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El BCRA lanzó la Tasa de Intereses Moratorios para unificar criterios judiciales

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El Banco Central de la República Argentina (BCRA) aprobó la publicación de la Tasa de Intereses Moratorios (TIM), una nueva serie estadística destinada a servir como referencia objetiva para que los tribunales determinen intereses moratorios en deudas en pesos. La decisión, adoptada el jueves 8 de enero de 2026, se encuadra en lo dispuesto por el inciso c del artículo 768 del Código Civil y Comercial de la Nación y busca aportar previsibilidad, razonabilidad y seguridad jurídica en un terreno históricamente atravesado por criterios dispares.

Una referencia técnica para aplicar el artículo 768 del Código Civil y Comercial

La creación y difusión de la TIM responde a la necesidad de contar con un parámetro público, homogéneo y técnicamente fundado para el cálculo de intereses moratorios cuando no existe una tasa legal o convencional aplicable. El artículo 768 del Código Civil y Comercial de la Nación establece que, en esos casos, los jueces deben fijar la tasa teniendo en cuenta “las tasas de interés que determine el Banco Central”, lo que hasta ahora generaba un amplio margen de interpretación.

Con la aprobación del Directorio del BCRA, la nueva serie estadística se incorpora formalmente como herramienta de referencia para el Poder Judicial, luego de haber sido sometida a consulta pública. De este modo, el organismo monetario busca reducir la dispersión de criterios y dotar de mayor coherencia a las decisiones judiciales vinculadas a deudas en moneda local.

Cómo se calcula la Tasa de Intereses Moratorios (TIM)

La TIM se construye a partir de un promedio entre dos componentes clave del sistema financiero: una tasa pasiva y una tasa activa. En concreto, toma como base el promedio entre la tasa de interés correspondiente a los depósitos a plazo fijo en pesos a 30 días y la tasa activa resultante del promedio ponderado de los préstamos en pesos otorgados mediante documentos a sola firma y de los préstamos personales.

Para preservar el valor real de las deudas y, al mismo tiempo, garantizar la razonabilidad del interés aplicado, la tasa efectiva diaria resultante se encuentra acotada dentro de dos bandas. Por un lado, no puede superar la variación diaria del Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) más un 3% efectivo anual. Por otro, tampoco puede ubicarse por debajo de la variación diaria del CER menos un 3% efectivo anual. Este esquema busca evitar tanto la licuación de acreencias como la aplicación de intereses desproporcionados.

Consultar la calculadora de la TIM

Acceso público, calculadora y serie histórica

El BCRA informó que la TIM contará con un esquema de difusión amplio y transparente. En la sección de Servicios y Trámites del organismo estará disponible una Calculadora de TIM, que permitirá estimar los intereses y el monto total resultante a partir de un capital inicial y un período determinado. Esta herramienta apunta tanto a operadores jurídicos como a ciudadanos y empresas que necesiten anticipar el impacto financiero de una deuda judicializada.

Asimismo, el Banco Central publicará la resolución correspondiente con su anexo metodológico y pondrá a disposición la serie histórica completa en la sección de Estadísticas e indicadores, con actualización diaria y formato Excel. La accesibilidad a los datos busca reforzar la previsibilidad y facilitar su utilización en procesos judiciales y análisis económicos.

Impacto institucional y previsibilidad económica

Con esta medida, el BCRA reafirma su rol como proveedor de referencias técnicas para el funcionamiento del sistema jurídico y económico. La estandarización de una tasa de intereses moratorios reduce la incertidumbre para acreedores y deudores, limita la discrecionalidad en la fijación judicial de intereses y contribuye a una mayor seguridad jurídica en las relaciones contractuales.

En un contexto macroeconómico marcado por la necesidad de previsibilidad y reglas claras, la TIM se presenta como una herramienta institucional que articula política monetaria, sistema financiero y administración de justicia, con efectos directos sobre litigios, contratos y expectativas económicas.

