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Desarticulan mega banda de lavado de dinero con ramificaciones en Misiones y otras provincias

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En una gran investigación coordinada por el Ministerio de Seguridad Nacional, Gendarmería Nacional Argentina efectuó un megaoperativo y desmanteló una red de comercio exterior que lavaba activos, tras 47 allanamientos en Mendoza, Córdoba, Santa Fe, Salta y Misiones.

El procedimiento se dio luego de varios meses de pesquisas llevadas adelante por los efectivos de la GNA, en las cuales se constató la existencia de una compleja organización delictiva dedicada a maniobras de triangulación de facturaciones, delitos contra el comercio exterior, evasión aduanera e ingreso irregular de divisas.

De esta manera, por orden del magistrado interviniente, los uniformados ejecutaron de manera simultánea 47 órdenes de allanamiento sobre domicilios particulares, firmas exportadoras de granos y oficinas de despachantes de aduana situados en las provincias mencionadas. Como resultado de los registros, los uniformados incautaron 59 teléfonos celulares, 35 computadoras portátiles, 28 CPU, discos rígidos externos, dispositivos de almacenamiento DVR, tokens bancarios, armas de fuego, documentación contable y societaria, con un avalúo preliminar superior a los 55.000.000 de pesos.

En los operativos participaron miembros del Equipo Delitos Económicos de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “Mendoza”, con apoyo del personal de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA-DGA) y Unidades dependientes de las Regiones II, III, VI, IX y X de la GNA.

En la causa interviene el Juzgado Federal Nº 3 de Mendoza, Secretaría Penal “D”, cuyo titular ordenó la prosecución de las diligencias procesales correspondientes por infracción al Código Aduanero y lavado de activos.

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La UIF pidió investigar a Manuel Adorni por lavado de dinero

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Luego de que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, finalmente publicara su declaración jurada de 2025, el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE) elevó un pedido formal a la Unidad de Información Financiera (UIF) para que lleve adelante la apertura de un expediente de inteligencia financiera con el propósito de realizar un análisis en relación con la evolución patrimonial.

Además, de ser necesario, radicar la denuncia ante la justicia penal por presunto lavado de activos del funcionario de Milei y su esposa, Bettina Angeletti, por la existencia de posibles fondos y bienes de, según la entidad, origen no debidamente acreditado.

El titular de la UIF, Matías Gabriel Álvarez, es el destinatario del pedido del CIPCE que reclamó la aceptación de “todas las medidas previstas en las facultades legales y reglamentarias” con el objetivo de monitorear de forma intensiva a Adorni y Angeletti, argumentando que son Personas Políticamente Expuestas (PEP), y así poder establecer la trazabilidad, el origen y la consistencia económica del patrimonio.

¿Cuáles son los argumentos del CIPE para hacer el pedido a la UIF?

La compra de una casa en noviembre de 2024 en un barrio privado, más un departamento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un año después (en noviembre de 2025), cuando Adorni ya ocupaba un cargo público, es donde se apoya el pedido del CIPE. Además, por contar con importantes sumas de dinero en efectivo, así como viajes en aviones privados junto a contratistas del Estado y la realización de operaciones crediticias, pero no bancarias, con personas que no tendrían la capacidad económica necesaria.

Asimismo, el CIPE sumó a sus argumentos la declaración realizada por Adorni a LN+ donde manifestó haber omitido “por error” en sus declaraciones juradas de los años 2023 y 2024 que los ahorros familiares se habían compuesto “en negro”. “Ahorramos en negro como todos los argentinos”, se justificó sobre US$500.000, según sus declaraciones.

En tal sentido, el reconocimiento de Adorni genera preguntas en relación con el cumplimiento de los parámetros de transparencia exigibles a las personas que ocupan el rol de funcionarios, así como también sobre el origen de los fondos involucrados, según la ONG especializada en investigar la corrupción y los delitos económicos.

Más aportes del CIPE al pedido a la UIF

El CIPCE incluyó en su pedido testimonios de personas que declararon en la Justicia federal que indicarían que, por lo menos, una de las tantas operaciones inmobiliarias no se habría escriturado por su valor real. En este sentido, si se llegara a confirmar, según el planteo, se podría encuadrar en maniobras de simulación capaces de ser analizadas bajo la figura de lavado de activos.

A su vez, el CIPCE hizo hincapié en que la adhesión al régimen simplificado de Ganancias que prevé la ley de “Inocencia Fiscal” ni suspende ni pone límite a las obligaciones en materia de prevención del lavado de activos, así como a las facultades de la UIF para analizar operaciones patrimoniales inconsistentes.

Y recordó que la ley actual ordena deberes de debida diligencia reforzada para las PEP, debido a su mayor exposición a riesgos de corrupción.

