Ley Bases

Sturzenegger aseguró que se crearon 400.000 empleos informales o independientes pese a la caída del trabajo formal

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En medio del debate sobre el impacto social del programa económico, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, salió a defender el balance laboral de la gestión de Javier Milei y sostuvo que la economía generó unos 400.000 nuevos puestos de trabajo en los dos primeros años de gobierno.

El dato, difundido por el funcionario al analizar estadísticas oficiales, apunta a responder una de las críticas más persistentes hacia el rumbo económico: la idea de que la actividad puede recuperarse sin una mejora real en el empleo. Para Sturzenegger, ese diagnóstico no se sostiene frente a los números de crecimiento y a la evolución del mercado laboral.

Según su planteo, la economía registró una expansión del 6,6% en el primer año de gestión y del 3,5% en el segundo, mientras que el Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) proyecta un crecimiento trimestral cercano al 1% hacia adelante. En ese marco, el ministro afirmó que el país podría alcanzar un aumento acumulado del producto cercano al 20% al final del mandato presidencial.

“Es implausible que con tanto crecimiento tengamos un problema de empleo”, planteó.

La intervención del funcionario no fue casual: busca instalar la lectura oficial de que el mercado laboral está atravesando una reconfiguración estructural más que una crisis de destrucción de empleo.

Un mercado laboral en transición: más trabajo independiente y menos empleo formal

El análisis del Gobierno se apoya principalmente en los datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Indec. Según esa medición, la tasa de actividad —que mide la proporción de personas que trabajan o buscan empleo— subió del 48,2% en el tercer trimestre de 2023 al 48,6% en el mismo período de 2025.

Ese aumento implicó una expansión de la población económicamente activa: pasó de 14.210.000 a 14.554.000 personas.

Dentro de ese universo, el número de ocupados creció de 13.396.000 a 13.606.000, lo que el ministro interpreta como una señal de dinamismo laboral durante el actual gobierno.

Sin embargo, el cambio más relevante aparece al observar la composición del empleo. De acuerdo con la Cuenta de Generación del Ingreso, que permite estimar el total nacional, el país pasó de 22.260.000 puestos de trabajo en el tercer trimestre de 2023 a 22.668.000 en igual período de 2025.

La diferencia equivale a unos 408.000 empleos adicionales, pero con una característica central: el crecimiento se explica mayormente por modalidades informales o independientes.

Según el detalle presentado por Sturzenegger, en ese período se registró: +630.000 empleos informales o independientes, –222.000 puestos de trabajo formales

El ministro describió ese movimiento como un cambio en la estructura del mercado laboral vinculado a formas de trabajo más flexibles, donde el monotributo y las tareas independientes adquieren mayor peso.

La Ley Bases y la apuesta oficial por la flexibilización laboral

Dentro de la explicación oficial, el Gobierno vincula esa transformación con las reformas económicas impulsadas durante la gestión. En particular, Sturzenegger mencionó el impacto de la Ley Bases, que según su interpretación facilitó la expansión del monotributo al reducir cargas impositivas.

Para el ministro, la discusión sobre la calidad del empleo requiere mirar no solo la formalidad del vínculo laboral, sino también el nivel de ingresos.

En ese sentido, señaló que en 2025 el ingreso promedio de un trabajador independiente alcanzó los $1.460.000 mensuales, mientras que el salario promedio de un trabajador asalariado se ubicó en $1.300.000.

“No hay una relación directa entre trabajo independiente y trabajo de mala calidad”, sostuvo.

La comparación busca reforzar el argumento de que el crecimiento del empleo autónomo no necesariamente implica precarización, sino que puede reflejar una reorganización del mercado laboral hacia esquemas menos dependientes del empleo asalariado tradicional.

Sectores en expansión y la construcción como foco de la caída

El análisis sectorial también muestra un panorama heterogéneo. De acuerdo con los datos citados por el ministro, el empleo creció en la mayoría de los 17 sectores productivos relevados, aunque con algunas excepciones.