Descargar el anexo metodológico (PDF)

Descargar la resolución de Directorio 1/26 (PDF)

Descargar la serie estadística de la TIM (XLS)

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Histórico fallo en Brasil: La Corte Suprema reconoce el racismo estructural y ordena medidas urgentes

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En una decisión unánime, el Supremo Tribunal Federal (STF) admitió la existencia de violaciones sistemáticas contra la población negra y exigió al Estado la creación de protocolos de atención y la revisión de políticas de cuotas.

En un fallo de profunda relevancia social y jurídica, el Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil reconoció por unanimidad la existencia del racismo estructural en el país. La sentencia, dictada el pasado jueves 18 en el marco de la acción constitucional ADPF 973, establece que el Estado brasileño tiene la obligación inmediata de adoptar medidas concretas para frenar las vulneraciones persistentes a los derechos fundamentales de la población negra.

Mandatos de acción inmediata

El tribunal no se limitó al reconocimiento simbólico, sino que impuso una hoja de ruta para diversas instituciones públicas. Entre las obligaciones dictadas destacan:

  • Revisión de políticas públicas: El Estado deberá elaborar un nuevo plan nacional de combate al racismo estructural o revisar profundamente el actual.
  • Acceso y cupos: Se ordenó la revisión de los sistemas de cuotas raciales en el ámbito educativo y laboral para garantizar su efectividad.
  • Protocolos institucionales: Las fuerzas policiales, el Poder Judicial, los Ministerios Públicos y las Defensorías deberán implementar protocolos específicos para la atención de personas negras, buscando erradicar disparidades y mejorar el acogimiento institucional.

El origen de la demanda

La ADPF 973 nació de una articulación del movimiento negro y fue impulsada formalmente por siete partidos políticos (PT, PSOL, PSB, PCdoB, Rede Sustentabilidad, PDT y PV). El objetivo principal de la demanda era que la justicia declarara un “estado de cosas inconstitucional”, una figura jurídica que se aplica cuando existen violaciones masivas y generalizadas de derechos que requieren una intervención coordinada del Estado.

Debate interno: ¿Estado de cosas inconstitucional?

Aunque la decisión sobre la existencia del racismo fue unánime, los magistrados se dividieron en dos corrientes respecto a la calificación técnica del escenario:

  1. Reconocimiento de gravedad sin declaración formal: La corriente mayoritaria, liderada por el relator Luiz Fux (acompañado por los ministros Zanin, Mendonça, Marques, Moraes, Toffoli y Mendes), reconoció la gravedad de las violaciones y apoyó las medidas correctivas. Sin embargo, consideraron que las acciones que ya están en curso por parte del gobierno impiden declarar formalmente el “estado de cosas inconstitucional”.
  2. Reconocimiento de omisión sistémica: Por otro lado, los ministros Flávio Dino, Edson Fachin y Cármen Lúcia defendieron que sí existe una omisión estatal sistémica que justificaba plenamente dicha categoría jurídica.

El impacto en la democracia

El cierre del juicio contó con intervenciones clave de los ministros Gilmar Mendes y Edson Fachin. Mendes subrayó que el racismo en Brasil no es un fenómeno aislado, sino que tiene una dimensión histórica con efectos sistemáticos que permean incluso a las instituciones públicas. Por ello, votó a favor de declarar la omisión del Ejecutivo y urgió a crear mecanismos de monitoreo con participación de la sociedad civil.

Por su parte, el presidente del STF, Edson Fachin, fue enfático al señalar que las acciones estatales actuales han sido insuficientes. Según Fachin, la persistencia de esta desigualdad no solo limita el ejercicio de la ciudadanía para millones de brasileños, sino que compromete directamente la consolidación de la democracia en el país.

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Tras el pedido de la Justicia al BCRA, este informó que “no existen contratos que registren el envío de oro al exterior”

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El Banco Central de la República Argentina (BCRA) quedó en el centro de una controversia institucional de alto impacto económico y político tras un fallo de la Justicia que lo obliga a brindar información pública sobre el eventual envío de reservas de oro al exterior. La decisión judicial, adoptada por la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, reavivó el debate sobre la transparencia en la gestión de activos estratégicos del Estado, el riesgo de embargos en el marco del juicio por la expropiación de YPF y la estrategia oficial para obtener rendimientos financieros en un contexto de escasez de dólares.

