Ley Bases

Intercargo: el Gobierno extiende plazos y ajusta el proceso de privatización

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El Ministerio de Economía introdujo nuevas modificaciones al proceso de privatización de Intercargo, la empresa que presta servicios de asistencia en tierra a aeronaves. La decisión posterga la presentación de ofertas hasta el 25 de junio y ajusta aspectos procedimentales de la licitación nacional e internacional con la que el Estado busca vender el 100% de su participación accionaria.

La Resolución 833/2026 incorpora la Circular Modificatoria N°4 al pliego de la licitación pública que definirá el futuro de Intercargo. Aunque los cambios no alteran la estructura de la privatización, sí modifican plazos y mecanismos administrativos con un objetivo claro: ampliar márgenes para la participación de interesados y fortalecer la seguridad jurídica del proceso antes de la adjudicación.

La nueva hoja de ruta fija como fecha límite para consultas el 17 de junio y establece que las ofertas podrán presentarse hasta el 25 de junio de 2026 a las 9:59 horas, mientras que la apertura de la primera etapa se realizará ese mismo día.

Detrás de la actualización aparece una señal relevante para el mercado: el Gobierno continúa afinando las condiciones de venta de uno de los activos más importantes incluidos en el programa de privatizaciones impulsado por la Ley Bases.

Intercargo ocupa una posición central dentro del ecosistema aerocomercial argentino. La compañía presta servicios de rampa, una actividad que incluye asistencia a aeronaves en tierra, carga y descarga de equipajes, movimiento de mercancías y diversas operaciones necesarias para el funcionamiento de vuelos comerciales.

La eficiencia de estos servicios impacta directamente sobre los costos operativos de aerolíneas, operadores logísticos, empresas exportadoras y terminales aeroportuarias.

Por esa razón, el proceso de privatización trasciende el debate patrimonial sobre la venta de una empresa estatal. Lo que está en discusión es la futura configuración de un servicio considerado crítico para la competitividad del sistema aerocomercial argentino.

Qué cambió en la licitación

Las modificaciones aprobadas por Economía buscan ordenar etapas administrativas que habían generado observaciones dentro del procedimiento.

Los principales cambios incluyen: prórroga de los plazos para consultas y presentación de ofertas. Adecuación de los tiempos de intervención de organismos de control como la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y la Procuración del Tesoro. Reordenamiento de los plazos posteriores a la adjudicación. Ajustes en los tiempos previstos para la firma del contrato de compraventa.

Desde la perspectiva de los potenciales inversores, la extensión de los plazos suele interpretarse como una herramienta para mejorar la calidad y cantidad de oferentes, especialmente en procesos internacionales que requieren auditorías, análisis regulatorios y evaluaciones financieras complejas.

Más tiempo para estructurar ofertas

En los procesos de privatización, los cambios de cronograma no necesariamente reflejan dificultades. Muchas veces responden a la necesidad de ampliar la competencia y garantizar que los interesados cuenten con información suficiente para formular propuestas.

El propio Ministerio de Economía fundamentó la modificación en la necesidad de mejorar, ampliar y corregir aspectos del pliego para fortalecer los principios que rigen los procedimientos de privatización.

Para los inversores estratégicos, el valor de Intercargo no depende únicamente de sus activos actuales, sino también de la evolución futura del mercado aerocomercial argentino, de la dinámica del transporte de cargas aéreas y del crecimiento proyectado de la conectividad nacional e internacional.

El transporte aéreo de cargas adquiere relevancia creciente para productos de alto valor agregado, mercancías perecederas y sectores que requieren rapidez logística para acceder a mercados externos. En el NEA, donde la distancia respecto de los principales centros de consumo y exportación constituye un factor estructural de competitividad, cualquier mejora en la eficiencia aeroportuaria puede traducirse en menores costos operativos para determinados segmentos productivos.

La discusión no pasa únicamente por la propiedad de la empresa, sino por la capacidad del sistema para ofrecer servicios más eficientes, previsibles y alineados con estándares internacionales.

Un proceso observado por el mercado

La privatización de Intercargo se convirtió en uno de los casos testigo de la estrategia oficial de transformación de empresas públicas.