Las caídas se concentraron en: Construcción, Pesca, Minería, Intermediación financiera, y Servicio doméstico

El caso más significativo es el de la construcción, que explicó alrededor del 80% de las bajas laborales registradas en el período analizado.

El dato resulta relevante porque ese sector fue uno de los más afectados por el ajuste fiscal y la paralización de la obra pública durante la primera etapa del programa económico.

En contraste, el ministro destacó que la industria manufacturera sumó 40.000 nuevos puestos de trabajo en los dos años analizados, un dato que el oficialismo utiliza para responder a las críticas sobre un eventual deterioro del empleo industrial.

El debate por la caída del empleo registrado

Uno de los puntos más sensibles del diagnóstico laboral es la caída del empleo formal registrada por el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

Según esos registros, la cantidad de trabajadores registrados pasó de 13.287.000 a 12.852.000 en un año.

Sturzenegger sostuvo que esa disminución responde casi por completo a un factor específico: la reducción del monotributo social.

De acuerdo con su explicación, ese régimen había sido ampliado en el pasado al eliminarse el costo de la prestación, lo que llevó a una inscripción masiva. Cuando el Gobierno restableció el pago parcial del sistema de salud, la cantidad de inscriptos cayó con fuerza.

El número pasó de 653.400 a 248.900, lo que el ministro considera suficiente para explicar prácticamente la totalidad de la baja en los trabajadores registrados.

La disputa política por la narrativa del empleo

Más allá de los datos, el mensaje del ministro tiene una dimensión política clara. El Gobierno busca instalar la idea de que la recuperación económica ya se refleja en el mercado laboral, aunque con nuevas modalidades de inserción laboral.

Ese enfoque choca con otra interpretación presente en el debate público, que señala la pérdida de empleo formal y la expansión del trabajo independiente como señales de precarización.

En ese cruce de diagnósticos se juega parte de la discusión sobre la agenda laboral futura, especialmente en torno a la modernización de las regulaciones laborales que el Ejecutivo impulsa como parte de su programa de reformas.

Un mercado laboral que todavía redefine su equilibrio

Los datos expuestos por el ministro muestran un mercado laboral que crece en cantidad de puestos pero cambia en su estructura.

El interrogante político y económico es si esa transformación se consolidará como una nueva normalidad laboral, basada en mayor autonomía y flexibilidad, o si representa una etapa transitoria dentro de un proceso de reacomodamiento más amplio de la economía argentina.

Las próximas mediciones de actividad, empleo formal y evolución salarial serán claves para determinar si el crecimiento económico proyectado logra traducirse en un sistema laboral más estable o si el debate sobre la calidad del empleo seguirá siendo uno de los ejes centrales de la discusión política.

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Economía aprobó el Plan de Acción y Presupuesto 2026 de BICE Fideicomisos con un superávit financiero superior a $21.000 millones

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El Ministerio de Economía aprobó formalmente el Plan de Acción y Presupuesto 2026 de BICE Fideicomisos Sociedad Anónima, una empresa pública clave en la estructuración y administración de fideicomisos financieros y de garantía. La decisión quedó plasmada en la Resolución 78/2026, firmada por el ministro Luis Andrés Caputo y publicada en el Boletín Oficial, y proyecta para el ejercicio un resultado financiero superavitario de $21.018.023.308, sin recurrir a endeudamiento ni aportes del Tesoro Nacional. El dato no es menor: consolida el giro hacia una gestión autosustentable dentro del esquema de empresas públicas y refuerza la estrategia oficial de disciplina fiscal y eficiencia operativa.

