El mercado convalida la deuda en dólares y marca el precio del riesgo. El Gobierno nacional consiguió adjudicar la totalidad de los USD 130,90 millones ofertados en la segunda vuelta de la licitación de los Bonar 2027 (AO27) y Bonar 2028 (AO28), en una operación que vuelve a poner en el centro la estrategia de financiamiento en moneda dura. La colocación, informada por la Secretaría de Finanzas, incluyó 684 ofertas y cerró con un valor efectivo adjudicado cercano a USD 131 millones.
El dato central no es solo el volumen —acotado en términos absolutos— sino la validación del instrumento: el Tesoro logró colocar el 100% de lo ofertado en dos bonos en dólares con perfiles distintos. En un contexto donde el acceso al financiamiento sigue condicionado, la pregunta es si este resultado consolida una curva en dólares o si simplemente refleja una ventana táctica de liquidez.
Dos bonos, dos señales: continuidad y costo del financiamiento
La licitación combinó la reapertura del Bonar 2027 y la emisión del Bonar 2028, con resultados que permiten leer el comportamiento del mercado.
El AO27 concentró la mayor demanda: recibió ofertas por USD 95 millones y fue adjudicado en su totalidad, con un valor efectivo de USD 97 millones. El precio de corte se ubicó en USD 1.015,33 por cada valor nominal de USD 1.000, con una tasa nominal anual del 5,00% y un rendimiento efectivo anual (TIREA) del 5,12%. Tras la operación, el stock en circulación alcanza los USD 745 millones.
En paralelo, el AO28 —nuevo instrumento— captó USD 36 millones, también adjudicados en su totalidad, pero con condiciones más exigentes: el precio de corte fue de USD 942,00 por cada USD 1.000, con una TNA del 8,52% y una TIREA del 8,86%. El monto en circulación queda en USD 186 millones.
La diferencia entre ambos bonos no pasa desapercibida. Mientras el AO27 se coloca por encima de la par y con tasas moderadas, el AO28 exige un rendimiento significativamente mayor. El mercado fija así una prima clara por plazo y riesgo, marcando el costo creciente de extender vencimientos en dólares.
Estrategia financiera y lectura de poder
La operación refuerza la estrategia del Gobierno de sostener financiamiento en moneda extranjera, incluso en montos relativamente contenidos. La colocación total sugiere que existe demanda, aunque segmentada y sensible a condiciones.
En términos políticos, la Secretaría de Finanzas logra un resultado que le permite mostrar capacidad de colocación sin recurrir a mecanismos extraordinarios. No hay señales de rechazo ni necesidad de convalidar tasas fuera de mercado en el tramo más corto, lo que otorga margen para sostener la narrativa de normalización financiera.
Sin embargo, la brecha entre el AO27 y el AO28 introduce un límite. El mercado acompaña en el corto y mediano plazo, pero exige mayores retornos a medida que se extiende el horizonte. Esa diferencia no es solo técnica: condiciona la capacidad del Tesoro para estructurar deuda más larga sin encarecer el perfil financiero.
Una señal acotada en un escenario más amplio
La segunda vuelta de la licitación aparece como un movimiento táctico dentro de una estrategia más amplia. El monto captado no redefine el frente financiero, pero sí aporta una señal sobre el acceso al mercado en dólares.
Habrá que observar si este patrón se sostiene en futuras colocaciones y si el Gobierno logra ampliar montos sin deteriorar tasas. También será clave ver cómo evoluciona la demanda en instrumentos nuevos, como el AO28, que todavía está construyendo referencia en el mercado.
Por ahora, el resultado deja una foto clara: hay apetito por deuda en dólares, pero con condiciones. Y en ese equilibrio, entre volumen, plazo y tasa, se juega buena parte de la estrategia financiera en los próximos meses.
El Gobierno logró cerrar marzo con una señal financiera contundente hacia el mercado: en la última licitación del mes, el Ministerio de Economía renovó más del 100% de los vencimientos —alcanzando un rollover del 138,52%— y, al mismo tiempo, absorbió pesos del sistema. En un contexto de vencimientos por $8 billones, la colocación totalizó $11,04 billones tras recibir ofertas por $12,53 billones. El dato no es menor: no solo evitó emisión, sino que reforzó el sesgo contractivo en plena transición hacia la cosecha gruesa. La pregunta que se abre es si este resultado consolida la estrategia oficial o si expone el costo creciente de sostenerla vía tasas.
