LEY LUCIO

Buscan mejorar la respuesta estatal frente a la violencia contra niños y adolescentes

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Se realizó una Mesa de Trabajo Interinstitucional destinada a fortalecer las políticas de protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes en Misiones donde participaron representantes del Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, organismos provinciales, la Municipalidad de Posadas y distintas áreas vinculadas al Sistema de Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. La Defensora Provincial de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, Lic. Rossana Franco estuvo al frente de este encuentro realizado en la Subsecretaría de Prensa de Casa de Gobierno, en la capital provincial, y en este marco consideró relevante fortalecer el trabajo articulado que se viene realizando entre las instituciones y avanzar en nuevas herramientas de intervención. En la oportunidad se abordó temas relacionados a la elaboración de una guía de buenas prácticas, el fortalecimiento de las capacitaciones sobre derechos de niñas, niños y adolescentes y la implementación de la Ley Nº27.709, conocida como Ley Lucio, destinada a prevenir y detectar situaciones de violencia contra las infancias. Al respecto, la titular de la Defensoría Provincial dio cuenta que las capacitaciones ya alcanzan a los distintos poderes del Estado y que recientemente se incorporaron los clubes deportivos a ese proceso de formación. Asimismo, en la reunión se hizo hincapié en el nuevo Régimen Penal Juvenil y en tal sentido se resaltó que Misiones ya participa de mesas de trabajo para avanzar en su implementación. Vale resaltar que para este viernes 7 de agosto se realizará la Tercera Mesa del Régimen Penal Juvenil, una actividad convocada por el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia, cuya vicepresidenta es la Defensora Franco. “Esta crisis profunda que estamos viviendo hace que los más débiles sean quienes más sufren. En este caso son los niños, niñas y adolescentes. Por eso, estas mesas sirven para articular, mejorar y avanzar, siempre teniendo en cuenta el interés superior del niño y una verdadera perspectiva de niñez”, manifestó la titular de la Defensoría de los Derechos de los NNyA.

Una responsabilidad compartida

La subsecretaria de Coordinación y Monitoreo del Gobierno de la Provincia, Cynthia Petcoff manifestó que “la protección integral de niñas, niños y adolescentes es una responsabilidad compartida” y valoró la realización de la Mesa Interinstitucional de Niñez y Adolescencia, a partir de que se trata de “un espacio de articulación donde quienes tenemos responsabilidades en el Estado trabajamos de manera coordinada para fortalecer las respuestas frente a las distintas realidades que atraviesan niñas, niños y adolescentes de nuestra provincia”. En esa línea reforzó: “En un trabajo articulado, los tres poderes del Estado reafirmaron su compromiso con la protección integral de las infancias y adolescencias, fortaleciendo la coordinación interinstitucional para garantizar respuestas más eficientes, efectivas e integrales frente a las distintas problemáticas que atraviesan niñas, niños y adolescentes”, señaló. Por su parte, el secretario de Estado de Prevención de Adicciones, Roberto Padilla dio cuenta que uno de los principales desafíos es consolidar la articulación entre el Poder Ejecutivo, la Justicia y los municipios para abordar problemáticas transversales como los consumos problemáticos. “Tenemos que potenciar la prevención y fortalecer la contención desde los distintos dispositivos territoriales”, aseguró. A su vez comentó que uno de los acuerdos alcanzados durante la jornada fue avanzar en una herramienta que concentre la información de los organismos y servicios disponibles, con el objetivo de facilitar el acceso de las familias y optimizar las respuestas institucionales.

Optimización de políticas públicas

El plan de trabajo prioriza la identificación directa de necesidades en el territorio, con el propósito de generar datos precisos sobre las problemáticas que atraviesan a las comunidades. Esta lectura situacional permite adecuar la normativa vigente y los recursos de respuesta estatal a las realidades locales, evitando la duplicación de esfuerzos y reduciendo los tiempos de asistencia a las víctimas. En cuanto a los principales ejes de la estrategia integral se destaca el fortalecimiento e integración de los Tres Poderes, a partir de una coordinación fluida entre la ejecución de programas (Ejecutivo), la adecuación y actualización del marco normativo (Legislativo) y el acceso efectivo a la justicia con perspectiva de derechos (Judicial). También una intervención basada en evidencia, con el relevamiento e identificación de demandas prioritarias en las distintas localidades para fundamentar la asignación de recursos y el diseño de intervenciones. Asimismo, la optimización de políticas públicas, desde la evaluación continua de los circuitos de atención, fortaleciendo los equipos interdisciplinarios y promoviendo la capacitación constante de los agentes públicos para erradicar la violencia institucional y la revictimización. Como también se tiene en cuenta la prevención y restitución de derechos, a partir del desarrollo de acciones preventivas en los ámbitos comunitarios y educativos, junto con protocolos de protección integral para la infancia, adolescencia y sectores en situación de vulnerabilidad.

