El Senado de la Nación sesionará este jueves a las 11 para aprobar 67 pliegos de jueces y fiscales federales que ya obtuvieron dictamen en la Comisión de Acuerdos. La agenda, definida por la Comisión de Labor Parlamentaria, incorpora además cinco acuerdos internacionales que requieren aval legislativo para su entrada en vigencia.
El capítulo judicial concentra buena parte del peso político de la sesión. Entre los pliegos se encuentran los de Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola, propuestos para integrar la Cámara Federal porteña, uno de los tribunales con mayor incidencia sobre expedientes vinculados con corrupción, delitos económicos, lavado de dinero y crimen organizado.
La eventual designación de ambos magistrados adquiere particular relevancia por el tipo de causas que podrían quedar bajo la órbita del tribunal. Entre ellas aparecen investigaciones de alto impacto político para el Gobierno nacional, como el expediente relacionado con la criptomoneda $LIBRA y la causa por presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
En esta última investigación fue apartado de su cargo el entonces titular del organismo, Diego Spagnuolo, mientras que el expediente también alcanza al presidente Javier Milei y a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. La Cámara Federal porteña podría tener intervención en distintas instancias de procesos de esta naturaleza.
El tribunal también podría recibir la causa por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al vocero presidencial Manuel Adorni y que actualmente tramita ante el juzgado de Ariel Lijo. El magistrado le otorgó una prórroga de 15 días para que presente documentación destinada a justificar su patrimonio.
Bertuzzi y Yadarola ya atravesaron sus exposiciones ante la Comisión de Acuerdos sin mayores obstáculos. La instancia tuvo una particularidad política: los principales opositores del bloque Justicialista, conducido por José Mayans, no participaron de la audiencia, lo que redujo el nivel de cuestionamiento durante el tratamiento de las candidaturas.
El oficialismo negoció con aliados para garantizar la sesión
La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, tuvo un papel central en la construcción de los acuerdos necesarios para llevar adelante la sesión. El oficialismo consiguió respaldo de sectores del PRO, la UCR y bloques provinciales, aunque esas negociaciones también expusieron demandas para ampliar la agenda parlamentaria.
Los aliados plantearon incorporar proyectos con mayor impacto económico y social, pero esas iniciativas no formarán parte del temario de este jueves. Su tratamiento podría avanzar en las próximas semanas si consiguen los dictámenes correspondientes en las comisiones.
Entre los expedientes que ya comenzaron a discutirse aparecen dos iniciativas impulsadas por la salteña Flavia Royón y la misionera Sonia Rojas Decut sobre el marco regulatorio y los presupuestos mínimos de protección ambiental vinculados con el mercado voluntario de carbono.
También continúa el debate sobre la Ley de Biocombustibles. Un proyecto de la senadora tucumana Beatriz Ávila propone modificar los porcentajes obligatorios de biodiésel y bioetanol incorporados al gasoil y las naftas. La discusión involucra a las comisiones de Minería, Energía y Combustibles y de Presupuesto y Hacienda.
El expediente reúne además iniciativas de los santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano, los senadores de Provincias Unidas Alejandra Vigo y Carlos Espínola, Flavia Royón, los misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut y el peronista Jorge Capitanich. Patricia Bullrich también presentó una propuesta sobre la materia.
El dato político relevante para Misiones es que los senadores Carlos Arce y Sonia Rojas Decut aparecen dentro de una discusión que puede impactar sobre una actividad vinculada con la matriz energética y productiva regional. Sin embargo, el proyecto todavía debe atravesar la instancia de comisiones antes de convertirse en parte de una sesión.
Mercosur, Ucrania y Chile, en la agenda internacional
La sesión también contempla la aprobación de cinco acuerdos internacionales. El tratamiento será fundamentado por el senador libertario Francisco Paoltroni, titular de la Comisión de Relaciones Internacionales.
Entre los instrumentos figura el Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercosur y la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC), integrada por Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza. Su tratamiento conecta la agenda parlamentaria con uno de los principales desafíos comerciales del bloque regional: ampliar mercados y profundizar vínculos económicos fuera de sus socios tradicionales.
También se encuentra el Protocolo de Montevideo sobre Comercio de Servicios del Mercosur, junto con el Convenio Interamericano sobre Permiso Internacional de Radioaficionado.
La agenda se completa con el Tratado sobre Traslado de Personas Sentenciadas con Ucrania y el Tratado de Extradición con Chile, que incorpora además disposiciones relativas a la transmisión electrónica de solicitudes de cooperación jurídica.