Licitación y arquitectura financiera: tasas, plazos y señales
El resultado se inscribe en una secuencia de licitaciones donde el Gobierno prioriza dos objetivos simultáneos: renovar deuda en pesos sin expandir liquidez y extender los vencimientos hacia adelante. Para lograrlo, convalidó tasas elevadas en varios instrumentos, una decisión que revela la tensión entre estabilizar expectativas y sostener el financiamiento.
La Secretaría de Finanzas estructuró la colocación con una combinación de instrumentos: letras a tasa fija, bonos ajustados por CER, títulos a tasa variable y deuda vinculada al dólar. Entre los datos centrales, se destacaron:
$2,75 billones en letras con vencimiento en julio de 2026 a una TIREA del 29,23%.
$4,78 billones en bonos CER a 2028 con una TIREA del 7,75%.
$2,11 billones en instrumentos a tasa TAMAR con margen de 4,9%.
$0,26 billones en bonos dólar linked a 2028 con TIREA del 8,46%.
En paralelo, el foco del mercado estuvo puesto en los bonos en dólares. El AO27 recibió ofertas por US$466 millones a una tasa del 5,02%, mientras que el AO28 captó US$226 millones al 8,5%. En ambos casos, el Gobierno adjudicó US$150 millones por instrumento, con posibilidad de ampliar en una segunda vuelta.
Más allá del detalle técnico, el mensaje político es claro: Economía busca validar una curva de financiamiento en dólares que trascienda el corto plazo y permita cubrir vencimientos por US$4.500 millones a mitad de año.
Financiamiento asegurado, pero con costo creciente
El resultado fortalece, en el corto plazo, la posición del Gobierno en dos frentes sensibles: evita emisión monetaria y sostiene el acceso al financiamiento en pesos. Además, el rollover superior al 100% refuerza la percepción de que el Tesoro todavía conserva capacidad de refinanciar sus compromisos sin recurrir al Banco Central.
Sin embargo, el costo de esa estabilidad aparece en la estructura de tasas. La convalidación de rendimientos elevados refleja que el equilibrio financiero sigue apoyado en incentivos fuertes para captar pesos, lo que introduce un condicionante hacia adelante: sostener este esquema implica mantener tasas reales positivas en un contexto donde la actividad y la liquidez empiezan a reconfigurarse.
En paralelo, la apuesta por los bonos en dólares agrega otra capa de lectura. El Gobierno testea el apetito del mercado por instrumentos que vencen en 2027 y 2028, es decir, más allá del actual mandato. Esa estrategia busca descomprimir el calendario inmediato, pero también traslada parte de la carga hacia el próximo ciclo político.
Entre la estabilidad táctica y los desafíos estructurales
Con este resultado, el Gobierno gana tiempo y ordena el frente financiero en el corto plazo. La absorción de pesos y la extensión de plazos funcionan como herramientas para sostener la estabilidad cambiaria y contener expectativas en la previa de la liquidación de la cosecha.
Pero el equilibrio no está cerrado. En las próximas semanas, el foco estará en tres variables: la evolución de las tasas, la capacidad de sostener el rollover sin escalar costos y el desempeño de los instrumentos en dólares en la segunda vuelta de licitación.
También quedará bajo observación la consistencia de esta estrategia con los vencimientos de mitad de año. La necesidad de financiamiento en moneda extranjera no desaparece, solo cambia de forma.
En ese contexto, la licitación de marzo aparece más como un movimiento táctico exitoso que como un punto de llegada. El mercado validó la estrategia, pero dejó planteada una condición: el margen para sostenerla dependerá de cuánto esté dispuesto el Gobierno a pagar por ese equilibrio.
La licitación de la Hidrovía Paraná-Paraguay volvió a tensarse en el corazón del Gobierno: una empresa belga impugnó formalmente la oferta de su competidora y la acusó de prácticas “anticompetitivas”, en un proceso que la administración nacional busca adjudicar antes de mayo. El dato no es menor. En un expediente ya marcado por su declaración de desierto al inicio de la gestión, la disputa corporativa ahora escala a un terreno político: ¿podrá el Ejecutivo sostener un proceso transparente o quedará atrapado en presiones cruzadas?
