LEY DE SEMILLAS

La Asociación de Semilleros avaló la norma dictada por Agricultura y el INASE

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La Asociación de Semilleros Argentinos (ASA) celebró la oficialización del nuevo protocolo destinado a realizar controles de identidad varietal en granos, una medida orientada a proteger la propiedad intelectual de las semillas en el ámbito agroindustrial local. No obstante, la entidad que nuclea a las principales compañías de mejoramiento genético vegetal aclaró que la disposición funciona como un paso inicial para brindar previsibilidad y reactivar inversiones, pero no constituye una solución definitiva al problema de fondo.

​El director ejecutivo de la ASA, Alfredo Paseyro, precisó que la resolución firmada por el secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, y el titular del Instituto Nacional de Semillas (INASE), Martín Famulari, no altera las prácticas operativas actuales de los productores, ya que le otorga un marco institucional formal a un esquema de validación que el sector privado ya implementa desde hace una década mediante contratos individuales.

​La problemática de la falta de resguardo a la innovación afecta principalmente a las especies autógamas, como la soja y el trigo, cuyas semillas pueden ser reproducidas por el propio agricultor para campañas consecutivas sin necesidad de realizar nuevas compras. Esta situación provocó un marcado desincentivo a la inversión local en comparación con los mercados regionales: el año pasado, Brasil registró 330 variedades de soja frente a solo 23 variedades presentadas en la Argentina.

​Mecanismo de control y brecha tecnológica

​La nueva normativa, impulsada activamente por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, establece que las muestras de granos se tomarán en el primer punto de entrega dentro de los establecimientos registrados en el Sistema de Información Simplificado Agrícola (SISA). Los análisis de identidad varietal se realizarán a través de metodologías homologadas por el INASE —incluyendo escáneres e inteligencia artificial— en cámaras arbitrales o entidades privadas autorizadas.

​Si el sistema detecta inconsistencias respecto de las variedades registradas, la norma prevé una instancia de negociación directa entre el titular de la genética y el productor, reservando la intervención del INASE únicamente para los casos donde no se alcance un acuerdo privado. El Poder Ejecutivo estima que este ordenamiento permitirá reducir la brecha tecnológica y proyecta un incremento potencial de las exportaciones agrícolas de al menos 4.000 millones de dólares anuales.

​”Una hectárea de algodón en el Chaco rinde unos 600 kilogramos de fibra, mientras que en Brasil los rindes superan los 1.800 kilogramos”, argumentaron las autoridades nacionales al graficar el impacto del retraso genético por la falta de protección de derechos.

​A pesar del avance administrativo, desde el sector semillero remarcaron que la medida no reemplaza la necesidad de reformar de manera integral la Ley de Semillas. El debate de fondo apunta a la adhesión a los estándares internacionales de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV 91), asumida en un entendimiento comercial con los Estados Unidos. Esta normativa restringe el uso propio no retribuido de las variedades, un punto que genera un fuerte rechazo por parte de las entidades de la Mesa de Enlace y federaciones rurales ante el temor de un encarecimiento en los costos de producción. 

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Habilitan un nuevo sistema de trazabilidad de semillas protegidas

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La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca y el Instituto Nacional de Semillas (INASE) dieron un nuevo paso en el fortalecimiento de los mecanismos de protección de la propiedad intelectual vegetal al aprobar un protocolo que permitirá controlar la identidad varietal de los granos comercializados desde el primer punto de entrega. La medida, oficializada mediante la Resolución Conjunta 3/2026 publicada este lunes en el Boletín Oficial, busca reforzar la trazabilidad de las semillas protegidas y dotar de mayores herramientas de fiscalización a los obtentores de variedades registradas.

La decisión se inscribe en un debate histórico del agro argentino: la protección de los derechos de propiedad intelectual sobre las innovaciones genéticas en semillas y la necesidad de garantizar que quienes desarrollan nuevas variedades puedan recuperar las inversiones realizadas en investigación y mejoramiento vegetal.

