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Jueces de la democracia: un Poder Judicial cada vez más joven en Misiones

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Con un promedio general de 52 años y una mayoría de magistrados sub 50 en áreas claves, el recambio generacional ya es un hecho. Sólo quedan dos o tres jueces anteriores al Consejo de la Magistratura. La Justicia en Misiones, además, lleva una década sin paros, lo que la convierte en una de las más estables del país.

Misiones atraviesa un proceso silencioso pero profundo: el Poder Judicial se renovó casi por completo en las últimas dos décadas, especialmente desde la creación del Consejo de la Magistratura y el impulso a la digitalización iniciado en 2014. Del viejo esquema de designaciones políticas sólo sobreviven apenas dos o tres jueces superiores y una tanda de jueces de paz, cuyas nominaciones recién ahora se incorporaron a la selección por ternas. El resto ingresó por concursos públicos, con nuevas exigencias y nuevas perspectivas profesionales.

Los datos oficiales permiten dimensionar el fenómeno. Un relevamiento de casi un centenar de magistrados revela un promedio general de edad de 52,6 años. Pero ese número, que puede sugerir estabilidad o incluso madurez, esconde una transformación mucho más profunda: en la mayoría de las áreas sensibles -civiles, de familia, penales y de las circunscripciones más dinámicas- los jueces tienen entre 38 y 49 años. Muchos nacidos en democracia.

El recambio generacional está instalado, es masivo y ya define una nueva identidad institucional. El nuevo procurador general, Carlos Giménez, recién ingresó a las cuatro décadas y reemplazó a Miguel Piñeiro, que lo doblaba en edad. Lo mismo Martín Rau, flamante juez penal, antes de los 45 años. Vladimir Glinka, fiscal del escándalo Kiczka, tiene 36 años. El fiscal de Cibercrimen, que entiende en delitos informáticos, Juan Pablo Espeche, tiene uno menos.

En la Primera Circunscripción, por ejemplo, los jueces civiles promedian apenas 45 años. Apóstoles -una de las jurisdicciones con mayor volumen de causas- el promedio es de 47. En los tribunales penales de Posadas, la media ronda los 50, con una presencia fuerte de magistrados de 43 y 44 años. Sólo el fuero laboral -tradicionalmente más estable y con menor movilidad- sostiene promedios que superan los 60 y elevan la media general. Esto marca una consigna: la experiencia también aporta muchísimo a la eficiencia. La edad muchas veces aporta el conocimiento empírico que sostiene como una balanza las respuestas judiciales.

El contraste entre los jueces jóvenes y los de mayor trayectoria no es apenas biográfico: es estructural. Los magistrados que superan los 60 años -una fracción mínima pero todavía influyente en ámbitos como el laboral- fueron formados en una matriz jurídica previa a la digitalización, donde el expediente físico, la delegación vertical y la cultura del “tiempo judicial” marcaban ritmos y jerarquías.

Su experiencia aporta estabilidad y una comprensión territorial profunda. Pero también -y esto lo reconocen incluso ellos mismos- cargan con inercias que chocan con las demandas actuales: plazos más breves, trazabilidad digital, audiencias inmediatas y transparencia en la gestión. Son profesionales de un ecosistema institucional que ya no existe.

La generación sub 50 ingresó en un escenario radicalmente distinto: concursos obligatorios, paridad creciente, firma digital, oralidad, estándares de género, derechos humanos y control estadístico de gestión

Para esta camada, el expediente electrónico no fue un cambio sino un punto de partida; la firma digital, una herramienta natural; y la carga de indicadores, una obligación ética. La cultura de trabajo es otra: más horizontal, más medible, más orientada a resultados. Además, su formación incluye nuevas problemáticas -violencia de género, delitos informáticos, vulnerabilidad social- que exigen enfoques más complejos y multidisciplinarios. La pregunta sobre si “la Justicia necesita recambio generacional” pierde sentido: el recambio ya ocurrió. El desafío hoy es armonizar lenguajes y culturas institucionales que conviven, se tensan y, muchas veces, se complementan.

Un Superior Tribunal con otra matriz de ingreso

La composición del Superior Tribunal de Justicia también revela el alcance de los nuevos tiempos. De los actuales ministros, solo dos provienen de la carrera judicial tradicional: la presidenta, Rossana Venchiaruti Sartori y Froilán Zarza. Ambos hicieron todo su recorrido como secretarios, prosecretarios y camaristas dentro del Poder Judicial. El resto ingresó desde la abogacía privada o como referentes emergentes de otros ámbitos profesionales, introduciendo nuevas miradas y diversidad de trayectorias. 