Un presupuesto con superávit operativo, económico y financiero

De acuerdo con la resolución, el presupuesto aprobado estima ingresos de operación por $25.409.580.188 y gastos de operación por $12.141.190.526, lo que arroja una ganancia operativa de $13.268.389.662. En términos más amplios, los ingresos corrientes ascenderán a $36.417.321.802, mientras que los gastos corrientes se ubicarán en $14.677.558.099, generando un resultado económico positivo (ahorro) de $21.739.763.703.

El esquema se completa con recursos de capital por $286.351.011 y gastos de capital por $1.008.091.406, destinados íntegramente a inversión en maquinaria y equipamiento. Aun así, el balance final proyecta un superávit financiero de más de $21.000 millones, un indicador poco frecuente en empresas públicas y alineado con los objetivos macroeconómicos del Ministerio de Economía.

La resolución se dicta en el marco de las facultades previstas en el artículo 49 de la Ley 24.156 de Administración Financiera y su Decreto Reglamentario 1344/2007, y cuenta con dictamen favorable de la Oficina Nacional de Presupuesto, lo que le otorga respaldo técnico y legal.

Transformación operativa y alineamiento con la Ley Bases

El Plan de Acción 2026, aprobado como Anexo I, describe un proceso de transformación iniciado en 2024, orientado a la eficiencia, sostenibilidad operativa y reducción de costos. Entre las medidas implementadas se destacan la reestructuración de la dotación de personal, la revisión integral de honorarios y la mudanza de la sede social para compartir infraestructura con el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), lo que permitió reducir en un 35% los gastos mensuales de mantenimiento.

La empresa proyecta cerrar 2026 con una dotación de 115 empleados, frente a esquemas más amplios en años previos, y continuar profundizando políticas de control del gasto. Según el propio documento oficial, este proceso convirtió a BICE Fideicomisos en una compañía superavitaria, capaz de cubrir gastos e inversiones exclusivamente con ingresos fiduciarios, sin asistencia del Estado.

En términos normativos, el plan explicita que la operatoria de la empresa se desarrolla en estricta concordancia con la Ley 27.742 (Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos) y con las políticas definidas por el Poder Ejecutivo Nacional, reforzando estándares de transparencia, control e integridad en la administración fiduciaria.

Inversión, mercado y señales al sistema financiero

Para 2026, BICE Fideicomisos prevé una inversión de $1.008.091.406 en maquinaria y equipo, orientada al recambio tecnológico, la automatización de procesos y una mayor trazabilidad de la gestión. No se contempla colocación de deuda, ni en moneda local ni extranjera, una señal consistente con la estrategia oficial de reducir el apalancamiento del sector público.

Desde el punto de vista institucional, la empresa mantiene su inscripción como fiduciario financiero ante la Comisión Nacional de Valores (CNV) y ostenta la categoría 1 FD con Perspectiva Estable, la máxima calificación fiduciaria otorgada por Fix Ratings, lo que la posiciona como uno de los principales fiduciarios del país en términos de activos administrados.

El plan también proyecta un rol activo en el financiamiento de la economía real, mediante la estructuración de fideicomisos financieros para proyectos de inversión privada, infraestructura y desarrollo productivo, buscando complementar al sistema financiero tradicional sin comprometer recursos fiscales.

La aprobación de este presupuesto refuerza el mensaje del Gobierno en dos planos. En lo económico, muestra que es posible sostener empresas públicas superavitarias, con inversión y sin deuda, en un contexto de ajuste fiscal. En lo institucional, consolida un esquema de gestión alineado con la Ley Bases y con la narrativa oficial de eficiencia y racionalización del Estado.

Para el mercado, el dato no pasa inadvertido: una empresa pública que proyecta superávit financiero, invierte y no se endeuda funciona como señal de orden fiscal en un momento en el que la estrategia económica prioriza credibilidad y disciplina presupuestaria.