El nuevo esquema establece que las muestras de granos tomadas en los centros de acopio, plantas de procesamiento o cualquier establecimiento que opere como primer punto de entrega deberán ser sometidas a análisis de identidad varietal mediante tecnologías reconocidas por el INASE. El objetivo es determinar con precisión qué variedad vegetal se encuentra presente en cada lote comercializado y verificar si corresponde a cultivares protegidos bajo el régimen de propiedad intelectual vigente.

La normativa se apoya en los avances tecnológicos que permiten identificar variedades vegetales en plazos cada vez más reducidos y con elevados niveles de precisión científica. Según los fundamentos de la resolución, estas herramientas ofrecen evidencia objetiva y técnicamente validada para detectar posibles infracciones a la Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas.

Uno de los aspectos más relevantes del nuevo protocolo es la incorporación formal de actores privados al sistema de control. Las Cámaras Arbitrales y entidades especializadas que celebren convenios con el INASE podrán adquirir muestras, realizar análisis y remitir los resultados a los titulares de las variedades registradas. A su vez, los establecimientos donde se efectúe el muestreo estarán habilitados para firmar acuerdos con entidades vinculadas al comercio de granos con el fin de financiar y coordinar las tareas operativas.

El procedimiento prevé que, una vez identificado un cultivar protegido, el titular de los derechos pueda recibir de manera inmediata los resultados del análisis y, en caso de detectar presuntas irregularidades, presentar una denuncia ante el INASE dentro de los 60 días posteriores a la emisión del certificado correspondiente. En paralelo, conserva la posibilidad de iniciar acciones legales por la vía que considere pertinente.

La resolución también determina que las muestras analizadas y las de respaldo deberán conservarse durante un plazo mínimo de 60 días, permitiendo que la autoridad de aplicación disponga de material suficiente para eventuales investigaciones o actuaciones administrativas.

Desde el punto de vista productivo, la medida apunta a fortalecer un sistema que históricamente ha enfrentado dificultades para controlar el uso de semillas protegidas, especialmente en cultivos autógamos como soja y trigo, donde la reutilización de semilla por parte de los productores ha sido motivo de controversias recurrentes entre obtentores, semilleros y entidades rurales.

La articulación público-privada promovida por la resolución refleja una estrategia orientada a mejorar la trazabilidad del mercado de semillas sin incrementar la estructura estatal de fiscalización. Para el Gobierno, este esquema permitirá aumentar la transparencia del sistema y generar incentivos para la inversión en genética vegetal, un factor considerado clave para sostener la competitividad del agro argentino en los mercados internacionales.

La medida tendrá aplicación sobre los cultivares que se inscriban en el Registro Nacional de Cultivares y en el Registro Nacional de la Propiedad de Cultivares a partir de la entrada en vigencia de la resolución. Asimismo, el incumplimiento de las disposiciones establecidas podrá ser sancionado conforme a las penalidades previstas en la Ley 20.247.

Detrás de la decisión subyace una apuesta estratégica: consolidar un marco regulatorio que otorgue mayor previsibilidad a las empresas dedicadas al mejoramiento genético y al desarrollo de nuevas variedades, en un contexto donde la innovación tecnológica se ha convertido en uno de los principales motores de productividad del sector agroindustrial argentino. Para una economía cuya competitividad externa depende crecientemente de la incorporación de conocimiento y biotecnología, el fortalecimiento de los mecanismos de protección intelectual aparece como una pieza central de la agenda agropecuaria.

Resolución Conjunta 3/2026 by CristianMilciades

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CRA anuncia Jonagro, impulsa el debate por la ley de semillas y lanza formación para dirigentes del agro

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En el escenario político y productivo de la Expoagro 2026, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) activó una agenda que excede la lógica de una exposición rural: anunció una nueva edición de Jonagro, confirmó el 15º Congreso de Entes y Fundaciones de Lucha Sanitaria Animal y lanzó la tercera cohorte de la Diplomatura en Políticas Públicas Agropecuarias.

Las definiciones se presentaron durante una conferencia de prensa realizada el miércoles en la muestra agroindustrial de Expoagro, donde la dirigencia de CRA combinó anuncios institucionales con señales políticas hacia el Gobierno nacional.