Esta heterogeneidad en la cúspide del sistema no solo rompe con la lógica endogámica de décadas anteriores, sino que confirma que Misiones consolidó un modelo de selección donde el mérito, la formación continua y la competencia abierta sustituyen al viejo esquema de promociones automáticas.

Otro elemento que suele pasar desapercibido y que profundiza la singularidad del sistema misionero es su continuidad operativa. A diferencia de otros poderes judiciales del país, el de Misiones lleva más de una década sin paros, lo que se traduce en miles de horas de servicio efectivo. La ausencia de huelgas, sumada a la digitalización y a la estabilidad institucional, produce un volumen de trabajo que marca diferencias con provincias donde los conflictos gremiales paralizan periódicamente la actividad. La inexistencia de huelgas es producto de una gestión ordenada y un trabajo consensuado

Paradójicamente, algunos abogados señalan que la feria judicial sigue siendo “muy extensa”. Es un reclamo recurrente, pero que contrasta con una realidad objetiva: la Justicia misionera funciona todo el año, con licencias ordenadas y sin interrupciones laborales. En un sistema donde cada día perdido equivale a acumulación de expedientes, la continuidad es un activo institucional de enorme valor.

En Misiones se realizan concursos de manera continua, lo que explica por qué el recambio generacional opera sin necesidad de grandes reformas. Con cada convocatoria se incorporan nuevos perfiles, más jóvenes y con una visión profesional acorde a los estándares nacionales e internacionales. La narrativa del “Poder Judicial envejecido” es, en buena medida, un mito: los datos muestran exactamente lo contrario.

Ahora bien, ¿una justicia más joven es una justicia mejor? Una estructura más joven no garantiza eficiencia por sí misma, pero sí habilita nuevas dinámicas. Los jueces sub 50 se formaron con la lógica del expediente digital, el uso intensivo de tecnología y los mecanismos de monitoreo de gestión. En muchos despachos la medición de tiempos, el análisis estadístico de procesos y las audiencias virtuales ya forman parte del trabajo cotidiano, sobre todo con la experiencia de la pandemia.

Este cambio generacional implica un nuevo equilibrio: una justicia más dinámica, más digital y más permeable a cambios culturales, pero que todavía convive con tensiones heredadas y resistencias tradicionales en el ejercicio de la profesión. Lo cierto es que Misiones tiene hoy un Poder Judicial de la democracia, renovado por concurso, con fuerte presencia femenina y con una estructura etaria que ya no es un problema, sino parte de su impulso hacia la modernización.

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La Justicia arranca hoy a explicarle a Cristina Fernández por qué la acusa

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El Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7) retoma hoy, martes, el juicio por la Causa Cuadernos con un cambio clave en el cronograma: la suma de una audiencia semanal más. En esta etapa, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y los demás 85 imputados escucharán el detalle de la acusación de la Fiscalía, centrada en la figura de la asociación ilícita.

Según la Agencia Noticias Argentinas, la reanudación del debate, que seguirá siendo virtual, se enfocará en la lectura del requerimiento de elevación, donde se explica el engranaje delictivo que funcionó entre 2003 y 2015.

La acusación de la Fiscalía

La acusación que pesa sobre la expresidenta es la de haber sido la jefa de una asociación ilícita que se dedicó a la recaudación de fondos ilegales. Además, se le atribuyen 204 hechos de cohecho pasivo (recibir coimas), que representan una suma superior a los 10.400.000 dólares.

El requerimiento de elevación, cuyo texto se continuará leyendo hoy, sostiene:

“Desde sus albores la investigación se centró en la conformación de una asociación ilícita integrada por las más altas esferas estatales de la República Argentina.”

El fiscal federal Carlos Stornelli argumenta que existió un “sistema de recaudación de dinero” donde los funcionarios públicos y los empresarios obtuvieron beneficios recíprocos: los funcionarios obtenían dinero y garantizaban su permanencia, mientras que los privados recibían promesas y beneficios concretos en contratos con la Administración Pública Nacional.

