sáb. Sep 19th, 2026

Libertad de expresión

FOPEA advierte por una figura penal que podría afectar al periodismo

By Redacción Economis 1 día ago
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El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) advierte sobre un riesgo concreto para la libertad de expresión dentro del proyecto de “Ley de Defensa de la Soberanía Nacional”, que el Poder Ejecutivo remitió al Congreso de la Nación.

Partiendo de la premisa del legítimo reclamo por las Islas Malvinas, y reconociendo la necesidad de proteger la limpieza de los procesos electorales, hay aspectos del proyecto de ley que deben ser mejorados, para no ocasionar un retroceso en la discusión libre, penalizar el ejercicio legítimo del periodismo y limitar la crítica política y de asuntos de interés público.

Dentro de su articulado, el Título VI incorpora el artículo 225 bis al Código Penal, que reprime con prisión de 5 a 12 años (y de 8 a 15 en supuestos agravados) a quien, actuando por cuenta, orden o financiamiento de un Estado, organización o agente extranjero, “procure alterar procesos electorales o manipular la opinión pública mediante campañas coordinadas de desinformación masiva”.

FOPEA reafirma su compromiso con la lucha contra la desinformación y contra las operaciones de injerencia extranjera destinadas a distorsionar el debate público. Ese objetivo es legítimo y compartido por cualquier organización que defienda la calidad institucional de la democracia.

Sin embargo, la redacción del artículo 225 bis propuesta por el PEN presenta un riesgo cierto para el ejercicio del periodismo y de la libertad de expresión. En particular, la descripción de la conducta típica del delito como “manipular la opinión pública” y la descripción de “desinformación” carecen de la precisión que exige la materia penal. No delimitan con claridad qué conducta se castiga y dejan un margen amplio para que la norma sea aplicada de manera discrecional. La experiencia comparada muestra que normas de este tipo, presentadas bajo la bandera de la soberanía o la seguridad nacional, terminaron utilizándose para castigar el disenso, desalentar la crítica periodística y el trabajo de organizaciones de la sociedad civil en distintos países de la región y de Europa del Este.

Tras una revisión por parte de especialistas y de constitucionalistas, entendemos que es conveniente una modificación de esta redacción, compatibilizándola con la Constitución y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos.

Por ello, FOPEA insta al Congreso de la Nación a separar el tratamiento de este artículo del proyecto de soberanía y a revisar su redacción con participación de organizaciones de prensa y de derechos humanos, incorporando una definición taxativa de las conductas que se pretende sancionar y una cláusula expresa que excluya de toda responsabilidad penal a la difusión de opiniones, informaciones o críticas amparadas por la libertad de expresión.

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ADEPA cuestionó los ataques al periodismo y alertó por el impacto de la IA

By Redacción Economis 1 semana ago
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ADEPA rechazó las críticas de Milei y advirtió que “deterioran el debate democrático y pueden generar un efecto contagio”. La entidad defendió la libertad de prensa y advirtió sobre las implicancias negativas de la IA en el sector, en la última jornada de la 64 Asamblea General en Tucumán.

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) presentó este viernes su Informe de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, en el marco de la última jornada de la 64 Asamblea General, que se desarrolla en esta ciudad.

En el documento, la entidad alertó sobre las agresiones a periodistas que provienen del Poder Ejecutivo y advirtió sobre las implicancias negativas de la Inteligencia Artificial en el sector.

Para ADEPA, “la protección de la propiedad intelectual no es un obstáculo negociable, sino un pilar fundamental para la supervivencia del ecosistema mediático: la utilización indiscriminada de contenidos protegidos para entrenar modelos de lenguaje y alimentar algoritmos de búsqueda, sin la debida compensación a sus creadores, amenaza la viabilidad económica de la prensa”.

“Salvaguardar la libertad de expresión implica, necesariamente, defender las condiciones operativas y económicas que permiten a los medios cumplir su rol como contrapoder, resistiendo las presiones que, bajo el velo de la innovación, buscan diluir su relevancia social y restringir su alcance público. ADEPA reafirma que la transformación tecnológica y la inteligencia artificial deben abordarse como desafíos estructurales para el futuro del periodismo, no como fenómenos aislados”, expresó.