El dato más inmediato es el calendario: Jonagro se realizará el 12 de mayo en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, mientras que el Congreso de Entes Sanitarios tendrá lugar el 3 y 4 de junio en la Sociedad Rural de Gualeguaychú.

Detrás de esa agenda aparece una estrategia más amplia: reposicionar al agro como actor político en la discusión sobre competitividad, sanidad animal y regulación productiva. Y, al mismo tiempo, sostener canales de diálogo con el Ejecutivo en temas sensibles como la ley de semillas, un debate que lleva años sin resolución legislativa.

La pregunta que empieza a emerger es si el movimiento del ruralismo organizado busca influir en la agenda de políticas públicas del sector o si se trata de un intento por ordenar al propio entramado agropecuario frente a un contexto económico y regulatorio todavía incierto.

Jonagro, el foro político del agro

El presidente de CRA, Carlos Castagnani, fue el encargado de confirmar la nueva edición de Jonagro, el encuentro que la entidad define como la “jornada nacional del campo argentino”.

El congreso tendrá como lema “Producir para el mundo, competir con inteligencia” y convocará a productores, empresarios, técnicos y referentes del ámbito político y económico para debatir el posicionamiento del agro en los mercados internacionales.

Según adelantó Castagnani, cinco gobernadores provinciales ya confirmaron su presencia, un dato que anticipa que el evento volverá a funcionar como espacio de articulación entre el sector productivo y la política territorial.

Jonagro se ha convertido en los últimos años en uno de los ámbitos donde el ruralismo intenta instalar agenda. Allí suelen discutirse cuestiones estructurales como competitividad, infraestructura, presión impositiva y acceso a mercados.

La elección de la Bolsa de Cereales como sede también tiene una lectura institucional: el evento se realiza en uno de los centros históricos de representación del comercio agrícola argentino.

Sanidad animal y estructura federal del agro

El vicepresidente primero de CRA, José Colombatto, presentó otro de los encuentros clave del calendario rural: el 15º Congreso de Entes y Fundaciones de Lucha Sanitaria Animal.

El evento se realizará el 3 y 4 de junio en la Sociedad Rural de Gualeguaychú y reunirá a las organizaciones que gestionan programas sanitarios ganaderos en todo el país.

Colombatto subrayó que estos encuentros cumplen una función federal dentro del sistema agropecuario. Según explicó, permiten intercambiar experiencias, revisar avances y proyectar el futuro de la sanidad animal en Argentina.

El sistema de entes sanitarios es una estructura particular dentro del modelo agropecuario argentino: combina organismos públicos y organizaciones del sector privado para ejecutar políticas de control sanitario en el territorio.

Por eso, cada congreso se convierte también en un espacio donde se revisan los equilibrios institucionales entre productores, entidades y organismos estatales vinculados a la sanidad animal.

La ley de semillas vuelve al centro del debate

En paralelo a los anuncios, el secretario de CRA, Adrián Luna Vázquez, reveló que la entidad y la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias mantuvieron una reunión con el secretario de Agricultura para discutir el futuro de la ley de semillas.

La dirigencia rural presentó un documento elaborado desde noviembre e invitó al Gobierno a participar de una mesa técnica para avanzar en el tema.

“Encontramos muy buena predisposición para continuar trabajando y encontrar puntos en común”, señaló Luna Vázquez.

El punto es relevante porque la normativa sobre semillas permanece en debate desde hace años. La dificultad para alcanzar una síntesis refleja tensiones entre productores, empresas biotecnológicas y el propio Estado respecto a la regulación del uso de semillas y los derechos asociados a su desarrollo.

CRA planteó que el objetivo debe ser una política pública construida por consenso, una señal de que el sector busca influir en el proceso legislativo antes de que cualquier iniciativa avance en el Congreso.

Formación política para el sector agropecuario

Otro de los anuncios estuvo a cargo del economista Ernesto O’Connor, quien presentó la edición 2026 de la Diplomatura en Políticas Públicas Agropecuarias.

La capacitación es organizada en conjunto por Universidad Católica Argentina, CRA y la Fundación CRA.

El programa abrirá su tercera edición con el objetivo de formar dirigentes agropecuarios con formación en economía, políticas públicas y desarrollo territorial.

