LEY BANELCO

La ley Banelco: memoria para no olvidar

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El escándalo de coimas en el Senado fue un caso de corrupción que comenzó en abril del 2000, en medio de la sanción de la Ley 25.250, conocida como Ley de Flexibilización Laboral, que finalmente llevó a la renuncia del vicepresidente Chacho Álvarez al Senado y luego del presidente De la Rúa en diciembre de 2001.

Corría el mes de abril de 2000 y, entre tanta opulencia (prestada) afuera, el clima social y de descontento se hacía cada vez más denso y hostil.

En esos despachos adornados con obras de la pinacoteca de la colección exclusiva del Senado y la boiserie francesa lustrada hasta el último detalle por los mejores ebanistas, las reuniones no cesaban.

En la Casa Rosada, los grupos económicos y el FMI exigían al presidente De la Rúa la “flexibilización de las leyes laborales”.

La desesperación económica de la sociedad explotaba en las calles. Era un genuino enojo popular. Enojo válido.

Veníamos del país de los 90: una falsa convertibilidad, un Estado aniquilador, ausente, destruido, y una supuesta emergencia del Estado que nos había desguazado y vaciado absolutamente.

Las privatizaciones habían dejado cuantiosas ganancias, obviamente no para la sociedad sino para unos pocos.

La conocida “Ley Banelco” fue fruto de operaciones desesperadas para cumplir con el FMI, que casi siempre pide lo mismo: ajuste a los trabajadores y viejas recetas liberales que, en conjunto, apuntaban a recortar derechos laborales y restar capacidad negociadora a los asalariados.

En el mes de abril se aprobó el proyecto: tuvo media sanción en la Cámara de Diputados con la oposición del peronismo.

En el Senado la relación de fuerzas se invertía. Algunos senadores rápidamente le hicieron saber a De la Rúa que no tenían la menor prisa por sacar la ley.

El peronismo había negociado la aprobación de dos leyes —el Presupuesto y el paquete fiscal— así como también la presidencia provisional del Senado. No iban a ceder más y había que negociar ley por ley, punto por punto.

La Comisión de Legislación Laboral la presidía el peronista Alberto Tell (Jujuy).

Las versiones de asignaciones, promesas, dineros y sobornos sobrevolaban y se sentían cada vez más voces y susurros por esos pasillos que mencioné anteriormente.

El jefe del bloque del PJ era el entrerriano Augusto Alasino.

El ministro de Trabajo, Alberto Flamarique, viendo que eran minoría en el Senado, le dijo a Moyano luego de una reunión: “Para los senadores tengo la Banelco”. Frase que perdura hasta el día de hoy en la memoria de los argentinos. El presidente De la Rúa no anduvo con vueltas para respaldar a Flamarique.

El soborno como arma de negociación parecía ser la única vía que encontraba el gobierno para la aprobación de la norma.

Los pasillos del Senado, sobre todo el Salón Gris, eran un ir y venir de legisladores, gobernadores, sindicalistas y asesores, hasta que Antonio Cafiero, entonces senador por la provincia de Buenos Aires, manifestó que tenía “la certeza de que había sobornos”. Institucionalmente, una declaración muy importante, ya que un senador de la Nación exponía así a sus pares y al gobierno de De la Rúa.

Iba a ser una sesión más que caliente, y así fue. El ministro Flamarique se presentó al Senado y desafió públicamente a los senadores. La sesión fue presidida por el radical José Genoud y, a su lado, el secretario parlamentario Mario Pontaquarto (quien luego, ante la Justicia, reconoció como arrepentido la existencia de los sobornos).

La ley fue aprobada y De la Rúa siguió negando la existencia del soborno a los senadores.

Al poco tiempo, Flamarique se fue del Ministerio de Trabajo y lo reemplazó Patricia Bullrich.

Nueve meses más tarde, De la Rúa se fue en helicóptero de la Casa de Gobierno después de una brutal represión al pueblo.

La causa pasó entonces al juez Daniel Rafecas, quien en 2007 procesó a Pontaquarto, al presidente Fernando de la Rúa, al secretario de Inteligencia Fernando de Santibañes, al ministro Flamarique y a los senadores Alberto Tell (Jujuy), Remo Costanzo (Río Negro), Ricardo Branda (Formosa) y Augusto Alasino (Entre Ríos).

El expresidente provisional del Senado, el mendocino Genoud, terminó suicidándose.

Responsabilidad institucional y democrática es, sin dudas, la que debe regir por estos días. Cualquier parecido con la realidad no es pura coincidencia.

En el año 2012 fue derogada la llamada Ley Banelco.

