Legislación ambiental

Publican una guía sobre impacto ambiental en Misiones

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En un contexto donde la regulación ambiental gana centralidad en la agenda pública, el abogado Martín Ferroni impulsa una intervención que trasciende lo académico: la publicación de la “Guía Metodológica para Estudios de Impacto Ambiental y Análisis de sus Elementos Legislativos en la Provincia de Misiones”, cuya presentación comenzará el 8 de abril en Jardín América y continuará el 16 en Posadas. El dato no es menor. La obra no solo sistematiza criterios técnicos, sino que introduce una pregunta de fondo: ¿la normativa vigente en Misiones está preparada para responder a las nuevas exigencias ambientales?

Entre la técnica y la ley: una herramienta con doble lectura

El libro, coeditado por el Instituto Superior Multiversidad Popular y Editorial Mate, con auspicio del Servicio Provincial de Enseñanza Privada de Misiones, se estructura en dos planos que dialogan entre sí.

Por un lado, propone una guía metodológica para la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) con lineamientos estandarizados a nivel internacional, adaptados a la legislación argentina —en particular la Ley General del Ambiente N° 25.675— y al marco provincial. En términos prácticos, se trata de una herramienta operativa para quienes deben diseñar o evaluar proyectos con impacto ambiental.

Pero el segundo bloque introduce una dimensión más sensible: un análisis artículo por artículo de la Ley XVI-35 de Misiones, vigente desde los años 90. Allí, Ferroni identifica aspectos “que podrían optimizarse”, lo que, en clave política, abre una discusión sobre la actualización de una norma que regula uno de los procesos más críticos en materia de desarrollo y control estatal.

Regulación, formación y control

La publicación se inserta en un escenario donde la Evaluación de Impacto Ambiental funciona como un punto de intersección entre Estado, sector productivo y sociedad civil. No es solo un procedimiento técnico: define qué proyectos avanzan, bajo qué პირობ conditions y con qué controles.

En ese marco, la obra puede influir en distintos niveles. Por un lado, fortalece la formación técnica de profesionales y operadores del sistema. Por otro, introduce insumos para revisar la normativa vigente, en un contexto donde las leyes provinciales conviven con estándares nacionales e internacionales cada vez más exigentes.

La participación de instituciones educativas y el auspicio del sistema de enseñanza privada también sugieren una intención de ampliar el alcance del debate más allá del ámbito jurídico, llevándolo hacia la formación y la práctica profesional.

Una agenda en construcción

La decisión de analizar en profundidad una ley provincial que data de los años 90 no es neutra. Expone una tensión latente: la distancia entre marcos regulatorios diseñados en otro contexto y las demandas actuales en materia ambiental.

La presentación del libro abre, al menos en términos técnicos, una instancia de discusión sobre posibles ajustes o reformas. Sin embargo, el paso de la teoría a la agenda legislativa dependerá de la capacidad de estos insumos para instalarse en el debate político e institucional.

Por ahora, la guía se posiciona como un instrumento que ordena criterios y, al mismo tiempo, sugiere preguntas. En un terreno donde cada proyecto implica decisiones con impacto económico, social y ambiental, esa combinación puede resultar más influyente de lo que parece.

Presentación del libro

El libro será presentado el miércoles 8 de abril, a las 18.30 horas, en la sede del Profesorado de Biología de la Multiversidad Popular en Jardín América (en Av. Presidente Perón N° 135), y el jueves 16 de abril, a las 18.30 horas, en la sede de la Multiversidad Popular en Posadas, ubicada en Av. Blas Parera 5160.

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Glaciares en debate: críticas técnicas y constitucionales a la reforma que el Senado tratará en febrero

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El proyecto del Poder Ejecutivo que modifica la Ley 26.639 de presupuestos mínimos para la protección de glaciares y del ambiente periglacial obtuvo dictamen en el Senado tras un trámite acelerado, pero enfrenta un rechazo contundente de especialistas, organizaciones ambientales y referentes científicos, que advierten sobre un debilitamiento estructural del régimen de protección ambiental, riesgos para la seguridad hídrica y mayor incertidumbre jurídica. La iniciativa será tratada en el recinto el próximo 10 de febrero.

El debate se desarrolló en una reunión conjunta de las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Minería, Energía y Combustibles del Senado de la Nación, realizada en el Salón Arturo Illia del Palacio Legislativo. En apenas dos días, el oficialismo logró dictaminar el proyecto pese a las objeciones técnicas, constitucionales y ambientales planteadas durante las exposiciones. El tratamiento parlamentario, inicialmente previsto para el 26 de diciembre, fue finalmente postergado para febrero.

