El jueves pasado, en la sala Auditorium del subsuelo de Comodoro Py, ocurrió algo que a los integrantes del Tribunal Oral Federal N°7 les dio trabajo explicar con claridad en el momento: el empresario arrepentido Juan Carlos De Goycochea, de Isolux, condujo la sesión.
En ese sentido, exhibió un video editado de una declaración que Oscar Centeno prestó ante la justicia española.
El tribunal, de esta manera, incorporó una prueba que favorece a todos los acusados ya que ubica a un Centeno dubitativo.
El material audiovisual —cuya cadena de custodia el propio tribunal reconoció desconocer en ese instante— muestra al exchofer de Roberto Baratta declarando por teleconferencia en un juicio en España contra directivos de Isolux Corsán. Lo que dice Centeno allí dinamita, pieza por pieza, el andamiaje acusatorio que lo convirtió en el testigo central del mayor juicio por corrupción de la historia argentina.
La escena rara
La dinámica de la audiencia fue llamativa. De Goycochea, imputado por su rol en la empresa española con contratos en obra pública kirchnerista, solicitó la reproducción del video en pleno debate. La fiscal Fabiana León se opuso con dureza: argumentó que la cuestión ya había sido resuelta en el auto de admisibilidad de prueba, donde el tribunal había decidido no incorporar soportes audiovisuales de declaraciones externas.
La fiscal fue más lejos: sostuvo que reproducir el video equivaldría a un “careo virtual” entre dos imputados, ejecutado en otro tribunal y ante otra fiscalía, y que además forzaría la voluntad de Centeno, quien en esta causa ya manifestó su decisión de no declarar ni responder preguntas.
El tribunal se tomó un cuarto intermedio y dio el botón de play al empresario que entregaba dinero. Los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli no tenían en ese momento certeza sobre el origen del material ni sobre si correspondía a la versión íntegra de lo declarado en España. Todo quedó grabado. Una omisión procesal de envergadura en un juicio que se lleva adelante con 87 imputados y más de 630 testigos admitidos.
Lo que dijo Centeno en España
El video exhibido por la defensa de De Goycochea registra la declaración de Centeno ante la justicia española en el marco de una causa vinculada a presuntas irregularidades de Isolux Corsán.
Ante la pregunta de si conocía la existencia de Isolux, Centeno respondió textualmente: “Bueno no no no recuerdo verdad, no sabía que se trataba de un grupo de empresas cuya matriz radicaba en España… tampoco sabía”. Sobre qué relación mantenía Isolux con el Ministerio de Planificación Federal, el exchofer fue aún más escueto: “No sé…”.
Las respuestas no mejoran al avanzar en el interrogatorio. Cuando le preguntaron quién actuaba como interlocutor por parte de Isolux, Centeno respondió: “No podía saberlo nunca”. Y ante la pregunta directa sobre qué personas de la firma conoció, el exchofer cerró cualquier margen de interpretación: “Ninguna. No conozco a nadie”.
La pregunta sobre las entregas de fondos en los años 2011, 2012 y 2014 obtuvo una respuesta de dos palabras: “Tampoco lo sé”. Y cuando le consultaron si le constaba que algún responsable de Isolux hubiera entregado fondos a funcionarios, Centeno declaró: “No me consta ningún responsable que hayan entregado fondos a funcionarios”.
Son los mismos cuadernos de Centeno los que nombran a Isolux en la anotación del 8 de abril de 2010, vinculando a la empresa con la licitación de la central termoeléctrica de Río Turbio. El propio exchofer, ante la justicia española, admitió que escribió ese dato porque “alguien” —en una espera— le comentó que era la empresa que había ganado una licitación, pero que nunca tuvo contacto con nadie de la firma.
La jugada de De Goycochea
La estrategia de la defensa estaba clara desde antes de que empezara la audiencia. De Goycochea declaró que Isolux era una empresa española con sede de directorio en Madrid, cuya sucursal argentina no tenía autonomía de decisión respecto de la casa matriz. Afirmó que “Centeno nunca tuvo conocimiento de que Isolux se entregara dinero a nadie, ni me conoció a mí ni a ninguna otra persona de Isolux”.
