Bosques en riesgo: el Presupuesto de Milei marca el desfinanciamiento más grave desde la sanción de la ley
La Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos, sancionada en 2007, fue creada para equilibrar producción y conservación, y garantizar el uso sustentable de los bosques. Sin embargo, su implementación ha sido sistemáticamente desfinanciada. El proyecto de presupuesto 2026 presentado por el Poder Ejecutivo asigna apenas el 3,5% de lo que correspondería por ley, lo que representa el menor porcentaje desde su sanción.
Según el artículo 31 de la Ley, el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos debería recibir al menos el 0,3% del presupuesto nacional. Para 2026, esto equivaldría a $444.207 millones, pero el proyecto asigna solo $15.843 millones. Además, el Programa Nacional de Protección de los Bosques Nativos recibiría $1.624 millones, un monto muy por debajo de lo necesario para garantizar el control, la restauración y el uso sustentable de estos ecosistemas.
“Argentina cuenta con más de 53 millones de hectáreas de bosques nativos. Con el presupuesto asignado, se destinarían apenas $298 por hectárea al año, es decir, $24 por mes para cuidar cada hectárea. Es imposible proteger nuestros bosques con estos recursos. Las provincias no pueden fiscalizar ni controlar, y los propietarios no reciben estímulos para usar de manera sustentable, conservar ni restaurar”, afirma Manuel Jaramillo, director general de Fundación Vida Silvestre Argentina.
Los bosques nativos de Argentina siguen perdiéndose en zonas donde está prohibida la deforestación, en las cuales se avanza con el cambio de uso del suelo para actividades agropecuarias, forestales, urbanísticas y viales. A su vez, las áreas deforestadas ilegalmente y las que se han quemado, no están siendo restauradas como indica la ley, y la ausencia de un registro nacional de infractores limita las posibilidades de articular esta información con otros elementos de la política pública, que permita facilitar la disuasión y la sanción de los responsables.
“Desde Fundación Vida Silvestre realizamos este pedido todos los años, porque es algo que se repite en cada presentación del presupuesto nacional. Y aunque el proyecto de ley suele incorporar mejoras en su formulación, el monto asignado siempre termina siendo muy bajo e insuficiente a los fines de una correcta implementación de la ley. Excepto en los inicios de la implementación de la Ley, el presupuesto asignado nunca superó el 10% de lo que realmente correspondería, lo que evidencia una falta de voluntad política para cumplir con esta norma clave para la conservación”, afirma Jaramillo.
Los bosques nativos son proveedores de servicios ecosistémicos esenciales: contribuyen a la mitigación y adaptación al cambio climático, facilitan la regulación hídrica, son hábitat de miles de especies, dan sustento a la vida de las comunidades locales y contribuyen a la seguridad alimentaria y el desarrollo económico. Son proveedores de materias primas, alimentos, agua potable, medicinas y sirven como reguladores de eventos extremos como inundaciones, la erosión y la calidad del aire. La pérdida de bosques ocasiona graves consecuencias sociales, ambientales y económicas, muchas veces, irreversibles, que atentan contra el bienestar de las personas y de muchas otras especies.
“Conservar y utilizar sustentablemente los bosques nativos es una obligación legal y una oportunidad para el desarrollo económico y social. Necesitamos voluntad política, capacidad técnica y los fondos adecuados para implementar esta ley como corresponde”, agrega Jaramillo.