En el informe, también se destacó “la necesidad de fortalecer la sustentabilidad de los medios, proteger la propiedad intelectual y construir nuevas reglas de equilibrio con las plataformas y los grandes actores tecnológicos, cuyo uso de contenidos periodísticos debe reconocer el valor del trabajo profesional que los produce”.

“Defender la libertad de prensa implica también garantizar la existencia de redacciones sólidas, medios sostenibles y voces locales capaces de contribuir a una democracia plural”, resaltó ADEPA.

Los efectos del agravio

La entidad cuestionó las críticas y agresiones lanzadas por el presidente Javier Milei y su entorno. “La crítica al periodismo es legítima y necesaria, pero el agravio y la estigmatización, especialmente cuando provienen de quienes ejercen altas responsabilidades públicas, deterioran el debate democrático y pueden generar un efecto contagio sobre el conjunto de la sociedad”, recalcó.

La institución recordó varios hechos ocurridos en los últimos seis meses. El primero fue del 25 de agosto pasado, cuando el ministro de Economía, Luis Caputo, “reaccionó ante una publicación periodística que consideró falsa, afirmando que ´la Justicia debería actuar´ y que era necesaria ´una ley que castigue este tipo de conductas´”.

“Una norma de ese tipo podría otorgar a las autoridades un poder incompatible con los estándares democráticos de libertad de expresión y generar un fuerte efecto inhibitorio sobre la investigación y la difusión de asuntos de interés público”, resaltó ADEPA.

A la vez, recordó otro episodio, ocurrido días después, cuando “durante una exposición ante alumnos de cuarto y quinto año de la Escuela ORT, de Buenos Aires, el Presidente de la Nación volvió a atacar al periodismo”.

“Después de leer un pasaje relacionado con el mandamiento ´no robarás´, afirmó: ´Esto le vendría bien a los periodistas´. Ante una primera reacción de algunos estudiantes, los alentó: ´Si quieren hacerlo más fuerte, se los voy a festejar´. El resultado fue un abucheo colectivo dirigido a los periodistas, celebrado por el Presidente. El hecho se produjo ante adolescentes, en un establecimiento educativo, con la investidura presidencial comprometida por la exhortación presidencial. El jefe del Estado no se limitó a cuestionar una cobertura o a discutir una información: incentivó a menores de edad a manifestar hostilidad hacia una actividad indispensable para la democracia”, cuestionó la entidad.

“Cuando el insulto proviene de la máxima autoridad estatal, y se repite sistemáticamente, la asimetría de poder entre quien agrede y quien es agredido transforma el episodio en un problema que excede ampliamente una disputa entre individuos”, cuestionó la asociación.

Para ADEPA, “cuando el periodismo es descalificado, hostigado o silenciado desde posiciones de poder, se debilita la confianza social en las fuentes verificadas”.

“Cuando sus contenidos son utilizados sin reconocimiento ni compensación, se erosionan las bases económicas que hacen posible ese trabajo. Defender la libertad de prensa exige, por lo tanto, proteger tanto la palabra de quienes informan como el valor de aquello que producen. Sin medios sostenibles, independientes y respetados, la sociedad queda más expuesta a la desinformación, la polarización y la incapacidad de arribar a los consensos que preservan una convivencia armónica”, agregó.

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Milei endurece la Ley de Migraciones: podrá impedir el ingreso o expulsar a extranjeros por mensajes de odio y ultraje a símbolos patrios

By Redacción Economis 2 meses ago
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El Gobierno de Javier Milei endureció el régimen migratorio argentino y habilitó nuevas causales para impedir el ingreso al país o cancelar la residencia de extranjeros que hayan emitido mensajes de odio, incitado a la violencia contra argentinos o participado en actos considerados de ultraje contra símbolos patrios nacionales. La modificación fue establecida mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 681/2026, publicado este jueves en el Boletín Oficial, y alcanza tanto a quienes pretendan ingresar al país como a extranjeros que ya se encuentren radicados en la Argentina.

La medida incorpora un nuevo inciso al artículo 29 de la Ley de Migraciones 25.871, referido a los impedimentos para el ingreso y permanencia. El texto contempla como causal haber dirigido mensajes de odio, en forma oral o escrita, o haber incitado a la violencia contra el pueblo argentino en su conjunto o contra un ciudadano argentino cuando la motivación esté vinculada con su nacionalidad. También incluye la realización o participación en actos de ultraje de símbolos patrios nacionales y la incitación a cometer cualquiera de esas conductas.

