“Juventud endeudada”: los menores de 35 años concentran la mora más alta y los neobancos ganan peso
El endeudamiento dejó de ser solamente una cuestión de acceso al crédito y comenzó a funcionar como un indicador de las desigualdades que atraviesan a los hogares argentinos. En junio de 2026, la tasa de mora de la deuda de personas físicas alcanzó el 17,4% a nivel nacional, pero el deterioro se concentra con mayor intensidad entre los menores de 35 años, en particular aquellos con inserción laboral precaria y mayor dependencia de entidades financieras no tradicionales.
El diagnóstico surge del mapa interactivo desarrollado por el Centro de Estudios de la Ciudad (CEC) con apoyo de la Fundación Friedrich Ebert (FES), una herramienta que permite observar la evolución del endeudamiento a escala nacional, provincial y territorial. Los datos muestran que mientras el volumen real del crédito otorgado dejó de crecer desde comienzos de 2026, el monto de deuda en situación irregular continuó aumentando, llevando la morosidad a niveles récord.
El fenómeno adquiere una dimensión particularmente sensible entre los jóvenes. Las personas menores de 35 años presentan tasas de mora superiores al 25% y, dependiendo del tipo de entidad acreedora, pueden alcanzar picos de hasta el 50%. El dato revela una paradoja: quienes tienen mayores dificultades para consolidar ingresos estables son, al mismo tiempo, quienes enfrentan una mayor exposición a mecanismos de financiamiento que pueden resultar más costosos.
La estructura del endeudamiento también permite observar el desplazamiento hacia nuevos actores del sistema financiero. El 36% de los deudores jóvenes concentra sus compromisos en neobancos, una proporción que el estudio vincula con la informalidad laboral y las dificultades de acceso al sistema bancario tradicional. La expansión de estas plataformas se produjo en paralelo con un escenario de mayor desregulación financiera y un fuerte incremento de las tasas aplicadas a determinados préstamos.
El problema, por lo tanto, no se limita al tamaño de la deuda. También importa quién presta, cuánto cobra y qué capacidad tiene el deudor para afrontar el compromiso. Según el relevamiento, los Proveedores No Financieros de Crédito presentan la mayor tasa de mora del mercado, con 47,8%. Le siguen las tarjetas no bancarias, con 33,27%, y los neobancos, con 23,34%.
La banca tradicional exhibe niveles inferiores. Los bancos privados registran una mora de 18,61%, mientras que los bancos públicos presentan 10,13%. Las compañías financieras aparecen con la menor tasa entre los segmentos relevados, con 4,88%. El contraste expone que el riesgo crediticio no se distribuye de manera homogénea y que las condiciones de acceso al financiamiento pueden terminar determinando también las posibilidades de salir del endeudamiento.
La dimensión territorial profundiza esa lectura. A nivel provincial, La Rioja presenta la mayor proporción de mora sobre el monto adeudado, con 23,9%, seguida por San Luis, con 22,2%; Santa Cruz, con 21,9%; Catamarca, con 21,5%; y San Juan, con 20,5%. En el extremo opuesto aparecen La Pampa, con 9%; CABA, con 11,7%; Entre Ríos, con 13,3%; Santa Fe, con 14,3%; y Córdoba, con 15%.
La desigualdad también se reproduce dentro de las propias ciudades. En la Ciudad de Buenos Aires, donde el 81% de la población adulta registra algún tipo de deuda, la mora llega al 11,5% en el conjunto del distrito, pero presenta una brecha marcada entre territorios: en los barrios del sur ronda el 20%, mientras que en los del norte se ubica entre 8% y 10%.
En la provincia de Buenos Aires se repite una dinámica similar. Los mayores niveles de atraso se concentran en el Área Metropolitana de Buenos Aires, alrededor del 25%, frente a porcentajes de entre 10% y 15% en el resto del territorio bonaerense. Una brecha comparable aparece en Santa Fe y Córdoba, donde la morosidad se intensifica en los cordones urbanos que rodean a Rosario y Córdoba Capital.
El mapa permite así cambiar la pregunta: el problema no es solamente cuánto se endeudan las familias, sino bajo qué condiciones lo hacen. La geografía del atraso sugiere que la capacidad de pago está estrechamente relacionada con el mercado laboral, los ingresos disponibles y las alternativas de financiamiento que tiene cada hogar.
Para los jóvenes, el riesgo es todavía mayor. La combinación de ingresos inestables, dificultades para acceder a la banca tradicional y disponibilidad inmediata de crédito digital puede transformar una herramienta destinada a resolver una necesidad de corto plazo en una deuda difícil de cancelar. A esto se suma el uso de algoritmos de segmentación y predicción del comportamiento para orientar ofertas financieras hacia determinados perfiles de consumidores.
El desafío de política pública pasa entonces por evitar que la digitalización financiera se convierta en una nueva vía de exclusión. La solución no consiste necesariamente en cerrar el acceso al crédito, sino en mejorar la información disponible, transparentar el costo financiero, fortalecer la educación financiera y establecer mecanismos de evaluación que contemplen la capacidad real de pago de los hogares.
La herramienta desarrollada por el CEC y la FES aporta una pieza central para ese objetivo: hacer visible dónde se concentra la deuda y quiénes son los grupos más expuestos. Esa información permite pasar de una discusión general sobre el endeudamiento a políticas más precisas, capaces de diferenciar entre acceso al crédito, sobreendeudamiento y mora.
En un contexto en el que el crédito real dejó de expandirse pero la deuda atrasada continúa creciendo, la “juventud endeudada” aparece como una señal de alerta económica y social. El desafío es que el sistema financiero pueda ampliar el acceso sin convertir la precariedad laboral en el principal factor de riesgo para quienes recién ingresan a la vida económica adulta.