Así, la sesión combinará una definición de fuerte contenido institucional —la cobertura de 67 vacantes judiciales— con acuerdos internacionales que amplían el marco jurídico de cooperación y comercio de la Argentina. El resultado de la jornada también permitirá medir la capacidad del oficialismo para sostener acuerdos con sus aliados y, al mismo tiempo, anticipar qué proyectos económicos y productivos podrán ganar espacio en la agenda del Senado durante las próximas sesiones.
El Senado avanzó este martes con el tratamiento de cerca de 80 pliegos judiciales impulsados por el Gobierno nacional, en una negociación política que involucró al oficialismo y a sectores dialoguistas del PRO, la UCR y bloques provinciales. Entre las postulaciones incluidas aparece la de la misionera Ruth María Ponce de León, propuesta para ocupar el cargo de jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Posadas.
La movida representa uno de los acuerdos institucionales más amplios que logró hasta ahora La Libertad Avanza en la Cámara alta en materia judicial. El oficialismo obtuvo dictámenes favorables en la Comisión de Acuerdos luego de incorporar decenas de cargos reclamados por provincias y fueros federales del interior del país.
El pliego de Ponce de León quedó así habilitado para avanzar hacia la etapa de acuerdos legislativos, dentro de un paquete que incluye jueces, fiscales, defensores oficiales y camaristas para distintas jurisdicciones federales.
La negociación política se aceleró luego de que el Gobierno enviara alrededor de cincuenta nuevos pliegos vinculados a juzgados federales del interior. Esa decisión permitió que bloques opositores dialoguistas acompañaran los despachos que estaban pendientes desde audiencias anteriores.
En la práctica, el oficialismo logró consolidar una mayoría circunstancial para avanzar con designaciones estratégicas en la estructura judicial federal, un terreno históricamente sensible por su impacto institucional y político.
Dentro de ese esquema también se destacó la audiencia pública de Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, postulado para el Tribunal Federal de Juicio de Santa Fe. Su exposición concentró parte de la atención política de la jornada y funcionó como señal de acercamiento entre sectores del oficialismo y el entramado judicial federal.
Qué implica el avance del pliego para Misiones
La postulación de Ruth María Ponce de León se vincula directamente con el Tribunal Oral Federal de Posadas, órgano clave en causas federales vinculadas a narcotráfico, delitos económicos y criminalidad compleja en la región.
Aunque el texto base no detalla vacantes específicas ni tiempos de cobertura, el avance del pliego aparece en un contexto donde el Gobierno busca acelerar nombramientos en tribunales federales estratégicos del interior.
Para Misiones y el NEA, el movimiento tiene peso institucional porque los tribunales federales cumplen un rol central en una región atravesada por dinámicas fronterizas, comercio internacional y delitos transnacionales.
La inclusión de cargos para Chaco, Corrientes, Formosa, Salta y Misiones también refleja una lógica de distribución territorial en la negociación parlamentaria, un reclamo que sectores dialoguistas venían sosteniendo frente a la concentración de designaciones en Buenos Aires.
La Justicia federal volvió al centro de la negociación política
El tratamiento conjunto de más de 80 pliegos exhibe un dato político relevante: aun con minoría parlamentaria, el oficialismo consiguió articular acuerdos para intervenir en la conformación del mapa judicial federal.
La estrategia incluyó habilitar nombramientos en distintas provincias y fueros, una señal orientada a contener demandas de gobernadores, senadores provinciales y sectores judiciales que reclamaban cobertura de vacantes.
En paralelo, el debate volvió a poner sobre la mesa la discusión sobre los mecanismos de selección de magistrados y el nivel de discrecionalidad en los concursos judiciales. Durante la audiencia, Emilio Rosatti sostuvo que existen distintos proyectos para modificar el sistema y “bajar la discrecionalidad” en las designaciones.
Aunque los dictámenes ya fueron habilitados en comisión, el proceso aún depende de futuras sesiones del Senado para convertir las postulaciones en designaciones efectivas.
La próxima etapa será observar si el oficialismo logra sostener la misma mayoría circunstancial en el recinto y cómo impacta esa negociación en otras discusiones legislativas abiertas entre el Gobierno y la oposición dialoguista.
En el caso de Misiones, la evolución del pliego de Ruth María Ponce de León quedará ligada a esa dinámica política nacional, en un escenario donde la Justicia federal continúa siendo uno de los espacios de mayor sensibilidad institucional y de disputa de poder.
El listado completo de los nuevos pliegos judiciales:
Ana María Busleiman para jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Catamarca.
Sebastián Pedro Ruiz para juez del Tribunal Federal de Juicio de Comodoro Rivadavia, Chubut.
Fernando Gabriel Alcaraz para fiscal federal de la Unidad Fiscal Mendoza.