A diferencia de otros activos estatales, la compañía opera en una actividad directamente vinculada al comercio exterior, al turismo y a la conectividad empresarial. Por esa razón, el resultado de la licitación será observado tanto por el sector aerocomercial como por inversores interesados en infraestructura logística.

El próximo hito será la apertura de ofertas prevista para el 25 de junio. Más allá del valor económico que finalmente alcance la operación, el indicador más relevante para el mercado será el nivel de competencia logrado en la licitación. La cantidad y calidad de los oferentes permitirá medir el interés real que despiertan los activos argentinos dentro del actual proceso de reorganización del sector público y ofrecerá señales sobre las perspectivas de inversión en infraestructura logística y transporte.

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El RIGI ya supera los US$133.000 millones en proyectos y consolida a la energía y la minería como los grandes motores de inversión

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A menos de dos años de su puesta en marcha, el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) comienza a exhibir la magnitud de la apuesta oficial para transformar la matriz exportadora argentina. Con proyectos presentados por más de US$133.000 millones, el esquema impulsado a través de la Ley Bases se convirtió en el principal vehículo para canalizar inversiones de gran escala en sectores estratégicos, particularmente energía y minería, que concentran prácticamente la totalidad de los capitales comprometidos.

Los datos relevados por la Bolsa de Comercio de Rosario muestran que más del 22% de las inversiones ya obtuvo aprobación administrativa, mientras el resto continúa atravesando distintas etapas de evaluación. El volumen involucrado coloca al régimen en el centro de la estrategia económica del Gobierno nacional, que busca acelerar el ingreso de divisas y ampliar la capacidad exportadora del país mediante proyectos intensivos en capital.

Con foco en energía y minería, el RIGI suma más de US$ 133.000 millones en proyectos presentados (aprobados y en evaluación), con provincias protagonistas como Neuquén y San Juan. Un proyecto de “Súper RIGI” busca sumar inversiones en nuevas industrias.

El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), incorporado en el marco de la Ley Bases es instrumento para canalizar inversiones de gran escala en sectores estratégicos de la economía argentina. Desde su implementación, las inversiones presentadas al régimen ya superan los US$ 133.000 millones, reflejando el interés de empresas nacionales e internacionales por participar en iniciativas vinculadas principalmente a energía, minería, infraestructura e industria. Del total relevado, más del 22% del capital solicitante ya obtuvo aprobación oficial, mientras que una porción significativa continúa en diferentes etapas de evaluación administrativa.

La composición sectorial de las inversiones muestra un marcado enfoque en actividades asociadas a la minería y energética. En conjunto, estos dos sectores explican más del 99% del monto total presentado al RIGI, consolidándose como los sectores de mayor relevancia dentro del régimen.

En particular, la energía concentra cerca del 64% del volumen de inversiones presentadas, con iniciativas por más de US$ 85.456 millones. Actualmente, el sector registra alrededor de US$ 66.353 millones bajo análisis, mientras que US$ 19.103 millones ya fueron aprobados. Por su parte, la minería lleva US$ 9.952 millones aprobados sobre un total cercano a US$ 46.000 millones. El 22% del capital aplicado al RIGI en energía ya tiene aprobación administrativa, proporción que se ubica en el 21% en el caso de la minería.

Dentro de los proyectos mineros presentados en el marco del RIGI, las iniciativas vinculadas al cobre concentran la mayor parte de las inversiones, con montos comprometidos por aproximadamente US$ 31.500 millones. Este total surge de proyectos de gran escala como El Pachón, Vicuña, Minera Agua Rica (MARA), Los Azules y San Jorge.

No obstante, gran parte de estas inversiones continúa en etapa de evaluación. Del total asociado al cobre, US$ 3.563 millones ya fueron aprobados, mientras que el litio presenta un mayor volumen de capital autorizado, con proyectos aprobados por más de US$ 4.528 millones. Por su parte, el oro y otros proyectos mineros completan el esquema minero del régimen, con inversiones aprobadas cercanas a US$ 1.861 millones.

