JUEZA

¿Qué pasó en el operativo en el que se decidía la adopción de una nena? ¿Quién es responsable de los derechos vulnerados?

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Las imágenes que circulan en las redes sociales dan cuenta de un bochornoso operativo que terminó en empujones y corridas con una niña de cuatro años tironeada por familiares y policías en medio de una causa por adopción en Eldorado. ¿Qué pasó? ¿Quién es responsable del despropósito? En la Justicia apuntan como principal responsable a la jueza Corina Jones por no haber sabido manejar el procedimiento. Sin embargo, la magistrada no fue suspendida, porque en rigor, no se apartó una línea de lo que establece la legislación vigente en materia de adopciones.

La niña estaba bajo custodia de una familia en guarda de hecho. Y la ley prohíbe expresamente -artículo 611 del Código Civil- la entrega directa en guarda de niños, niñas y adolescentes mediante escritura pública o acto administrativo, así como la entrega directa en guarda otorgada por cualquiera de los progenitores u otros familiares del niño.  Ni la guarda de hecho, ni los supuestos de guarda judicial o delegación del ejercicio de la responsabilidad parental deben ser considerados a los fines de la adopción. En el STJ admiten como un problema la mora en resolver la situación de la niña que está con la familia de custodia desde que tenía un mes de vida. La familia inició trámites de adopción pero “mal asesorada”, porque colisionan con la ley que para ser desechada, debe ser declarada inconstitucional. 

La jueza Corina Jones, recientemente designada jueza de Familia 1 de Eldorado. La especialista en Derecho de Familia pasó las audiencias públicas en agosto de este año, pero ya conocía ese juzgado porque había sido secretaria. Ahora quedó en el ojo de la tormenta por cómo manejó la situación y la exposición de la niña que el jueves recién conoció a la pareja de policías que había solicitado su adopción. “Le faltó cintura para manejar la situación y todo se fue de las manos. Pero actuó conforme a la ley. Es una jueza apegada al Derecho”, señalaron fuentes judiciales.

El problema, en el fondo, sigue siendo el vetusto sistema para resolver adopciones y el tiempo que pasa para decidir el futuro de los niños que están en una situación de vulnerabilidad.

Según fuentes judiciales, fue la familia de guarda la que se negó a entregar a la niña y movilizó a vecinos que literalmente, sitiaron el juzgado obligando a la intervención, poco feliz, de la Policía y que terminó en una batalla campal que incluyó forcejeos con la misma niña que no quería ser separada de su familia cuidadora.

La niña fue trasladada a Posadas a la casa de otra familia custodia hasta que se defina su futuro si es que finalmente será dada en adopción a la pareja que inició los trámites. Pero la situación podría cambiar en las próximas horas, ya que el Juzgado eldoradense encontró a un tío de la niña que podría hacerse cargo hasta que se resuelva la situación de fondo.

La jueza Jones decidió ponerle fin a la tenencia del matrimonio Dávalos-Rodríguez y otorgar la adopción a una pareja de policías que vive en Posadas.

Si bien la magistrada le impuso un bozal legal a la pareja y a sus abogados, familiares del matrimonio que tenía a la niña señalaron que “la escuchamos llorar adentro del juzgado toda la tarde (de ayer) y después se la llevaron con la policía”.

Además, indicaron que “cuando la niña estaba perfectamente integrada a su familia, la magistrada decidió de manera intempestiva sacarles la custodia”.

La jueza Jones aseguró hoy que la culpa de los hechos violentos ocurridos en la vereda del juzgado “es responsabilidad de la policía”, que debía trasladar a la menor de edad.

En cuanto a su actuación en el caso, aseguró al canal 6 de Posadas que “la menor estaba al cuidado de una familia en carácter transitorio. Ellos eran una familia solidaria, que no admite que puedan adoptar a la niña”.

“La familia que tenía en custodia a la menor siempre estuvo al tanto de que tenían a la niña en guarda de manera transitoria”, explicó, cosa que niega la familia y asegura haber iniciado el trámite de adopción definitiva.

Por su parte, Miguel Molina, defensor de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (NNyA) de Misiones, criticó el accionar de la Justicia y de la policía en el caso.

“Siempre se debe preservar a los Niños, Niñas y Adolescentes de escenarios de conflictos y de violencia personal e institucional“, dijo el funcionario y agregó que “el uso de las fuerzas debe ajustarse a protocolos y es necesaria la actuación de los organismos de protección de los Derechos de Niñas Niños y Adolescentes”.

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Por unanimidad, destituyeron a la jueza acusada de vender adopciones en Buenos Aires

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Los integrantes del jury tomaron la decisión por unanimidad de remover a Alejandra Claudia Velázquez, la jueza acusada entre otras cosas de “intermediación de cesión directa por precio de personas por nacer”, a quien la gobernadora María Eugenia Vidal le rechazó la renuncia que presentó estando ya en proceso de enjuiciamiento permitiendo que sea juzgada.