Un compromiso sostenido con la ciudadanía

La consolidación de políticas públicas efectivas requiere del consenso y la responsabilidad compartida de todas las estructuras estatales. Al unificar criterios de actuación, simplificar los canales de derivación y poner el foco en la prevención, el Estado ratifica su función como garante de derechos y promotor de una convivencia social pacífica. En la Mesa de Trabajo Interinstitucional estuvieron presentes por la Justicia el titular del Juzgado de Primera Instancia de Violencia Familiar N°2, Dr. Álvaro Gunter; la titular del Juzgado de Familia N°1, Dra. Lidia Graciela Mana; el titular del Juzgado de Instrucción N°2, Dr. Juan Manuel Monte; la jueza Correccional y de Menores Nº1, Dra. Marcela Leiva y el subsecretario de Acceso a la Justicia, Derechos Humanos y Violencia Familiar, Dr. Fabián Oudin. Por parte del Ministerio de Desarrollo Social, de la Mujer y la Juventud de la Provincia, la subsecretaria de Infancia, Dra. Andrea Benítez, y la directora de Niñez de la Subsecretaría de Niños, Niñas y Adolescentes, Lic. Aldana Sosa. En tanto, estuvo participando también la subsecretaria de Atención Integral de la Niñez, Adolescencia y Familia, Lic. Marlenne Abrile, la subsecretaria de Relaciones con la Comunidad y Violencia, Lic. Sandra Galeano; la encargada del Programa de Salud Integral en la Adolescencia, Lic. Nadia Lunge; la subsecretaria y la subsecretaria de Acceso a la Justicia e Información Pública, Dra. Agustina Chiófalo; la secretaria de la Unidad de Coordinación y Gestión de la Municipalidad de Posadas, Yolanda Asunción; y la directora de Asistencia a Niños, Niñas y Adolescentes y del Centro de Prevención Nocturno de la Municipalidad de Posadas, Belén Reyes, y el equipo de la Dirección de Familia y Género de la Policía de Misiones. Por parte de la Defensoría Provincial de los Derechos de NNyA fueron parte la coordinadora del Sistema de Acogimiento Familiar, Lic. Valeria Bongers y la coordinadora del equipo psicosocial, Lic. Carolina Noguera.

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Se puso en marcha el plan federal de capacitación en Derechos de niñas, niños y adolescentes “Crecer con Derechos”

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En un acto que tuvo lugar en la Casa Rosada participaron el jefe de Gabinete, Agustín Rossi, las ministras de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz y de las Mujeres, Diversidades y Género, Ayelén Mazzina; el secretario de Niñez, Adolescencia y Familia, Gabriel Lerner y el director institucional del Instituto Nacional de la Administración Pública (INAP), Leandro Bottinelli.

El jefe de Gabinete Agustín Rossi encabezó esta mañana la presentación del Plan Federal de Capacitación en Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes “Crecer con Derechos”, creado a partir de la Ley 27.709, sancionada en abril de este año. “Esta ley, que fue sancionada en el Congreso por unanimidad, significa un punto de partida, no de llegada”, afirmó el funcionario durante el acto, que se llevó adelante en el Salón de la Ciencia de Casa Rosada.

“Es fundamental la instancia de capacitación para adquirir la sensibilidad del alerta temprana”, expresó Rossi, al presentar el Plan que prevé la formación de agentes estatales. El jefe de Gabinete de Ministros postuló en ese sentido que es clave la articulación con las provincias argentinas, que son las que tienen anclaje en el territorio, para que estos contenidos lleguen a las escuelas y resaltó el rol de los y las docentes.

El funcionario también subrayó el rol de las organizaciones de la sociedad civil, tales como clubes o asociaciones que llevan adelante prácticas de deporte infantil. “Lo que buscamos es que se detecte el problema, que haya un lugar donde advertir lo que está sucediendo y se pueda intervenir a partir de eso”, dijo Rossi.

Por su parte, la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, expresó su satisfacción porque a partir de la implementación del Plan Federal de Capacitación en Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes “todos y cada uno de los miembros que componen nuestras jurisdicciones, que tengan dentro de su competencia la enorme tarea de relacionarse y de llevar políticas activas en materia del sistema de promoción y protección de los chicos y chicas de este país” puedan acceder a la formación, que será obligatoria para todos los agentes públicos.

La funcionaria enfatizó que el Estado Nacional “tiene la vocación de llevar adelante una campaña de difusión en todos los medios nacionales para poder sensibilizar en cómo y de qué manera todos podemos no solamente percibir, sino evitar un daño irreversible como es la muerte de un niño, niña o adolescente en este país”.