Dentro del sector energético, los proyectos vinculados a petróleo y gas concentran la mayor parte de las inversiones comprometidas en el marco del RIGI, con montos por aproximadamente US$ 55.300 millones. Las recientes presentaciones de los proyectos LLL Oil y El Trapial por parte de YPF y Chevron apuntalaron fuertemente las solicitudes en este sector. 

Por otro lado, el GNL aparece como el segundo segmento de mayor relevancia, con inversiones aprobadas por US$ 15.156 millones. Esta inversión se concentra exclusivamente en el proyecto de licuefacción de gas natural de Southern Energy, reflejando el interés por impulsar la capacidad de licuefacción y exportación de GNL en Argentina. Asimismo, los proyectos asociados a infraestructura midstream totalizan más de US$ 11.000 millones, combinando iniciativas ya aprobadas y otras aún bajo análisis. En menor medida, también se observan inversiones vinculadas a energías renovables, petroquímicas y procesamiento de gas, completando el mapa energético de proyectos presentados al régimen.

Distribución provincial de las inversiones presentadas al RIGI

Las inversiones presentadas en el marco del RIGI tienen varios protagonistas a lo largo del país. Neuquén lidera el ranking provincial con proyectos por aproximadamente US$ 62.434 millones, equivalente a cerca del 47% del total relevado. En segundo lugar, se ubica San Juan, con US$ 25.000 millones, seguida por Rio Negro con US$ 19.588 millones, concentrando estas dos provincias el 19% y 15% de las aplicaciones al RIGI respectivamente.

En conjunto, estas tres provincias concentran alrededor de US$ 107.000 millones, superando el 80% de las inversiones presentadas relevadas bajo el régimen. La composición sectorial explica buena parte de esta concentración, dado que en dichas jurisdicciones predominan proyectos vinculados a energía y cobre, que implican elevadas necesidades de capital y con una orientación fundamental hacia la generación de exportaciones.

Por detrás aparecen Catamarca, con inversiones cercanas a US$ 9.615 millones, y Salta, con aproximadamente US$ 8.748 millones, aquí con protagonismo de proyectos de litio. El resto de las provincias reúnen en conjunto alrededor de US$ 7.700 millones, mostrando una participación significativamente menor dentro del total presentado al régimen. La distribución geográfica refleja el peso estratégico que poseen las provincias cordilleranas y patagónicas en materia de recursos naturales, infraestructura energética y proyectos exportadores de gran escala.

No debemos perder de vista que existen dos RIGIs muy relevantes para el agro argentino. Primeramente, ya se encuentra aprobada y en ejecución la Terminal Multipropósito Timbúes en Santa Fe, una nueva terminal para el Gran Rosario, el principal nodo portuario agroexportador del mundo. Asimismo, Pampa Energía espera ingresar al RIGI para construir una planta de fertilizantes en el Polo Industrial de Bahía Blanca. Con el denominado proyecto Fertil Pampa podría incrementarse la producción nacional de urea en 2,1 millones de toneladas, aproximándose a duplicar la capacidad productiva del país para este fertilizante estratégico.

En paralelo al avance de los proyectos actualmente presentados bajo el RIGI, el Gobierno nacional envió al Congreso un proyecto de ley para crear un nuevo régimen orientado a promover inversiones en actividades económicas sin desarrollo previo en el país, denominado informalmente “Súper RIGI”.

La iniciativa apunta a proyectos de gran escala, con un piso mínimo de inversión de US$ 1.000 millones, y contempla beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios superiores a los del régimen vigente. Entre las actividades que podrían quedar alcanzadas se mencionan desarrollos de hidrógeno verde, plantas de GNL onshore, infraestructura vinculada a inteligencia artificial y data centers abastecidos con gas natural, además de iniciativas asociadas al agregado de valor de minerales críticos.

El nuevo esquema también busca incentivar industrias vinculadas a la electromovilidad, biotecnología avanzada, infraestructura digital y manufacturas tecnológicas de alto valor agregado. A nivel fiscal, el Súper RIGI aplica una tasa del 15% en el impuesto a las Ganancias. En cuanto a la amortización, este esquema permite un beneficio acelerado: se deduce un 60% durante el primer año y un 20% en cada uno de los dos años posteriores.