El conflicto enfrenta al Gobierno nacional, que alega razones de seguridad y confidencialidad, con sectores sindicales, legislativos y de control que reclaman acceso pleno a la información, al amparo de la Ley de Acceso a la Información Pública. En paralelo, el BCRA sostuvo ante la Justicia que “no existen contratos que registren el envío de oro al exterior”, una afirmación que profundiza la incertidumbre sobre el destino y el uso de las reservas.

El fallo judicial y la obligación de informar

La Sala V de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, integrada por los jueces Guillermo Treacy y Pablo Gallegos Fedriani, dispuso que el Banco Central debe brindar información pública vinculada al eventual traslado de lingotes de oro fuera del país. La resolución revocó un fallo de primera instancia que había avalado la negativa del organismo monetario a responder los pedidos de información formulados por la Asociación Bancaria.

La presentación judicial se inscribió en el marco de la Ley de Acceso a la Información Pública y contó con el respaldo de directores de la Auditoría General de la Nación (AGN), que asiste al Poder Legislativo en el control externo del sector público. Para estos actores, la falta de información constituye un “escándalo institucional”, mientras que desde el Poder Ejecutivo se argumenta que revelar datos sensibles podría exponer las reservas a eventuales embargos por parte de acreedores externos.

El trasfondo inmediato es el juicio por la expropiación de YPF, que se tramita en tribunales de Nueva York y que podría derivar en reclamos por más de USD 18.000 millones. En ese contexto, la localización precisa de activos estratégicos, como el oro del BCRA, es observada con atención por fondos de inversión de alto riesgo, conocidos como “fondos buitre”.

El oro del Banco Central y la estrategia financiera oficial

Según la información disponible, el envío de oro al exterior impulsado por el ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del BCRA, Santiago Bausili, tuvo un antecedente directo en 2017, cuando durante la gestión de Federico Sturzenegger se transfirieron al Banco de Inglaterra activos por un valor estimado en USD 462 millones, con el objetivo de obtener rentabilidad en el mercado internacional.

La actual administración sostiene que la operatoria apunta a hacer rendir activos ociosos en un contexto de restricciones externas severas. En ese marco, se analizan operaciones de tipo Repo, que consisten en la venta de un activo —en este caso oro— con el compromiso de recomprarlo en un plazo y precio determinados, a cambio de liquidez inmediata en dólares para afrontar vencimientos.

El BCRA afirma que el stock declarado de oro, equivalente a 1,98 millones de onzas, se mantiene estable desde hace al menos cinco años y que las reservas de oro están valuadas actualmente en USD 4.900 millones. Sin embargo, tanto la oposición como la AGN reclamaron precisiones sobre fechas, destino, bancos custodios y tipo de operación financiera involucrada.

La controversia se profundizó cuando trascendió que, según la respuesta oficial del Central, “los contratos de colocación de lingotes de oro con el BIS y/o cualquier otro depositario del exterior no existen a la fecha ni los había al 31/12/2024”, y que, en consecuencia, “no se han tenido que elaborar informes del servicio jurídico del BCRA”.

Antecedentes históricos y disputa política

El oro en cuestión tiene un fuerte contenido simbólico y económico. Fue incorporado mayoritariamente durante la gestión de Néstor Kirchner, cuando el BCRA adquirió 54,8 toneladas del metal por un desembolso estimado entre USD 700 y 750 millones, anticipando la revalorización internacional del oro tras la salida de la Convertibilidad. Esa estrategia generó, según estimaciones, una ganancia contable de USD 2.600 millones para el Banco Central.

Posteriormente, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y con Mercedes Marcó del Pont al frente del BCRA, el stock se elevó a 61,74 toneladas, el nivel más alto de la historia reciente. En los años siguientes, parte de esas reservas se utilizó como respaldo crediticio y se vendieron cerca de cinco toneladas para afrontar compromisos externos, una porción de las cuales fue recomprada durante la pandemia.