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Abrazo simbólico al INYM: el sector yerbatero exige la designación de autoridades

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El miércoles 24 de septiembre a las 9 de la mañana, productores de Misiones realizarán un abrazo simbólico frente a la sede del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) en Posadas. La medida busca visibilizar el reclamo por la restitución de las facultades eliminadas por la Ley Bases y exigir la designación de un presidente al frente del organismo, en un contexto de fuerte crisis del sector.

El Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) fue creado en 2002 como un ente público no estatal para regular la actividad yerbatera, con la función de establecer precios de la hoja verde y la yerba canchada, además de articular políticas de investigación, promoción y fiscalización.

Sin embargo, la Ley Bases impulsada por el presidente Javier Milei en 2024 eliminó las facultades regulatorias del organismo, dejándolo sin capacidad de fijar precios ni de intervenir en el mercado. La situación derivó en un escenario de desregulación plena, en el que el precio de la materia prima quedó sujeto a la oferta y la demanda, favoreciendo a los grandes molinos en detrimento de los pequeños productores.

Actualmente, el INYM permanece acéfalo, ya que el Poder Ejecutivo aún no designó a un presidente, lo que paraliza la actividad de su directorio y dificulta cualquier intento de recomposición institucional.

Reclamo de los productores: “El libre mercado no funciona”

La convocatoria al abrazo simbólico surge de cooperativas y asociaciones de productores que buscan poner en agenda la crítica situación del sector. Según explicaron, sin un precio de referencia los pequeños y medianos productores enfrentan plazos de pago de hasta 120 días y valores muy por debajo de los costos de producción.

El productor de Andresito, Diego Petterson, expresó “ya está más que claro que el libre mercado no funciona. Nosotros necesitamos una política agraria para nuestra producción y hoy tenemos que tomar las riendas para destrabar esta situación. Antes, con el Instituto, teníamos un precio base hacia arriba; ahora, la oferta y la demanda presionan para que bajen más y terminamos siendo los financiadores de los grandes molinos”.

El dirigente también remarcó que el precio oficial establecido en $411 por kilo de hoja verde carece de validez práctica ante la ausencia de poder de control del INYM. En sus cálculos, el valor mínimo debería rondar los $550 para cubrir los costos básicos de producción, que se dispararon por el aumento de combustibles, insumos agrícolas y maquinaria.

“Un tractor cuesta desde $50 millones para arriba, y hoy los productores no llegamos ni a cubrir el mantenimiento básico de nuestras herramientas, mucho menos los fertilizantes y herbicidas que están cada vez más caros”, agregó Petterson.

Escenarios futuros

El reclamo de los productores abre un nuevo capítulo en la crisis del sector yerbatero, que emplea de manera directa e indirecta a más de 50.000 familias en Misiones y Corrientes. La ausencia de regulación amenaza con profundizar la concentración del mercado en manos de los grandes molinos y dejar sin margen de rentabilidad a miles de pequeños productores.

En paralelo, abogados vinculados al sector trabajan en la presentación de un escrito para pedir formalmente la restitución de las facultades del INYM y la designación de un presidente que garantice el funcionamiento institucional del organismo.

De no haber una respuesta del Gobierno Nacional, se anticipa que las medidas de protesta podrían escalar en alcance y frecuencia, afectando la paz social en las zonas rurales de Misiones y encendiendo un nuevo conflicto económico-político en torno a la producción yerbatera, una de las economías regionales más sensibles del país.

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Yerba, acero y logística: Sturzenegger profundiza su plan de desregulación en plena campaña

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En plena campaña política y en medio del escándalo por los audios que involucran a dirigentes cercanos al Gobierno, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, desplegó un verdadero show político-académico durante la cena anual de la Universidad de San Andrés, donde reivindicó la apertura de importaciones, la desregulación de mercados y la eliminación de lo que calificó como “impuestos privados” en convenios colectivos.