El cronograma de diciembre

El Tribunal, integrado por los jueces Méndez Signori, Canero y Castelli, seguirá con la lectura de la acusación de la “causa madre” hasta el 2 de diciembre.

Posteriormente, el jueves 4 de diciembre se iniciará la lectura del expediente conexo, conocido como “la Camarita”, donde las confesiones de imputados colaboradores como Carlos Wagner (expresidente de la Cámara de la Construcción) y José López posibilitaron desentrañar la cartelización de la obra pública y los pagos que iban del 10 al 30 por ciento. Finalmente, el 18 de diciembre se leerá la investigación concentrada en los Corredores Viales.

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Alarma nacional: 210 femicidios en 2025 y Misiones registra su cifra más alta en cinco años

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Femicidios en alza: en 2025 ya se registraron 210 casos en el país y Misiones muestra una tendencia preocupante con 10 asesinatos hasta noviembre

El crimen de Débora Bulacio en Necochea volvió a exponer la gravedad de la violencia machista en la Argentina. Según los datos del Observatorio “Ahora Que Sí Nos Ven”, en lo que va del año una mujer o persona trans es asesinada cada 36 horas. En Misiones, los registros oficiales indican 10 femicidios hasta el 10 de noviembre, la cifra más alta de los últimos cinco años.

El informe provincial de Misiones y los datos nacionales del Observatorio “Ahora Que Sí Nos Ven” revelan un escenario de violencia persistente y de alcance estructural. La conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el próximo 25 de noviembre, encuentra al país frente a un desafío urgente: convertir las políticas de género en acciones efectivas y sostenibles que permitan salvar vidas y construir una sociedad más igualitaria.

210 femicidios en Argentina: una mujer asesinada cada 36 horas

El hallazgo del cuerpo de Débora Bulacio, madre de tres hijos. Asesinada y enterrada a orillas del Lago de los Cisnes en Necochea. Se sumó a una lista que ya contabiliza 210 femicidios en la Argentina durante 2025. Según el Observatorio “Ahora Que Sí Nos Ven”, el promedio nacional refleja una víctima cada 36 horas. Consolidando una problemática estructural que persiste a pesar de los avances legislativos e institucionales en materia de género.

El informe nacional detalla que la mayoría de los crímenes fueron cometidos por parejas o exparejas, en contextos de violencia doméstica y relaciones de control. En un 71% de los casos, las víctimas habían denunciado previamente a su agresor o existían antecedentes de violencia. Además, el 60% de los femicidios se perpetraron en el hogar compartido.

El caso de Débora Bulacio —de 39 años, desaparecida durante 72 horas antes de ser hallada muerta— refleja la persistencia de patrones de violencia que se repiten en todo el país. Su pareja fue detenida el lunes 10 de noviembre al intentar escapar por la ruta. En el último año, otros hechos resonantes, como el triple femicidio de Florencio Varela o el doble asesinato en Córdoba de Luna Giardina y Mariel Zamudio, conmocionaron a la opinión pública, visibilizando la magnitud del problema y la necesidad de políticas de prevención efectivas.

Misiones: suba de casos y distribución territorial de la violencia

En la provincia de Misiones, los datos del Instituto Provincial de Estadísticas y Censos (IPEC), elaborados junto a la Policía de la Provincia, muestran una evolución alarmante. 10 femicidios registrados hasta el 10 de noviembre de 2025, frente a 8 en 2023 y 6 en 2024. Se trata del valor más alto de los últimos cinco años, superando también los 7 casos reportados en 2020.

El informe provincial incluye además un relevamiento de denuncias por violencia de género por municipio, correspondiente a 2024. Garupá (39 denuncias por cada 1.000 habitantes) y Posadas (38) encabezan el listado, seguidos por Aristóbulo del Valle (34) y Leandro N. Alem (31). En contraste, localidades como El Soberbio, Santa Rita y Dos Arroyos presentan los índices más bajos, con entre 6 y 8 denuncias por cada 1.000 habitantes.

Las conclusiones estadísticas del IPEC advierten sobre un perfil reiterado de los agresores y las formas de violencia:

  • El 70,7% de los casos de violencia registrados en 2023 fueron cometidos por varones.
  • En el 61,1% de los casos, la violencia ejercida fue de tipo psicológica, seguida por la física.
  • El 54,4% de los agresores tenía entre 20 y 39 años, lo que ubica al fenómeno dentro de una franja etaria activa laboralmente y con alta exposición social.