El actual conflicto refleja un quiebre político profundo. Desde sectores del oficialismo se considera que la exigencia de información favorece a los acreedores externos, mientras que desde el gremio bancario y la AGN se insiste en que el acceso a la información pública es un principio básico del control democrático. La tensión se trasladó incluso al funcionamiento de la auditoría, cuyos integrantes denunciaron que el BCRA solo ofreció acceso restringido a datos “sensibles”, sin posibilidad de copias ni registros, lo que imposibilita técnicamente la tarea de control.

Un escenario abierto y de alto impacto institucional

Con el fallo judicial firme, el Banco Central deberá ahora ratificar su postura en sede judicial y definir el alcance de la información que entregará. El desenlace del caso tendrá implicancias directas sobre la relación entre el Poder Ejecutivo y los organismos de control, la credibilidad institucional del BCRA y la percepción de riesgo por parte de los acreedores externos.

Mientras tanto, el debate por el oro del Banco Central se consolida como uno de los focos más sensibles de la agenda económica y política, en un contexto donde la escasez de divisas, la presión judicial internacional y la disputa interna por la transparencia configuran un escenario de alta incertidumbre.

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Sistema penitenciario en Misiones: datos clave del nuevo Informe Anual de Buenas Prácticas

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La Comisión de Buenas Prácticas en Contexto de Encierro presentó en la Legislatura de Misiones su Informe Público Anual 2025, con datos actualizados sobre población detenida, situación procesal, traslados, salud mental y políticas de reinserción. El documento, expuesto en la 16ª sesión de su Consejo Consultivo, ofrece un diagnóstico integral del sistema provincial y consolida líneas de trabajo interinstitucional para fortalecer derechos en contextos de privación de la libertad.

Diagnóstico del sistema de detención y trabajo interinstitucional

El Salón de las Dos Constituciones de la Cámara de Representantes de Misiones fue sede de la 16ª edición del Consejo Consultivo de la Comisión de Buenas Prácticas en Contexto de Encierro, instancia en la que se presentó formalmente el Informe Público Anual 2025. Participaron autoridades de los poderes del Estado, representantes municipales, integrantes de fuerzas de seguridad, organizaciones y cadetes.

La presidenta de la comisión, Yanina Constanza Yudar, dio apertura a la jornada y contextualizó el encuentro: “Es la décimo sexta edición de nuestro consejo consultivo. Estamos cumpliendo ocho años de la comisión, así que hoy vamos a hablar de números: del servicio penitenciario, de las comisarías y del recorrido que hicimos durante todo este año de gestión”, afirmó.

Yudar destacó además el valor del trabajo articulado entre organismos: “La riqueza del consejo consultivo es este ida y vuelta permanente”, sostuvo, al referirse a la participación de autoridades que trabajan en conjunto con la comisión.

En cuanto a la situación actual del sistema, la funcionaria precisó que más de 1.800 personas se encuentran alojadas en el Servicio Penitenciario, mientras que unas 800 permanecen en comisarías. “No es un número preocupante para nosotros; es un número que trabajamos, pero sí debemos mantener la atención”, explicó. En ese sentido, aclaró que no existe superpoblación, aunque remarcó la necesidad de sostener el trabajo coordinado con la Justicia y el Servicio Penitenciario para evitar que esa situación se produzca.

También señaló que, si bien hay personas que deberían estar bajo órbita federal, esa condición no genera un conflicto operativo para la provincia.

Reinserción social como eje de la política de encierro

Durante la exposición, la presidenta de la comisión subrayó que la reinserción social constituye uno de los pilares del organismo. “Trabajamos constantemente en la reinserción. La comisión se basa en que las personas que recuperan su libertad puedan reinsertarse en la sociedad”, afirmó, y agregó que esa tarea se desarrolla en articulación con el área de Educación y con otros organismos del Estado.