De esta forma y con la firma del director ejecutivo del CIPE, Pedro Biscay, el organismo enmarcó el pedido en el contexto internacional, resaltando que el país está bajo el seguimiento reforzado del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el cual exige avances en la prevención como en la detección y la investigación del lavado, más precisamente cuando está vinculado a hechos de corrupción.

Por eso, el CIPE, en ese contexto, mantiene su posición diciendo que una actuación “diligente y oportuna” de la UIF en casos como este, en que involucra a un funcionario de alto rango, es una señal clave de cumplimiento de los estándares internacionales. Y, en consecuencia, pidió que se realicen los controles pertinentes de consistencia patrimonial integrales, que se cruce información proveniente de organismos como la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y reportes del sistema financiero.

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Posadas incorpora el primer lavado cero contacto: en 7 minutos, el auto sale limpio, seco y sin que nadie lo toque

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Posadas sumará en los próximos días una innovación inédita en el NEA: un lavadero automático cero contacto capaz de lavar y secar un vehículo en apenas siete minutos, sin intervención humana y con un consumo de agua muy inferior al de los sistemas tradicionales. El emprendimiento, impulsado por Eduardo Guillermo Forte y su esposa, Fabiana Andrea Talavera, llevará el nombre de fantasía Quick Quick Car Wash y funcionará en Líbano 881, barrio Palomar, como parte de la franquicia nacional Aqua Express, originaria de Mendoza.

Forte explica que este modelo representa un salto tecnológico respecto de los lavaderos automáticos con cepillos, que con el tiempo terminaban marcando la pintura. El sistema que llega a Posadas trabaja exclusivamente con agua a presión y champú vehicular, seguido de un enjuague y un secado final con sopladores de alta potencia. Todo el proceso está milimétricamente calibrado para aplicar la cantidad justa de agua, jabón y cera protectora, lo que garantiza un lavado rápido, eficiente y sin fricción. Incluso incorpora sensores que detectan el tamaño y la posición de las ruedas para limpiar llantas y neumáticos sin contacto alguno.

El servicio es completamente externo y automatizado: nadie manipula el vehículo, no hay que entregar las llaves ni retirar objetos del interior. Para quienes desean completar la limpieza, el lugar ofrecerá un box de autoservicio con aspiradora industrial y una máquina que lava y seca alfombras en segundos. Cada usuario paga únicamente por los adicionales que utilice. Todo se gestiona mediante una billetera virtual propia del lavadero: el cliente descarga la aplicación, carga saldo y abona cada servicio escaneando un código QR.

Además de la rapidez, uno de los grandes diferenciales será el precio: el lavado completo costará alrededor del 70% de lo que se paga en un lavadero convencional, gracias al ahorro de agua, productos y personal. Aun así, habrá un único operario encargado de encender la máquina, controlar los insumos y atender la caja.

La idea surgió cuando Forte, mendocino de origen y radicado en Posadas junto a su esposa misionera y sus dos hijos, visitó los lavaderos de Aqua Express en su provincia natal. Allí conoció el sistema cero contacto y observó su desempeño en diferentes ciudades del país. Más tarde viajó a Resistencia, donde funciona la máquina más cercana al NEA, y terminó de convencerse de que Posadas estaba lista para adoptar este concepto. “Entrás, lavás y salís. No tenés que dejar el auto ni esperar horas. Nadie lo toca y no hay riesgos”, cuenta.

Quick Quick Car Wash también funcionará como showroom para futuros inversores. Forte y Talavera tienen contrato de representación comercial y ya recibieron consultas de empresarios y dueños de lavaderos tradicionales interesados en migrar a un sistema sin personal, una solución atractiva frente a la rotación laboral que enfrenta el sector.

Con la instalación de este primer módulo, Posadas se suma a la tendencia internacional de lavaderos automatizados, sustentables y centrados en la experiencia del usuario. “Es un emprendimiento familiar y creemos que va a aportar algo verdaderamente nuevo para la ciudad”, asegura Forte, mientras avanza la obra que presentará uno de los servicios más modernos del país.

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Economía formalizó presentación judicial en contra de sociedades que sobrefacturaron importaciones

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El ministro de Economía, Sergio Massa, afirmó hoy que el Gobierno formalizó ante la Justicia la presentación de denuncias contra sociedades sospechadas de haber realizado sobrefacturación de importaciones, a través de una triangulación de operaciones con sociedades y bancos del exterior.

“Como habíamos anunciado, presentamos en la justicia argentina denuncias contra sociedades que realizaron maniobras fraudulentas de sobrefacturación de importaciones utilizando sociedades y bancos extranjeros”, expresó hoy Massa a través de su cuenta de Twitter.

