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El boom del cuentapropismo: ¿Quiénes son y qué hacen los misioneros?

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La semana pasada analizamos cómo fue cambiando el mapa laboral en los últimos años, tanto a nivel país como en Posadas, a partir de lo que permite observar el INDEC mediante la Encuesta Permanente de Hogares. A modo de recordatorio, se destacaba un importante avance de las modalidades de autoempleo en detrimento del trabajo asalariado, situación explicada por un doble factor: por un lado, la evolución de servicios cada vez más demandados por la sociedad, que en muchos casos se canalizan inicialmente a través del cuentapropismo; pero, por otro lado, la pérdida de empleo asalariado empuja a miles de personas a buscar refugio en el autoempleo como mecanismo de subsistencia. Este último factor es, claramente, el predominante en los últimos años en el país.

Si nos detenemos en este fenómeno, resulta necesario preguntarnos entonces quiénes son y a qué se dedican los cuentapropistas de Posadas, con el objetivo de comprender en mayor profundidad los impactos de políticas económicas que empujan a miles de argentinos hacia formas de trabajo más precarias.

Los datos muestran que el crecimiento del cuentapropismo en Posadas no puede ni debe analizarse únicamente en clave laboral. Detrás de esos números hay una señal social mucho más profunda: la necesidad de salir a buscar nuevos ingresos, ya sea porque los que existían desaparecieron o porque directamente dejaron de alcanzar. Y no se trata solo de ingresos laborales: también aparece con fuerza un fenómeno que afecta a las personas de mayor edad, que, en un contexto de bajas jubilaciones, necesitan generar recursos adicionales para sostener sus hogares.

Para entender mejor esta dinámica, conviene observar cómo se configura la estructura etaria del cuentapropismo posadeño. En 2025, apenas el 2,5% de los cuentapropistas tenía entre 18 y 24 años; el 20,7% correspondía al grupo de 25 a 34 años; el 19,6% al de 35 a 44; el 27,1% al de 45 a 54; el 16,8% al de 55 a 64; y el 13,3% a personas mayores de 65 años. Sin embargo, estos datos muestran cambios significativos respecto a 2024. Los más jóvenes perdieron 7,5 puntos porcentuales de participación (pasaron del 10% en 2024 al 2,5% en 2025), posiblemente por una mejor inserción en otras modalidades laborales (como el empleo asalariado), mientras que también se observa una leve caída en los grupos de 25 a 34 años (-1,8 p.p.) y de 35 a 44 (-3,2 p.p.).

En contraste, los grupos de mayor edad son los que ganaron protagonismo: las personas de 45 a 54 años incrementaron su participación en 2,3 puntos; las de 55 a 64 lo hicieron en 5,5 puntos porcentuales (la mayor expansión, pasando del 11,3% al 16,8%); y los mayores de 65 años aumentaron 4,7 puntos (del 8,6% al 13,3%).

Si llevamos este fenómeno a números absolutos, la magnitud resulta aún más clara. En 2024 había 5.212 personas de entre 55 y 64 años que eran cuentapropistas, cifra que ascendió a 7.970 en 2025, lo que implica un incremento del 52,9%. En el caso de los mayores de 65 años, se pasó de 3.970 personas en 2024 a 6.303 en 2025, con una expansión del 58,8%. En términos simples, en apenas un año se sumaron 5.091 nuevos cuentapropistas en Posadas mayores de 55 años.

Esto deja en evidencia que no estamos hablando solamente de jóvenes emprendedores, de personas que buscan independencia o de quienes eligen “ser su propio jefe”. Estamos hablando también de personas en etapas avanzadas de la vida laboral que no encuentran contención en el mercado de trabajo o que necesitan generar ingresos adicionales para subsistir. Más aún: dentro de este segmento, hay 2.333 nuevos cuentapropistas mayores de 65 años, lo que sugiere que muchos jubilados debieron volver al mercado laboral empujados por la necesidad.