En el ámbito del comercio exterior, el llamado Súper RIGI elimina los derechos de exportación desde el primer momento (a diferencia del RIGI, que lo hace recién a partir del tercer año). Además, libera de aranceles a todas las importaciones que sean indispensables para arrancar el proyecto, un marco más amplio que la limitación del RIGI, que solo aplica a bienes de capital e informática.

Por su parte, se elimina progresivamente la obligación de liquidar las divisas generadas por exportaciones de productos adheridos al proyecto: será obligatorio liquidar el 80% de las divisas en el 1° año y el 60% en el 2° año. Finalmente, desde el 3° año no será obligatorio liquidar divisas por estas operaciones.

Por último, para que este nuevo régimen entre en vigencia a nivel local, los gobiernos provinciales y municipales deben adherirse bajo dos condiciones clave: limitar el cobro de Ingresos Brutos a un máximo del 0,5% y garantizar que las tasas municipales no se calculen en base al nivel de facturación.

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El Gobierno avanza con la privatización del GNL: dos ofertas en carrera y definición clave el 21 de abril

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El proceso para privatizar la importación y comercialización de Gas Natural Licuado (GNL) dio un paso concreto: dos empresas presentaron sus ofertas técnicas en la licitación impulsada por Energía Argentina (ENARSA), y el cronograma ya fija fechas críticas. El próximo lunes 13 de abril a las 9 se abrirán las propuestas económicas y la adjudicación está prevista para el 21 de abril. En un contexto de alta demanda energética y reformas estructurales en marcha, la decisión no es solo administrativa: define quién manejará un insumo clave para el invierno y hasta dónde el Gobierno avanza en su política de desregulación.

La señal es nítida. Aun con la expansión de Vaca Muerta, Argentina deberá importar unos 20 buques de GNL para sostener el abastecimiento durante los meses fríos. La pregunta que sobrevuela el proceso es si el traslado de esa operatoria al sector privado mejora eficiencia o abre un nuevo frente de discusión sobre el control de recursos estratégicos.

De la gestión estatal al operador privado

La licitación, gestionada por ENARSA, busca seleccionar un “agente comercializador–agregador” que asuma la importación del GNL y su venta como gas regasificado en el mercado interno. En términos prácticos, implica reemplazar la gestión directa del Estado en la terminal de regasificación de Escobar por un esquema donde el riesgo comercial y la operatoria quedan en manos privadas.

El proceso se desarrolla en dos etapas. Primero, la evaluación técnica —ya cumplida con la presentación de dos oferentes—. Luego, la apertura del Sobre 2 con las propuestas económicas, que definirá la competitividad de cada oferta. El acto será transmitido por streaming, en línea con la intención oficial de dotar de visibilidad al procedimiento.

Detrás de este movimiento hay un marco normativo claro. La iniciativa se inscribe en la Ley Bases, que habilita la privatización de activos y operaciones de ENARSA y promueve la desinversión estatal en actividades consideradas transferibles al sector privado. El objetivo declarado es sustituir la intervención estatal por un esquema de competencia.

Energía, reformas y rediseño del Estado

La licitación del GNL no es un hecho aislado. Forma parte de una secuencia más amplia de decisiones que impactan sobre toda la cadena energética. En paralelo, el Gobierno activó el proceso para vender su participación en CITELEC, controlante de TRANSENER, y avanzó con cambios regulatorios en el mercado de combustibles y gas.

El denominador común es el mismo: reducir la presencia del Estado en la operatoria comercial. En el caso del GNL, la decisión adquiere una dimensión particular porque se trata de un insumo crítico en momentos de alta demanda, cuando el sistema energético enfrenta sus mayores tensiones.

La lógica oficial plantea que el sector privado puede gestionar con mayor eficiencia estas operaciones. Sin embargo, la necesidad estructural de importar gas —aun con producción local en crecimiento— expone límites en la infraestructura de transporte y mantiene la dependencia de decisiones estratégicas en un mercado sensible.

Impacto de la licitación

El avance de esta licitación fortalece el perfil del Gobierno en su agenda de reformas estructurales y consolida su discurso de apertura económica. Al mismo tiempo, desplaza el centro de gravedad de la toma de decisiones hacia actores privados, que pasarán a tener un rol directo en el abastecimiento energético durante el invierno.