Lo más importante para nosotros es que una persona que estuvo privada de su libertad pueda reinsertarse de la mejor manera y acceder a oportunidades que no tuvo antes. La Justicia determina la libertad; nosotros acompañamos el proceso de reinserción”, remarcó Yudar, delimitando el rol institucional de la comisión dentro del sistema.

Este enfoque atraviesa las distintas líneas de trabajo presentadas en el informe y se traduce en políticas vinculadas a educación, capacitación, deporte y acompañamiento posterior a la detención.

Los datos clave del Informe Público Anual 2025

El Informe Público Anual 2025 reúne un análisis exhaustivo de la situación de encierro en Misiones y sistematiza la información relevada durante el año. Entre los datos más relevantes, se incluye un estudio detallado de la situación procesal de las personas privadas de libertad, que identifica 612 internos sin condena firme y 217 personas con más de dos años de detención, desagregadas por unidades penitenciarias, circunscripciones judiciales y tipos de delito.

El documento también presenta un relevamiento integral de las quince unidades regionales de la Policía de Misiones, con comparaciones anuales y semestrales que permiten detectar tendencias, incrementos o descensos en la cantidad de personas alojadas.

Otro indicador central es el registro de 377 traslados desde comisarías al Servicio Penitenciario realizados entre enero y noviembre, un dato que aporta información clave sobre la dinámica interna del sistema de derivaciones.

En cuanto a los tipos penales, el informe ofrece una lectura provincial que muestra mayor rotación en delitos contra la propiedad y mayor permanencia en delitos contra la integridad sexual, lo que incide directamente en la ocupación y gestión de las unidades.

El capítulo de salud mental y consumos problemáticos analiza los casos relevados durante el año y propone acciones para mejorar la articulación entre el sistema de salud y los establecimientos de detención. A su vez, se sistematizan las capacitaciones en derechos humanos y diversidad destinadas al personal policial de distintas unidades regionales.

La educación en contexto de encierro ocupa un apartado específico, con un relevamiento de la oferta formativa disponible en cada establecimiento, los avances alcanzados y los desafíos pendientes. En la misma línea, el informe da continuidad al programa “Creciendo a través de la disciplina”, que promueve la práctica deportiva como herramienta de intervención social, preventiva y educativa.

Finalmente, el documento incorpora los resultados del monitoreo de dispositivos provinciales vinculados a derechos humanos, junto con recomendaciones orientadas a fortalecer procedimientos, consolidar buenas prácticas y mejorar las condiciones de alojamiento en todo el sistema.

Impacto institucional y proyección

La presentación del Informe Anual 2025 consolida el rol de la Comisión de Buenas Prácticas como organismo de control, monitoreo y articulación institucional, y aporta insumos clave para la toma de decisiones en materia penitenciaria, judicial y de políticas públicas. Los datos expuestos permiten dimensionar el estado actual del sistema de encierro y anticipar líneas de acción orientadas a la prevención de la superpoblación, el fortalecimiento de derechos y la mejora de los procesos de reinserción social.

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Puerto Iguazú fue sede del debate global sobre el impacto del Código Civil y Comercial a diez años de su sanción

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Misiones reunió a juristas de Argentina y el mundo en el Congreso Internacional por los 10 años del Código Civil y Comercial

A una década de la sanción del Código Civil y Comercial de la Nación, Puerto Iguazú fue sede de un encuentro internacional sin precedentes que reunió a especialistas de Argentina, España, Italia, Brasil y países limítrofes. Las autoridades judiciales y políticas destacaron el impacto jurídico, institucional y económico de uno de los cuerpos normativos más trascendentes de las últimas décadas.

Un balance a diez años: modernización normativa y desafíos institucionales

El Congreso Internacional por los 10 años del Código Civil y Comercial abrió con la participación de las máximas autoridades judiciales de Misiones y referentes nacionales. Estuvieron presentes el presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de la Provincia, Mario Osvaldo Boldú; la vocal Mirta Delia Tyden; el ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti; el gobernador de Misiones, Hugo Mario Passalacqua; y la presidente del Superior Tribunal de Justicia provincial, Rosanna Pía Venchiarutti Sartori.