Cuentapropismo en Posadas: los datos clave

Evolución del autoempleo, composición etaria y principales actividades

Indicador Dato destacado
Cuentapropistas de 55 a 64 años 7.970 en 2025
Crecimiento del grupo de 55 a 64 años +52,9%
Cuentapropistas mayores de 65 años 6.303 en 2025
Crecimiento de mayores de 65 años +58,8%
Nuevos cuentapropistas mayores de 55 años +5.091
Mujeres mayores de 65 años cuentapropistas 2.773 en 2025
Crecimiento de mujeres mayores de 65 años +75,6%
Principal actividad del autoempleo Construcción: 12%
Rubro con mayor expansión relativa Comercio no especializado: +317,9%
Servicios personales n.c.p. +155,7%
Fuente: elaboración en base a datos de la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC.

Si se analiza la variable de género, también aparecen matices relevantes. En 2024, los varones explicaban el 66% del cuentapropismo, participación que se redujo al 62% en 2025; en cambio, las mujeres pasaron del 34% al 38%. Este cambio es consistente con las mayores dificultades que enfrenta el empleo femenino en el mercado laboral. Dentro de este contexto, se destaca que entre los mayores de 65 años, las mujeres pasaron de representar el 40% en 2024 al 44% en 2025, probablemente como resultado de la necesidad de aportar ingresos al hogar.

En términos absolutos, el fenómeno es aún más contundente: las mujeres mayores de 65 años que se desempeñan como cuentapropistas pasaron de 1.579 en 2024 a 2.773 en 2025, lo que representa un incremento del 75,6%, el mayor crecimiento relativo entre todos los grupos etarios femeninos. En el caso de los varones de ese mismo rango etario, el aumento fue del 47,6%, siendo la segunda suba más alta dentro de ese grupo, solo por debajo de los varones de entre 55 y 64 años (que crecieron un 77,9%).

En los últimos tiempos, se ha puesto el foco en el crecimiento del cuentapropismo destacando algunas de sus virtudes (que algunas son reales, pero son las menores), pero muchas veces sin analizar su composición. Esto puede llevar a interpretaciones equivocadas. No todo crecimiento del trabajo independiente implica emprendimiento, innovación o dinamismo económico. En muchos casos, lo que refleja es subsistencia: una respuesta obligada ante la falta de empleo formal o frente a ingresos (como las jubilaciones) que no alcanzan para cubrir los gastos básicos.

Dejemos de lado la cuestión etaria y de género y veamos a qué se dedican los cuentapropistas de Posadas y cómo varió en el último tiempo esa composición. No existe una actividad con alta concentración, sino más bien un amplio abanico de servicios; en ese marco, la actividad más presente es la construcción, que concentra el 12% del total de trabajadores con autoempleo del aglomerado misionero y creció 9,9% en el último año.

Luego le siguen los trabajadores comerciantes de alimentos, bebidas y tabaco (carnicero, verdulero, panadero, venta directa al público), que concentran el 7,4% del total pero cayeron un 48,2% en el último año; esta baja está asociada con la fuerte alza de la tercera categoría en orden de participación: comercio no especializado, con predominancia de alimentos y bebidas, que concentra el 7,2% y vivió una expansión del 317,9% en 2025.

¿Por qué están vinculados? Porque se trata de dos formas distintas de clasificar una misma lógica de actividad comercial, pero con distinto nivel de especificidad. Por un lado, el “comercio de alimentos, bebidas y tabaco”, como se dijo, refiere a actividades más definidas: un carnicero, una verdulería, alguien que vende un tipo concreto de producto. Por el otro, el “comercio no especializado” agrupa a quienes también venden bienes (muchas veces los mismos alimentos o bebidas), pero agregando una oferta mucho más variada.

El carnicero siguió vendiendo carne, pero de repente anexó artículos de bazar, incluso diarios y revistas, o inclusive golosinas, por ejemplo.

En ese marco, el movimiento que sugieren los datos es bastante claro: parte de los cuentapropistas que antes estaban identificados en rubros específicos pasan a aparecer en categorías más generales. No necesariamente porque cambien completamente de actividad, sino porque su forma de trabajo se vuelve más heterogénea.

¿A qué se debe esa ampliación? Principalmente, a la necesidad de ofrecer más bienes para tener un mayor flujo de ventas, en un contexto donde solo vender carne, por ejemplo, no alcanza porque la demanda se vuelve más fragmentada, los niveles de consumo son más inestables y el ticket promedio tiende a ser más bajo.

Es decir, muchos cuentapropistas amplían su oferta incorporando otros bienes de alta rotación (bebidas, productos de almacén, artículos básicos), buscando captar distintas necesidades de consumo en un mismo punto de venta.

