Considerando las proyecciones de inflación del REM-BCRA para los próximos 12 meses (sep/25 a ago/26) y la cantidad de beneficiarios titulares del Sistema Integrado Previsional Argentino (1), se estima que el veto de Milei implica una pérdida agregada de $468 mil millones mensuales para los jubilados del país.
Esta cifra alcanza $5,6 billones en los próximos 12 meses para el conjunto de 6.104.055 jubilados y jubiladas de Argentina.
Este cálculo surge de la no actualización del bono a $110.000 —que debía ajustarse luego por inflación— y de la no recomposición del 7,2% correspondiente al saldo pendiente de la inflación de enero 2024.
Esta pérdida no solo impacta directamente sobre los ingresos de un sector vulnerable, sino que también se traduce en una menor actividad económica.
(1) Boletín de estadísticas de la seguridad social a junio 2025
El Gobierno otorga un nuevo bono previsional de $70.000 para jubilados y pensionados con haberes mínimos. La medida alcanza a beneficiarios de la ANSES, pensiones no contributivas y PUAM, y busca compensar la pérdida de poder adquisitivo acumulada hasta la aplicación de la nueva fórmula de movilidad
El Poder Ejecutivo Nacional oficializó este lunes el otorgamiento de un bono extraordinario previsional de hasta $70.000, que será abonado en julio de 2025 a los jubilados, pensionados y beneficiarios de pensiones no contributivas cuyos ingresos no superen el haber mínimo. La medida, dispuesta mediante el Decreto 444/2025, busca compensar los efectos adversos que generó la anterior fórmula de movilidad (Ley 27.609), particularmente en los sectores de menores ingresos.
La decisión se enmarca en la continuidad de un esquema de transferencias compensatorias instrumentadas desde enero de 2024, y se suma a la aplicación plena —desde julio de este año— del nuevo mecanismo de ajuste mensual de haberes, atado a la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el INDEC, tal como estableció el Decreto 274/24.
¿A quiénes alcanza el bono previsional?
El bono será abonado a quienes perciban:
Prestaciones contributivas del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), regido por la Ley 24.241 y sus modificaciones.
La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), creada por la Ley 27.260.
Pensiones no contributivas por vejez, invalidez, madres de 7 hijos o más, y otras pensiones graciables a cargo de la ANSES.
Para los titulares de haberes equivalentes o inferiores al mínimo previsional, el monto del bono será el total: $70.000. En el caso de beneficiarios cuyos ingresos superen el haber mínimo, el bono será equivalente al monto necesario para alcanzar el haber mínimo más los $70.000, operando como un tope compensatorio.
Según el decreto, la Ley 27.609 —vigente desde marzo de 2021 hasta junio de 2024— generó “efectos perjudiciales, principalmente sobre jubilados de menores ingresos”, debido a que no contemplaba variaciones de precios ni ajustaba los haberes frente a la inflación en tiempo real. Esa situación obligó al Ejecutivo a emitir bonos mensuales durante un año y medio.
Con la reforma de la movilidad previsional —que desde julio de 2024 se actualiza de manera mensual según el IPC—, se considera superado el desfase, aunque el Gobierno reconoció que la recuperación del poder adquisitivo aún requiere asistencia adicional para los sectores más vulnerables del sistema.
El decreto —firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello— establece que el bono tendrá carácter no remunerativo, no será sujeto a descuentos ni computable para otros beneficios. Además, la ANSES será responsable de su liquidación, control y recupero en caso de pagos indebidos, mientras que la Jefatura de Gabinete deberá ajustar las partidas presupuestarias para garantizar su implementación.
El beneficio no se duplica en casos de pensiones compartidas entre copartícipes, que serán considerados como un único titular a los efectos del cobro.
