Con la disidencia del misionerismo, Diputados emitió dictamen para bajar la edad de imputabilidad
En medio de un debate cargado de tensión política y fuertes cruces ideológicos, el oficialismo logró dictamen de mayoría para avanzar con un nuevo Régimen Penal Juvenil que incluye la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años. La iniciativa será llevada este jueves al recinto de la Cámara de Diputados en busca de la media sanción.
El despacho fue firmado en un plenario conjunto de las comisiones de Legislación Penal; Familias, Niñez y Juventudes; Justicia; y Presupuesto y Hacienda. Reunió 78 firmas de los bloques La Libertad Avanza, Pro, Unión Cívica Radical, Innovación, Independencia, Producción y Trabajo, MID y Provincias Unidas.
Sin embargo, el acompañamiento no fue unánime dentro de los aliados. El diputado nacional por Misiones, Oscar Herrera Ahuad, expresó una disidencia vinculada al impacto presupuestario que la norma tendrá sobre las provincias.
La advertencia de Herrera Ahuad
Durante su intervención, el legislador misionero puso el foco en la falta de previsión concreta de recursos para implementar el nuevo régimen.
“Le estamos dando una responsabilidad a las provincias de construir centros, de armar equipos multidisciplinarios sin decir de dónde van a sacar los recursos”, cuestionó.
Herrera Ahuad recordó incluso un antecedente ocurrido en la misma comisión meses atrás: “En diciembre acá sentados me dijeron que si yo no decía de dónde salía la plata en una ley, iba a ir preso. Hoy le estamos diciendo a los gobernadores ‘hagan esto’ y no decimos de dónde vamos a sacar la plata”.
El ex gobernador sostuvo que la implementación del régimen implicará gasto público que recaerá directamente sobre las provincias. “Esto es una responsabilidad de la Nación y es una responsabilidad de la provincia. Nosotros queremos saber de dónde vamos a sacar los recursos. Esto es un gasto público y lo van a asumir las provincias”.
En ese sentido, pidió incorporar un capítulo específico de asignación de fondos: “Yo pido que podamos incorporar un capítulo de asignación de los recursos específico y taxativo para las provincias”.
Herrera Ahuad aclaró que no se trata de construir más cárceles, sino de fortalecer centros especializados y políticas de contención juvenil: “No para construir cárceles, sí para construir centros modelo y recuperar lo que en algún momento tuvimos como política pública: la contención de nuestros jóvenes”.
También describió la situación actual en Misiones: la provincia cuenta con una sola unidad carcelaria federal con 200 internos, pero otros 50 se encuentran alojados en cárceles provinciales y otros 50 en dependencias diversas, incluyendo calabozos de fuerzas federales.
Oficialismo: “Es una deuda de la democracia”
Desde el oficialismo, el libertario Manuel Quintar defendió el proceso legislativo y afirmó que el tema fue ampliamente debatido con especialistas. “Es un tema que la sociedad está reclamando”, sostuvo.
La diputada Silvana Giudici explicó que el dictamen contempla un artículo de asignación presupuestaria para comenzar la implementación, aunque reconoció que el despliegue total demandará tiempo. Además, sostuvo que el proyecto adecua la normativa a estándares internacionales.
Cristian Ritondo (Pro) afirmó que se trata de “una cuestión pendiente desde 1983” y sostuvo que un adolescente de 14 años “tiene comprensión del acto ilegal que está cometiendo”.
Desde la Unión Cívica Radical, Diógenes González respaldó la norma al considerarla “la herramienta adecuada para este momento”.
Fuerte rechazo opositor
El bloque Unión por la Patria y el Frente de Izquierda rechazaron el dictamen.
Victoria Tolosa Paz cuestionó el procedimiento y denunció improvisación: “No pueden tratar con tanta liviandad un tema tan trascendental”. Sostuvo que el proyecto es regresivo y criticó la consigna “igual delito, igual pena” por desconocer el principio del interés superior del niño.
Myriam Bregman, del Frente de Izquierda, calificó la iniciativa como una expansión del poder punitivo del Estado y negó que exista una “ola delictiva juvenil”.
Otros legisladores opositores señalaron supuestas inconsistencias constitucionales y reclamaron mayor tiempo de análisis.
El trasfondo
El proyecto impulsa la reducción de la edad de imputabilidad a 14 años, en línea con propuestas que, según el oficialismo, existen en más de una decena de iniciativas previas presentadas en el Congreso.
Mientras el oficialismo argumenta que busca terminar con la impunidad y adecuar el régimen a estándares regionales, la oposición advierte que la norma prioriza el castigo por sobre la reinserción.
La sesión especial prevista para este jueves definirá si el nuevo Régimen Penal Juvenil obtiene media sanción y avanza hacia el Senado.
En el centro del debate quedó expuesta una tensión estructural: quién financia la implementación del nuevo sistema y cómo se articula la responsabilidad entre Nación y provincias. Allí, la disidencia misionera marcó un límite claro dentro del esquema de apoyos.