Estos datos confirman una tendencia sostenida en la provincia y refuerzan la necesidad de reforzar la red de contención institucional. Tanto en el ámbito judicial como en los sistemas de atención y acompañamiento de víctimas.

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Justicia Federal de Resistencia declaró crimen de lesa humanidad el caso Tereszecuk

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Reconocen como delito de lesa humanidad el asesinato del militante misionero Carlos Tereszecuk durante la dictadura

La Justicia Federal de Resistencia declaró crimen de lesa humanidad el secuestro, tortura y homicidio de Carlos Enrique Tereszecuk, ocurrido en noviembre de 1976. El fallo, enmarcado en el Derecho a la Verdad, reconstruye los hechos como parte del plan sistemático de desapariciones conocido como los “Vuelos de la Muerte” en el río Paraná.

Un fallo histórico: la verdad como reparación y memoria colectiva

La jueza federal N° 1 de Resistencia, Zunilda Niremperger, emitió una sentencia sin imputados que reconoce como crimen de lesa humanidad el secuestro y asesinato de Carlos Enrique Tereszecuk, militante misionero detenido ilegalmente a comienzos de noviembre de 1976 por razones políticas.

La resolución, dictada en el marco del Derecho a la Verdad, concluye que el caso de Tereszecuk forma parte de los denominados Vuelos de la Muerte perpetrados en el río Paraná, una práctica sistemática del terrorismo de Estado para desaparecer personas durante la última dictadura militar.

Según el fallo, los cuerpos eran arrojados al río “desnudos, con manos y pies atados con alambres, impactos de bala en el pecho o el cráneo, las yemas de los dedos cortadas para impedir su identificación y cortes abdominales para evitar que flotaran”.

La sentencia fue celebrada por los familiares del militante, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), la Fiscalía Federal, la Secretaría de Derechos Humanos del Chaco y abogados querellantes. La audiencia, realizada de forma virtual, fue seguida también en distintos espacios de memoria, entre ellos la Casa por la Memoria de Resistencia, el Espacio por la Memoria del ex Regimiento 9 de Corrientes y el Aula Magna de la Facultad de Humanidades de Posadas.

La justicia ante la impunidad biológica: los límites del proceso penal

La sentencia se enmarca en un contexto judicial complejo: la muerte de los principales responsables de la Jefatura de Policía del Chaco en 1976 —los comisarios Carlos Thomas, Wenceslao Ceniquel y Lucio Humberto Caballero— impidió el avance de causas penales con imputados vivos.

Frente a esta imposibilidad material de juzgar, la magistrada acogió el reclamo de los familiares en el marco del derecho a la verdad, reconociendo su condición de víctimas y estableciendo que la reconstrucción de los hechos constituye una forma de reparación simbólica y memoria institucional.

La Fiscalía Federal acompañó el planteo con base en la doctrina y jurisprudencia nacional e internacional, recordando los antecedentes de los Juicios por la Verdad desarrollados en la década de 1990 y el precedente Martinelli, que consagró el derecho de las víctimas y la sociedad a conocer la verdad sobre los crímenes del terrorismo de Estado, aun sin posibilidad de sanción penal.

“El derecho a la verdad es una obligación del Estado y una deuda con las víctimas y la memoria colectiva”, sostuvo el dictamen fiscal. Destacando que estas resoluciones fortalecen el proceso de justicia transicional en la Argentina.

Reconstrucción del caso: de Posadas al Paraná

De acuerdo con la investigación judicial, Carlos Tereszecuk fue secuestrado a comienzos de noviembre de 1976 y trasladado a la Jefatura de Policía de Resistencia. Uno de los centros clandestinos de detención bajo control conjunto de la Policía del Chaco y el Ejército Argentino.

Testimonios coincidentes indican que fue sometido a torturas sistemáticas y que se encontraba en condiciones de extrema debilidad. Un ex detenido relató que fue obligado a bañarlo por orden de sus captores, ya que el joven militante no podía mantenerse en pie.

Días después, fue asesinado y su cuerpo arrojado al río Paraná. El 15 de noviembre de 1976 su cuerpo apareció en la costa de Empedrado, Corrientes, a unos 70 kilómetros río abajo de la capital chaqueña. Sepultado como NN, fue identificado recién en 2018 por el Equipo Argentino de Antropología Forense. En el marco de las tareas de restitución e identificación de víctimas de la dictadura.