Si bien el bono apunta a brindar alivio inmediato a jubilados con haberes mínimos, la medida también refleja la tensión de fondo en las finanzas públicas y la sostenibilidad del régimen previsional. La reformulación de la movilidad y la decisión de mantener subsidios directos sólo a sectores de bajos ingresos responde a la necesidad de contener el gasto social sin desmantelar totalmente la red de protección.
La aplicación mensual de aumentos por inflación puede permitir cierta previsibilidad a futuro, pero la pérdida acumulada en el poder adquisitivo durante los últimos años aún se hace sentir, especialmente en un contexto donde los bonos siguen siendo el único refuerzo para más de 6 millones de beneficiarios.
El ajuste fiscal emprendido por el Gobierno nacional a partir de diciembre de 2023 ha tenido efectos contundentes sobre los sectores más vulnerables. En Misiones, una provincia con más de 124.000 jubilados y 112.000 afiliados al PAMI, los recortes en beneficios previsionales y la contracción del empleo registrado han configurado un deterioro sostenido de los ingresos y el consumo interno.
Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), difundido en junio de 2025, cuantifica con precisión el impacto de estas medidas en la provincia, revelando cifras alarmantes que explican tanto el debilitamiento del poder adquisitivo como el retroceso del mercado laboral.
El congelamiento del bono: $879.450 menos por jubilado
Desde marzo de 2024, el bono previsional extraordinario permanece congelado en $70.000. Si hubiese sido actualizado con la misma fórmula que rige para los haberes jubilatorios, su valor en junio de 2025 debería alcanzar los $158.658. Esa diferencia, proyectada durante 15 meses, representa una pérdida acumulada de $879.450 por persona.
Según estimaciones del CEPA, el 52,8 % de los jubilados del país cobran la mínima con bono o menos. En Misiones, esto se traduce en al menos 65.674 personas. La pérdida total para este grupo asciende a $57.757 millones, una merma que afecta directamente al consumo esencial —alimentos, medicamentos, servicios— sin capacidad de amortiguación a través del ahorro.
A pesar de una inflación mensual del 1,7 % en junio —según el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del BCRA—, el ingreso real de los jubilados no logra recuperar terreno. Las jubilaciones mínimas con bono se ubican un 15 % por debajo en términos reales respecto del último trimestre del gobierno anterior. Aun sin considerar el bono, la pérdida es del 2,3 % real.
Eliminación del refuerzo PAMI: $492.958 menos por persona
Otra medida eliminada fue el refuerzo mensual de $15.000 que el PAMI otorgaba desde octubre hasta diciembre de 2023 a afiliados que percibían hasta 1,5 haberes mínimos. Su supresión representó una pérdida de $492.958 por jubilado en términos acumulados a junio de 2025. En Misiones, esta reducción implicó un recorte total de $32.374 millones.
El esquema de reintegro automático del IVA para jubilados que cobraban hasta tres haberes mínimos —5,2 millones de personas a nivel nacional— también fue desactivado. El beneficio representaba una devolución del 21 % sobre compras de productos básicos realizadas con tarjeta de débito, con un tope mensual ajustado al haber mínimo. La eliminación del programa quitó un instrumento ágil y eficaz para contener la erosión del ingreso disponible en los sectores pasivos.
Destrucción del empleo privado formal: 6.591 puestos menos
El ajuste no se limita al plano previsional. Entre noviembre de 2023 y marzo de 2025, Misiones perdió 6.591 puestos de trabajo registrados en el sector privado, lo que equivale a una caída del 6,1 %. Este quiebre interrumpe el crecimiento sostenido iniciado en 2021 y responde a la contracción del consumo, el ajuste fiscal, y la menor demanda interna. La dinámica podría agravar la informalidad y precarizar aún más las condiciones laborales si no se revierte la tendencia.
El informe de CEPA pone en evidencia cómo las políticas de ajuste, lejos de generar equilibrio fiscal con equidad, impactan sobre el eslabón más débil del sistema: jubilados de bajos ingresos, dependientes del PAMI y del consumo local, y trabajadores formales de una economía regional que venía recuperándose lentamente.