La iniciativa refleja una tendencia creciente dentro del sector rural: profesionalizar el vínculo entre producción y política pública.

En otras palabras, no se trata solo de representar intereses sectoriales, sino de formar cuadros capaces de intervenir en el diseño de políticas agrícolas.

Una agenda que mezcla institucionalidad y poder sectorial

Más allá de los anuncios formales, la presencia de CRA en Expoagro incluyó reuniones con organismos y actores clave del sistema agropecuario.

Durante los cuatro días de la muestra, la dirigencia rural mantuvo encuentros con SENASA, la Secretaría de Agricultura de la Nación, legisladores nacionales y el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, además de reuniones comerciales con empresas del sector.

Ese despliegue confirma que Expoagro funciona no solo como feria productiva, sino también como plataforma política del agro argentino, donde se negocian agendas regulatorias, se construyen alianzas y se marcan posiciones frente al Gobierno.

Lo que se jugará en los próximos meses

La agenda presentada por CRA deja abiertos varios frentes.

Jonagro podría convertirse nuevamente en un escenario de definiciones políticas si los gobernadores y dirigentes del sector utilizan el encuentro para fijar posiciones sobre competitividad, regulación o impuestos.

El debate por la ley de semillas, en tanto, seguirá siendo una prueba para medir hasta dónde el Gobierno está dispuesto a construir consensos con las entidades agropecuarias.

Y la diplomatura impulsada junto a la UCA introduce otra dimensión: la formación de dirigentes con capacidad de intervenir en la discusión de políticas públicas.

En conjunto, los anuncios realizados en Expoagro sugieren que el ruralismo organizado intenta reforzar su peso institucional en un momento donde las decisiones regulatorias y productivas vuelven a ocupar el centro del debate económico.

La incógnita es si esa estrategia logrará traducirse en incidencia concreta sobre la agenda legislativa y las políticas agropecuarias del país.

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Julián Domínguez planteó que “Argentina necesita una nueva ley de semillas”

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Julián Domínguez planteó que “Argentina necesita una nueva ley de semillas” y convocó a “profundizar el desarrollo de la biotecnología” ante el cambio climático

El ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Julián Domínguez, afirmó que “Argentina necesita una nueva ley de semillas que nos ponga al ritmo de los países de la región”, durante su exposición en el Encuentro Anual del Comité de los Bajos Submeridionales que se realizó en la ciudad de Santiago del Estero, que también contó con la participación del gobernador de la provincia, Gerardo Zamora; de Santa Fe, Omar Perotti; de Chaco, Jorge Capitanich; y del ministro del interior Eduardo “Wado” De Pedro.

Durante el encuentro que se desarrolló en el Centro de Convenciones provincial FORUM, el titular de la cartera agropecuaria sostuvo que “el eje central de la política de la Argentina durante los próximos 10 años tiene que ir por el desarrollo del conocimiento y la biotecnología aplicada a la producción”.

“Esa es nuestra convicción y la senda de trabajo que impulsamos desde la cartera que me encomendó el Presidente Alberto Fernández. Frente a las consecuencias del cambio climático sobre nuestros sistemas productivos , estamos abordando una estrategia nacional que tiene una fuerte impronta en investigación y del desarrollo de nuevas tecnologías, mientras en simultáneo se avanza con la ejecución de las obras de infraestructura necesarias”, continuó.

Los bajos submeridionales constituyen un sistema hidrológico de más de 54 mil kilómetros cuadrados entre las provincias de Santiago del Estero, Santa Fe y Chaco, que tiene un importante potencial para generar valor a partir del crecimiento productivo de cada una de las microrregiones que componen el área. También es un área que se caracteriza por la alternancia de inundaciones y sequías en breves lapsos de tiempo, que ocasionan graves consecuencias sociales, productivas y ambientales.

En la reunión, Julián Domínguez se refirió al trabajo coordinado con los gobiernos de Santiago del Estero, Santa Fe y Chaco en conjunto con los productores y la labor de los equipos técnicos del Ministerio y del INTA para realizar diagnósticos productivos de cada microrregión de los Bajos Submeridionales que permitan diseñar un proyecto de desarrollo que potencie su productividad.