El jurado de enjuiciamiento contra la jueza Alejandra Claudia Velázquez, ex titular del Juzgado de Familia Nro. 1 de Pilar, acusada entre otras cosas de “intermediación de cesión directa por precio de personas por nacer”, tomó la decisión ayer por unanimidad de removerla de su cargo.
“Por unanimidad resolvimos destituir a la magistrada e inhabilitarla para ejercer en adelante función judicial. La gravedad de los cargos imputados que fueron acreditados con la prueba producida a lo largo del procedimiento, fundaron la toma de esta decisión”, dejó saber la Senadora de Cambiemos, Nidia Moirano (miembro del jury y Presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos de la Cámara Alta Provincial).
Y agregó: “A pesar de la graved ad que significa para el estado de derecho el apartamiento de un juez, y ante la comprobación de las faltas y delitos cometidos, se avanzó en la decisión correcta. No hay duda de que el apartamiento dictado por unanimidad en el jury, habla de dar un paso concreto en pos de recuperar la transparencia, eficiencia y eficacia judicial”.
Velázquez estuvo al frente del juzgado de Pilar desde su creación hasta su cese en el cargo por suspensión en el año 2016.  Entre los cargos en su contra se encuentran: datar falsamente sentencias e interlocutorios; irregularidades en el procedimiento (como permitir que, mientras estaba en viaje fuera del país, en muchos casos sin autorización de la Corte, sus auxiliares firmaran 600 expedientes durante los años que estuvo en el cargo); intermediación de cesión directa por precio de personas por nacer; acoso laboral; incumplimientos reiterados en materia de adopción; actos de parcialidad manifiesta; entre otros.
Cabe destacar, además, que en noviembre de 2016 la Dra. Velázquez presentó su renuncia –estando ya en proceso de enjuiciamiento– , la que fue rechazada por la Gobernadora María Eugenia Vidal, permitiendo que el jurado pudiera cumplir su cometido.
El jurado estuvo integrado por: la Presidenta de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, Hilda Kogan; la Senadora Nidia Moirano; los Diputados Carlos Ramiro Gutiérrez; María Elena Torresi; Sandra Paris; Conjueces abogados Jorge Omar Almanza; Andrés Blas Roman; Marcos Darío Vilaplana y Héctor Osvaldo Blanco Kuhne.
En diálogo con el sitio platense ‘Hoy’, el secretario permanente de Enjuiciamiento de Magistrados, Ulises Giménez, explicó que “la decisión de destituirla e inhabilitarla para ocupar cargos en la Justicia fue por unanimidad de los integrantes del jurado, compuesto por legisladores, abogados de matrícula y la presidenta de la Suprema Corte de Justicia”.
Una fuente del jurado explicó al sitio mencionado que en el transcurso del proceso “no se pudo probar el cohecho” en una de las acusaciones más graves, según la cual la magistrada habría percibido dinero a cambio de otorgar adopciones.
Pese a ello, el Jurado de Enjuiciamiento resolvió girar todas las actuaciones a la Fiscalía de San Isidro, que investiga a la jueza por una denuncia que la acusa de haber recibido dádivas y regalos a cambio de beneficiar a parejas acaudaladas afincadas en countries de zona norte, por trámites de adopción.
La denuncia que dio lugar al jury contra la funcionaria judicial fue presentada por la Procuración General de la Corte, en forma conjunta con el Colegio de Abogados de San Isidro.
Según ‘Hoy’, fue el particular pedido de Velázquez de una lista de espera de padres con nombres y apellidos a un organi smo porteño lo que disparó la investigación de la Corte bonaerense y las denuncias en su contra.
Una fuente cercana al proceso afirmó: “Se apreció una alteración del sistema de preferencias por orden de tiempo y características en las fechas. También, un cambio de registro de orden de chicos en situación de ser adoptados. Apareció gente que en muy pocos meses se llevó un bebé. Además, se dio el caso de dos hermanas que se llevaron bebés para cada una con muy poco tiempo de diferencia. Por otra parte, se habla de regalos y dinero que llegaban al juzgado”.
Sin embargo, lo más escalofriante fue una orden emitida por la jueza Velázquez al personal técnico de su juzgado. En el expediente, se afirma que la jueza habría ofrecido una retribución económica a trabajadoras sociales del cuerpo técnico del tribunal a su cargo a cambio de que visitaran barrios carenciados de la zona de Pilar para dar con muj eres embarazadas que no pudieran hacer frente a la crianza de sus hijos, ya que numerosos matrimonios acaudalados de los countries de la zona pagarían convenientemente por dicha tarea.
Hay que aclarar que los empleados del Juzgado afirmaron haberse negado a cumplimentar ese pedido de la ahora exjueza.
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