El decreto introduce, sin embargo, una salvedad explícita que será uno de los puntos centrales de su aplicación. La nueva causal no podrá utilizarse para encuadrar expresiones de disenso ideológico ni críticas políticas, académicas o ciudadanas que constituyan un ejercicio legítimo de derechos constitucionales. En otras palabras, el Gobierno busca establecer una frontera normativa entre la crítica o el desacuerdo, que quedan expresamente protegidos, y aquellas manifestaciones que sean consideradas mensajes de odio o incitación a la violencia.

La misma lógica se incorpora al artículo 62 de la Ley de Migraciones, que establece las causales por las cuales puede cancelarse la residencia de un extranjero. A partir de la entrada en vigencia del DNU, la existencia de esas conductas podrá habilitar la cancelación de la residencia y, según las circunstancias del caso, la intimación a abandonar el territorio argentino o directamente la expulsión.

El cambio tiene una consecuencia práctica relevante para quienes ya poseen residencia en el país. La nueva normativa no se limita a establecer controles adicionales en las fronteras, sino que amplía las herramientas administrativas disponibles para revisar la permanencia de extranjeros que incurran en las conductas descriptas por el decreto.

El Gobierno justificó la decisión en un supuesto aumento de mensajes de odio, actos de hostilidad y expresiones de menosprecio dirigidos contra los argentinos, su cultura y su identidad nacional. En los fundamentos del decreto, el Poder Ejecutivo sostiene que esas conductas pueden afectar la convivencia social, la integridad de las personas y derechos y garantías reconocidos por el ordenamiento jurídico.

La argumentación oficial también se apoya en la Ley 23.592 contra la discriminación y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El decreto cita específicamente el artículo 13 del Pacto de San José de Costa Rica, que contempla restricciones a determinadas expresiones vinculadas con la apología del odio nacional cuando constituyan incitación a la violencia o acciones ilegales, y sostiene que la nueva regulación es compatible con la libertad de expresión porque no alcanza al disenso ideológico ni a la crítica política, académica o ciudadana legítima.

El cambio se produce mediante un DNU, una herramienta excepcional prevista por el artículo 99 inciso 3 de la Constitución Nacional para circunstancias que hagan imposible seguir los procedimientos ordinarios de sanción de las leyes. El propio decreto reconoce ese carácter excepcional y ordena dar intervención a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso, que deberá analizar su validez en el marco de la Ley 26.122.

La decisión abre así una nueva discusión institucional sobre los límites del poder estatal en materia migratoria, libertad de expresión y protección frente a discursos de odio. El punto sensible no estará solamente en la existencia de las nuevas causales, sino también en cómo se definirá y acreditará administrativamente qué constituye un “mensaje de odio”, una “incitación a la violencia” o un “ultraje” a los símbolos patrios.

El decreto intenta anticipar parte de esa discusión al establecer que la crítica política o ideológica legítima queda fuera del nuevo régimen. Sin embargo, la aplicación concreta de la norma requerirá determinar, caso por caso, cuándo una expresión deja de ser una manifestación protegida y pasa a constituir una conducta alcanzada por las nuevas restricciones migratorias.

Desde el punto de vista operativo, el nuevo esquema refuerza la potestad del Estado para decidir quién puede ingresar, permanecer o ser expulsado del territorio nacional, al tiempo que incorpora expresamente criterios vinculados con la convivencia social, la violencia y la protección de los símbolos nacionales. La norma comenzará a regir desde el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial.

La medida forma parte de la agenda del Gobierno para revisar el régimen migratorio y reforzar los mecanismos de control sobre el ingreso y permanencia de extranjeros. En este caso, el argumento oficial combina seguridad, convivencia y protección frente a expresiones de violencia, pero su implementación también colocará a las autoridades migratorias ante el desafío de aplicar la nueva herramienta sin convertirla en una restricción sobre expresiones legítimas de crítica o disenso.

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Milei cuestiona a periodistas y redefine el vínculo con los medios

By Redacción Economis 5 meses ago
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El presidente Javier Milei difundió un extenso mensaje en el que cuestionó el rol de periodistas y medios de comunicación, al tiempo que reafirmó una decisión central de su gestión: la eliminación de la pauta oficial. La publicación, realizada en sus redes, se inscribe en un contexto de confrontación creciente con actores del sistema mediático y plantea una redefinición explícita del vínculo entre el Gobierno y la prensa.