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Los cambios de la segunda mitad

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El 10 de diciembre se cumplió la primera mitad del mandato del presidente Javier Milei. Lejos de las promesas de crecimiento con o sin dinero, la Argentina atraviesa turbulencias que sólo encuentran sosiego en los más convencidos y optimistas. La realidad evidencia una profunda recesión, pérdida de empleo y poder adquisitivo y la urgencia de reformas que no son más que inciertas promesas de soluciones. 

La promocionada reforma laboral no es más que un refresh de otros paquetes similares cuyos efectos fueron de todo menos positivos para el empleo. Cualquier parecido es pura coincidencia, pero solo basta hurgar un poquito en la letra chica para encontrar la inspiración en la ley Banelco, que marcó el principio del fin del gobierno de De la Rúa por la denuncia de pago de coimas en el Senado para su aprobación y la renuncia del vicepresidente, Carlos “Chacho” Álvarez. 

La contención de la inflación, de la que hasta hace poco se jactaba el Presidente, desde hace un tiempo dejó de ser una virtud para volver a convertirse en una preocupación en el bolsillo. 

La inflación de noviembre fue de 2,5 por ciento, por encima de octubre y sin bajas desde mayo. El número no pasó desapercibido: en noviembre de 2015, Federico Sturzenegger y Patricia Bullrich protestaban por los precios altos con un cartelito de “IPC Congreso que marcaba 2,4%. 

El NEA también marcó un nuevo aumento por segundo mes consecutivo, con fuerte presión en alimentos y transporte, que subieron 3,2 por ciento, con el combustible y un alza de 4,7 por ciento en el mes. Pero incluso esos datos son apenas una muestra de la realidad: entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025, la comparación desnuda una distorsión difícil de relativizar. Con una inflación acumulada cercana al 250%, los aumentos en servicios esenciales se despegaron por completo del promedio general de precios y de la evolución de los ingresos. La tarifa eléctrica para los usuarios N3 trepó un 795%, el gas acumuló un alza del 936%, el boleto mínimo de colectivo en el AMBA aumentó un 834% y el subte escaló hasta un 1057%. En el mismo período, los salarios apenas lograron empatar -y con dificultad- la inflación, con subas estimadas en torno al 260%. El resultado es evidente: mientras los ingresos corrieron para no perder, los costos fijos básicos se multiplicaron varias veces por encima, erosionando de manera directa y persistente el poder adquisitivo de los hogares.

Esta primera mitad de gestión transcurrió entre la paciencia de la sociedad y el aporte a la calma de los gobernadores que se hicieron cargo del retroceso de la Nación, a pesar de las consecuencias de la caída de recursos, que se hacen cada vez más evidentes. Las provincias tuvieron que asumir en soledad inversiones de infraestructura, recursos para la educación, la salud y seguridad, al mismo tiempo que enfrentan una inédita suba de costos. 

La decisión del gobernador Hugo Passalacqua de postergar el aguinaldo para los funcionarios políticos y cargos jerárquicos, obedece a un estado de situación que solo encuentra paralelismo en los primeros años de este siglo, cuando el país dejaba atrás la década menemista en medio del caos tras el estallido de la Convertibilidad y la fuga de la alianza. La diferencia está en que ahora la Provincia tiene orden económico y así pudo afrontar el retroceso con una holgura distinta. Pero ese gesto, implica un gesto de austeridad que también incluye un mensaje simbólico hacia dentro: más cercanía, más diálogo, más contención.

Esos preceptos se hicieron visibles en la Legislatura, donde asumió la presidencia Sebastián Macías. Diálogo directo con espacios opositores -hubo una amplia mayoría a favor de su elección- y promesa de trabajo conjunto. Macías tendrá que gestionar tensiones en un recinto que tiene nuevos protagonistas, algunos de ellos impetuosos ante los micrófonos. 

La sesión de recambio de autoridades mostró a la Renovación y a la Libertad Avanza en defensa de la institucionalidad. Son los dos espacios que tienen gestión a cargo, en la Provincia y en Nación. Por eso saben del valor de la gobernabilidad. La vicepresidencia primera quedó en manos de Adrián Núñez, el referente libertario en Misiones -cuyos primeros pasos en la política los dio en la Cámara de Diputados desde dentro de la Renovación- y la segunda en manos de Walter Ríos, otro debutante. Mascando bronca quedó Ramón Amarilla, el ex policía que pretendía imponer condiciones, pero se quedó al margen, intercambiando gimoteos con Héctor “Cacho” Bárbaro, quien regresó a la Cámara y a los gritos. Tanto que recibió reproches del flamante presidente. 

Macías afirmó que en el recinto “no habrá espacio para agresiones, ni tampoco para discusiones que no promuevan debates constructivos”, y que se impulsará “el intercambio de ideas y propuestas que permitan construir las respuestas que los misioneros necesitan”.

También ratificó que la Cámara seguirá siendo “un espacio de puertas abiertas para los intendentes” y que la tarea legislativa se guiará “por el diálogo, el respeto, la institucionalidad y el Misionerismo”.

