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Misiones refinanció $25.000 millones en deudas de empleados públicos y jubilados en un mes

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En apenas un mes desde su implementación, el Programa de Refinanciación de Deudas para jubilados y trabajadores públicos del Gobierno de Misiones logró reestructurar 4.000 créditos por un total de $25.000 millones, ofreciendo a miles de familias una salida a la asfixia financiera en un contexto de tasas elevadas y creciente sobreendeudamiento. La iniciativa, articulada con Banco Macro y sin costo fiscal para la Provincia, se extenderá hasta diciembre de 2025.

El programa fue lanzado en agosto por el Ministerio de Hacienda, a cargo de Adolfo Safrán, con el objetivo de atender a un sector crítico de la población: aquellos trabajadores estatales y jubilados que destinan más del 65% de sus ingresos al pago de deudas de tarjetas de crédito o préstamos. Según las estimaciones oficiales, entre el 10% y el 15% de los trabajadores públicos provinciales se encuentra en esa situación, lo que equivale a entre 9.000 y 10.000 familias en riesgo financiero.

La herramienta permite refinanciar saldos hasta en 60 meses a una tasa fija del 57%, muy por debajo de las tasas de mercado, que en algunos casos superan el 200% nominal anual. “Se trata de una medida que busca dar sostenibilidad al sistema financiero de los trabajadores, evitando que caigan en espirales de deuda impagables y brindando previsibilidad a futuro”, explicó Safrán en sus redes sociales.

Características del programa y alcances

La operatoria se articula con Banco Macro, entidad que canaliza los haberes de la mayoría de los empleados públicos y jubilados misioneros. Los beneficiarios incluyen:

  • Trabajadores provinciales en actividad.
  • Trabajadores municipales que cobran sus haberes a través de Banco Macro.
  • Jubilados y pensionados del Instituto de Previsión Social (IPS).

El plan no permite tomar nuevos créditos y excluye a quienes no estén endeudados, con el fin de garantizar que los fondos se destinen exclusivamente a ordenar las finanzas personales y no a incrementar pasivos.

En términos de cobertura, el programa está habilitado en todas las sucursales de Banco Macro y tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025, lo que le da un horizonte de más de un año de aplicación.

Impacto económico y proyección política

El alivio financiero que implica la reestructuración tiene efectos macroeconómicos y sociales directos. Por un lado, permite liberar ingresos que estaban comprometidos con deudas, lo que se traduce en mayor capacidad de consumo interno y dinamismo en la economía provincial. Por otro, refuerza el vínculo institucional entre la Provincia y los trabajadores, en un contexto nacional marcado por la volatilidad económica y la caída del poder adquisitivo.

La medida también envía una señal política: Misiones avanza en herramientas propias de estabilización financiera sin requerir transferencias adicionales del Estado nacional, mostrando autonomía de gestión y capacidad de articulación con el sistema bancario privado.

De cara a 2026, cuando el próximo presupuesto provincial ya estará en debate, este esquema de refinanciación podría servir como base para futuros programas financieros, con la posibilidad de replicarse en otras jurisdicciones ante la creciente problemática del sobreendeudamiento de los hogares.

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Benmaor presentó el presupuesto del IPS: suba del 84% y nuevas inversiones en salud

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El presidente del Instituto de Previsión Social de Misiones (IPS), Lisandro Benmaor, presentó este martes en la Comisión de Presupuesto de la Legislatura el proyecto de la institución para el 2026, que contempla un incremento del 84% respecto del año anterior. Según precisó, se trata de un presupuesto “balanceado”, que permitirá sostener las dos áreas centrales del organismo: el sistema previsional —que concentra el 60% de los recursos— y la obra social provincial.

“Venimos a mostrar, como cada año, el anteproyecto del presupuesto. En este caso, con un crecimiento del 84% que nos permitirá realizar todo lo planificado, tanto en el área previsional como en la obra social”, explicó Benmaor.

Inversiones y proyectos en salud

El titular del IPS detalló que el presupuesto incluye inversiones estratégicas en infraestructura y servicios. Entre ellas, la creación de un Centro de Audiología especializado en diagnósticos y tratamientos de hipoacusia, con equipamiento de última generación y abordajes integrales como audífonos o implantes cocleares. Además, anunció la puesta en marcha de un Centro de la Visión, destinado a estudios, diagnósticos y seguimiento de patologías oculares.

En paralelo, destacó la apertura de nuevas oficinas de oncología y derivaciones, junto con convenios con instituciones de referencia en el país, como el Hospital Güemes en Buenos Aires, además de centros en Rosario, Córdoba y Santa Fe. También mencionó la incorporación de profesionales en distintas especialidades y la adquisición de equipamiento de vanguardia en el área de kinesiología.