Un proceso bajo presión política y técnica
El conflicto enfrenta a dos actores centrales del negocio global del dragado. Por un lado, la actual operadora, con años de servicio en la vía navegable. Por otro, una competidora que presentó una propuesta en análisis. La evaluación está a cargo del área que conduce el subsecretario de Puertos y Vías Navegables, con la responsabilidad de definir la adjudicación en un plazo acotado.
La impugnación introduce cuestionamientos técnicos concretos: incumplimientos en requisitos económicos, balances no auditables, irregularidades formales en la presentación y falta de equipamiento con la potencia exigida. Sin embargo, el núcleo del conflicto va más allá de la letra del pliego.
La acusación escala hacia prácticas estructurales del mercado: supuesta colusión, fijación de precios, intercambio de información sensible y abuso de posición dominante. En otras palabras, no se discute solo una oferta, sino las reglas de competencia en un negocio estratégico para el comercio exterior.
La Hidrovía como tablero de poder
El trasfondo del conflicto revela tensiones dentro del propio oficialismo. En los pasillos de la Casa Rosada conviven preferencias distintas sobre quién debería quedarse con el contrato. Algunos sectores ven con buenos ojos un cambio de operador, mientras otros valoran la continuidad de quien ya gestiona la vía navegable.
Ese dato introduce una variable política clave: la licitación no solo define un servicio técnico, sino el control de un corredor logístico central para la economía. El dragado y balizamiento de la Hidrovía impactan directamente en la competitividad del transporte fluvial y, por extensión, en los costos de exportación.
En ese contexto, la impugnación funciona como una herramienta de presión. Obliga al Gobierno a revisar el proceso, eleva el nivel de escrutinio y, al mismo tiempo, expone las tensiones internas sobre la decisión final.
Impacto en la gobernabilidad económica
La disputa entre empresas no queda encapsulada en el sector privado. Tiene efectos directos sobre la agenda económica del Gobierno. Sin acceso al financiamiento externo en otras áreas y con necesidad de mostrar señales de previsibilidad, la administración enfrenta un test de credibilidad institucional.
Si el proceso se judicializa o se dilata, puede afectar la continuidad operativa de la Hidrovía, un riesgo que el Gobierno difícilmente pueda asumir. Por el contrario, una adjudicación cuestionada podría abrir otro frente de conflicto, tanto en el plano legal como político.
El equilibrio es delicado. Transparencia, competencia y rapidez aparecen como objetivos que no siempre convergen.
Un desenlace abierto
La definición prevista para antes de mayo se vuelve ahora más incierta. La impugnación obliga a revisar aspectos técnicos, pero también a administrar un conflicto que combina intereses empresariales y decisiones políticas.
En las próximas semanas, la atención estará puesta en cómo el Gobierno procesa las acusaciones y si logra sostener el cronograma sin comprometer la legitimidad del proceso. También en si las tensiones internas se ordenan o se profundizan.
La Hidrovía, una vez más, deja de ser solo una infraestructura y se convierte en un escenario donde se mide capacidad de gestión, alineamiento político y margen de maniobra frente a actores globales.
La licitación de la Hidrovía entró en una fase decisiva y el Gobierno busca cerrar uno de los contratos más sensibles de la economía exportadora antes de que el calendario político vuelva a alterar el tablero. Con evaluación en curso de los sobres técnicos y la expectativa de definir al nuevo operador entre fines de mayo y junio, el director ejecutivo de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, Iñaki Arreseygor, defendió el proceso, rechazó las acusaciones de direccionamiento y dejó una frase que expone la dimensión política de la compulsa: “Hay que licitar la Hidrovía; si llegara el peronismo nuevamente, sería difícil que vuelva al sector privado”.
La definición excede una discusión administrativa. La vía navegable por la que circulan en promedio 4500 buques al año determina buena parte de los costos logísticos de la Argentina exportadora, y su concesión aparece hoy en la intersección entre infraestructura, comercio exterior y correlación de fuerzas. El oficialismo no solo intenta adjudicar un negocio millonario; también busca blindar un esquema de gestión antes de que cambie la relación política de poder.