Tras la exhibición del video, De Goycochea fue al cierre con la precisión de quien ya sabía lo que iba a ver: “Como ha quedado claramente demostrado, Centeno desconoce por completo todo lo vinculado con Isolux. Pido que no se haya tenido en cuenta como prueba en mi contra”.
Su defensa sostiene, además, que la declaración prestada por Centeno en España fue bajo juramento y con plena voluntad de responder, por lo que su reproducción en el juicio argentino no afecta los derechos del exchofer en esta causa. Las defensas de otros imputados adhirieron al planteo.
El filo de la navaja probatoria
El episodio del video no ocurre en el vacío. El juicio arrancó en noviembre de 2025 y en marzo de 2026 pasó a la etapa presencial de declaraciones indagatorias. Centeno compareció ante el TOF 7 el 19 de marzo y se negó a declarar. El tribunal rechazó los planteos de nulidad de las defensas y ratificó la incorporación por lectura de sus indagatorias previas.
En España, la justicia descartó en 2022 los cargos contra un directivo de Isolux al concluir que el material incriminatorio era “escaso y débil”. La fiscalía española basaba su caso en la declaración de Centeno, copias de los cuadernos —cuyo original fue destruido— y correos electrónicos sobre la obra de Río Turbio. No fue suficiente.
El juicio más grande de la historia judicial argentina enfrenta una fisura en su propio núcleo: el hombre que escribió los cuadernos declaró, bajo juramento y ante otra justicia, que no conoce, por lo menos a este acusado.
Hoy será el turno de otros empresarios acusados. No se descarta que busquen aportar nuevas pruebas en vivo dando play. Si De Goycochea describió el mecanismo de entrega de dinero pero para “campaña electoral”.
Con el ingreso de más 52 pliegos de candidatos por parte del Poder Ejecutivo, el Senado inició el proceso para cubrir más de 300 cargos vacantes de magistrados en distintas fiscalías, defensorías y juzgados de todo el país, uno de las metas que se fijó el Ministerio de Justicia bajo la conducción de Juan Bautista Mahiques.
Los pliegos irán ingresando a la Cámara alta en tandas, según había revelado el titular de la cartera judicial, y deberán pasar por la comisión de Acuerdos, que preside el riojano Juan Carlos Pagotto.
Los cargos vacantes son en los fueros penal, penal económico, civil, comercial, contencioso administrativo y seguridad social.
También se incluyeron los pliegos de candidatos para ocupar los cargos de presidente, vicepresidente y vocales del Directorio de ENARGAS, con la propuesta de renovar el mandato del actual interventor Néstor Laboglia y como vice a Vicente Serra.
Juan Carlos Pagotto
La labor del Senado
La idea, es “apretar el acelerador” para apurar los plazos y cumplir con las expectativas del Gobierno de tener resuelto el asunto cuanto antes.
De todos modos, la convalidación de esta tanda de pliegos no ocurrirá esta semana acortada producto de los feriados de Semana Santa, ya que no dan los tiempos.
Se especula que en los próximos días ingresaría una decena de pliegos adicionales, para así completar la primera tanda de 62 candidaturas.
En la sesión del pasado 18 de marzo, el Senado convalidó una reforma de su reglamento interno para regular la publicidad de los pliegos enviados por el Gobierno para el nombramiento de jueces, conjueces de la Corte Suprema de Justicia, magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público.
Esta modificación prevé que los pliegos de los candidatos a cubrir estos cargos deberán publicarse durante dos días con una antelación no menor a quince días corridos previos a la audiencia pública.
La publicación de los pliegos deberá estar disponible tanto en el sitio web institucional, las redes sociales y el Boletín Oficial del Senado.