Ese fue el “top tres” de actividades con más cuentapropistas; pero en ese marco, ¿cuáles fueron los que más crecieron en términos relativos? El líder de crecimiento es el que ya dijimos: comercio no especializado con predominancia de alimentos y bebidas, con +317,9%, pero no fue el único.

Comercio de textiles y mercería incrementó en 158,9% (aquí puede verse el fenómeno de la persona que vende por su cuenta vía redes sociales, por ejemplo); actividades para la práctica deportiva lo hicieron en +124,5%; elaboración de alimentos en +76,5%; servicios de expendio de comidas y bebidas en +72,7%; y servicios de peluquería y tratamientos de belleza en +52,8%, entre otros.

Pero hay otra categoría que también creció mucho: los servicios personales n.c.p. (no comprendidos previamente), que se expandieron un 155,7%, convirtiéndose en la actividad con la tercera mayor expansión dentro del autoempleo local. Se trata, sin embargo, de una categoría particularmente amplia y heterogénea, que agrupa actividades muy diversas y que, justamente por su carácter residual, suele captar ocupaciones que no logran encuadrarse con claridad en otros rubros más específicos.

Pero en ese marco, y a la luz de las transformaciones recientes del mercado de trabajo, hay indicios claros de que una parte relevante de este crecimiento podría estar asociada a trabajos vinculados a plataformas digitales, como repartidores (delivery) o choferes de aplicaciones. Estas ocupaciones, cada vez más extendidas en contextos de caída o insuficiencia del empleo formal, presentan una particularidad: no siempre son registradas de manera homogénea en las encuestas, lo que impacta directamente en su clasificación estadística.

La categorización del trabajo de una persona depende, casi en su totalidad, de cómo el encuestado describe su actividad. Un repartidor puede ser clasificado dentro de transporte o mensajería si declara explícitamente que realiza entregas, pero también puede terminar en “servicios personales n.c.p.” si la respuesta es más general (por ejemplo, “trabajo con una app” o “hago repartos”).

Lo mismo ocurre con los choferes de aplicaciones: conceptualmente pertenecen al transporte de pasajeros, pero pueden ser absorbidos por categorías más amplias si no se especifica con precisión la tarea. Por ello, parte del fuerte crecimiento de esa actividad general probablemente esté reflejando la expansión de este tipo de trabajos flexibles y de difícil encuadre dentro de las clasificaciones tradicionales.

En definitiva, cuando se observa en conjunto la evolución del cuentapropismo en Posadas, lo que aparece no es solo un cambio en la cantidad de trabajadores independientes, sino también en la forma en que se insertan y sostienen sus actividades. En ese sentido, el cuentapropismo deja de ser únicamente una categoría laboral para convertirse en un reflejo más amplio de las condiciones económicas y sociales.

Detrás de cada rubro que crece, de cada cambio en la composición, hay estrategias concretas de supervivencia, adaptación y búsqueda de ingresos en un escenario donde el empleo asalariado pierde capacidad de absorción. Entender esa composición, más que el número en sí mismo, es clave para interpretar qué está pasando realmente en el mercado de trabajo local.

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El PAyS propone un alivio fiscal directo para pequeños contribuyentes y jubilados

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El bloque del Partido Agrario y Social presentó un proyecto de ley que reduce de forma concreta la carga tributaria sobre monotributistas y sectores vulnerables en la provincia. La iniciativa fue impulsada por los diputados Castro, Bárbaro y Goring.

El eje es claro. Menos impuestos y más liquidez en el bolsillo de quienes sostienen la economía diaria.

El proyecto establece la exención total del Impuesto sobre los Ingresos Brutos para monotributistas de las categorías A, B y C. También elimina las retenciones y percepciones sobre acreditaciones bancarias y billeteras virtuales. En la práctica, esto significa que el dinero deja de quedar retenido y pasa a estar disponible para trabajar, comprar insumos y sostener la actividad.

Un ejemplo concreto. Un pequeño comerciante que hoy sufre descuentos automáticos en su cuenta bancaria podrá disponer de ese capital en el momento. Mejora su capacidad de reposición y reduce su necesidad de financiamiento.