Un contrato que define tarifas, inversión y control sobre una infraestructura crítica
El pliego prevé que el futuro concesionario absorba una deuda de US$80 millones generada tras la reestatización bajo el gobierno de Alberto Fernández, de la cual todavía restan US$35 millones por pagar. Ese pasivo será tomado por quien gane una licitación que obliga, además, a invertir US$425 millones en los primeros seis años de la concesión.
La magnitud del contrato explica la tensión. Según la proyección oficial, en los 25 años de concesión, con posibilidad de extenderla por cinco más, la inversión total rondará los US$10.000 millones entre bienes de capital y gastos operativos. A cambio, el operador recuperará su apuesta a través del peaje, dentro de un esquema de bandas tarifarias que, según el Gobierno, permitiría un retorno del 12% para la tarifa máxima y del 6% para la mínima.
No se trata solo de mantener el canal. El punto estratégico está en la profundización y el ensanche para que los barcos salgan con más carga. Arreseygor fue directo: hoy los buques están saliendo con alrededor del 70% de la carga, y el objetivo es que al menos los Panamax puedan operar completos. En términos económicos, esa diferencia impacta de lleno sobre la competitividad exportadora.
La pelea real está en el sobre técnico, no en la retórica
El funcionario negó que el pliego haya sido diseñado para favorecer a una empresa en particular. Admitió que existen cuestionamientos, algunos “racionales” y otros “incomprobables”, pero insistió en que la decisión no se definirá por antecedentes formales sino por el plan de trabajo, que explicó como el núcleo del sobre dos y al que atribuyó entre el 80% y el 90% del peso de la evaluación.
Esa precisión no es menor. El Gobierno intenta mostrar que la discusión no se resolverá por historia empresaria, sino por capacidad operativa concreta: dónde se descargará el sedimento, qué maquinaria se utilizará, cómo se responderá ante una bajante extraordinaria y qué cronograma de obras puede garantizarse. Es, en el fondo, una manera de correrse de la sospecha de favoritismo y llevar la disputa al terreno técnico, aunque la política siga empujando desde abajo.
De los tres oferentes iniciales, según el texto base, quedarían dos en carrera: Jan De Nul y DEME, ambas compañías belgas. La competencia, sin embargo, no es solo comercial. La Hidrovía concentra una puja global por una infraestructura crítica donde confluyen intereses privados, trazado logístico y capacidad estatal de control.
Iñaki Arreseygor, director ejecutivo de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación
El Estado quiere concesionar, pero sin perder la botonera
Arreseygor defendió una condición central del pliego: que los equipos sean propios y no alquilados. El argumento es político además de operativo. Si el privado falla, el Estado debe intervenir sobre una infraestructura que no puede detenerse. “Al río hay que dragarlo todos los días o no salen los barcos”, resumió.
Ahí aparece una tensión clásica del modelo libertario: el Gobierno quiere un concesionario fuerte, pero no uno que condicione al Estado por falta de alternativas. Por eso también justificó la exclusión de la empresa china de dragado, una de las más importantes del mundo, con una razón geopolítica explícita: evitar que un Estado soberano controle un recurso estratégico. La decisión no cuestiona capacidad técnica, sino que busca preservar margen de maniobra nacional en un escenario internacional que el propio funcionario describió como complejo.
La misma lógica explica la negativa a dividir la operación en tres tramos. Según Arreseygor, hacerlo podía facilitar una cartelización y garantizarle a cada actor una zona de negocio. En vez de fragmentar, el Gobierno eligió concentrar la concesión y elevar las exigencias de entrada.
Naciones Unidas, tarifas y el intento de darle blindaje externo al proceso
Otro de los puntos que el funcionario puso sobre la mesa fue el rol de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Unctad). Frente a la desconfianza que suele rodear los grandes contratos públicos en la Argentina, el Gobierno intenta mostrar que el pliego no quedó solo bajo diseño doméstico. Según explicó, la elección de ese organismo respondió a que su foco estuvo en defensa de la competencia y costos comparados, y no en la lógica de un acreedor que audita para justificar financiamiento.