Cambios estructurales y cuestionamientos constitucionales

Durante el encuentro, los expositores coincidieron en que la reforma propuesta introduce modificaciones de fondo a la Ley 26.639, sancionada hace 15 años, al alterar el esquema de presupuestos mínimos de protección ambiental previsto en la Constitución Nacional. Según advirtieron, la iniciativa reduce el alcance del régimen nacional y fragmenta los criterios de protección de bienes comunes estratégicos como el agua.

Andrés Nápoli, director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), sostuvo que el proyecto “reduce el área de protección glaciar —que actualmente alcanza apenas el 0,21% del territorio nacional— con el objetivo de habilitar proyectos de megaminería de alta montaña hoy expresamente prohibidos”. Además, remarcó que la iniciativa transfiere a las provincias la facultad de definir qué glaciares deben ser protegidos, lo que “desmantela el esquema de protección ambiental uniforme y común para todo el país”.

En la misma línea, Enrique Viale, presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, afirmó que la reforma “tira por la borda la arquitectura constitucional de las leyes de presupuestos mínimos” y alertó sobre el precedente que podría sentar para otras normas ambientales vigentes. “¿Qué va a pasar después? ¿Vienen por los bosques, por los ríos, por la Ley General del Ambiente?”, planteó.

Ciencia, crisis climática y falta de participación

Desde el ámbito científico, las críticas se centraron en la ausencia de consultas previas y en la celeridad del tratamiento legislativo. Manuel Jaramillo, director ejecutivo de Fundación Vida Silvestre Argentina, calificó como “inadmisible” que el proyecto no haya sido consultado con el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), organismo de referencia establecido por la propia ley vigente para la elaboración del Inventario Nacional de Glaciares.

Pablo E. Villagra, director del IANIGLA, recordó que el Inventario Nacional de Glaciares fue concluido en 2018, recibió reconocimiento de la comunidad glaciológica internacional y no presenta errores significativos, además de encontrarse actualmente en proceso de actualización.

Agostina Rossi, de Greenpeace Argentina, advirtió que “cuando el riesgo aumenta, las normas se fortalecen, no se debilitan”, y sostuvo que la distinción entre glaciares “útiles” y “no útiles” carece de sustento científico. “Los glaciares y el ambiente periglacial no son obstáculos: son aliados para enfrentar la crisis climática”, afirmó.

Las organizaciones también cuestionaron la escasa participación pública y el carácter exprés del proceso legislativo, señalando que la iniciativa no replica el nivel de debate y consenso que acompañó la sanción original de la ley.

Minería, inversiones y licencia social

Desde el sector empresario minero, la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) y la Cámara Argentina de Proveedores Mineros (CAPMIN) plantearon que la ley vigente presenta imperfecciones que generan incertidumbre normativa y que la reforma busca adecuar el marco regulatorio del sector. Alfredo Vitaller, por CAEM, sostuvo que acompañan la protección de los glaciares “en tanto cumplan su función como reserva de agua”.

Sin embargo, desde las organizaciones ambientales y científicas se advirtió que la reforma no generará mayor seguridad jurídica ni atraerá inversiones de largo plazo. Hernán Casañas, director ejecutivo de Aves Argentinas, afirmó que “las empresas serias buscan certidumbres y estándares ambientales altos” y que “los flujos de inversión más importantes van a los países con mayor protección ambiental”. En ese sentido, remarcó que flexibilizar la ley “profundizará la incertidumbre normativa y debilitará la licencia social para operar”.

Durante la jornada también expusieron los gobernadores de San Juan y Catamarca, quienes defendieron la necesidad de compatibilizar la protección ambiental con el desarrollo minero. El gobernador de Catamarca destacó que la actividad genera cerca de 3.000 empleos directos y un efecto multiplicador de aproximadamente 5.000 puestos adicionales, subrayando su impacto en la economía local y en la diversificación productiva.

Un debate abierto con impacto institucional

Con dictamen favorable, el proyecto será tratado en el recinto del Senado el próximo 10 de febrero, tras un nuevo llamado a sesiones extraordinarias. Las organizaciones ambientales, científicas y sociales reiteraron su pedido para que no se avance con una reforma que, según sostienen, reduce los niveles de protección ambiental, vulnera la Constitución Nacional y pone en riesgo la seguridad hídrica en un contexto de crisis climática.

“La Ley de Glaciares es clara, constitucional y vigente: debe cumplirse, no vaciarse”, enfatizaron los expositores, al tiempo que reclamaron un debate más amplio, con base científica y participación efectiva, antes de modificar uno de los pilares del régimen ambiental argentino.

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