La propuesta incluye a jubilados y pensionados. Se elimina la retención sobre cuentas donde perciben haberes. Se protege un ingreso que tiene carácter alimentario y que hoy pierde valor frente a la inflación.

El acceso será simple. Un sistema digital con validación automática evitará trámites y demoras. Menos burocracia. Respuesta inmediata.

El proyecto también fija un plazo claro. El alivio fiscal tendrá una duración de dos años. Este punto introduce previsibilidad y permite medir resultados reales en la economía local.

Datos que explican la medida:

  • Alta proporción de trabajadores independientes en Misiones
  • Caída del poder adquisitivo en los últimos años
  • Retenciones que generan saldos a favor y frenan la actividad
  • Impacto directo en consumo y empleo local

Desde el bloque señalan que el objetivo es sostener la actividad económica y evitar el cierre de pequeños emprendimientos. También apuntan a fortalecer la formalidad y dinamizar el mercado interno.

El proyecto abre una discusión concreta. Cómo aliviar la carga fiscal sin frenar la recaudación en el mediano plazo. La apuesta es que más actividad genere más movimiento económico y compense la baja inicial de ingresos tributarios.

La iniciativa ya genera interés en distintos sectores. Comerciantes, profesionales independientes y jubilados aparecen como los principales beneficiados.

El debate queda abierto. Qué modelo fiscal necesita hoy Misiones para sostener su economía real.

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Misiones lanza línea de alivio financiero para estatales y jubilados con alta carga de deuda

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El Gobierno de Misiones, en articulación con el Banco Macro, puso en marcha una nueva operatoria destinada a trabajadores públicos provinciales y municipales, así como a jubilados, pensionados y retirados, que presenten un alto nivel de endeudamiento en relación a sus ingresos.

La medida está dirigida específicamente a aquellos casos en los que las cuotas de créditos vigentes alcanzan hasta el 50% del sueldo neto, un umbral que refleja el creciente peso de las obligaciones financieras sobre la economía familiar en el actual contexto macroeconómico.

“En el actual contexto económico por todos conocido, donde el crédito se ha encarecido y las obligaciones financieras pesan cada vez más en la economía familiar, esta medida busca ofrecer una herramienta concreta para que cada beneficiario pueda, si desea usarla, reorganizar sus compromisos, cancelando saldos de préstamos y tarjetas de crédito mediante una financiación con tasa bonificada y plazos acordes a su situación”, detalló el gobernador Hugo Passalacqua.

“De esta manera, seguimos acompañando a las familias misioneras con herramientas reales, pensadas para cuidar su economía y brindar alivio dentro de las posibilidades de la Provincia”, señaló el gobernador.

Según se informó, la operatoria permitirá a los beneficiarios reorganizar sus compromisos mediante la cancelación de saldos de préstamos personales y tarjetas de crédito, accediendo a una nueva financiación con tasa bonificada y plazos adaptados a su capacidad de pago.

La iniciativa surge en un escenario donde el crédito se ha encarecido de manera significativa, lo que ha derivado en un deterioro de la relación entre ingresos y deuda, especialmente en sectores con ingresos fijos como el empleo público y el sistema previsional.

Desde el Ejecutivo provincial señalaron que el objetivo es ofrecer una herramienta concreta que permita aliviar la carga financiera de los hogares misioneros, brindando previsibilidad y evitando situaciones de sobreendeudamiento más severas.

La operatoria ya se encuentra vigente y estará disponible hasta el 23 de abril de 2026, en lo que se configura como una ventana acotada para acceder a este esquema de refinanciación con condiciones preferenciales.

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ANSES actualiza las asignaciones familiares y redefine el mapa de ingresos desde marzo

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El sistema de asignaciones familiares vuelve a moverse en línea con la inflación. Con la Resolución 55/2026, publicada el 27 de febrero en el Boletín Oficial y vigente desde marzo, la Administración Nacional de la Seguridad Social aplicó un aumento del 2,88% en los montos, límites y rangos de ingresos que determinan el acceso a las prestaciones. El ajuste alcanza a trabajadores formales, monotributistas, jubilados y beneficiarios de programas sociales, y vuelve a poner en foco el delicado equilibrio entre ingresos familiares, cobertura social y actualización por precios.