De esta manera, continuó, “y por orden de la justicia, se inicia el intercambio de información entre la UIF y Financial Crimes Enforcement Network (FinCen) de Estados Unidos para investigar de manera articulada y coordinada estos delitos que perjudican al Estado Nacional”, reveló el funcionario.

Días atrás, Massa había destacado que la AFIP se encontraba realizando el procedimiento de informar a 722 empresas, donde el Estado argentino detectó irregularidades en el comercio exterior, con maniobras de triangulación consideradas fraudulentas.

“Son 722 las empresas que están siendo informadas. El perjuicio al Estado es de casi 1.000 millones de dólares”, en “mecanismos de abuso con subfacturación de exportaciones y sobrefacturación de importaciones”, afirmó el ministro hace unos días.

El pasado 3 de agosto Massa anunció, entre otras medidas, que se iba a denunciar ante la Justicia argentina y la unidad antilavado de los Estados Unidos los casos de subfacturación de exportaciones y sobrefacturación de importaciones. y que se abrió un registro por 60 días para que los casos detectados puedan rectificar su posición en la Aduana, antes de continuar con el proceso judicial.

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Procesaron con prisión preventiva a la banda que contrabandeaba soja por Misiones

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Un total de siete de los once implicados en la megacausa por contrabando de granos de soja y maíz a Brasil a través de la frontera de Misiones fueron procesados con prisión preventiva por decisión de la Justicia Federal de la ciudad de Oberá, entre ellos un exjefe de Gendarmería Nacional, informaron fuentes judiciales.

La resolución fue tomada por el juez Alejandro Marcos Gallandat Luzuriaga, quien los acusa de “asociación ilícita en concurso ideal con los delitos de contrabando de exportación agravado por la intervención de tres o más personas organizadas para cometerlo y la participación de un agente de la fuerza de seguridad”.

La investigación por contrabando comenzó en marzo de 2021 y ocho meses después el magistrado ordenó doce allanamientos simultáneos en las ciudades de Oberá, Panambí, El Soberbio, San Javier, Apóstoles, Colonia Aurora y Mojón Grande.

Entre los investigados se encuentra el excomandante de Gendarmería Marco Antonio Duette (50), quien hasta el día de su detención fue jefe del Escuadrón 9 Oberá y al que se le agregó el delito de “cohecho pasivo”.

Otro de los procesados y sindicado cabecilla de la banda es el empresario Santiago Marino (54), dueño de un importante complejo turístico ubicado sobre la ruta provincial 2, en Florentino Ameghino, procesado además con el agravante de “organizador” y por el delito de “cohecho activo en concurso real”.

La medida judicial alcanzó también a Juan Carlos Tivano (68), Ricardo Fabián Gómez (47 y sargento de Gendarmería), Marcelo Da Silva (44), Ricardo Hildebrandt (46) y Francisco Eladio Morel (61).

Se determinó el embargo por 3 millones de pesos a cada uno y se dispuso la apertura de un nuevo expediente para investigar el delito de lavado de activos, dada la gran cantidad de bienes, vehículos y dinero incautados a los involucrados.

El modus operandi de la organización consistía en la utilización de Cartas de Porte y Formularios CTG (Código de Trazabilidad de Granos) emitidas por personas físicas o jurídicas sin capacidad económica, únicamente para dar la apariencia de legalidad al desplazamiento en ruta de las cargas.

Una vez que esos camiones ingresaban a la provincia, casi siempre con un peso muy superior al declarado y permitido, saltaban los controles y esas cartas de porte eran eliminadas o modificadas.

Los efectivos de GNA eran los encargados de liberar la ruta nacional 14 y la ruta provincial 2 para que la soja llegue a destino sin inconvenientes.

Las cargas llegaban a la zona de frontera, donde se acopiaba en cercanías a la costa, se las cargaba en bolsas de 50 kilogramos y se las enviaban a Brasil en canoas por el río Uruguay.

La investigación permitió el decomiso de 298.000 kilogramos de soja.

Las detenciones y allanamientos fueron llevados a cabo por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), mientras que la investigación está a cargo de la Secretaría de Delitos Complejos del Juzgado, con la denuncia inicial efectuada por la Procelac conjuntamente con la Fiscalía Federal de Oberá.

En cuanto a perjuicio fiscal, las maniobras de evasión investigadas a esta organización fueron estimadas por la AFIP para el año 2020 en $139.652.145,35 en concepto de IVA y $465.507.151,16 en cuanto a Impuesto a las Ganancias.

Respecto a 2021 el perjuicio fue calculado en $480.677.034,36 y $1.605.256.781,20 en cuanto a IVA y Ganancias, respectivamente, a lo cual se suma el no pago de las retenciones a las exportaciones de oleaginosas y la diferencia cambiaria entre el dólar oficial y el blue.

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