En tanto, si se tratara de cargos inherentes a jurisdicciones ajenas a la Ciudad de Buenos Aires, se deberá comunicar la información sobre los pliegos a los poderes legislativos provinciales, que a su ves deberán dar publicidad de los mismos.
por Alejandro Miravet. El Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia no es solo una fecha en el calendario, sino una tríada conceptual que sostiene el andamiaje democrático de la Argentina actual. El título de la conmemoración condensa un compromiso ético irrenunciable: la Memoria para no repetir los errores del pasado, la Verdad como base de la reparación histórica y la Justicia como el único camino posible para la resolución de conflictos institucionales. A 50 años del golpe de Estado de 1976, esta denominación oficial funciona como un recordatorio permanente de que la estabilidad del país depende de la integridad de estos tres pilares.
Desde la perspectiva de MRVT Consultora, el nombre de la efeméride resuena hoy con una vigencia renovada. Mientras que el 60% de los ciudadanos asocia directamente estos valores con la garantía de un “Nunca más” al quiebre democrático, el título también señala una deuda pendiente en la percepción social. Al hablar de Memoria, Verdad y Justicia, se convoca a un ejercicio activo que, según los datos recogidos, demanda mayor profundidad pedagógica y una integración real de estos principios en la vida cotidiana de las nuevas generaciones.
1. Nivel de conocimiento sobre la efeméride
Pregunta: ¿Sabe qué se conmemora el 24 de marzo, Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia?
SÍ: 90,7%
NO: 9,3%
Análisis MRVT: El desconocimiento es 100% generacional. Quienes manifestaron no saber qué se conmemora pertenecen exclusivamente al rango de 16 a 34 años, evidenciando un déficit en la transmisión educativa básica en los sectores más jóvenes.
2. Valoración de la fecha
Pregunta: ¿Qué importancia le asignas a la conmemoración de esta fecha? Muy importante: 60%
Importante: 11%
Poco importante: 18,5%
Nada importante: 10,5%
Análisis MRVT: El compromiso con la fecha crece con la edad. Mientras que en los mayores de 35 años la valoración positiva supera el 71%, en el segmento joven la importancia cae drásticamente, coincidiendo con su menor tasa de respuesta al estudio.
3. Canales de información y participación
Pregunta: ¿A través de qué medios participas o te informas sobre esta temática? Redes sociales y medios digitales: 45%
Actos públicos o marchas: 25,5%
Contenidos educativos: 20%
Programas de TV o radio: 9,5%
Análisis MRVT: Existe una “Paradoja Digital”. Los jóvenes encuestados se informan en un 80% por redes, pero presentan el menor nivel de conocimiento fáctico. La digitalización no garantiza profundidad informativa.
4. Propósito de la Memoria
Pregunta: ¿Cuál es el objetivo principal de mantener viva la memoria?
Garantizar el “Nunca más” al quiebre democrático: 60%
Homenajear a las víctimas y familiares: 19,5%
Promover el debate histórico y la educación: 15,5%
Continuar con los procesos de justicia: 5%
Análisis MRVT: El 60% coincide en que el fin último de la memoria es blindar el orden democrático ante posibles crisis institucionales, posicionándola como una herramienta de estabilidad para el presente.
5. Evaluación del Sistema Educativo
Pregunta: ¿Cómo calificas el abordaje de esta fecha en las escuelas?
Falta profundidad pedagógica: 35%
Está demasiado politizado: 32%
Adecuado y suficiente: 18%
Faltan visiones diversas: 15%
Análisis MRVT: Hay un fuerte reclamo de calidad y neutralidad. Un 67% de la muestra total cuestiona la forma en que el Estado y las escuelas transmiten esta historia en la actualidad.
6. Vigencia de los Derechos Humanos
Pregunta: ¿Consideras que los valores de DD.HH. están plenamente integrados en la sociedad hoy?
Parcialmente, aún falta camino por recorrer: 65%
No, se han debilitado con el tiempo: 20%
Sí, totalmente: 15%
Análisis MRVT: El 85% de los encuestados no percibe una integración plena de los Derechos Humanos hoy. Para la mayoría, es un desafío pendiente que requiere acción real y vigente.