“Vemos una extraordinaria oportunidad en la región, por la fuerte institucionalidad agropecuaria en las tres provincias; por las facultades de agronomía y veterinaria y colegios secundarios agropecuarios, con enorme vocación, pero también necesitamos un nuevo instrumento normativo que permita mejorar los rendimientos y la productividad”, expresó el respecto el titular de la cartera agropecuaria.

Participaron también del encuentro el Secretario General del Consejo Federal de Inversiones (CFI), Ignacio Lamothe; el Subsecretario de Coordinación Política del Ministerio de Agricultura, Ariel Martínez; el Subsecretario de Políticas para el Desarrollo con Equidad Regional del Ministerio del Interior, Martin Pollera; y equipos técnicos del Ministerio de Obras Publicas que encabeza Gabriel Katopodis.

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La Facultad de Agronomía de La Plata fundamentó su oposición al proyecto de la Ley de Semillas

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Fue en el marco de la Sesión Ordinaria Nº 57 del Consejo Directivo, la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) sentó una postura crítica respecto a la Ley de Semillas que es tratado en la Cámara de Diputados de la Nación. El texto asegura que el proyecto impulsado por el oficialismo responde a los intereses de las empresas biotecnológicas transnacionales. De este modo, se convirtió en la primera facultad de agronomía en rechazar la iniciativa.
La Facultad de Ciencias Agrarias elaboró un documento que fue consensuado luego de escuchar a un panel de expertos. El texto final advierte que el proyecto impulsado por Cambiemos contradice normas vigentes, incluso algunas consagradas en tratados internacionales, y sume al Estado a cumplir “el rol de garante de los intereses de las empresas para el cobro de las regalías o canon tecnológico”.
En un comunicado, el máximo órgano de gobierno de la Facultad de Ciencias Agrarias asegura que no se debe hacer una “lectura ingenua” de la Ley de Semillas y señala que debe ser “contextualizada en los actuales ejes centrales estratégicos de las empresas transnacionales, que en términos generales basan sus acciones en la petición prioritaria de patentes de invenciones biotecnológicas incorporadas en variedades vegetales transgénicas, y las prácticas contractuales impuestas a los agricultores a partir de su posición dominante en el mercado de semillas y biotecnología vegetal”.
“La controversia sobre la ley de semillas es parte de la política de profundización de los derechos de propiedad intelectual promovida en las últimas décadas a nivel internacional por las grandes potencias, que además incluyen el tema como parte ineludible de los acuerdos comerciales, lo que se explica por ser el instrumento de apropiación económica del conocimiento que a la vez permite absorber las rentas de las innovaciones tecnológicas y controlar cadenas productivas enteras”, expresa.
Y subraya: “En el ámbito vegetal y de los recursos genéticos, esto es particularmente trascendente, por la dependencia de todo el proceso productivo de los materiales de reproducción”.
“Pero en esta materia no existe un único régimen de propiedad intelectual. El sistema típico de protección de obtención de variedades vegetales es el llamado técnicamente “Derecho del obtentor vegetal” (DOV), y este es el consagrado en la Ley de Semillas vigente”, alega.
Actualmente hay seis proyectos de ley presentados en la Cámara de Diputados de la Nación: tres del oficialismo (propuestos por Cornelia Schmidt Liermann; Alejandro Echegaray, Alcira Terada y Orieta Vera Gonzalez); uno del diputado santafesino Luis Contigiani (Frente Progresista Cívico y Social), otro elaborado por Ruiz Aragón y otros (PJ-FPV) y un proyecto de la Federación Agraria Argentina (FAA).
“El proyecto que acompaña el oficialismo, que tiene dictamen de mayoría en la Cámara de Diputados de la Nación, reúne una serie de aspectos que nos preocupan”, señala el documento aprobado por el Consejo Directivo y enumera:
– Nuevo artículo N° 27 que proyecta limitar el uso de semilla propia y sólo como excepción a los agricultores familiares, campesinos y pueblos originarios.
– El mayor alcance del derecho reconocido al obtentor de variedades que se refleja fundamentalmente afectando el derecho de uso propio del agricultor, esto es, de la utilización como semillas ó material de reproducción, de parte del producto cosechado por la siembra de la variedad vegetal protegida. Así, los obtentores, generalmente compañías semilleras, quieren eliminar o restringir éste derecho de uso propio, y alternativamente gravar cada resiembra con el pago de “regalías” a su favor.
– Al hablar de “excepción del agricultor” para aludir a la posibilidad del agricultor de utilizar sus propias semillas en sucesivas siembras, queda clara la intencionalidad de la propuesta, pues en nuestro sistema vigente, el uso de la semilla por el agricultor es un acto libre porque el obtentor no tiene la exclusividad sobre la utilización para nuevas siembras del material de reproducción.
– El artículo 15 bis nos presenta al Instituto Nacional de Semillas (INASE) que asume el rol de garante de los intereses de las empresas para el cobro de las regalías o canon tecnológico. En éste sentido el Instituto podrá acceder a cualquier cultivo o producto de la cosecha en cualquier lugar en que se encuentre, y disponer de las tomas de muestras en cualquier etapa de la cadena de producción para determinar el origen de la semilla. También le da la potestad al INASE de “fijar los umbrales mínimos de detección que habilitarán la percepción de cargos por derechos de propiedad intelectual”
– Permite que se reconozca como “CREACION FITOGENETICA u OBTENCIÓN VEGETAL” al material vegetal obtenido por descubrimiento; lo que convalida la privatización de semillas criollas y nativas. Las semillas criollas no pueden ser descubiertas porque todas se han ido desarrollando a través de las prácticas de agricultores y agricultoras a lo largo de la historia de selección y adaptación humana.
– El Estado financia con nuestros impuestos los intereses de las grandes empresas. El artículo 10 inc. K, establece que se incorpora como parte de las “Deducciones Especiales de Tercera Categoría” de la Ley de Impuestos a las Ganancias la posibilidad de los productores a descontar una vez y media los importes abonados en conceptos de adquisición de semillas fiscalizadas. Esto implica que el pago de las regalías a las semillas fiscalizadas será financiado por el Estado Argentino, subsidiando indirectamente a las multinacionales del agro.
– ¿A qué marco normativo debemos adherir como país? Una nueva Ley de Semillas debe respetar la Ley de Patentes respecto a la no patentabilidad de genes así como los convenios ADPIC y UPOV 78. En cambio sí se adhiere a UPOV del año 1991,se establece que el titular de una variedad tiene derechos exclusivos de realizar cualquier acto con el material de reproducción de la variedad y, por lo tanto, todos quedan sujetos a la autorización del dueño sobre cómo usar la semilla.

