Experto en crimen organizado alertó que la nueva ley de Tierras podría facilitar el desembarco narco en la frontera de Misiones
El debate sobre la denominada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, impulsada por el Gobierno nacional, incorporó en el Senado un elemento que trasciende la discusión jurídica sobre la propiedad: la seguridad nacional.
Quien puso el foco fue Marcelo Bergman, doctor en Sociología, investigador y uno de los mayores especialistas latinoamericanos en crimen organizado y economías ilegales. Invitado al plenario de comisiones que analiza el proyecto, lanzó una advertencia que impacta de lleno sobre provincias de frontera como Misiones.
“No vengo a discutir el régimen de propiedad privada. Vine simplemente para alertar sobre lo que estamos a punto de hacer en las zonas de frontera”, comenzó.
Su preocupación se concentra en uno de los cambios menos visibles del proyecto: la eliminación del régimen específico de Zonas de Seguridad de Frontera, vigente desde 1944, que establecía controles especiales para la adquisición de inmuebles en áreas consideradas estratégicas para la defensa y la soberanía nacional. El proyecto incorpora esas operaciones al régimen general de tierras rurales, eliminando ese tratamiento diferenciado.
Misiones, en el centro de la advertencia
Para explicar el riesgo, Bergman eligió deliberadamente a Misiones con un ejemplo concreto: “Si el Primer Comando de la Capital (PCC), la organización criminal más poderosa de San Pablo, quisiera adquirir territorios en Misiones para consolidar corredores del narcotráfico desde Paraguay hacia Argentina, con esta ley solamente necesitaría utilizar varios testaferros”, sostuvo durante su exposición.
El investigador explicó que las organizaciones criminales internacionales no compran tierras directamente, sino mediante cadenas de personas físicas o sociedades comerciales que dificultan reconstruir el origen del dinero.
“Es imposible trazar el dinero con el que adquieren esas tierras y ya tienen un espacio afincado”, advirtió.
Para Bergman, el problema no es solamente la droga. Las organizaciones criminales modernas diversifican sus actividades y utilizan el control territorial para múltiples negocios ilegales.
“No solamente trafican drogas. También participan en minería ilegal, contrabando, lavado de dinero y otras economías criminales”.
Fronteras porosas y territorios estratégicos
La advertencia adquiere especial relevancia en el caso de Misiones que posee más de 900 kilómetros de frontera internacional, con Paraguay y Brasil, atravesada por ríos, pasos clandestinos y una intensa circulación comercial y turística.
Bergman recordó que las fronteras argentinas son “muy porosas, muy amplias y muy difíciles de patrullar”, razón por la cual los grupos criminales las consideran espacios estratégicos para instalar infraestructura logística.
“Las zonas de frontera son muy apetecibles porque funcionan como santuarios para el paso de drogas provenientes de Paraguay o Bolivia hacia Argentina y luego hacia otros mercados.”
En ese contexto, sostuvo que flexibilizar los controles sobre la compra de inmuebles puede transformarse, en el mediano plazo, en un problema de seguridad mucho más complejo que una simple operación inmobiliaria.
Qué cambia la ley
El proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada enviado por el Poder Ejecutivo tiene un alcance amplio: modifica normas vinculadas con desalojos, expropiaciones, manejo del fuego, regularización dominial y tierras rurales.
Dentro de ese paquete, uno de los capítulos elimina el régimen especial que regulaba las denominadas Zonas de Seguridad de Frontera, creado durante la década de 1940 con el objetivo de preservar el control nacional sobre áreas consideradas estratégicas.
En la práctica, las adquisiciones de inmuebles en esas zonas pasarían a regirse por las reglas generales para tierras rurales, con intervención de las provincias, sin el esquema específico de autorizaciones y controles que existía hasta ahora. El proyecto continúa en tratamiento parlamentario y, aunque recibió dictamen de mayoría con modificaciones, todavía mantiene posiciones enfrentadas entre oficialismo y oposición.
Más que cuestionar el derecho de propiedad, Bergman planteó un llamado de atención sobre los efectos no previstos de una eventual desregulación. “Tenemos que ser muy cuidadosos con la frontera. No sea cosa que dentro de diez o quince años nos agarremos la cabeza preguntándonos qué hicimos al permitir la apropiación de tierras por parte de organizaciones criminales.”
Su exposición introdujo una dimensión distinta al debate parlamentario. Hasta ahora, la discusión se había concentrado en la seguridad jurídica para propietarios, las ocupaciones ilegales, las expropiaciones y la regulación del mercado de tierras.
El especialista, en cambio, desplazó el eje hacia la seguridad nacional, el lavado de activos y la expansión territorial del crimen organizado.
En una provincia como Misiones, donde confluyen tres países y donde desde hace años las fuerzas federales combaten redes vinculadas al narcotráfico, el contrabando y el lavado de dinero, la advertencia adquiere un peso particular.
La discusión ya no gira únicamente sobre quién puede comprar un campo. La pregunta que dejó planteada Bergman es otra: si el Estado conservará herramientas suficientes para impedir que organizaciones criminales internacionales conviertan la frontera argentina en un activo estratégico de sus operaciones.