En Misiones, donde los adultos mayores representan un sector clave para la economía del cuidado y el comercio de proximidad, las decisiones adoptadas desde diciembre de 2023 han generado una retracción simultánea del ingreso, el empleo y la actividad económica. La dimensión del daño social no se limita a cifras macroeconómicas: se expresa en la pérdida concreta de calidad de vida para cientos de miles de personas.
Para los analistas económicos, la sostenibilidad del modelo vigente exige revisar no solo las metas fiscales, sino también sus consecuencias sociales y territoriales. La provincia de Misiones, con fuerte dependencia del consumo interno y un entramado productivo heterogéneo, vuelve a evidenciar que el ajuste lineal no es neutro, ni inocuo.
El Gobierno otorga un bono previsional de hasta $70.000 en junio para jubilados y pensionados de menores ingresos
La medida, oficializada por decreto, busca compensar el deterioro del poder adquisitivo provocado por la antigua fórmula de movilidad jubilatoria. Alcanzará a beneficiarios de ANSES, PUAM y pensiones no contributivas. Será no remunerativo y se abonará en una sola cuota.
El Gobierno nacional oficializó este jueves el otorgamiento de un bono extraordinario previsional de hasta $70.000 que será abonado en junio de 2025. La medida fue formalizada mediante el Decreto 367/2025, publicado en el Boletín Oficial, y tiene como objetivo “mantener el poder adquisitivo de las prestaciones previsionales”, particularmente entre los sectores de menores ingresos.
Según el texto oficial, el bono alcanzará a jubilados y pensionados nacionales, beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), pensiones no contributivas por vejez, invalidez, madres de siete hijos o más, y pensiones graciables a cargo de ANSES.
Quiénes lo cobran y cómo se calcula
La medida establece dos escalas de cobertura:
Para quienes perciben un haber igual o menor al mínimo previsional, el bono será de $70.000 completos.
Para quienes superen ese mínimo, el bono se ajustará proporcionalmente hasta alcanzar el tope equivalente a haber mínimo + $70.000.
Además, se aclara que en el caso de beneficios de pensión compartidos, el bono se computará como si hubiese un único titular. Y para ser percibido, el beneficio previsional debe estar vigente durante junio.
El bono será no remunerativo, no se computará para otros conceptos y no estará sujeto a descuentos.
Contexto: nueva movilidad y compensación por pérdida de poder adquisitivo
La decisión se enmarca en la política de transición hacia un nuevo esquema de movilidad jubilatoria. En marzo de 2021 entró en vigor la Ley 27.609, que establecía una fórmula sin ajuste automático por inflación, lo cual derivó —según el decreto— en una fuerte pérdida de poder adquisitivo, especialmente para los adultos mayores con ingresos bajos.
Para revertir esa situación, el Decreto 274/2024 modificó la fórmula de movilidad, estableciendo una actualización mensual por inflación a partir de julio de este año. Mientras tanto, el bono de junio opera como una compensación transitoria, tal como ocurrió entre enero de 2024 y mayo de 2025 con asignaciones extraordinarias similares.
La ANSES será la encargada de implementar el pago, dictar normas aclaratorias y supervisar el proceso, incluyendo la recuperación de montos indebidos si los hubiera. Asimismo, se faculta a la Jefatura de Gabinete a realizar las adecuaciones presupuestarias correspondientes para financiar la medida.
Aunque no se difundieron declaraciones oficiales al respecto en el decreto, la iniciativa se inscribe en un contexto de ajuste fiscal y cambio estructural del sistema previsional, con un fuerte impacto en los haberes mínimos.
Este bono de $70.000 representa un alivio parcial para los sectores más vulnerables, aunque no resuelve de fondo la pérdida acumulada del poder adquisitivo en los últimos años. La implementación de actualizaciones mensuales por inflación podría estabilizar los ingresos en adelante, pero la sostenibilidad del sistema previsional sigue siendo un desafío central para la gestión económica.