El dato clave no es solo el porcentaje, sino su efecto práctico: pequeños movimientos en los topes pueden incluir o excluir hogares completos del sistema. En un escenario de ingresos tensionados y ajustes mensuales por inflación, la actualización importa ahora porque define quiénes siguen dentro del régimen y quiénes quedan afuera, más allá de la nominalidad del aumento.

Qué cambia en la práctica: montos y topes más altos, pero con filtro estricto

La resolución dispone una actualización general del 2,88%, calculada según la fórmula de movilidad que sigue la variación mensual del Índice de Precios al Consumidor que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos. El incremento se aplica a:

  • Asignaciones familiares para trabajadores en relación de dependencia del sector público y privado.
  • Monotributistas, beneficiarios del seguro de desempleo y de la Ley de Riesgos del Trabajo.
  • Jubilados y pensionados del SIPA, pensiones no contributivas y PUAM.
  • Titulares de la AUH y de la Asignación por Embarazo.

La norma ratifica un punto sensible del esquema vigente: si uno de los integrantes del grupo familiar supera un ingreso individual de $2.722.595, el hogar queda excluido del cobro, aun cuando la suma total familiar no exceda el tope general. Es un criterio que refuerza el carácter selectivo del sistema y genera efectos de “salto” entre quienes quedan apenas por encima o por debajo del umbral.

La actualización no incluye la Ayuda Escolar, que fue definida por separado mediante el decreto 115/2026, manteniendo su lógica de ajuste anual y no mensual.

Antecedentes y marco institucional

La medida se inscribe en la arquitectura normativa que combina la Ley 24.714 con los cambios introducidos en los últimos años al régimen de movilidad. Desde 2024, las asignaciones y los haberes previsionales se ajustan mensualmente en función de la inflación, reemplazando esquemas más rezagados.

En este contexto, la Resolución 55/2026 no crea beneficios nuevos ni modifica el diseño del sistema, sino que actualiza parámetros para sostener el poder adquisitivo relativo de las prestaciones. El problema de fondo que busca administrar es conocido: evitar que la inflación licúe las asignaciones, sin desbordar el gasto social ni perder focalización.

Impacto económico: alivio parcial y efectos distributivos

Desde el punto de vista económico, el impacto es acotado pero extendido:

  • Ingresos familiares: el aumento acompaña la inflación del mes previo, pero no implica una mejora real del poder de compra.
  • Consumo: el refuerzo ayuda a sostener gastos básicos en hogares de ingresos medios y bajos, con impacto marginal en el mercado interno.
  • Costos fiscales: el ajuste incrementa el gasto en prestaciones, aunque dentro de una lógica de actualización automática ya prevista.
  • Efectos distributivos: los topes actualizados pueden dejar fuera a familias con ingresos apenas superiores al umbral individual, un punto que suele generar tensiones en el sistema.

No hay efectos directos sobre inversión o empleo, pero sí una incidencia indirecta en la estabilidad de ingresos de sectores con alta propensión al consumo.

Señales políticas: continuidad y administración del gasto social

La resolución envía una señal de continuidad. El Gobierno mantiene el esquema de ajustes mensuales por inflación, sin introducir discrecionalidad ni cambios estructurales. No es una expansión del sistema, pero tampoco un recorte: es una administración técnica del gasto social, alineada con el objetivo de previsibilidad.

Al mismo tiempo, el mantenimiento de topes individuales estrictos refuerza una lógica de focalización, que busca concentrar recursos en los hogares de menores ingresos y contener el costo fiscal.

Qué mirar hacia adelante

En los próximos meses, el impacto real dependerá de dos variables: la velocidad de la inflación y la evolución de los ingresos formales. Si los salarios nominales siguen ajustándose por debajo de los precios, más hogares podrían mantenerse dentro del sistema. Si ocurre lo contrario, los topes —aunque actualizados— pueden volver a actuar como barrera. Ese cruce entre inflación, salarios y umbrales será la clave para medir el alcance efectivo de esta actualización.

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Aumentos previsionales no frenan la caída del poder adquisitivo de los jubilados

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La discusión sobre el envejecimiento poblacional, la sostenibilidad de los sistemas de retiro y la pérdida del poder adquisitivo de los adultos mayores se repite en buena parte del mundo, y Argentina no queda al margen de estas tensiones. En un contexto regional donde los países enfrentan desafíos similares, desde haberes insuficientes hasta aumentos en los costos de vida y dificultades para sostener la cobertura previsional, el debate sobre las jubilaciones se vuelve ineludible. 