Maximiliano Alberto Leandro Callizo para juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 58 de la Capital Federal.
Sergio Alejandro Echegaray para juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 44 de la Capital Federal.
Juan Manuel Cabral para vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, Sala K.
Albertina Anatonia Caron para jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 19 de la Capital Federal.
Pedro Manuel Crespo para juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 28 de la Capital Federal.
Sebastián Rodrigo Ghersi para juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 45 de la Capital Federal.
Patricio Nicolás Sabadini para fiscal federal de la Unidad Fiscal de Resistencia, Chaco.
Santiago José Martín para vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata, Buenos Aires.
Santiago French para vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta.
Amanda Espino para defensora pública oficial ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Defensoría N° 7.
Evangelina María Lasala para jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 18 de la Capital Federal.
José María Abram Luján para juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 110 de la Capital Federal.
Pilar Fernández Escarguel para jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 109 de la Capital Federal.
Hugo Daniel Froy para fiscal federal de la sede fiscal descentralizada de Paso de los Libres, Corrientes.
Juan Tomás Rodríguez Ponte para juez del Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional N° 2 de Lomas de Zamora, Buenos Aires.
Santiago Villagrán para juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N°19 de la Capital Federal.
Paula Vanesa Romeo para jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 18 de la Capital Federal.
Julio César di Giorgio para juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 10 de la Capital Federal.
Juan Carlos Riccardini para juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y N° 9 de la Capital Federal.
Ángel Roger Luna Roldán para juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán.
María Virginia Ise para vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia, Chaco.
Juan Marcelo Burella Acevedo para fiscal federal de la Unidad Fiscal de Corrientes.
Ruth María Ponce de León para jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Posadas, Misiones.
Pablo Roberto Toledo para juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán.
Claudio Fabián Loguarro para vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal, Sala III.
Diego Fernando Manauta para vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal, Sala V.
Diego Javier Tula para vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal, Sala II.
Marina Edith Pisacco para vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal, Sala VI.
María Claudia Jueguen para vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal, Sala X.
Víctor Arturo Pesino para vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal, Sala VIII.
Leopoldo Jorge Rago Gallo para juez del Juzgado Federal de Primera Instancia N°2 de San Juan.
Matilde Evangelina Ballerini para vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital Federal, Sala B.
Pedro Mariano Rebollo para fiscal ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Gualeguaychú, Entre Ríos.
Natalia Cecilia Crede para fiscal general ante los Tribunales Orales en lo Penal Económico de la Capital Federal, Fiscalía N° 3.
María Ángeles Ramos para fiscal general ante los Tribunales Orales en lo Penal Económico de la Capital Federal, Fiscalía N° 4.
Santiago Roldán para fiscal general ante los Tribunales Orales en lo Penal Económico de la Capital Federal, Fiscalía N° 2.
Gustavo Alejandro Roque Cultraro para juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 10 de la Capital Federal.
Bernardo María Rodríguez Palma para juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de San Martín, Buenos Aires.
Fernando Carlos Damián Pascual para juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 41 de la Capital Federal.
Mariana Salduna para jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 25 de la Capital Federal.
Vanesa Silvana Alfaro para jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 16 de la Capital Federal.
Bárbara Rastellino para jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 27 de la Capital Federal.
Javier Rodrigo Pereyra para juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 3 de la Capital Federal.
Agustín Raúl Rubiero para vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, Sala D.
Alicia Isabel Braghini para vocal de la Cámara Federal de la Seguridad Social, Sala III.
Florencia Inés Córdoba para jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 66 de la Capital Federal.
Lucila Califano para jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 9 de la Capital Federal.
Hernán Enrique Figueroa para defensor público oficial ante los Tribunales Orales en lo Penal Económico de la Capital Federal, Defensoría N° 2.
Germán Luis Artola para defensor público oficial adjunto ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Defensoría N° 11.
Nuria Saba Sardañons para defensora pública oficial adjunta ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Defensoría N° 15.
José Nicolás Celestino Chumbita para defensor público oficial ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de La Rioja.
Sofía Beatriz del Milagro Martín para defensora pública de víctima con asiento en la provincia de Santiago del Estero.
Maximiliano Eduardo Nicolás para defensor público de menores e incapaces ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Defensoría N° 4.
María Laura Irastorza para defensora pública de víctima con asiento en la provincia de Río Negro.
María Esther Pinos para defensora pública oficial federal del interior del país con asiento en la ciudad de Formosa.
Ana Clarisa Galán Muñoz para defensora pública oficial ante la Cámara Federal de Casación Penal, Defensoría N° 3.