A una semana de la represión en la marcha de los jubilados, Gabriela Navarra, habla de su experiencia y aunque es de las que “mejor está” en comparación a otros jubilados, cuenta por qué se unió al reclamo y apoya la medida.
Gabriela Navarra, de 66 años, es una de las tantas personas que participaron en la reciente “marcha de los jubilados”, una protesta semanal frente al Congreso argentino en reclamo de mejores remuneraciones. Su experiencia, sin embargo, se tornó traumática: terminó con cuatro heridas de bala de goma en las piernas y la decisión de no volver a participar, a pesar de apoyar la causa.
“Todavía estoy mal, angustiada por lo que pasó, y mucha gente que es importante para mí me pidió que no volviera a ir”, relata Gabriela sobre la manifestación del 12 de marzo, que dejó decenas de heridos y detenidos.
Gabriela, jubilada hace seis años tras una carrera de más de tres décadas como periodista, reconoce que su situación es mejor que la de muchos jubilados, ya que su haber supera el mínimo. Sin embargo, la llegada de Javier Milei al poder en diciembre de 2023 agravó su panorama.
Gabriela se jubiló hace seis años y es una de los más de 7 millones de argentinos que cobra una jubilación o pensión, según datos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).
Su situación, cuenta, es mejor que la de la mayoría de los jubilados, ya que por su trabajo de más de tres décadas como periodista logró obtener un haber jubilatorio por encima del mínimo que cobran dos de cada tres jubilados, según datos de la Anses.
Aún así, cuando alcanzó la edad de retiro debió seguir trabajando como freelancer para poder mantener sus gastos habituales.
“Quedé muy muy mal económicamente y tuve que vender mi auto. Tenía que elegir entre pagar mi prepaga o tener auto, a pesar de que antes podía tener ambos”, afirma.
Aunque su jubilación recibió aumentos por inflación -que en 2024 alcanzó casi el 120%- asegura que siempre eran menores “a lo que veía cuando vas a hacer las compras”.
“Desde que me jubilé tuve que cambiar mis consumos, dejar de tomar el vino que me gusta, comprar otro tipo de fiambres. También dejé de salir a comer afuera. Si salgo es a merendar, que es más barato”, dice.
La realidad de la jubilación mínima
Gabriela es consciente de que su realidad es privilegiada en comparación con los dos tercios de jubilados que cobran la mínima, apenas por encima de la línea de pobreza. Según el Indec, la pobreza entre los mayores de 65 años casi se duplicó en el primer semestre del gobierno de Milei, alcanzando el 29,7%.
El congelamiento de bonos, el aumento de tarifas de servicios públicos y el incremento en el costo de los medicamentos, que según Ceprofar aumentaron un 240% en promedio durante 2024, son algunos de los factores que explican este deterioro.
Un sistema previsional en debate
El gobierno de Milei sostiene que el sistema previsional es “insostenible” en su formato actual, debido a las “moratorias” que permitieron jubilarse a personas sin los 30 años de aportes requeridos. Según Idesa, más del 60% de los jubilados actuales no realizaron los aportes correspondientes.
En este contexto, el gobierno anunció que no prorrogará la última moratoria previsional, una medida que generó rechazo y fue uno de los motivos de la protesta del 12 de marzo.
La protesta y la represión
Las marchas de los jubilados, que se remontan a la década de 1990, resurgieron con fuerza con la llegada de Milei y su política de ajuste fiscal. Sin embargo, las protestas se tornaron más violentas, con la policía utilizando métodos represivos para dispersar a los manifestantes.
La marcha del 12 de marzo, que contó con la participación de hinchas de fútbol, terminó con decenas de heridos, incluyendo a Gabriela y al fotógrafo Pablo Grillo, quien sufrió una fractura de cráneo.