En términos de mercado, el cambio puede modificar incentivos y dinámicas de competencia en la comercialización de gas. En términos políticos, introduce un factor adicional en la discusión sobre soberanía energética y capacidad de regulación estatal, especialmente en un contexto de volatilidad internacional en los precios del petróleo y el gas.

La simultaneidad con otros procesos de privatización refuerza la idea de un rediseño integral del esquema energético, donde la intervención estatal se reduce y el sector privado gana terreno en eslabones clave.

Un proceso que se define, pero no se agota

El 21 de abril marcará un punto de cierre formal para la adjudicación del contrato, pero no necesariamente el final del debate. La implementación del nuevo esquema, la respuesta del mercado y el comportamiento del sistema durante el invierno serán variables decisivas para medir el impacto real de la medida.

En las próximas semanas, la atención se concentrará en el resultado económico de las ofertas y en la capacidad del adjudicatario para garantizar abastecimiento sin sobresaltos. Pero también en algo más profundo: si este modelo logra consolidarse o si reabre tensiones sobre el rol del Estado en sectores estratégicos.

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Sturzenegger aseguró que se crearon 400.000 empleos informales o independientes pese a la caída del trabajo formal

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En medio del debate sobre el impacto social del programa económico, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, salió a defender el balance laboral de la gestión de Javier Milei y sostuvo que la economía generó unos 400.000 nuevos puestos de trabajo en los dos primeros años de gobierno.

El dato, difundido por el funcionario al analizar estadísticas oficiales, apunta a responder una de las críticas más persistentes hacia el rumbo económico: la idea de que la actividad puede recuperarse sin una mejora real en el empleo. Para Sturzenegger, ese diagnóstico no se sostiene frente a los números de crecimiento y a la evolución del mercado laboral.

Según su planteo, la economía registró una expansión del 6,6% en el primer año de gestión y del 3,5% en el segundo, mientras que el Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) proyecta un crecimiento trimestral cercano al 1% hacia adelante. En ese marco, el ministro afirmó que el país podría alcanzar un aumento acumulado del producto cercano al 20% al final del mandato presidencial.

“Es implausible que con tanto crecimiento tengamos un problema de empleo”, planteó.

La intervención del funcionario no fue casual: busca instalar la lectura oficial de que el mercado laboral está atravesando una reconfiguración estructural más que una crisis de destrucción de empleo.

Un mercado laboral en transición: más trabajo independiente y menos empleo formal

El análisis del Gobierno se apoya principalmente en los datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Indec. Según esa medición, la tasa de actividad —que mide la proporción de personas que trabajan o buscan empleo— subió del 48,2% en el tercer trimestre de 2023 al 48,6% en el mismo período de 2025.

Ese aumento implicó una expansión de la población económicamente activa: pasó de 14.210.000 a 14.554.000 personas.

Dentro de ese universo, el número de ocupados creció de 13.396.000 a 13.606.000, lo que el ministro interpreta como una señal de dinamismo laboral durante el actual gobierno.

Sin embargo, el cambio más relevante aparece al observar la composición del empleo. De acuerdo con la Cuenta de Generación del Ingreso, que permite estimar el total nacional, el país pasó de 22.260.000 puestos de trabajo en el tercer trimestre de 2023 a 22.668.000 en igual período de 2025.

La diferencia equivale a unos 408.000 empleos adicionales, pero con una característica central: el crecimiento se explica mayormente por modalidades informales o independientes.

Según el detalle presentado por Sturzenegger, en ese período se registró: +630.000 empleos informales o independientes, –222.000 puestos de trabajo formales

El ministro describió ese movimiento como un cambio en la estructura del mercado laboral vinculado a formas de trabajo más flexibles, donde el monotributo y las tareas independientes adquieren mayor peso.

La Ley Bases y la apuesta oficial por la flexibilización laboral

Dentro de la explicación oficial, el Gobierno vincula esa transformación con las reformas económicas impulsadas durante la gestión. En particular, Sturzenegger mencionó el impacto de la Ley Bases, que según su interpretación facilitó la expansión del monotributo al reducir cargas impositivas.

