Misiones desactiva la prohibición del glifosato y condiciona el reemplazo a alternativas viables
La prohibición del glifosato en Misiones está a punto de dejar de ser una obligación establecida por ley para convertirse en un objetivo condicionado al desarrollo tecnológico, autorizaciones nacionales y las exigencias de los mercados internacionales. Ese es el cambio sustancial que propone el proyecto presentado este jueves en la Cámara de Representantes, con las firmas de 18 diputados del bloque Movimiento por lo que Viene.
La iniciativa tiene apenas tres artículos, pero modifica el corazón de la política agroecológica aprobada por la Legislatura en junio de 2023. El texto deroga el artículo 7 de la impulsada por Carlos Rovira, que prohibió el uso de glifosato, sus componentes y productos afines en todo el territorio provincial, y lo reemplaza por una fórmula abierta, progresiva y sin una fecha determinada para su cumplimiento.
La nueva redacción establece que la utilización de bioinsumos será exigible en Misiones “en la medida” en que los organismos nacionales competentes o las autoridades de los países compradores de productos misioneros hayan autorizado fitosanitarios más amigables con el ambiente. Al mismo tiempo, faculta al Poder Ejecutivo provincial a fijar los plazos, las condiciones y los requisitos del proceso de transición.
El cambio jurídico es profundo: la ley dejará de contener una prohibición expresa del glifosato. Tampoco establecerá un plazo concreto para eliminarlo. La sustitución quedará supeditada a la existencia de alternativas autorizadas y validadas por el mercado.
La norma sancionada en 2023 había fijado un período de dos años para completar la transición hacia métodos productivos más amigables con el ambiente. Cumplido ese plazo, la prohibición debía entrar plenamente en vigor.
Sin embargo, antes de que esa obligación se volviera efectiva, el gobernador Hugo Passalacqua prorrogó por cinco años la posibilidad de utilizar glifosato. Posteriormente, el Decreto 1675/25 eliminó en los hechos aquella fecha límite al extender la excepción hasta que existieran productos alternativos autorizados por los organismos nacionales y los países de destino de las exportaciones.
El proyecto presentado ahora lleva ese criterio al nivel legislativo. Ya no se trata solamente de postergar por decreto la aplicación de una prohibición vigente, sino de retirar esa prohibición del cuerpo permanente de la ley.
La diferencia no es menor. Una prórroga conserva la obligación y posterga su cumplimiento. La reforma propuesta elimina la obligación categórica y la sustituye por un mandato futuro, sujeto a condiciones técnicas, regulatorias y comerciales que todavía no están plenamente satisfechas.
El artículo proyectado tampoco menciona directamente al glifosato. Habla de la exigibilidad de los bioinsumos y de la autorización de “fitosanitarios amigables con el ambiente”. Esa redacción permitirá mantener el uso del herbicida mientras no haya sustitutos adecuados para cada actividad, autorizados por el Senasa u otros organismos nacionales y aceptados por los mercados compradores.
Además, la expresión “nacional y/o” países de destino introduce un esquema potencialmente variable: la transición podrá depender no solamente del cultivo y del producto alternativo disponible, sino también del mercado al que se dirija cada producción.
El objetivo permanece, el plazo desaparece
La posición oficial intenta diferenciar la modificación normativa de una reivindicación del glifosato. El argumento central es que Misiones mantiene como horizonte estratégico una chacra orgánica y sustentable, pero reconoce que ese proceso no puede quedar atado a fechas que desconozcan las condiciones reales de la producción.
“El horizonte estratégico se mantiene firme: la chacra misionera avanza de manera decidida hacia un modelo orgánico y sustentable, donde la eliminación progresiva del glifosato es una prioridad innegociable”, sostiene el Gobierno. La revisión se justifica, sin embargo, en la falta actual de alternativas biológicas que reúnan simultáneamente cuatro condiciones decisivas: que estén probadas, certificadas, sean económicamente accesibles y cuenten con homologación en los mercados nacionales e internacionales.
El Gobierno advierte que imponer una prohibición sin sustitutos viables no garantiza una producción más limpia, sino que puede llevar a los productores a utilizar el producto de manera informal, sin registro ni asistencia técnica. También plantea una consecuencia todavía más severa: bajo el texto vigente, los colonos podrían quedar formalmente impedidos de comercializar o exportar su producción aun cuando los mercados compradores admitan el uso regulado del glifosato y no reconozcan las alternativas desarrolladas localmente.