Maximiliano Abel Chávez, Andrea Cristina Di Gregorio, Agustín García Fauré, Gabriel Andrés Marnich, José Eduardo Di Lena y Fernando Gabriel Saraboso, conjueces de los Juzgados Federales de Primera Instancia de la jurisdicción de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba.
El Gobierno nacional dio un paso decisivo en la reconfiguración del Poder Judicial. El presidente Javier Milei envió al Senado los pliegos para cubrir 62 cargos vacantes, en un sistema que arrastra más de 300 puestos sin cubrir y un nivel de vacancia que ya supera el 36% en la Justicia nacional y federal.
La iniciativa incluye la designación de 50 jueces, cinco defensores, un fiscal y seis conjueces. Los expedientes ya ingresaron a la Cámara alta y serán analizados por la Comisión de Acuerdos antes de su eventual tratamiento en el recinto.
Según confirmó el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, se trata de la “primera tanda” de nombramientos, en una estrategia que busca comenzar a descomprimir el funcionamiento de los tribunales, especialmente en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense, donde se concentra la mayoría de las vacantes.
El proceso legislativo demandará acuerdos políticos en el Senado, donde el oficialismo no cuenta con mayoría propia. La intención es avanzar con el tratamiento en las próximas semanas, una vez que los pliegos tomen estado parlamentario.
Entre los nombres propuestos aparecen figuras con vínculos directos con el sistema judicial. Uno de los casos más destacados es el de Emilio Rosatti, postulado para un tribunal federal en Santa Fe, hijo del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti. Desde el entorno del magistrado aclararon que no participó en la selección de la terna.
También figuran Ana María Cristina Juan, esposa del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, y María Julia Sosa, secretaria del juzgado de Julián Ercolini, lo que reaviva el debate sobre la independencia y los vínculos dentro del Poder Judicial.
Un dato relevante es que ninguno de los pliegos enviados corresponde a tribunales de Comodoro Py, el fuero donde se investigan causas de corrupción, lavado de dinero y narcotráfico, a pesar de que cerca del 31% de sus cargos se encuentran vacantes.
El envío de estos pliegos se produce en un contexto crítico para la Justicia. Según datos oficiales, el 36,5% de los cargos judiciales está sin cubrir y podría escalar al 42% en los próximos meses. En el Ministerio Público, la situación es aún más delicada: el 46% de los puestos permanece vacante.
El nuevo reglamento del Senado establece que los pliegos deberán publicarse con al menos 15 días de anticipación a la audiencia pública, lo que fija un cronograma mínimo antes de su aprobación.
La movida del Ejecutivo abre una etapa de negociación política clave para definir el mapa judicial de los próximos años, en medio de tensiones por la independencia del sistema y la necesidad de cubrir cargos críticos para el funcionamiento institucional.
El gobierno nacional aumentó los requerimientos para la selección de jueces de la Corte Suprema de Justicia y de los jueces federales, entre los que se destaca que los aspirantes deberáan mostrar su patrimonio y no tener deudas con la AFIP
El gobierno nacional aumentó los requerimientos para la selección de jueces de la Corte Suprema de Justicia y de los jueces federales, entre los que se destaca que los aspirantes deberáan mostrar su patrimonio y no tener deudas con la AFIP.
La presentación incluirá un detalle de la situación patrimonial de los postulantes, detectando irregularidades o inconsistencias, según señala el decreto 491/2018 publicado este miércoles en el Boletín Oficial.
“Proponemos un análisis más profundo, para saber si hay inconsistencias. Si el día de mañana hay sospechas, vamos a tener una radiografía de los jueces, con sus bienes, sus propiedades y sus consumos y el Presidente tendrá un panorama exhaustivo y claro a la hora de elegir qué candidato de la terna nomina”, resaltó el ministro de Justicia, Germán Garavano.
El candidato deberá prestar conformidad para que la AFIP elabore el informe, que será reservado y sólo podrá ser utilizado para la consideración de los antecedentes por parte del Poder Ejecutivo.
Asimismo, el Ministerio de Justicia podrá realizar consultas a organismos especializados sobre las declaraciones juradas y la información brindada por la AFIP.
Los candidatos ternados, a su vez, presentarán otra declaración que indique la nómina de asociaciones civiles y sociedades comerciales que hayan integrado en los últimos ocho años, los estudios de abogados a los que hubieren pertenecido, y la nómina de clientes o contratistas durante al menos ese lapso.
En la misma línea, deberán indicar cualquier tipo de compromiso o actividades propias o de sus familiares que pudieran afectar su imparcialidad de criterio.