El mandatario sostuvo que “nunca en la historia argentina hubo tanta libertad de expresión como hoy”, pero rechazó la idea de que ese derecho implique “decir cualquier cosa sin consecuencias”. En esa línea, planteó que parte del periodismo confunde libertad con impunidad y defendió la necesidad de que quienes comunican asuman responsabilidades por sus afirmaciones.

Libertad de expresión y financiamiento

El planteo presidencial se apoya en dos ejes: la concepción de la libertad de expresión y el esquema de financiamiento de los medios. Por un lado, Milei propone una interpretación en la que el ejercicio de ese derecho está condicionado por la responsabilidad individual. Por otro, cuestiona la estructura de sostenimiento económico del sector, particularmente el rol de la pauta oficial.

Según lo expresado, el Gobierno nacional eliminó ese mecanismo de financiamiento, lo que —de acuerdo al Presidente— debería derivar en un sistema donde los medios se validen en el mercado. Sin embargo, señaló que la persistencia de pauta en niveles subnacionales distorsiona ese proceso, al sostener medios “artificialmente”.

Sin pauta y con confrontación directa

La decisión política ratificada es clara: no habrá pauta oficial desde la administración nacional. Milei aseguró que, mientras su gobierno continúe, no se restablecerán esos fondos y descartó cualquier esquema de financiamiento indirecto.

En paralelo, el Presidente anticipó una estrategia de confrontación discursiva: “vamos a contestar cada una de sus mentiras, operaciones e injurias”, afirmó, marcando un cambio respecto a modelos anteriores de relación más institucionalizada con el sistema de medios.

Este enfoque implica un doble movimiento: retiro de recursos económicos y aumento de la disputa pública narrativa.

El mensaje reconfigura el equilibrio entre el poder político y los medios. Por un lado, fortalece la posición del Ejecutivo en su narrativa de eliminación de privilegios y ajuste del gasto estatal. Por otro, coloca a los medios —especialmente aquellos con dependencia de pauta pública— en una situación más expuesta.

La lógica planteada por Milei traslada la validación de los medios al mercado y a la audiencia, lo que, según su visión, debería “depurar” el sistema. Sin embargo, también incrementa la tensión con sectores periodísticos que interpretan estas declaraciones como un cuestionamiento directo a su rol.

El planteo presidencial sugiere una transición hacia modelos basados en audiencias y mercado, aunque reconoce que la continuidad de pauta en otros niveles de gobierno podría amortiguar ese cambio.

Mercado, política y narrativa

El posicionamiento de Milei abre varios frentes a observar: la reacción del sistema mediático, la eventual replicación de políticas de ajuste en pauta a nivel provincial y el impacto en la calidad y diversidad informativa.

También queda en juego cómo evolucionará la relación entre el Gobierno y los medios en términos institucionales, en un contexto donde la confrontación pública se vuelve un componente central de la estrategia política.