Para la elaboración de este informe de MRVT Consultora, se optó por una metodología de recolección de datos primaria mediante la plataforma Google Forms, lo que permitió un despliegue ágil y una llegada directa a los dispositivos de los participantes. El proceso se estructuró bajo una lógica de muestreo dirigido, enviando el formulario a un universo controlado de 150 contactos seleccionados para representar diversos rangos etarios y perfiles socioeconómicos. Esta técnica garantizó un entorno de respuesta seguro y anónimo, fundamental para obtener opiniones genuinas sobre una temática de alta sensibilidad social como es el 24 de marzo.
La implementación digital fue clave para detectar uno de los hallazgos más relevantes del estudio: la tasa de deserción y participación. Al monitorear el flujo de respuestas en tiempo real, se pudo identificar que el 72% de efectividad se concentró mayoritariamente en los segmentos de 35 a adultos mayores. Por el contrario, la herramienta permitió registrar que la mayor parte del 28% que no completó el formulario pertenecía al rango joven de 16 a 34 años. Este comportamiento técnico en la plataforma Google Forms se tradujo en un dato sociológico de valor: el desinterés inicial o la apatía generacional hacia la temática antes incluso de profundizar en las preguntas. La encuesta fue realiza con habitantes de la ciudad de Posadas, capital de Misiones.
Puerto Iguazú fue durante dos días algo más que la sede de un congreso jurídico. Entre el jueves 19 de marzo y el viernes 20, el Poder Judicial de Misiones y la Universidad Católica de Santa Fe pusieron en escena un encuentro internacional sobre el “Presente y Futuro del Derecho Procesal” que, detrás del formato académico, dejó una señal institucional más amplia: la Justicia misionera busca intervenir en una discusión de época sobre cómo se tramitan los conflictos, qué margen conserva la decisión humana frente al avance tecnológico y qué lugar quiere ocupar la provincia en ese debate. No fue una actividad menor ni meramente protocolar. La presencia de ministros del Superior Tribunal de Justicia, del Procurador General, de autoridades judiciales de otras provincias, de representantes de los poderes Ejecutivo y Legislativo y de especialistas de América Latina y Europa mostró que la agenda procesal ya no se discute en un círculo técnico cerrado. Se discute, cada vez más, como una cuestión de diseño institucional.
La foto también tuvo una dimensión política concreta. El encuentro recibió declaraciones de interés provincial por parte de la Cámara de Representantes y de interés municipal por parte de la Municipalidad de Puerto Iguazú. Ese respaldo no solo jerarquiza el congreso. También confirma que, cuando la conversación gira sobre inteligencia artificial en la Justicia, procesos colectivos, oralidad y evidencia digital, lo que está en juego no es solo un cambio de lenguaje jurídico, sino una transformación que puede alterar tiempos, criterios y capacidades del sistema judicial.
Una agenda procesal que ya impacta en la estructura del poder judicial
El congreso fue impulsado por Adolfo Alvarado Velloso, de la Universidad Nacional de Rosario, y Silvia Barona Vilar, de la Universidad de Valencia. Pero la organización formal a cargo del Poder Judicial de Misiones y de la Universidad Católica de Santa Fe le dio al evento una impronta institucional definida. No se trató solamente de escuchar voces expertas. Se trató de montar, desde Misiones, un espacio de validación y producción de agenda sobre los cambios que vienen para la Justicia.
Los ejes elegidos no fueron casuales: inteligencia artificial y proceso, procesos colectivos y tutela de derechos en la era digital, y derecho procesal y oralidad. En cada uno aparece una tensión de fondo. La inteligencia artificial interpela la capacidad del sistema judicial para incorporar tecnología sin resignar control humano. Los procesos colectivos empujan a la Justicia a responder a conflictos que ya no son estrictamente individuales. Y la oralidad se vincula con un modelo que promete mayor inmediación y agilidad, pero que también obliga a rediseñar prácticas, roles y criterios.
En ese marco, la apertura a cargo de Juan Manuel Díaz fijó una línea política del encuentro. Su intervención no quedó en el agradecimiento formal. Introdujo una lectura sobre el contexto social e institucional en el que se inserta el debate jurídico. Habló de la necesidad de establecer canales de comunicación, de llegar a puntos de encuentro y de cuidar la vida en un tiempo en el que, según planteó, proliferan discursos de violencia y destrucción. La idea no fue lateral. Colocó al Derecho Procesal no como una técnica neutra, sino como parte de una arquitectura orientada a un “macrofin del derecho”, que identificó con la paz y el cuidado de la vida.