“Este plan federal de capacitación es un gran paso en la prevención de la violencia hacia las infancias, que es una realidad cotidiana en nuestro país. En la gran mayoría de los casos, la violencia proviene de personas del entorno cercano o el ámbito de confianza; es aberrante. Por eso, necesitamos sacar del ámbito privado la discusión sobre la violencia contra las infancias y ubicarlo en el ámbito público”, expresó en tanto la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Ayelén Mazzina.

La funcionaria planteó: “Esta ley surgió en respuesta a un hecho aberrante que conmocionó a toda la sociedad Argentina de la misma manera que surgió la Ley Micaela. Hoy podemos decir que tenemos más de 300.000 agentes del estado capacitados y les puedo asegurar que fue transformador”, aseguró.

En este sentido, destacó que “Argentina es reconocida por su avanzada en materia legislativa y de políticas públicas, y este también es un paso más de transformación y justicia social por los abuelos de Lucio y por todos los Lucios de nuestro país”.

El secretario de Niñez, Adolescencia y Familia, Gabriel Lerner, instó, con el Plan Federal de Capacitación, a “fortalecer el sistema de protección integral de derechos de niños, niñas y adolescentes rompiendo la vieja idea de que la protección de los niños depende solo de la familia o de las áreas de niñez para que sea todo el Estado, tanto nacional, como los provinciales y municipales y las organizaciones de la sociedad” las que velen por los derechos de las infancias. La preinscripción al curso ya está abierta (a través del portal del INAP) y la primera cohorte comenzará la cursada el 7 de agosto.

El director institucional del Instituto Nacional de la Administración Pública (INAP), Leandro Bottinelli, sostuvo que para la dependencia que encabeza es un “orgullo y una gran responsabilidad acompañar esta ley”. “La capacitación tiene que ver con la calidad de las políticas públicas, con un Estado presente y cercano a la ciudadanía”, expresó y recordó que ya hay alrededor de 300.000 personas capacitadas en la Ley Micaela y unas 50.000 en la Ley Yolanda.

También participaron del encuentro Sandra Tirado, secretaria de Acceso a la Salud del Ministerio de Salud; María Elena Úbeda Castillo, de UNICEF; Fernando Galarraga, director la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS); Facundo Olivera titular de la Unidad Gabinete de Asesores de la Jefatura de Gabinete; Mauro Di María, subsecretario de Gestión Educativa y Calidad del Ministerio de Educación; Sebastian Medina, jefe de Gabinete de la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes y Mariano Luongo, subsecretario de Derechos para la Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Social.

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Promulgan la Ley Lucio, que busca prevenir la violencia contra las infancias y adolescencias

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El Gobierno Nacional promulgó hoy la ley que busca prevenir las violencias y abusos en la infancia, impulsado tras el caso de Lucio Dupuy, el niño de cinco años asesinado a golpes en La Pampa, por el que fueron juzgadas y condenadas su madre y la pareja de esta.

Así quedó establecido mediante el Decreto 253/2023 publicado hoy en el Boletín Oficial, con las firmas de Alberto Fernández, el jefe de Gabinete, Agustín Rossi, y la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz.

La Ley N° 27.709, sancionada el 13 de abril pasado, creó el Plan Federal de Capacitación de carácter continuo, permanente y obligatorio, en derechos de los niñas, niños y adolescentes (NNyA), plan que le da nombre a la ley.

El mismo está dirigido a todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, que forman parte corresponsable del Sistema Integral de Promoción y Protección de los Derechos de NNyA.

La capacitación prevista puede extenderse a administraciones provinciales y municipales y organizaciones sociales, deportivas, recreativas y culturales.

La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf), dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, será la autoridad de aplicación de la ley, por lo que tendrá una “obligación inmediata y directa” en las capacitaciones y campañas de concientización que deberán realizarse.

Uno de los artículos de la ley plantea, además, la creación de campañas de concientización para que toda la población se involucre en la promoción y defensa de los derechos de NNyA.

Asimismo, otro eje central es la protección de los denunciantes en los casos de posible vulneración, procurando “la reserva de identidad del denunciante y la protección de su integridad”.

La ley enfatiza en el deber de comunicar una vulneración o amenaza de derechos y el deber de recibir y tramitar una denuncia por parte del funcionario público, conforme lo establecido en la ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de NNyA y la 27.455 de Abuso en la Infancia.

La Senaf, en tanto autoridad de aplicación, deberá brindar acceso público y difundir el grado de cumplimiento de esta ley a través de un medio accesible con “indicadores cuantitativos, cualitativos, estadísticas y evaluaciones sobre el impacto de las capacitaciones realizadas”.

El proyecto de ley surgió tras el asesinato de Lucio, un niño de cinco años, en noviembre de 2021 en Santa Rosa, La Pampa, hecho por el que fueron juzgadas y condenadas a perpetua su madre, Magdalena Espósito Valenti, y la pareja de ésta, Abigail Páez.

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