Y es que mientras América Latina intenta equilibrar sus sistemas con reformas parciales y medidas coyunturales, la situación en Argentina se vuelve un espejo que refleja tanto las fragilidades estructurales de la seguridad social como las consecuencias cotidianas que enfrenta la población mayor. A partir de este escenario global, el Informe N.° 7 de Seguridad Social de la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP) expuso que, pese al incremento de los aportes, el sistema previsional argentino volvió a mostrar déficit a septiembre de 2025. 

Este retroceso se dio en paralelo a una caída del poder adquisitivo de las jubilaciones, cuyos aumentos nominales fueron insuficientes para contrarrestar el efecto de la inflación. Según el estudio, los recursos de la Seguridad Social crecieron 2,8% interanual en términos reales, pero con una reconfiguración de sus fuentes, ya que los Aportes y Contribuciones aumentaron en 5 billones de pesos y pasaron a representar más del 60% del total, compensando parcialmente la eliminación del Impuesto PAIS. El resto provino de impuestos indirectos altamente sensibles a la actividad económica, como el de Créditos y Débitos Bancarios (+5,7%), el de Combustibles (+68,4%) y el Monotributo Impositivo (+122%).

Sin embargo, ese aumento de recursos no logró equilibrar el gasto. Las erogaciones del sistema previsional crecieron 12,2% interanual, impulsadas principalmente por las Prestaciones Previsionales del SIPA, que avanzaron 16,4%. También aumentaron las Asignaciones Familiares (15,7%), mientras que las Pensiones No Contributivas y la Pensión Universal para el Adulto Mayor mostraron una caída del 4,5%. La estructura del gasto dejó en evidencia la enorme concentración del sistema en el pago de haberes y solo las jubilaciones y pensiones del SIPA representan el 68,6% del total.

En ese marco, el haber medio alcanzó los 675.510 pesos en septiembre, con una evolución nominal apenas positiva que no logró compensar la inflación. En el caso del haber mínimo con refuerzo, se ubicó en 390.277 pesos, pero su trayectoria fue descendente debido al congelamiento del bono de 70.000 pesos . Como consecuencia, la mitad de los jubilados sigue perdiendo capacidad de compra, especialmente aquellos que dependen exclusivamente del ingreso mínimo para sobrevivir.

La situación se agrava al analizar cuánto pueden cubrir esos ingresos frente al costo de vida real. La Defensoría de la Tercera Edad estimó en octubre una canasta básica de 1.514.074 pesos, que escaló 26,1% en apenas seis meses. Dentro de ese incremento, los medicamentos mostraron una suba alarmante del 54,8%, convirtiéndose en el rubro de mayor incidencia dentro del gasto mensual de un adulto mayor. 

Solo en fármacos, el promedio asciende a 402.880 pesos, cifra superior al monto completo que recibe un jubilado con la mínima. En tanto, los alimentos alcanzan los 348.000 pesos, la vivienda se eleva a 294.000 pesos y los servicios rondan los 123.050 pesos , dejando claro que el ingreso previsional apenas cubre una cuarta parte del gasto total estimado. 

En paralelo, la cobertura previsional también mostró un retroceso. De acuerdo al último dossier estadístico del INDEC, el porcentaje de personas en edad jubilatoria que recibe un beneficio -relevado hasta 2022- cayó del 88,7% al 82% en el tercer trimestre de 2024. La contracción fue más marcada entre los hombres, cuyo acceso bajó del 89,2% al 73% en un año. Esta caída refleja un escenario donde cada vez más personas mayores quedan fuera del sistema, ya sea por falta de aportes suficientes o por dificultades administrativas y laborales acumuladas durante décadas.

En un contexto donde los haberes no alcanzan, la prolongación de la vida laboral se vuelve una respuesta recurrente. El INDEC señaló que el 17,1% de las personas en edad jubilatoria continúa trabajando, especialmente entre los 60 y 74 años. Las razones varían según el nivel socioeconómico, pues entre los sectores más vulnerables predomina la necesidad económica, mientras que entre los de mayores ingresos influyen factores como ocupaciones menos exigentes y el deseo de mantenerse activos. 