La sentencia determinó que el secuestro, las torturas y el homicidio fueron parte de una persecución política “planificada y ejecutada por el aparato estatal. Con el fin de eliminar a quienes eran considerados opositores al régimen”, enmarcando el caso dentro de los crímenes de lesa humanidad imprescriptibles.

Perfil del militante: compromiso político y social

Carlos Enrique Tereszecuk nació en Posadas, Misiones, en 1952. Inició estudios para sacerdote en el Seminario de Fátima de Córdoba, pero los abandonó para dedicarse a la militancia social y política.

Fue vicepresidente del Centro de Estudiantes de la Escuela de Servicio Social de la Universidad Nacional de Misiones en 1974. Y participó activamente de la campaña electoral del Partido Auténtico Peronista en 1975. Donde se desempeñó como secretario de los diputados provinciales electos Juan Figueredo y Pablo Fernández Long.

Desde esa función, articuló con gremios, colonos, tareferos y trabajadoras de casas particulares, promoviendo proyectos de ley para la protección de sus derechos laborales.

En 1975, un intento de secuestro dentro de la Cámara de Diputados lo obligó a pasar a la clandestinidad. Se refugió en Corrientes en 1976, donde finalmente fue detenido y trasladado al centro clandestino de la Jefatura de Policía del Chaco.

Tras el retorno democrático, su hermano Norberto Tereszecuk presentó la denuncia ante la CONADEP y el Juzgado Federal de Resistencia. Impulsando una búsqueda que culminó casi cinco décadas después con el reconocimiento judicial de su asesinato como crimen de lesa humanidad.

Memoria activa: la verdad como política de Estado

El fallo reafirma la vigencia de las políticas de memoria, verdad y justicia como pilares institucionales del Estado argentino. En un contexto de avance de discursos negacionistas, la sentencia representa un acto de reafirmación jurídica y moral frente al terrorismo de Estado.

Además, la decisión contribuye a documentar los Vuelos de la Muerte en el Litoral, un circuito represivo menos visibilizado que el del Río de la Plata. Pero igualmente sistemático, con epicentro en Resistencia, Corrientes y Posadas.

La declaración judicial del caso Tereszecuk como crimen de lesa humanidad se inscribe en la línea de precedentes que sostienen que el Derecho a la Verdad es imprescriptible. Y constituye una obligación internacional del Estado argentino en materia de derechos humanos.

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Preocupación de Cámaras Federales por recorte presupuestario al Poder Judicial

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Los integrantes de la Junta de Presidentes de las Cámaras Federales con competencia penal expresaron su “profunda preocupación” ante el proyecto de Ley de Presupuesto Nacional 2026 impulsado por el Consejo de la Magistratura, al advertir que el crédito asignado implicaría una reducción del 8% en términos generales y del 74% en el rubro Bienes de Uso.

A través de un comunicado, los magistrados alertaron que, de mantenerse esa previsión, se vería “gravemente afectado el normal funcionamiento de los tribunales y, con ello, la independencia del Poder Judicial”, a la que calificaron como un “pilar esencial del Estado de Derecho y garantía de los derechos fundamentales de los ciudadanos”.

En ese sentido, remarcaron que la suficiencia presupuestaria y la autarquía financiera son condiciones “indispensables” para asegurar la efectiva independencia judicial, y advirtieron que “asignaciones insuficientes derivan en infraestructura inadecuada, deterioro salarial y un acceso a la justicia cada vez más restringido”.

El pronunciamiento también hizo hincapié en la necesidad de contar con recursos para avanzar en la modernización del sistema judicial. Ypara garantizar la implementación del nuevo sistema procesal penal federal. 

Según señalaron, la fuerte reducción en el presupuesto para Bienes de Uso “impediría sostener obras, mantenimiento edilicio y actualización tecnológica”. Considerados elementos claves para ofrecer “un servicio de justicia eficiente y moderno”.

“Reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de la independencia judicial. Y exhortamos a que el presupuesto del Poder Judicial sea revisado y adecuado a sus reales necesidades”, concluyeron los jueces. En defensa del “equilibrio republicano, la plena vigencia de la Constitución Nacional y el derecho de todos los ciudadanos a una justicia independiente, eficiente y accesible”. 

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