Ahí aparece una de las claves del congreso. La discusión procesal dejó de ser un asunto interno del foro para convertirse en una herramienta desde la cual el Poder Judicial también intenta construir legitimidad, mostrar capacidad de adaptación y fijar posición frente a debates públicos más amplios.
Misiones busca entrar en la conversación global sobre reforma judicial
La elección de Puerto Iguazú como sede también funciona como mensaje. La ciudad, presentada en el texto base como cuna de las Cataratas, se convirtió en punto de encuentro para especialistas de América Latina y Europa. Esa convocatoria no solo aportó volumen académico. Proyectó a Misiones como anfitriona de una conversación transnacional sobre los cambios en la Justicia.
Magín Ramón Ferrer, decano de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la sede Posadas de la UCSF, remarcó precisamente esa dimensión al destacar la presencia de profesores que “han cruzado el Atlántico” para compartir experiencias y conocimiento. Su definición de que el Derecho Procesal “traspasa fronteras” resume el tono de una parte importante del congreso: una provincia que no quiere quedar como receptora pasiva de reformas, sino que busca sentarse en la mesa donde se discuten.
Esa pretensión quedó reforzada con la participación de ministros del Superior Tribunal de Justicia y de la Corte de Justicia de Corrientes y Salta, junto con autoridades de los Poderes Judiciales de la Nación y de la Provincia, del Ministerio Público, de los poderes Ejecutivo y Legislativo provincial y municipal, además de alumnos de la UCSF. La amplitud del auditorio mostró que la cuestión procesal genera interés transversal cuando toca materias sensibles como justicia civil, laboral, penal, procesos electrónicos, litigio ambiental o evidencia digital.
En términos institucionales, el congreso funcionó así como un espacio de articulación. Reunió academia, magistratura, ministerios públicos, representantes políticos y juristas extranjeros alrededor de una agenda común. Ese tipo de convergencia no garantiza reformas inmediatas, pero sí ordena conversaciones que después pueden bajar a proyectos, capacitaciones, rediseños de prácticas o nuevas interpretaciones jurisprudenciales.
Inteligencia artificial, oralidad y evidencia digital: el corazón de una reforma en movimiento
La estructura del congreso dejó ver por dónde pasa hoy la preocupación central del mundo judicial. La conferencia inaugural de Silvia Barona Vilar abordó la “Inteligencia artificial en la Justicia Civil. Retos para la Abogacía del Siglo XXI”. No fue un tema decorativo. Fue, en los hechos, una puerta de entrada a una discusión sobre el modo en que la tecnología empieza a redefinir funciones, tiempos y márgenes de decisión.
A lo largo de las jornadas se sucedieron paneles sobre Derecho Procesal Civil, Laboral, procesos colectivos, proceso electrónico e inteligencia artificial y Derecho Procesal Penal. Esa diversidad muestra que la transformación no se limita a un fuero. Atraviesa todo el sistema.
Valeria Fiore Cáceres planteó, en el panel de Derecho Procesal Civil, un tema que conecta directamente con la reforma judicial: “Proceso y métodos adecuados de solución de controversias: hacia un modelo integrado de tutela efectiva”. Su definición posterior fue todavía más precisa en clave institucional. Dijo que la importancia del congreso se nota en el intercambio de experiencias, en las preguntas y en la posibilidad de aprender de personas que ya recorrieron caminos que en Misiones todavía representan desafíos. Esa formulación traduce el valor práctico del encuentro: no solo teorizar, sino observar modelos ya ensayados en otros contextos para mejorar el sistema de justicia provincial.
La oralidad también apareció como una de las piezas centrales de esa transición. Manuel González Castro expuso sobre los desafíos en la implementación eficaz de la regla de debate oral en el fuero civil. Gustavo Calvinho, por su parte, llevó la experiencia del nuevo Código Procesal Civil Adversarial de la provincia de Neuquén. Allí se coló otro dato relevante: Misiones no discutió en abstracto, sino mirando experiencias concretas de rediseño procesal dentro del país.