El posteo de Milei

SOBRE LOS “PERIODISTAS” Hay un fenómeno muy recurrente en los periodistas argentinos, o entre aquellas personas que dicen ejercer el periodismo, que es que ante la primera crítica que reciben acusan censura y violaciones a la libertad de expresión. Déjenme decirles un par de cosas así saldamos esta discusión. En primer lugar nunca en la historia argentina hubo tanta libertad de expresión como hoy. Un error que suelen cometer los periodistas es creer que libertad de expresión significa decir cualquier cosa sin ningún tipo de consecuencia. Eso no es libertad de expresión. La libertad exige responsabilidad. Reclamar un supuesto derecho a poder decir lo que se les antoje sin consecuencias es reclamar el privilegio de poder seguir viviendo en la torre de marfil en la que vivieron durante muchos años. Sin embargo, la Argentina de los privilegios de ha terminado. Todos debemos hacernos responsables de nuestros actos. Hoy les toca enfrentarse a un ciudadano que llegó a Presidente y no le debe nada a nadie más que cumplir el mandato de cambio que nos dio el país, y que no tiene miedo de decir un par de verdades incómodas aunque a muchos privilegiados les duela. En segundo lugar, en un mercado verdaderamente libre, sería la propia sociedad la que se encargaría de limpiar el sistema mandando a la quiebra a aquellos medios que publican falsedades, operaciones e injurias de manera constante, porque la gente no es idiota, a diferencia de lo que algunos medios creen. Pero el sistema de medios en Argentina no es libre. En tanto y en cuanto la mayoría de los medios de comunicación sigan viviendo de la pauta oficial de algún gobierno subnacional ya que nosotros hemos eliminado la pauta, los mecanismos de corrección del mercado no funcionan ya que se sostienen artificialmente al servicio del interés de algún político. Es exactamente lo mismo que sucede con las empresas que subsisten gracias a la prebenda estatal y reclaman poder seguir cazando en el zoológico. En esencia, lo que la mayoría de los periodistas reclaman no es libertad de expresión. Es poder vivir sin hacerse cargo de las consecuencias de las cosas que dicen y que encima la factura la pague el pagador de impuestos. Privilegios y pauta. Ese es el verdadero reclamo de algunos periodistas. Quiero que sepan que mientras nosotros tengamos el honor de seguir conduciendo los destinos de nuestro país, no van a obtener ni privilegios ni pauta (al menos no de nuestra parte). Vamos a contestar cada una de sus mentiras, de sus operaciones y de sus injurias, y tendrán que hacerse responsables de las cosas que dicen como cualquier ciudadano de a pie. Se acabó la Argentina con ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Todos somos iguales ante la ley, todos debemos hacernos cargo de nuestras acciones y de la misma manera que los empresarios tienen que aprender a competir en una economía cada día mas abierta, los periodistas tienen que aprender a hacerse cargo de sus palabras. VIVA LA LIBERTAD CARAJO…!!!

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FOPEA rechaza la creación de la “Oficina de Respuesta Oficial”

By Redacción Economis 7 meses ago
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El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) manifestó su profunda preocupación y rechazo ante la creación de la cuenta de la red social X, denominada “Oficina de Respuesta Oficial”, promovida desde la Presidencia de la Nación con el objetivo declarado de “desmentir activamente la mentira” y “dejar en evidencia operaciones”.

A través de un pronunciamiento institucional, la entidad recordó que el Artículo 1 de su Código de Ética establece que el compromiso primordial del periodismo es la búsqueda de la verdad, a partir de una tarea profesional basada en el rigor periodístico, el chequeo de la información, la multiplicidad de fuentes y la honestidad intelectual. En ese marco, subrayó que el periodismo no impone dogmas ni define verdades desde posiciones de poder, sino que trabaja para aportar información verificada a la sociedad.

Desde FOPEA advirtieron que la pretensión del Gobierno de instalar una “verdad oficial” indiscutible colisiona de manera directa con los principios fundamentales de una sociedad libre. En ese sentido, alertaron sobre la gravedad institucional que implica montar desde el Estado un “tribunal de la verdad”, especialmente cuando la iniciativa fue difundida desde la cuenta oficial de Prensa de la Presidencia de la Nación.

Según señaló la organización, este hecho confirma el uso de estructuras oficiales —y, por lo tanto, de recursos públicos sostenidos por el conjunto de la ciudadanía— para vigilar, señalar y estigmatizar el disenso o el ejercicio del periodismo crítico.

El comunicado también contextualiza esta preocupación en un escenario más amplio, marcado por restricciones al acceso a la información pública, como la modificación por decreto de los alcances de la Ley de Acceso a la Información Pública, la ausencia de conferencias de prensa regulares y la falta de una vocería presidencial con funcionamiento pleno.

FOPEA recordó que, a lo largo de sus 23 años de vida institucional, ha expresado públicamente su preocupación frente a iniciativas similares impulsadas por distintos gobiernos. El argumento, indicaron, ha sido siempre el mismo: el Estado tiene la obligación de garantizar la libertad de expresión y el acceso a la información pública, no de auditar el discurso público ni de hostigar a quienes ejercen el oficio de informar.

Finalmente, la entidad sostuvo que el periodismo, como toda actividad pública, está expuesto y debe someterse a la crítica, pero advirtió que ninguna autoridad oficial puede clausurar el debate público, ya que hacerlo implica invalidar al otro, debilitar la libertad de expresión y erosionar la necesaria rendición de cuentas en una democracia.

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