“Lo que nos ha caracterizado es la prevención. Con campañas masivas, charlas y talleres en toda la provincia, logramos resultados positivos en la población. A eso se suma la inauguración de nuevas oficinas y convenios con hospitales de prestigio, lo que da un salto de calidad muy importante”, subrayó.

El impacto de la falta de aportes nacionales

Benmaor advirtió sobre las dificultades derivadas de la ausencia de transferencias de la Nación en los últimos dos años.
“No se ha visto absolutamente nada de aportes nacionales. Esa ausencia tiene un impacto negativo muy importante porque nosotros trabajamos en conjunto con Salud Pública, y muchos pacientes, aun teniendo otra cobertura, terminan volcándose al IPS o al sistema provincial”, señaló.

Finalmente, insistió en que el objetivo del presupuesto 2026 es sostener el equilibrio financiero del organismo y, al mismo tiempo, avanzar en la ampliación de prestaciones para los afiliados.

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Los jubilados de Misiones perderán 115 mil millones por el veto de Milei al aumento y bono

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Considerando las proyecciones de inflación del REM-BCRA para los próximos 12 meses (sep/25 a ago/26) y la cantidad de beneficiarios titulares del Sistema Integrado Previsional Argentino (1), se estima que el veto de Milei implica una pérdida agregada de $468 mil millones mensuales para los jubilados del país.

Esta cifra alcanza $5,6 billones en los próximos 12 meses para el conjunto de 6.104.055 jubilados y jubiladas de Argentina.

Este cálculo surge de la no actualización del bono a $110.000 —que debía ajustarse luego por inflación— y de la no recomposición del 7,2% correspondiente al saldo pendiente de la inflación de enero 2024.

Esta pérdida no solo impacta directamente sobre los ingresos de un sector vulnerable, sino que también se traduce en una menor actividad económica.
(1) Boletín de estadísticas de la seguridad social a junio 2025
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Confirmaron el pago del bono extraordinario para jubilados y pensionados en julio

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El Gobierno otorga un nuevo bono previsional de $70.000 para jubilados y pensionados con haberes mínimos. La medida alcanza a beneficiarios de la ANSES, pensiones no contributivas y PUAM, y busca compensar la pérdida de poder adquisitivo acumulada hasta la aplicación de la nueva fórmula de movilidad

El Poder Ejecutivo Nacional oficializó este lunes el otorgamiento de un bono extraordinario previsional de hasta $70.000, que será abonado en julio de 2025 a los jubilados, pensionados y beneficiarios de pensiones no contributivas cuyos ingresos no superen el haber mínimo. La medida, dispuesta mediante el Decreto 444/2025, busca compensar los efectos adversos que generó la anterior fórmula de movilidad (Ley 27.609), particularmente en los sectores de menores ingresos.

La decisión se enmarca en la continuidad de un esquema de transferencias compensatorias instrumentadas desde enero de 2024, y se suma a la aplicación plena —desde julio de este año— del nuevo mecanismo de ajuste mensual de haberes, atado a la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el INDEC, tal como estableció el Decreto 274/24.

¿A quiénes alcanza el bono previsional?

El bono será abonado a quienes perciban:

  • Prestaciones contributivas del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), regido por la Ley 24.241 y sus modificaciones.
  • La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), creada por la Ley 27.260.
  • Pensiones no contributivas por vejez, invalidez, madres de 7 hijos o más, y otras pensiones graciables a cargo de la ANSES.

Para los titulares de haberes equivalentes o inferiores al mínimo previsional, el monto del bono será el total: $70.000. En el caso de beneficiarios cuyos ingresos superen el haber mínimo, el bono será equivalente al monto necesario para alcanzar el haber mínimo más los $70.000, operando como un tope compensatorio.

Según el decreto, la Ley 27.609 —vigente desde marzo de 2021 hasta junio de 2024— generó “efectos perjudiciales, principalmente sobre jubilados de menores ingresos”, debido a que no contemplaba variaciones de precios ni ajustaba los haberes frente a la inflación en tiempo real. Esa situación obligó al Ejecutivo a emitir bonos mensuales durante un año y medio.

Con la reforma de la movilidad previsional —que desde julio de 2024 se actualiza de manera mensual según el IPC—, se considera superado el desfase, aunque el Gobierno reconoció que la recuperación del poder adquisitivo aún requiere asistencia adicional para los sectores más vulnerables del sistema.

El decreto —firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello— establece que el bono tendrá carácter no remunerativo, no será sujeto a descuentos ni computable para otros beneficios. Además, la ANSES será responsable de su liquidación, control y recupero en caso de pagos indebidos, mientras que la Jefatura de Gabinete deberá ajustar las partidas presupuestarias para garantizar su implementación.

El beneficio no se duplica en casos de pensiones compartidas entre copartícipes, que serán considerados como un único titular a los efectos del cobro.