También por recomendación de Naciones Unidas, el pliego incluyó una tarifa mínima de peaje. La preocupación era evitar una oferta temeraria que, por debajo de costos, terminara haciendo caer el contrato. Es una cláusula que habla menos de precios que de sustentabilidad política y financiera: el oficialismo no quiere repetir una experiencia que derive en conflicto, incumplimiento o judicialización temprana.
A eso se suma una revisión de tarifas cada cinco años. Si el tráfico sube, el peaje debería bajar. Si ocurre una variación abrupta en sentido contrario, podría aumentar. El supuesto oficial, de todos modos, es que el tránsito crecerá.
La herencia, la deuda y el mensaje contra una eventual reversión
El centro político de la entrevista estuvo en la comparación entre la privatización de 1995, la reestatización bajo Alberto Fernández y el nuevo intento de concesión. Arreseygor sostuvo que durante la revisión de números no detectaron irregularidades denunciables, aunque sí “negligencia” por no trasladar a tarifa costos extraordinarios generados por situaciones climáticas, lo que habría contribuido a la deuda actual.
La lectura de poder que propone el funcionario es nítida: la licitación no solo busca mejorar el funcionamiento del sistema, sino evitar una nueva reversión estatal. Cuando afirma que un eventual regreso del peronismo dificultaría que la Hidrovía siga en manos privadas, lo que hace es convertir un expediente técnico en una pieza de estrategia institucional. El Gobierno necesita adjudicar rápido para consolidar un hecho consumado.
Ese mensaje también dialoga con los exportadores, con los potenciales concesionarios y con los actores del sistema político. Les dice que la administración actual está dispuesta a cerrar el contrato, aun en un clima de sospecha, porque considera que dejarlo abierto sería exponerlo a una futura reconfiguración del modelo.
Una licitación bajo auditoría pública y privada
La Hidrovía arrastra, además, el peso de la desconfianza estructural argentina frente a los contratos públicos de gran escala. Arreseygor no la esquivó. Dijo que entiende esas dudas y que quiere ser auditado. Esa necesidad de exhibir controles funciona como reconocimiento implícito del problema: en negocios de esta magnitud, la legitimidad del proceso vale casi tanto como la adjudicación misma.
En paralelo, el funcionario dejó otra señal de realismo. Admitió que le hubiera gustado una mayor participación, en especial de empresas holandesas, pero señaló que decidieron no desinvertir en otros mercados para competir. Es decir, el universo de jugadores sigue siendo acotado y eso condiciona cualquier diseño licitatorio.
El río entra en tiempo político
La definición del nuevo operador debería llegar entre mayo y junio, pero lo que está en juego no termina ahí. En las próximas semanas habrá que mirar cuántos competidores superan la evaluación técnica, cómo se resuelven las objeciones al pliego y hasta dónde el Gobierno logra sostener la idea de una licitación competitiva en un negocio dominado por pocos actores globales.
También quedará por ver si el oficialismo consigue instalar que esta concesión es un paso de modernización logística o si la discusión deriva otra vez en una pelea sobre control estatal, tarifas y soberanía sobre una vía estratégica. La Hidrovía, al final, no es solo un canal por donde salen barcos. Es una caja de resonancia del modelo económico que cada gobierno quiere dejar atado antes de que cambie el viento político.
La Secretaría de Finanzas lanzó una operación de conversión voluntaria de la Letra del Tesoro Nacional vinculada al dólar con vencimiento el 30 de enero de 2026 (LELINK D30E6), en el marco del artículo 2° del Decreto 846/24. La medida busca administrar el perfil de vencimientos de deuda en moneda vinculada al tipo de cambio y ofrecer a los inversores alternativas de reinversión a plazos más largos, en un contexto de normalización del mercado de deuda y ordenamiento financiero.
La conversión estará disponible para los tenedores de la LELINK D30E6 y se instrumentará a través de una licitación con tres opciones de nuevos instrumentos dólar linked, todos a precio y sin pago de comisiones. La recepción de ofertas comenzará a las 11:30 y finalizará a las 15:00 del jueves 22 de enero de 2026, mientras que la liquidación se realizará el martes 27 de enero de 2026 (T+3).
