La Cámara Electoral declaró nulo el DNU que transfería a Migraciones el otorgamiento de la ciudadanía argentina
La Cámara Nacional Electoral (CNE) asestó un nuevo revés judicial al Gobierno nacional al declarar la nulidad absoluta del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 366/2025, mediante el cual el Poder Ejecutivo había transferido a la Dirección Nacional de Migraciones la facultad de otorgar la ciudadanía argentina, una competencia que históricamente ejercen los jueces federales.
El fallo representa un límite institucional al uso de los decretos presidenciales y reafirma que la regulación de los derechos políticos constituye una materia reservada al Congreso de la Nación. Para el máximo tribunal electoral, el Ejecutivo avanzó sobre atribuciones legislativas expresamente vedadas por la Constitución Nacional y no logró demostrar la existencia de una situación de excepcional urgencia que justificara eludir el debate parlamentario.
La resolución fue dictada al resolver el caso de Liping Yang, un ciudadano chino cuya solicitud de carta de ciudadanía había sido rechazada por un juez federal de Entre Ríos bajo el nuevo régimen establecido por el decreto presidencial. Sin embargo, la Cámara aprovechó ese expediente para pronunciarse sobre la constitucionalidad de toda la reforma introducida por el DNU.
El argumento central de los magistrados es que el otorgamiento de la ciudadanía no constituye un simple trámite administrativo o migratorio, sino que está directamente vinculado con la adquisición de los derechos políticos, entre ellos el derecho al voto. Esa característica ubica la materia dentro del ámbito electoral, un terreno sobre el cual la Constitución prohíbe expresamente legislar mediante decretos de necesidad y urgencia.
En ese sentido, la sentencia recuerda que el artículo 99 inciso 3° de la Constitución Nacional establece que el Poder Ejecutivo “no podrá en ningún caso, bajo pena de nulidad absoluta e insanable”, emitir disposiciones de carácter legislativo en materia electoral. Para la Cámara, la eliminación de la competencia judicial para otorgar la ciudadanía encuadra exactamente en esa prohibición constitucional.
Además del cuestionamiento de fondo, los jueces descartaron que existieran circunstancias extraordinarias que justificaran el dictado del DNU. El Gobierno había argumentado que la Dirección Nacional de Migraciones era el organismo más adecuado para evaluar los pedidos de ciudadanía y que resultaba más eficiente concentrar allí el procedimiento.
Sin embargo, la Cámara concluyó que esos fundamentos responden exclusivamente a razones de oportunidad, mérito o conveniencia administrativa, aspectos cuya definición corresponde al Congreso y no habilitan el uso de facultades legislativas excepcionales por parte del Presidente.
El tribunal sostuvo que el Ejecutivo no acreditó una “situación de rigurosa excepcionalidad y urgencia” que hiciera imposible el tratamiento parlamentario del cambio normativo. Por el contrario, interpretó que el objetivo del decreto era modificar de manera permanente el régimen legal vigente sin atravesar el procedimiento legislativo previsto por la Constitución.
La sentencia también desarrolla un extenso análisis sobre el concepto jurídico de ciudadanía y su estrecha relación con el sistema democrático argentino. Para fundamentar su decisión, los magistrados citaron doctrina constitucional de autores como Juan Bautista Alberdi, Segundo V. Linares Quintana, Germán Bidart Campos, Gregorio Badeni y José Manuel Estrada, quienes coinciden en definir la ciudadanía como el vínculo jurídico-político que habilita el ejercicio de los derechos políticos.
Asimismo, recordaron que la propia Constitución otorga una protección reforzada a las normas electorales. No sólo exige mayorías especiales para su modificación, sino que además excluye expresamente esa materia del régimen excepcional de los decretos de necesidad y urgencia, precisamente para preservar la división de poderes y la integridad del sistema democrático.
Como consecuencia del fallo, la Cámara revocó la resolución de primera instancia que había rechazado el pedido de ciudadanía de Yang y ordenó que el trámite continúe bajo el régimen establecido por la Ley 346 y su decreto reglamentario, que mantienen la competencia en cabeza de los jueces federales.
Además, dispuso comunicar formalmente la sentencia al Ministerio de Seguridad para que instruya a la Dirección Nacional de Migraciones a adecuar su actuación al criterio fijado por la Justicia y notificó la decisión a todos los jueces federales con competencia electoral del país, con el objetivo de unificar la interpretación sobre la aplicación del DNU.
Desde el punto de vista institucional, el fallo constituye un nuevo capítulo en la creciente judicialización de diversas reformas impulsadas por el Gobierno nacional mediante decretos. La decisión reafirma el criterio de la Cámara Nacional Electoral respecto de los límites constitucionales del Poder Ejecutivo y fortalece el principio de que las modificaciones vinculadas a la ciudadanía y a los derechos políticos deben debatirse y aprobarse exclusivamente en el Congreso.
