De hecho, ambos efectos sumarán 5 puntos de inflación en 2019, elevando las expectativas de inflación de los agentes económicos.
Asimismo, los aumentos nominales de salarios (costo laboral) superarán los del año pasado: la paritaria de 2019 puede cerrar en torno a la meta oficial (20-25%), pero en los primeros meses de este año se aplican muchas cláusulas de revisión por la fuerte caída del salario real ocurrida el año pasado. De esta manera, las remuneraciones del sector privado registrado (proyectamos un incremento del 37% en 2019) liderarán el alza de los costos laborales, que treparían en torno al 35%.
La evolución del tipo de cambio tal vez sea la mayor incógnita de 2019. Sabemos que difícilmente se aleje de forma sostenida de la Zona de No Intervención (ZNI), pero lo ancho de la misma (30%) cubre con un manto de incertidumbre el valor final que alcance el dólar. El ajuste trimestral del piso y techo de la ZNI seguiría las expectativas de inflación del mercado, lo que implica en la práctica que las bandas se ajusten levemente por debajo del alza de los precios (las expectativas de inflación del mercado tienden a subestimar la magnitud del problema). Siendo, optimistas el tipo de cambio fluctuará entre el piso y el centro de la banda, lo que implica una suba cercana al 30% en 2019.
En síntesis, con costos laborales creciendo al 35%, un tipo de cambio marcando un deslizamiento de 30% y tarifas trepando en promedio más de 40%, la inflación no se alejará significativamente del 35% en 2019. Esta lenta desinflación es producto de un escenario macroeconómico más estable en relación al año pasado, pero ni siquiera será suficiente para alcanzar la inflación promedio de la última década.
Podrá el lector pensar que con un regla estricta de emisión monetaria (incremento prácticamente nulo en el primer semestre y del 1% mensual en la segunda mitad del año) esta vez será diferente. Sin embargo, durante esta administración quedó demostrado que una política monetaria dura es insuficiente para bajar la inflación: se necesita un plan integral que ataque la inercia del proceso, para lo cual será crucial coordinar las diferentes aristas de la política económica (ingresos, fiscal, monetaria y cambiaria) de forma tal de blindar la estrategia anti-inflacionaria.
Fuente Ecolatina

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