En su discurso inaugural, Boldú subrayó la trascendencia histórica de la reforma. “La entrada en vigencia del nuevo Código Civil y Comercial significó un hito fundamental en el derecho argentino. Modernizó la legislación para adaptarla a los cambios sociales, económicos y tecnológicos, aportó coherencia, simplificación y mayor accesibilidad normativa”. Recordó además la mirada conceptual que guió la reforma, citando a Ricardo Lorenzetti: “Lo que la cultura exige es lo que el interés común requiere”.

El gobernador Passalacqua enfatizó el rol institucional de Misiones y el vínculo entre poderes. “Más allá de la independencia de los poderes, necesitamos trabajar en armonía, porque el sujeto siempre es el ciudadano”.

A su vez, Venchiarutti Sartori destacó el enfoque de derechos humanos al interpretar la Constitución. “La justicia es una sola. Los tiempos pueden ser vertiginosos, pero debemos interpretar siempre en favor de los derechos humanos”.

En el cierre de la apertura, Lorenzetti resaltó la identidad misionera y la impronta federal del encuentro, dirigiéndose especialmente al público joven. “Siéntanse orgullosos de la identidad que llevan. Misiones es la provincia más linda de la Argentina”.

Tras la apertura, se entregaron distinciones a las máximas autoridades y comenzaron las ponencias previstas en el programa.

Exposiciones internacionales: responsabilidad civil, negocios, IA y crisis empresaria

El congreso reunió a especialistas de renombre mundial, con temáticas que van desde la responsabilidad médica hasta los desafíos jurídicos de la inteligencia artificial y el nuevo derecho concursal.

Los expositores fueron:

  • Eugenio Llamas Pombo (Universidad de Salamanca – España)
    Tema: “Responsabilidad Civil del Médico”.
  • Lorenzo Mezzasoma (Universidad de Perugia – Italia)
    Tema: “La Responsabilidad por Inteligencia Artificial”.
  • Verónica Zapata Icart (Universidades Católica de Santa Fe y Cuenca del Plata – Misiones)
    Tema: “La Jurisdicción Internacional en el Código Civil y Comercial de la Nación y su necesaria vinculación con el acceso a la justicia y la defensa en juicio”.
  • Francisco Javier Pérez Serrabona (Universidad de Granada – España)
    Tema: “Novedades en el Derecho de los Negocios”.
  • José Luis Pérez Serrabona (Universidad de Granada – España)
    Tema: “Novedades en el Derecho Societario”.
  • Stefania Ricciarelli (especialista en Derecho Concursal y Crisis Empresarial)
    Tema: “El sobreendeudamiento en la Reforma del Código de la Crisis”.
  • Ricardo Lorenzetti (Corte Suprema de Justicia de la Nación)
    Tema de cierre: “Balance a diez años del Código Civil y Comercial”.

El encuentro contó con la asistencia de ministros del Superior Tribunal de Justicia misionero, representantes de los Poderes Ejecutivo y Legislativo en sus distintos niveles, magistrados, fuerzas de seguridad, instituciones académicas y público general de Argentina, Brasil, Paraguay, España e Italia.

Por su importancia institucional y académica, el Congreso fue declarado de Interés Provincial por la Cámara de Representantes de Misiones y de Interés Judicial por el Superior Tribunal de Justicia.

Una década de vigencia que reconfiguró el sistema jurídico y económico

A diez años de su sanción, el Código Civil y Comercial continúa generando debates y actualizaciones en materia de relaciones contractuales, responsabilidad civil, familia, negocios e innovación tecnológica. La presencia de expertos extranjeros y referentes del sistema judicial argentino reafirma la centralidad de esta norma en la vida institucional del país.

El encuentro en Puerto Iguazú consolidó a Misiones como espacio de referencia regional para el debate jurídico y académico. Reforzando su protagonismo en la agenda federal de modernización legal.

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