Para el ministro, la discusión sobre la calidad del empleo requiere mirar no solo la formalidad del vínculo laboral, sino también el nivel de ingresos.

En ese sentido, señaló que en 2025 el ingreso promedio de un trabajador independiente alcanzó los $1.460.000 mensuales, mientras que el salario promedio de un trabajador asalariado se ubicó en $1.300.000.

“No hay una relación directa entre trabajo independiente y trabajo de mala calidad”, sostuvo.

La comparación busca reforzar el argumento de que el crecimiento del empleo autónomo no necesariamente implica precarización, sino que puede reflejar una reorganización del mercado laboral hacia esquemas menos dependientes del empleo asalariado tradicional.

Sectores en expansión y la construcción como foco de la caída

El análisis sectorial también muestra un panorama heterogéneo. De acuerdo con los datos citados por el ministro, el empleo creció en la mayoría de los 17 sectores productivos relevados, aunque con algunas excepciones.

Las caídas se concentraron en: Construcción, Pesca, Minería, Intermediación financiera, y Servicio doméstico

El caso más significativo es el de la construcción, que explicó alrededor del 80% de las bajas laborales registradas en el período analizado.

El dato resulta relevante porque ese sector fue uno de los más afectados por el ajuste fiscal y la paralización de la obra pública durante la primera etapa del programa económico.

En contraste, el ministro destacó que la industria manufacturera sumó 40.000 nuevos puestos de trabajo en los dos años analizados, un dato que el oficialismo utiliza para responder a las críticas sobre un eventual deterioro del empleo industrial.

El debate por la caída del empleo registrado

Uno de los puntos más sensibles del diagnóstico laboral es la caída del empleo formal registrada por el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

Según esos registros, la cantidad de trabajadores registrados pasó de 13.287.000 a 12.852.000 en un año.

Sturzenegger sostuvo que esa disminución responde casi por completo a un factor específico: la reducción del monotributo social.

De acuerdo con su explicación, ese régimen había sido ampliado en el pasado al eliminarse el costo de la prestación, lo que llevó a una inscripción masiva. Cuando el Gobierno restableció el pago parcial del sistema de salud, la cantidad de inscriptos cayó con fuerza.

El número pasó de 653.400 a 248.900, lo que el ministro considera suficiente para explicar prácticamente la totalidad de la baja en los trabajadores registrados.

La disputa política por la narrativa del empleo

Más allá de los datos, el mensaje del ministro tiene una dimensión política clara. El Gobierno busca instalar la idea de que la recuperación económica ya se refleja en el mercado laboral, aunque con nuevas modalidades de inserción laboral.

Ese enfoque choca con otra interpretación presente en el debate público, que señala la pérdida de empleo formal y la expansión del trabajo independiente como señales de precarización.

En ese cruce de diagnósticos se juega parte de la discusión sobre la agenda laboral futura, especialmente en torno a la modernización de las regulaciones laborales que el Ejecutivo impulsa como parte de su programa de reformas.

Un mercado laboral que todavía redefine su equilibrio

Los datos expuestos por el ministro muestran un mercado laboral que crece en cantidad de puestos pero cambia en su estructura.

El interrogante político y económico es si esa transformación se consolidará como una nueva normalidad laboral, basada en mayor autonomía y flexibilidad, o si representa una etapa transitoria dentro de un proceso de reacomodamiento más amplio de la economía argentina.

Las próximas mediciones de actividad, empleo formal y evolución salarial serán claves para determinar si el crecimiento económico proyectado logra traducirse en un sistema laboral más estable o si el debate sobre la calidad del empleo seguirá siendo uno de los ejes centrales de la discusión política.

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Economía aprobó el Plan de Acción y Presupuesto 2026 de BICE Fideicomisos con un superávit financiero superior a $21.000 millones

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El Ministerio de Economía aprobó formalmente el Plan de Acción y Presupuesto 2026 de BICE Fideicomisos Sociedad Anónima, una empresa pública clave en la estructuración y administración de fideicomisos financieros y de garantía. La decisión quedó plasmada en la Resolución 78/2026, firmada por el ministro Luis Andrés Caputo y publicada en el Boletín Oficial, y proyecta para el ejercicio un resultado financiero superavitario de $21.018.023.308, sin recurrir a endeudamiento ni aportes del Tesoro Nacional. El dato no es menor: consolida el giro hacia una gestión autosustentable dentro del esquema de empresas públicas y refuerza la estrategia oficial de disciplina fiscal y eficiencia operativa.