El proceso electrónico y la inteligencia artificial tuvieron un lugar específico en el cuarto panel, con exposiciones sobre plataformas digitales y resolución de conflictos, la “Soberanía Sintética” y los horizontes de la inteligencia artificial en el derecho. El solo repertorio de temas evidencia que la Justicia enfrenta un cruce complejo entre automatización, independencia de criterio, validación de evidencia y garantías.
En materia penal, la discusión sobre evidencias en entornos digitales, el rol de la víctima en el proceso acusatorio y el ciberespacio dejó ver otra capa del problema: cuando el delito, la prueba y la interacción social se trasladan a ámbitos digitales, el proceso penal necesita rediseñar herramientas sin debilitar garantías constitucionales.
Un congreso académico, pero con señales para la gobernanza judicial
El encuentro tuvo además un fuerte componente simbólico. La apertura incluyó la presentación del coro de las comunidades aborígenes, que interpretó dos canciones en lengua nativa. El gesto aportó una marca de identidad territorial y cultural a un congreso dominado por discusiones técnicas. En una provincia donde la representación de la diversidad suele adquirir valor político, esa escena no fue un detalle menor.
También hubo señales de reconocimiento institucional. Los diputados provinciales Aryhatne Bahr, Rudi Bundziak y Horacio Martínez entregaron el proyecto de declaración de interés provincial presentado ante la Cámara de Representantes. Leopoldo Lucas, en nombre de la Municipalidad de Puerto Iguazú, hizo lo propio con la declaración de interés del municipio. Ese acompañamiento de actores legislativos y municipales muestra que el evento fue leído como algo más que una actividad universitaria o judicial. Hubo una decisión de darle volumen político.
Esa validación importa por una razón adicional. Cada vez que el sistema judicial abre debates sobre oralidad, procesos electrónicos, litigios colectivos o inteligencia artificial, inevitablemente se acerca a la frontera donde convergen gestión, presupuesto, capacitación, regulación y política pública. La gobernanza judicial ya no depende solo de sentencias. También depende de su capacidad de anticipar transformaciones y construir consensos internos y externos.
La sabiduría humana como límite frente al avance tecnológico
En el cierre de los paneles, Juan Manuel Díaz volvió sobre un punto que atravesó todo el congreso. Al exponer sobre obligaciones de procedimiento en la jurisprudencia internacional frente a la emergencia climática, subrayó que al hablar de asuntos ambientales hay tres ejes fundamentales: la información, la participación y el acceso a la justicia. Esa tríada conecta con una visión del proceso como garantía de derechos y no solo como mecanismo formal.
Pero además dejó una frase que condensa una de las tensiones más profundas del encuentro. En un ámbito donde se habló de inteligencia artificial, sostuvo que lo que debe mantenerse siempre presente es la sabiduría, porque, según afirmó, “la sabiduría es solamente humana”. La definición funciona como advertencia institucional. La Justicia puede incorporar herramientas tecnológicas, pero no delegar el núcleo de su responsabilidad.
En tiempos de automatización creciente, esa idea tiene peso. No solo marca un límite conceptual. También anticipa el tipo de discusión que probablemente gane centralidad en los próximos años: cuánto puede apoyarse el sistema judicial en procesos automatizados sin comprometer la deliberación, la prudencia y la legitimidad de sus decisiones.
Repercusiones: qué se fortalece y qué queda bajo presión
El principal actor fortalecido por el congreso es el Poder Judicial de Misiones, que logró proyectarse como anfitrión de una agenda jurídica contemporánea y sensible. También gana centralidad la articulación entre el sistema judicial y la academia, en este caso a través de la Universidad Católica de Santa Fe. Esa alianza muestra que la formación, la producción doctrinaria y la discusión institucional pueden funcionar como una misma plataforma de legitimación.
