La mediación prejudicial da un salto digital: ponen en marcha un sistema integral con notificaciones electrónicas
El Ministerio de Justicia aprobó el Sistema Informatizado de Gestión Integral de la Mediación Prejudicial Obligatoria (SIGIM), una plataforma que comenzará a implementarse desde el 29 de junio de 2026 y que digitalizará progresivamente todo el proceso de mediación previo a los litigios judiciales.
La medida, formalizada mediante la Resolución 277/2026, representa una actualización tecnológica del sistema previsto por la Ley 26.589 y apunta a un objetivo operativo: reducir la carga administrativa del procedimiento mediante herramientas digitales que integren mediadores, abogados, particulares y organismos públicos.
Para el sector privado, la principal implicancia es que la instancia obligatoria previa a numerosos procesos judiciales comenzará a gestionarse sobre una plataforma unificada, con expedientes electrónicos, notificaciones digitales y validación de documentos mediante firma electrónica y firma digital.
Qué cambia para empresas y profesionales
El nuevo SIGIM reemplaza el esquema fragmentado que funcionaba hasta ahora e incorpora en una única plataforma:
- Notificaciones electrónicas a las partes.
- Actas digitales generadas directamente desde el sistema.
- Firma digital para mediadores y profesionales intervinientes.
- Firma electrónica para las partes.
- Integración con el Poder Judicial y otros sistemas públicos.
- Un Portal de Mediación destinado al acceso directo de ciudadanos y empresas.
Además, el actual sistema MEPRE continuará funcionando, pero pasará a formar parte del nuevo ecosistema digital.
Uno de los cambios operativos más relevantes será la utilización del domicilio fiscal electrónico registrado ante ARCA como canal válido para las notificaciones iniciales del procedimiento. Durante un período transitorio de 365 días, esas comunicaciones también deberán remitirse en soporte físico a las personas humanas, conforme prevé la reglamentación.
Menos burocracia y mayor trazabilidad
Desde la perspectiva empresarial, la digitalización puede traducirse en una gestión más eficiente de conflictos comerciales, laborales y civiles que deban atravesar la mediación obligatoria antes de llegar a la Justicia.
El sistema también busca fortalecer la trazabilidad de cada expediente mediante registros digitales, autenticación de identidad y validación electrónica de cada actuación, reduciendo errores administrativos y facilitando el seguimiento del proceso.
La resolución encomienda además a la Dirección Nacional de Mediación la elaboración de manuales de uso, la capacitación de los mediadores y el dictado de normas operativas necesarias para la implementación del sistema.
Aunque la mediación prejudicial obligatoria tiene aplicación principalmente en la Justicia Nacional, la modernización tecnológica constituye una referencia para estudios jurídicos, empresas y profesionales del NEA que intervienen en litigios con competencia federal o nacional, especialmente en conflictos comerciales.
La digitalización también acompaña una tendencia de transformación de los servicios jurídicos, donde la interoperabilidad entre organismos, la firma digital y las comunicaciones electrónicas pasan a convertirse en herramientas habituales para reducir tiempos y costos administrativos.
Los puntos centrales de la resolución
Entre las principales novedades se destacan implementación progresiva del SIGIM desde el 29 de junio de 2026. Creación del Portal de Mediación para particulares. Integración del sistema MEPRE dentro de la nueva plataforma. Uso de firma digital y firma electrónica según el tipo de interviniente. Notificaciones mediante el domicilio fiscal electrónico de ARCA. Capacitación obligatoria para mediadores y actualización de los modelos de actas y notificaciones.
La eficacia del SIGIM dependerá menos del cambio normativo que de su adopción efectiva por mediadores, abogados y organismos intervinientes. Si la interoperabilidad entre el Ministerio de Justicia, ARCA y el Poder Judicial funciona sin fricciones, la mediación prejudicial podría convertirse en un procedimiento significativamente más ágil, reduciendo costos administrativos para empresas y mejorando la previsibilidad en la resolución temprana de conflictos.