Un presupuesto con superávit operativo, económico y financiero

De acuerdo con la resolución, el presupuesto aprobado estima ingresos de operación por $25.409.580.188 y gastos de operación por $12.141.190.526, lo que arroja una ganancia operativa de $13.268.389.662. En términos más amplios, los ingresos corrientes ascenderán a $36.417.321.802, mientras que los gastos corrientes se ubicarán en $14.677.558.099, generando un resultado económico positivo (ahorro) de $21.739.763.703.

El esquema se completa con recursos de capital por $286.351.011 y gastos de capital por $1.008.091.406, destinados íntegramente a inversión en maquinaria y equipamiento. Aun así, el balance final proyecta un superávit financiero de más de $21.000 millones, un indicador poco frecuente en empresas públicas y alineado con los objetivos macroeconómicos del Ministerio de Economía.

La resolución se dicta en el marco de las facultades previstas en el artículo 49 de la Ley 24.156 de Administración Financiera y su Decreto Reglamentario 1344/2007, y cuenta con dictamen favorable de la Oficina Nacional de Presupuesto, lo que le otorga respaldo técnico y legal.

Transformación operativa y alineamiento con la Ley Bases

El Plan de Acción 2026, aprobado como Anexo I, describe un proceso de transformación iniciado en 2024, orientado a la eficiencia, sostenibilidad operativa y reducción de costos. Entre las medidas implementadas se destacan la reestructuración de la dotación de personal, la revisión integral de honorarios y la mudanza de la sede social para compartir infraestructura con el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), lo que permitió reducir en un 35% los gastos mensuales de mantenimiento.

La empresa proyecta cerrar 2026 con una dotación de 115 empleados, frente a esquemas más amplios en años previos, y continuar profundizando políticas de control del gasto. Según el propio documento oficial, este proceso convirtió a BICE Fideicomisos en una compañía superavitaria, capaz de cubrir gastos e inversiones exclusivamente con ingresos fiduciarios, sin asistencia del Estado.

En términos normativos, el plan explicita que la operatoria de la empresa se desarrolla en estricta concordancia con la Ley 27.742 (Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos) y con las políticas definidas por el Poder Ejecutivo Nacional, reforzando estándares de transparencia, control e integridad en la administración fiduciaria.

Inversión, mercado y señales al sistema financiero

Para 2026, BICE Fideicomisos prevé una inversión de $1.008.091.406 en maquinaria y equipo, orientada al recambio tecnológico, la automatización de procesos y una mayor trazabilidad de la gestión. No se contempla colocación de deuda, ni en moneda local ni extranjera, una señal consistente con la estrategia oficial de reducir el apalancamiento del sector público.

Desde el punto de vista institucional, la empresa mantiene su inscripción como fiduciario financiero ante la Comisión Nacional de Valores (CNV) y ostenta la categoría 1 FD con Perspectiva Estable, la máxima calificación fiduciaria otorgada por Fix Ratings, lo que la posiciona como uno de los principales fiduciarios del país en términos de activos administrados.

El plan también proyecta un rol activo en el financiamiento de la economía real, mediante la estructuración de fideicomisos financieros para proyectos de inversión privada, infraestructura y desarrollo productivo, buscando complementar al sistema financiero tradicional sin comprometer recursos fiscales.

La aprobación de este presupuesto refuerza el mensaje del Gobierno en dos planos. En lo económico, muestra que es posible sostener empresas públicas superavitarias, con inversión y sin deuda, en un contexto de ajuste fiscal. En lo institucional, consolida un esquema de gestión alineado con la Ley Bases y con la narrativa oficial de eficiencia y racionalización del Estado.

Para el mercado, el dato no pasa inadvertido: una empresa pública que proyecta superávit financiero, invierte y no se endeuda funciona como señal de orden fiscal en un momento en el que la estrategia económica prioriza credibilidad y disciplina presupuestaria.

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