El documento concluye con una serie de aportes que indican que la modificación de la Ley de Semillas necesariamente debería contener disposiciones relativas a derechos, limitaciones y “cláusulas antimonopólicas” porque “actualmente se están dando contratos abusivos con las multinacionales del agro que están afectando a numerosos agricultores”.
Además, pide mantener el “Uso Propio de todos los productores” (seguir adhiriendo a UPOV 78’ – Convenio Internacional de la Unión Para la Protección de las Obtenciones Vegetales); no establecer un régimen de excepciones al pago de regalías extendidas que lesiona la libertad de los agricultores a seguir sembrando su propia semilla; establecer el principio de agotamiento de los derechos de propiedad intelectual con la compra de la semilla; determinar un marco específico integral que incorpore definiciones de semillas nativas y criollas; y declarar la invalidez de condiciones abusivas en la compra de semillas”.
Por último, aconseja “mejorar y fortalecer las estructuras institucionales del Instituto Nacional de Semillas (INASE), de la Comisión Nacional de Semillas (CoNaSe) y del Consejo Federal de Semillas; adaptar la Ley al nuevo marco normativo internacional con la ratificación de Argentina del Tratado Internacional sobre Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura y el Protocolo de Nagoya accesorio del Convenio sobre la Diversidad Biológica; establecer mecanismos de audiencias públicas que permitan ampliar la base de discusión entre los agentes del sistema agroalimentario y la población civil; y “buscar mecanismos que impidan el poder de la concentración de unos pocos”.
Fuente UNLPInfoBlancoSobreNegro

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