Se suma a esto una brecha de género persistente. Las mujeres mayores perciben, en promedio, un 27% menos que los hombres y son quienes más recurren a las moratorias para poder acceder a una jubilación. Por su lado, el 80,3% de los varones logró jubilarse mediante aportes, en el caso de las mujeres ese porcentaje se reduce al 59,6%. Además, el 36,6% de ellas accede al beneficio vía moratoria, más del doble que los hombres. Las trayectorias laborales interrumpidas y la carga desproporcionada de tareas domésticas aparecen como las principales causas detrás de estas diferencias.

Esta brecha económica condiciona la calidad de vida durante la vejez y agrava la vulnerabilidad en un escenario de inflación persistente; a todo esto se suma el costo habitacional. Para quienes no tienen vivienda propia, la canasta les asigna un gasto mínimo de 294.000 pesos, lo que convierte al alquiler en un factor crítico en la ecuación del bienestar. En este escenario, miles de jubilados deben elegir entre pagar la renta, comprar medicamentos o alimentarse con lo básico.

Frente a un sistema deficitario, con menos aportantes y un gasto creciente, la conclusión de ASAP resulta contundente: la seguridad social enfrenta un deterioro estructural donde los ingresos crecen más lento que las necesidades, los haberes no logran recomponerse y la cobertura se reduce. En consecuencia, cada vez más adultos mayores viven con menos y dependen de estrategias individuales para sobrevivir, desde prolongar su vida laboral hasta recurrir a familiares, endeudarse o incluso tomar préstamos personales para cubrir gastos básicos que su jubilación no logra afrontar.

Envejecimiento poblacional en Argentina

El acelerado envejecimiento poblacional en Argentina agrega un elemento estructural más al desafío que enfrenta la seguridad social. Un nuevo informe elaborado por Argendata, plataforma dedicada al análisis de datos y estadísticas nacionales, advierte que el país está atravesando una transformación demográfica profunda, cuyos efectos ya comienzan a sentirse en el sistema previsional. El fenómeno, iniciado a comienzos del siglo pasado, modificó de manera drástica la composición por edades y anticipa una presión creciente sobre los recursos destinados a cubrir jubilaciones, pensiones y programas asistenciales para la población mayor.

Según este reporte, la pirámide poblacional argentina experimentó un cambio sustancial desde 1869. En aquel entonces, más del 54% de la población tenía menos de 20 años, reflejando una sociedad joven, con altas tasas de natalidad y una expectativa de vida limitada. Hoy esa proporción se redujo a menos del 30%, mientras que el segmento de mayores de 65 años pasó del 1,9% al 12,4% del total, consolidando un proceso de envejecimiento que se acentúa año tras año. 

Este viraje responde a dos tendencias simultáneas, una de ellas es la caída sostenida de la fecundidad, así como la disminución de la mortalidad, que permite que más personas alcancen edades avanzadas. Ambas fuerzas conforman la conocida transición demográfica, un proceso que siguen los países a medida que mejoran sus condiciones de vida y avanzan en su desarrollo.

Uno de los indicadores más ilustrativos es la edad mediana. De apenas 17 años en 1869 pasó a superar los 32 en 2025, con un incremento de más de cinco años solo entre 2000 y 2025. Este ritmo acelerado indica que Argentina envejece más rápido en períodos recientes, lo que implica un desafío adicional para un sistema previsional ya presionado por la caída de aportantes y el aumento sostenido del gasto. 

A nivel provincial, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires encabeza la lista de jurisdicciones con mayor proporción de personas centenarias en Argentina, con 23,8 por cada 100.000 habitantes. En segundo lugar se ubica Río Negro, que registra 15,1, seguida por Corrientes con 13,0. Más abajo aparecen Santiago del Estero, también con 13,0, y Entre Ríos, que alcanza 12,8. 

Ante esto, el análisis subraya que el país aún transita un bono demográfico, una ventana favorable en la que la población en edad de trabajar supera a la dependiente. Esta etapa, iniciada en los años 90, permite potenciar el ahorro, la inversión y el crecimiento económico, siempre que existan políticas públicas capaces de transformar esa oportunidad en bienestar real. De lo contrario, Argentina podría enfrentar en pocos años un sistema previsional aún más tensionado, con una población mayor que crece más rápido que los recursos para sostenerla.

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