El proyecto del Gobierno para modificar la ley de semillas
Un semillero de negocios. Opinión de Gustavo Schrauf
Página12 – En estos días vuelve a rondar por los pasillos del Congreso el rumor de que el Gobierno buscará modificar la actual Ley de Semillas en la próxima sesión de la Cámara de Diputados. Creo necesario, en función de la importancia de la semilla y el agro para el desarrollo de nuestro país, poner en discusión algunos de los argumentos que utiliza cierto sector empresarial del campo junto con el Gobierno para presionar y aprobar finalmente esta ley.
La semilla no es un insumo más en la agricultura, sino que es la llave más importante que determina el modo en que se producen los alimentos y, finalmente, qué es lo que come la sociedad en su conjunto. De la genética de la semilla depende el cuándo y el cómo se siembra, se maneja el cultivo, y se cosecha. Esto lo aprendieron rápidamente las empresas de la industria agroquímica que adquirieron casi todas las semilleras del mundo durante los últimos 20 años.
Por ejemplo: para el 2005 Monsanto había adquirido 27 empresas semilleras en el mundo, Bayer a 21, Dow a 12, Dupont a 51, y Syngenta a 20. De ese modo se aseguran unir a la semilla con el paquete tecnológico que ellas mismas venden al mercado. Además, la reducción en el número de empresas genera consecuencias económicas y biológicas indeseables. Pero la concentración continuó y en el 2018 Bayer adquirió a Monsanto, Dow y Dupont se fusionaron y Chemchina (la gigante agroquímica China) adquirió a Syngenta y a una de las semilleras argentinas más importantes: Nidera. Esto hizo que actualmente sólo tres empresas en el mundo concentren el 60 por ciento de las ventas de semillas y el 70 por ciento de los agroquímicos.
En este contexto se discuten en Argentina, bajo la intensa presión de estas empresas, las modificaciones a la Ley de Semillas. Se plantea que la Ley actual es vieja y que las modificaciones deberían promover las “inversiones” de las empresas semilleras en nuevos desarrollos para los agricultores argentinos. El eje de las modificaciones pasa por quitar a los productores el derecho de uso propio, es decir el productor deberá pagar por volver a utilizar una semilla que compró.
Mientras tanto, durante el debate de la Ley en la Comisión de Agricultura de Diputados se argumentó (por ejemplo) que en el Chaco sólo se siembra una variedad de algodón cuando años atrás se sembraban 30 cultivares diferentes; la explicación que se dio es que la actual Ley “desalienta la inversión”. Sin embargo, olvidaron plantear que –debido a la hiperconcentración del mercado– quien es dueño del cultivar (Bayer-Monsanto) no requiere de nuevos materiales ya que con uno solo monopoliza la producción. Es casi ingenuo creer que los productores argentinos y más aún los pequeños productores tendrán mayor acceso a las nuevas tecnologías si se cambia la Ley de Semillas.
Si nos planteamos como objetivo lograr un desarrollo productivo económico, social y ambientalmente sustentable, tenemos que tener como país la capacidad de decidir. La simbólica degradación del Ministerio de Ciencia, Técnica e Innovación Productiva a Secretaría muestra que la orientación es depositar el desarrollo tecnológico en las empresas transnacionales, y no en un desarrollo nacional. La soberanía tecnológica es, entre otras cosas, poder tomar decisiones sobre qué y cómo producir. Si este proyecto de ley se aprueba, esas decisiones relevantes no serán tomadas por los intereses del pueblo Argentino, sino por las ecuaciones económicas de estos tres grandes grupos empresarios.
Para que los productores argentinos tengan acceso a nuevas tecnologías se debe fortalecer el sistema científico tecnológico argentino. Aún en Estados Unidos, los conocimientos y las tecnologías agrícolas más relevantes fueron generadas por las universidades y los organismos públicos de investigación, y no por las empresas semilleras. Dar la libertad al productor para elegir si conservar su semilla o adquirir una nueva, constituye un desafío para que los mejoradores generen cultivares que presenten cada vez nuevas ventajas productivas.
Se plantea que la Ley de Semillas es vieja y no contempla las nuevas tecnologías, sin embargo, en el proyecto del Poder Ejecutivo no se hace mención alguna a las nuevas tecnologías genéticas. Tampoco se piensa en qué mejoramiento realizar y cuáles son los objetivos que como país productor de alimentos debemos tener.
Resulta imprescindible plantearse qué tipo de alimentos queremos generar, pensar no sólo en cantidad sino en calidad y en una producción saludable. Como se dijo al inicio de la nota, la semilla y su genética condiciona el cómo se produce y qué alimento se genera, esa es la discusión de fondo y el verdadero interés de las empresas transnacionales con el proyecto que se quiere sancionar. Debatir la Ley de Semillas nos debe dar la oportunidad para decidir de qué modo queremos producir, no puede ser un medio para que el país pierda más soberanía.
Gustavo Schrauf es profesor titular de la Cátedra de Genética, director del Criadero Cultivos del Sur, Facultad de Agronomía (UBA).