Detalles de la conversión y los instrumentos ofrecidos
La operación se enmarca formalmente en el artículo 2° del Decreto 846/2024, que habilita la suscripción en especie, y está dirigida exclusivamente a los tenedores de la LELINK D30E6, una letra del Tesoro Nacional vinculada al dólar estadounidense, cero cupón, con vencimiento el 30 de enero de 2026.
Los participantes podrán optar por una o más de las siguientes alternativas:
Opción 1: Letra del Tesoro Nacional vinculada al dólar estadounidense, cero cupón, con vencimiento 27 de febrero de 2026 (reapertura). Especie: LELINK – Código: D27F6.
Opción 2: Letra del Tesoro Nacional vinculada al dólar estadounidense, cero cupón, con vencimiento 30 de abril de 2026 (reapertura). Especie: LELINK – Código: D30A6.
Opción 3: Bono del Tesoro Nacional vinculado al dólar estadounidense, cero cupón, con vencimiento 30 de junio de 2026 (reapertura). Especie: Bono dólar linked – Código: TZV26.
En todos los casos, el parámetro de licitación será el precio, expresado en dólares estadounidenses por cada VNO USD 1.000, con dos decimales. El monto máximo a colocar estará limitado por el autorizado por la normativa vigente.
La oferta mínima será de VNO USD 10.000, y los montos superiores deberán ser múltiplos de VNO USD 1. El precio de mercado ajustado de la LELINK D30E6 para una liquidación T+3 será anunciado el día de la licitación, previo a su apertura.
Mecanismo de liquidación y garantías operativas
Para determinar la cantidad de valor nominal original (VNO) de la LELINK D30E6 que cada participante deberá transferir, se aplicará la siguiente fórmula:
VNO LELINK D30E6 = VNO Nuevo Instrumento × Precio de corte del Nuevo Instrumento / Precio de la LELINK D30E6
Los VNO resultantes se redondearán al entero más cercano según la denominación mínima del instrumento.
Antes de las 17 horas del lunes 26 de enero de 2026 (T+2), los participantes con ofertas aceptadas deberán realizar una única transferencia del título elegible desde su cuenta en la CRYL del BCRA a la cuenta de la Secretaría de Finanzas N° 99990-01 en esa entidad. En caso de que los títulos se encuentren depositados en Caja de Valores S.A., los oferentes deberán gestionar previamente su traslado a la CRYL para cumplir con los plazos establecidos.
La normativa prevé un esquema específico ante eventuales incumplimientos. Al tratarse de una suscripción en especie, si no se entregara la LELINK D30E6 comprometida, la liquidación se realizará mediante el débito en pesos del valor efectivo en la cuenta CRYL de la entidad oferente, según la siguiente fórmula:
Monto efectivo = VNO Nuevo Instrumento × Precio de corte del Nuevo Instrumento / 1000 × 1,20 × TCR
El TCR será el tipo de cambio de referencia publicado por el BCRA conforme a la Comunicación “A” 3500, correspondiente al 26 de enero de 2026 (T+2) o al día hábil previo a la fecha de liquidación, según el caso.
El 27 de enero de 2026 (T+3), la CRYL acreditará los nuevos instrumentos en la cuenta de cada participante y, en situaciones de incumplimiento, primero debitará el monto efectivo correspondiente y luego procederá a la entrega del instrumento adjudicado.
Marco normativo e impacto en el mercado de deuda
La licitación se realizará de acuerdo con los procedimientos establecidos en la Resolución Conjunta de la Secretaría de Finanzas y de la Secretaría de Hacienda N° 9/2019, con las salvedades específicas aplicables a la conversión de activos no contenidos en esa norma.
Desde el punto de vista financiero, la operación apunta a descomprimir vencimientos concentrados a fines de enero de 2026, ofreciendo a los inversores la posibilidad de extender plazos hasta febrero, abril o junio del mismo año, sin salir del universo de instrumentos dólar linked. Para el Tesoro, la conversión contribuye a ordenar el cronograma de pagos, mejorar la previsibilidad y sostener la estrategia de financiamiento en instrumentos atados al tipo de cambio oficial.
En términos de mercado, la iniciativa podría ser bien recibida por los inversores institucionales que buscan cobertura cambiaria de corto y mediano plazo, aunque la adhesión dependerá de los precios de corte y de las expectativas sobre el tipo de cambio y la política monetaria hacia 2026.