Si bien el bono apunta a brindar alivio inmediato a jubilados con haberes mínimos, la medida también refleja la tensión de fondo en las finanzas públicas y la sostenibilidad del régimen previsional. La reformulación de la movilidad y la decisión de mantener subsidios directos sólo a sectores de bajos ingresos responde a la necesidad de contener el gasto social sin desmantelar totalmente la red de protección.

La aplicación mensual de aumentos por inflación puede permitir cierta previsibilidad a futuro, pero la pérdida acumulada en el poder adquisitivo durante los últimos años aún se hace sentir, especialmente en un contexto donde los bonos siguen siendo el único refuerzo para más de 6 millones de beneficiarios.

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La crisis silenciosa: el ajuste previsional y laboral en Misiones impacta sobre más de 120 mil jubilados

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El ajuste fiscal emprendido por el Gobierno nacional a partir de diciembre de 2023 ha tenido efectos contundentes sobre los sectores más vulnerables. En Misiones, una provincia con más de 124.000 jubilados y 112.000 afiliados al PAMI, los recortes en beneficios previsionales y la contracción del empleo registrado han configurado un deterioro sostenido de los ingresos y el consumo interno.

Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), difundido en junio de 2025, cuantifica con precisión el impacto de estas medidas en la provincia, revelando cifras alarmantes que explican tanto el debilitamiento del poder adquisitivo como el retroceso del mercado laboral.

El congelamiento del bono: $879.450 menos por jubilado

Desde marzo de 2024, el bono previsional extraordinario permanece congelado en $70.000. Si hubiese sido actualizado con la misma fórmula que rige para los haberes jubilatorios, su valor en junio de 2025 debería alcanzar los $158.658. Esa diferencia, proyectada durante 15 meses, representa una pérdida acumulada de $879.450 por persona.

Según estimaciones del CEPA, el 52,8 % de los jubilados del país cobran la mínima con bono o menos. En Misiones, esto se traduce en al menos 65.674 personas. La pérdida total para este grupo asciende a $57.757 millones, una merma que afecta directamente al consumo esencial —alimentos, medicamentos, servicios— sin capacidad de amortiguación a través del ahorro.

A pesar de una inflación mensual del 1,7 % en junio —según el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del BCRA—, el ingreso real de los jubilados no logra recuperar terreno. Las jubilaciones mínimas con bono se ubican un 15 % por debajo en términos reales respecto del último trimestre del gobierno anterior. Aun sin considerar el bono, la pérdida es del 2,3 % real.

Eliminación del refuerzo PAMI: $492.958 menos por persona

Otra medida eliminada fue el refuerzo mensual de $15.000 que el PAMI otorgaba desde octubre hasta diciembre de 2023 a afiliados que percibían hasta 1,5 haberes mínimos. Su supresión representó una pérdida de $492.958 por jubilado en términos acumulados a junio de 2025. En Misiones, esta reducción implicó un recorte total de $32.374 millones.

El esquema de reintegro automático del IVA para jubilados que cobraban hasta tres haberes mínimos —5,2 millones de personas a nivel nacional— también fue desactivado. El beneficio representaba una devolución del 21 % sobre compras de productos básicos realizadas con tarjeta de débito, con un tope mensual ajustado al haber mínimo. La eliminación del programa quitó un instrumento ágil y eficaz para contener la erosión del ingreso disponible en los sectores pasivos.

Destrucción del empleo privado formal: 6.591 puestos menos

El ajuste no se limita al plano previsional. Entre noviembre de 2023 y marzo de 2025, Misiones perdió 6.591 puestos de trabajo registrados en el sector privado, lo que equivale a una caída del 6,1 %. Este quiebre interrumpe el crecimiento sostenido iniciado en 2021 y responde a la contracción del consumo, el ajuste fiscal, y la menor demanda interna. La dinámica podría agravar la informalidad y precarizar aún más las condiciones laborales si no se revierte la tendencia.

El informe de CEPA pone en evidencia cómo las políticas de ajuste, lejos de generar equilibrio fiscal con equidad, impactan sobre el eslabón más débil del sistema: jubilados de bajos ingresos, dependientes del PAMI y del consumo local, y trabajadores formales de una economía regional que venía recuperándose lentamente.

En Misiones, donde los adultos mayores representan un sector clave para la economía del cuidado y el comercio de proximidad, las decisiones adoptadas desde diciembre de 2023 han generado una retracción simultánea del ingreso, el empleo y la actividad económica. La dimensión del daño social no se limita a cifras macroeconómicas: se expresa en la pérdida concreta de calidad de vida para cientos de miles de personas.

Para los analistas económicos, la sostenibilidad del modelo vigente exige revisar no solo las metas fiscales, sino también sus consecuencias sociales y territoriales. La provincia de Misiones, con fuerte dependencia del consumo interno y un entramado productivo heterogéneo, vuelve a evidenciar que el ajuste lineal no es neutro, ni inocuo.

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