Frente a un auditorio de más de un millar de alumnos, exalumnos, profesores y empresarios, Sturzenegger aseguró que su cruzada busca devolver competitividad a la economía argentina y reducir costos artificiales impuestos por el sistema regulatorio. “Estamos devolviendo $250.000 millones a los argentinos con la eliminación de cargas obligatorias en la paritaria de Comercio. Todos los años se imponían US$ 800 millones que pagábamos entre todos. Esta semana redujimos un cuarto y devolvimos US$ 200 millones”, afirmó, en alusión a la reciente disputa con la Cámara Argentina de Comercio (CAC).

Desregulación a fondo: yerba, acero, bitrenes y sandías

Durante su exposición, el ministro repasó los principales hitos de su gestión. Puso como ejemplo la desregulación del mercado de la yerba mate, que según sus cálculos provocó una caída del 30% en el precio interno y un salto en las exportaciones. “El mercado nacional estaba con esteroides, lo transformaron en monopólico con el Instituto de la Yerba Mate. Al desregularlo, el precio cayó y volaron las exportaciones”, aseguró, en un mensaje directo al sector yerbatero de Misiones y Corrientes.

También destacó la reciente apertura de importaciones de acero, que según dijo redujo los precios entre un 40% y 50%, en una alusión directa al grupo Techint de Paolo Rocca. “Perdón Paolo, abrimos la importación de acero y cayó el precio. Muchas gracias”, ironizó, provocando murmullos entre los presentes.

En la misma línea, enumeró la liberalización del transporte con bitrenes, que a su juicio redujo un 40% el costo logístico, la eliminación de trabas al internet satelital y a los drones agrícolas, y hasta la quita de controles del Senasa para el empaquetado de sandías destinadas a exportación. “La sandía no es plutonio. Era una locura tener esos controles”, cuestionó.

Política, audios y el discurso electoral

Aunque inició su discurso con un tono calmo al ser consultado por la crisis política de los audios, Sturzenegger atribuyó las filtraciones a una “operación electoral” y remarcó que el tema está en manos de la Justicia. Pero rápidamente elevó el tono al hablar de lo que considera “privilegios corporativos” enquistados en el Estado y en los sindicatos.

Con un estilo performático, hizo desplegar a un grupo de alumnos una larga tira de papel para graficar el organigrama de Vialidad Nacional, cuestionando la existencia de 1.500 delegados gremiales entre sus 6.500 empleados. “Ahí está la plata de la gente”, lanzó entre aplausos.

En su repaso, reivindicó el Decreto 70/23 y la Ley Bases, a los que describió como “productos de la Universidad de San Andrés”, felicitando a su equipo técnico y revelando la renuncia de su secretario de Desregulación, Martín Rossi.

Las medidas anunciadas y defendidas por Sturzenegger generan tensiones en distintos sectores productivos. En la yerba mate, los productores advierten que los precios pagados están por debajo de los costos de producción, pese al aumento de las exportaciones. En la industria, la apertura de importaciones de acero encendió alarmas en la UIA y en empresas nacionales que temen una competencia desleal frente a proveedores internacionales con costos más bajos.

En el plano político, el discurso de Sturzenegger refuerza la estrategia del Gobierno de consolidar un relato de “guerra contra las regulaciones” y los intereses corporativos, aunque enfrenta resistencias judiciales y legislativas. De hecho, el ministro reconoció que parte de sus medidas —como la tercerización de 350 campamentos de Vialidad— quedaron bloqueadas por cautelares y por el rechazo del Congreso.

Sturzenegger proyectó que la continuidad de la desregulación será clave para consolidar el rumbo económico del Gobierno. “Este camino no tiene marcha atrás. Es la única manera de liberar la competitividad de la Argentina”, sostuvo.

En un contexto de inflación aún elevada, caída del consumo y tensiones políticas preelectorales, el ministro apuesta a consolidar su figura como uno de los pilares del proyecto de Javier Milei, con un mensaje directo: menos regulaciones, más apertura y una batalla cultural contra lo que define como “privilegios” sindicales y empresariales.

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