A la vez, el encuentro pone presión sobre el propio sistema judicial. Porque abrir la discusión sobre inteligencia artificial, oralidad, procesos electrónicos y litigios colectivos genera una expectativa inevitable: que esas conversaciones no queden en el plano declarativo. El desafío empieza después del congreso. Cómo se traducen estas discusiones en capacitación, modernización, reformas prácticas o nuevas pautas jurisprudenciales será la medida real de su impacto.
También se fortalece la idea de que Misiones quiere tener una voz propia en la conversación sobre reforma judicial. No necesariamente desde una ruptura, pero sí desde una construcción gradual de agenda. El intercambio con especialistas de la Universidad de Valencia, de Zaragoza, de Salamanca, de la Universidad Católica del Paraguay, de la Universidad Nacional de Córdoba, de la Austral, de la Universidad Nacional del Nordeste y de otras instituciones muestra que la provincia busca nutrirse de experiencias externas sin resignar protagonismo local.
Un cierre emotivo y una escena que deja proyección
El congreso cerró el viernes 20 con la entrega de un presente a Adolfo Alvarado Velloso de manos de Juan Manuel Díaz, Cristina Irene Leiva y Valeria Fiore. El homenaje tuvo una carga simbólica evidente. A lo largo de ambas jornadas fue reconocido como referente y maestro del Derecho Procesal por distintos disertantes. Además, el cierre incluyó el “Manifiesto Garantista” a su cargo, y él mismo definió la organización del encuentro como “una hermosísima fiesta misionera”.
La escena final reforzó una lectura doble. Por un lado, la reivindicación de una tradición doctrinaria y de referentes consolidados. Por otro, la necesidad de poner esa tradición a dialogar con los cambios que empujan la inteligencia artificial, la digitalización, la oralidad y los litigios complejos. Ahí radica la tensión central que dejó el congreso: cómo actualizar la Justicia sin vaciarla de sus garantías.
Puerto Iguazú fue, durante esas dos jornadas, el punto de encuentro de esa discusión. Queda por ver si esa conversación se convierte en insumo para reordenar prácticas concretas dentro del sistema judicial, si alimenta futuras reformas o si funciona, sobre todo, como un movimiento de posicionamiento institucional. Lo cierto es que la Justicia ya empezó a discutir su futuro en voz alta, y cuando eso ocurre, lo que se redefine no es solo un procedimiento.
El titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 7, Enrique Lavié Pico, rechazó este miércoles la presentación que había hecho la CGT contra dos artículos de la reforma laboral que establecen el traspaso del Fuero Laboral a la órbita de la ciudad de Buenos Aires.
“Teniendo en cuenta la sumarísima vía escogida –acción de amparo– por la actora y la inminencia de su decisión, en la cual se tratará el fondo del asunto y la ilegalidad y/o ilegitimidad de la conducta desplegada por la demandada, se descarta la existencia de un perjuicio irreparable que torne ilusoria la futura sentencia”, expresó el magistrado en el fallo
En el amparo presentado el viernes último, la CGT había reclamado “el dictado de una medida cautelar de no innovar que suspenda de inmediato la operatividad de los artículos 90 y 91 de la Ley de Modernización Laboral y del acuerdo de Transferencia aprobado por el art. 90 en cuanto disponen el cierre de treinta (30) Juzgados de Primera Instancia del Trabajo y de la Sala VII de la CNAT y la progresiva eliminación y cierre de la Justicia Nacional del Trabajo, así como de las transferencias cuestionadas en el presente pedido de amparo”.
La central argumentó que los cambios vulneran derechos constitucionales y dejan a los trabajadores en situación de indefensión.
En el fallo, Lavié Pico consideró que “no se acreditaron los requisitos de urgencia o arbitrariedad necesarios para frenar o modificar” una ley del Congreso recientemente sancionada.
“Por otra parte, tampoco puede dejar de señalarse que no se advierte, en este estado del proceso, la configuración en la presente causa del peligro en la demora que justifique la tutela requerida y la alteración del orden natural del proceso, en la medida que los elementos aportados por la parte actora, no resultan suficientes para acceder a la tutela requerida, en el marco expedito dela acción de amparo formulada”, concluyó el magistrado