El cierre de la sesión quedó marcado por un movimiento: Rovira dejó su banca y recorrió el recinto para saludar a Ramona Velázquez, la ministra del Superior Tribunal de Justicia que se retira y, en el camino, saludó a cada uno de los diputados, deteniéndose particularmente, ante legisladores de la oposición, con los que intercambió palabras. 

El 10 de diciembre también marcó el tiempo de reconfigurar el equipo y Passalacqua ya dio los primeros pasos de una transformación que será profunda, aunque en etapas. Este lunes asumirá el nuevo jefe de Gabinete, Carlos Sartori, intendente de Campo Grande, que viene con la misión de tejer lazos más cercanos con los municipios y un cara a cara directo con los vecinos, al estilo del propio Gobernador. 

Passalacqua pidió a todos microgestión y despliegue territorial en todas las áreas, sanar vínculos con la chacra y los productores, dañados particularmente por la desregulación del sector yerbatero, pero también por la caída de la actividad en el sector forestal y los precios del té que no alcanzan para cubrir los costos de producción. No será una tarea sencilla, ya que el sector productivo eligió y ratificó a Milei en las elecciones, aunque sufre las consecuencias del modelo libertario. 

El vínculo con la producción yerbatera tiene una novedad: Rodrigo Correa, flamante presidente del Instituto Nacional de la Yerba Mate, designado por el presidente Javier Milei después de dos años de acefalía -Daniel Notta fue nombrado pero nunca ratificado-. El contador libertario cuenta con el respaldo libertario en Misiones pero un desconocimiento del terreno en el que deberá desenvolverse. El INYM está hoy reducido a un organismo “de promoción”, aunque los productores y la Provincia insisten en que debe recuperar sus facultades regulatorias. Misiones reclamó en las últimas horas ante la Corte Suprema para que ponga freno a los decretos de desregulación y uno de los argumentos utilizados fue la acefalía del organismo, a la que ahora se puso -oportunamente- fin. Conocedores de la ciencia jurídica estiman que ese será un subterfugio para que los cortesanos -oportunamente- miren para otro lado. 

La de Sartori no será las única cara nueva en el gabinete. Los cambios serán por etapas y sin ansiedades para no desequilibrar la gestión. Pero hay varios ministros en revisión y no menos segundas líneas. 

En Desarrollo Social, un área crítica en los momentos que se viven, Passalacqua designó a Manuel “Manolo” Sánchez y la Astrid Baetke, con el objetivo de reforzar la gestión y el contacto social. 

Astrid Baetke, exdiputada provincial, que recientemente finalizó su mandato legislativo, y destacada en la Mesa de Mujeres Renovadoras, será la nueva subsecretaria de Juventud, mientras que Sánchez asumirá en Derechos Económicos, Sociales y Culturales, tras su gestión como coordinador operativo del ministerio, encargado de la planificación y ejecución de programas sociales y asistenciales. 

La revisión no pasa únicamente por los nombres. El escenario económico se conmovió con una revelación de Economis: los programas Ahora, nacidos en 2018, durante la primera gestión de Passalacqua, entraron en un proceso de análisis con resultado, por estas horas, incierto. Transformados en un motor económico, con ventas por cien mil millones en los últimos doce meses, al mismo tiempo arrastran un costo fiscal intenso para la Provincia y las entidades bancarias que absorben el peso del financiamiento. Por eso, una de las alternativas es que quede vigente únicamente en las ciudades de frontera como Posadas, Garupá, Candelaria, Iguazú y Bernardo de Irigoyen y San Antonio, donde la competencia externa es feroz. 

La posibilidad de que los Ahora se den de baja, desnudó preocupación en la Cámara de Comercio e Industria de Posadas, que alertó que siete de cada diez ventas se realizan gracias a los programas provinciales. La Cámara empresaria destacó el aporte “valioso” del Gobierno provincial y pidió por su continuidad en 2026. En contraste, la Confederación Económica de Misiones emitió un difuso comunicado en el que relativizó la importancia de los Ahora en la economía. “En el caso de la industria, la producción y los servicios no generan incidencias mayores”, señala el documento de la entidad que preside Guillermo Fachinello -padre del ministro de Industria-. Los números de los Ahora reflejan otra cosa: entre la construcción y bienes durables, se generaron ventas por 35 mil millones desde enero de 2024, en momentos en que la industria se desploma en el resto del país. 

La reacción de la CEM causó escozor en el ámbito empresario. Muchos se preguntaron a qué intereses representan, ya que sus propios asociados se ven beneficiados por una política que la conducción ningunea. En el Gobierno también tomaron nota, ya que la entidad muestra “neutralidad” mientras aprovecha planes y recursos, al mismo tiempo que reclama beneficios impositivos.

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