Desde esa perspectiva, la modificación “no defiende al glifosato, sino al productor”. La prioridad inmediata pasa a ser evitar que la chacra misionera cargue con una restricción que no existe en otras provincias competidoras y que podría incrementar costos, reducir rendimientos o cerrar mercados.
Una ley de vanguardia que chocó con la escala productiva
La Ley de Promoción de la Producción de Bioinsumos fue impulsada por Rovira -entre otros diputados- y aprobada en 2023 como uno de los pasos más ambiciosos del modelo ambiental misionero. La norma no se limitó al glifosato: creó un marco para investigar, desarrollar, producir, registrar, comercializar y utilizar productos biológicos naturales. Pero en la práctica, únicamente abrió las puertas a una empresa: Agro Sustentable, que le proveía bioinsumos al Gobierno para repartirlos en las chacras. En enero, Passalacqua cortó ese vínculo.
La prohibición fue, sin embargo, su disposición más contundente y controvertida. Desde el comienzo, entidades agrarias, productores yerbateros, forestales, tabacaleros, tealeros, ganaderos y asesores técnicos advirtieron que no existía un herbicida biológico capaz de reemplazar al glifosato en todas sus funciones, con costos, disponibilidad y eficacia comparables.
La controversia se profundizó con la experiencia de Agro Sustentable, la compañía encabezada por Joaquín Basanta -socio de Augusto Marini, titular de Alegramed, otra empresa bajo la lupa- que se instaló en el Parque Industrial de Posadas y le vendió insumos a la Provincia para su distribución entre productores. La empresa quedó ligada política y comercialmente a la primera etapa de la transición promovida por la ley.
Conviene incorporarlo después del apartado “Un proyecto con la firma del nuevo oficialismo” y antes del análisis final:
La CEM acompaña la reforma, pero mantiene su pedido de derogación total
La Confederación Económica de Misiones consideró favorable la presentación del proyecto que propone derogar el artículo 7 de la Ley VIII–N.º 103. Para la entidad, la decisión resulta “lógica” y debe avanzar en la Legislatura, ya que, a tres años de la sanción de la norma, todavía no existe un reemplazo biológico que haya demostrado eficacia real bajo las condiciones productivas de Misiones.
El respaldo, sin embargo, no implica que la CEM abandone su postura original. La organización recordó que había solicitado formalmente la derogación completa de la Ley de Promoción de Bioinsumos en representación de productores, cooperativistas, empresarios pymes, asesores técnicos y dirigentes vinculados con las cadenas forestal, yerbatera, tabacalera, tealera, ganadera y citrícola, además de la agricultura familiar y el comercio. La confederación también pidió que la experiencia sea tomada como antecedente para futuras decisiones que afecten a la actividad agropecuaria, forestal y comercial. “Cuando hay miles de familias y comunidades en juego, las definiciones deben basarse en el diálogo multisectorial y las evidencias científicas; no en ideologías o intereses particulares”, sostuvo la entidad.
Biofábrica, entre los avances científicos y los tiempos del campo
El Gobierno sostiene que la revisión de la ley no implica congelar la agenda agroecológica. La estrategia se apoyará especialmente en Biofábrica Misiones y en acuerdos con universidades e institutos científicos para desarrollar insumos basados en microorganismos nativos.
Uno de los productos más avanzados es Mihoba, elaborado con cepas locales de Trichoderma asperellum. Biofábrica informó que el desarrollo obtuvo el registro del Senasa como biofertilizante y biofungicida y que se realizaron pruebas en diferentes cultivos. No obstante, su función no equivale necesariamente a la de un herbicida total: actúa principalmente como promotor del crecimiento y para el control de determinados hongos y enfermedades.
Los ensayos también revelan una diferencia práctica frente a los productos químicos. De acuerdo con la propia Biofábrica, los microorganismos necesitan varias aplicaciones para establecerse en el suelo, mientras que algunos fitosanitarios convencionales requieren una sola intervención. Esa diferencia influye sobre los costos, la logística y la adopción por parte de los productores.
En paralelo, Biofábrica y el Instituto de Biotecnología de Misiones desarrollan un hormiguicida biológico a base del hongo nativo Beauveria bassiana. También se estudia su uso contra el ácaro rojo del té y se ensaya Mihoba para prevenir la fusariosis en ananá. Son líneas promisorias, aunque todavía se encuentran en distintas etapas de experimentación, formulación y validación a campo.