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Finanzas logró una adhesión del 45% en el canje de deuda dólar linked y refinanció casi US$ 1.900 millones

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La Secretaría de Finanzas concretó una nueva operación de administración de pasivos al adjudicar US$ 1.895 millones en la licitación destinada a convertir la LELINK con vencimiento el 31 de julio de 2026. La operación alcanzó una adhesión del 45,17% del Valor Nominal Original (VNO) en circulación, luego de recibir ofertas por US$ 2.087 millones, en una señal de aceptación significativa por parte del mercado para la estrategia oficial de extender los plazos de la deuda.

La conversión se realizó en el marco del artículo 2 del Decreto 846/24 y tuvo como objetivo reemplazar parte de la LELINK D31L6 por nuevos instrumentos dólar linked con vencimientos más largos. En total se recibieron 315 ofertas, de las cuales fueron aceptadas aquellas que permitieron refinanciar casi la mitad del stock elegible.

El principal instrumento de la licitación fue la Letra del Tesoro Nacional vinculada al dólar con vencimiento el 31 de agosto de 2026 (D31G6). En su reapertura se adjudicaron US$ 1.736 millones, sobre ofertas por US$ 1.911 millones, con un precio de corte de US$ 990 por cada valor nominal de US$ 1.000. Para concretar esta operación se rescataron US$ 1.851 millones de la letra original que vencía a fines de julio.

En paralelo, el Tesoro también reabrió el Bono del Tesoro Nacional vinculado al dólar con vencimiento el 15 de diciembre de 2028 (TZVD8), donde adjudicó US$ 159 millones sobre propuestas por US$ 176 millones. En este caso, el precio de corte fue de US$ 809,90 por cada valor nominal de US$ 1.000, ofreciendo a los inversores una alternativa de mayor plazo dentro de la curva de instrumentos ajustados por tipo de cambio.

La operación forma parte de la estrategia que viene desplegando el Ministerio de Economía para administrar el calendario de vencimientos y reducir las necesidades de refinanciamiento de corto plazo. Mediante estos canjes voluntarios, el Gobierno busca distribuir los compromisos hacia horizontes más largos sin incrementar el nivel de endeudamiento, al tiempo que ofrece nuevas opciones de inversión a los tenedores de títulos públicos.

Los instrumentos dólar linked continúan ocupando un lugar relevante dentro del mercado financiero argentino. Al ajustar su capital según la evolución del tipo de cambio oficial, constituyen una cobertura frente a eventuales movimientos del dólar sin requerir pagos en moneda extranjera durante la vida del bono, una característica que resulta atractiva para inversores institucionales en escenarios de incertidumbre cambiaria.

Desde la Secretaría de Finanzas recordaron que los participantes cuyas ofertas fueron aceptadas deberán completar la liquidación antes de las 17 horas del jueves 23 de julio mediante una única transferencia de los títulos elegibles desde sus cuentas en la Central de Registro y Liquidación (CRYL) del Banco Central hacia la cuenta oficial de la Secretaría de Finanzas. Aquellos inversores que mantengan sus títulos depositados en Caja de Valores deberán realizar previamente la transferencia hacia la CRYL para cumplir con el procedimiento establecido.

Asimismo, el organismo informó que, en caso de incumplimiento en la entrega de los títulos elegibles, la liquidación se efectuará mediante un débito en pesos calculado sobre el valor efectivo del nuevo instrumento, aplicando el tipo de cambio de referencia publicado por el Banco Central conforme a la Comunicación “A” 3500.

La adhesión cercana al 45% refleja una respuesta favorable del mercado a la propuesta oficial, aunque también evidencia que una parte importante de los tenedores optó por mantener la letra original hasta su vencimiento. Para el Gobierno, el resultado permite continuar mejorando el perfil temporal de la deuda pública y reducir presiones sobre el cronograma financiero, uno de los pilares de la estrategia de consolidación fiscal y estabilidad macroeconómica.

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Licitación de baterías de almacenamiento: se recibieron 235 proyectos por más de 10 veces la potencia licitada

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El Gobierno Nacional informó que la licitación de baterías de almacenamiento de energía recibió 235 proyectos y superó, en más de diez veces, la potencia inicial licitada.

El proyecto inicial preveía la licitación de 700 megavatios (MW) a través de Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima (CAMMESA) bajo la órbita de la Secretaría de Energía.

El ministro de Economía, Luis Caputo, sostuvo que la misma resultó “un éxito absoluto“, donde los proyectos ascendieron hasta los 8.335 MW (+1.090%), diez veces mayor a la oferta inicial. Se cubrieron todas las regiones del país donde se podía licitar.

Estas radicaban en nodos críticos del Noroeste y Noreste argentino, Centro, Litoral, Cuyo y Buenos Aires (excluyendo el AMBA).

“Esta iniciativa, junto con otra similar realizada en el AMBA el año pasado, mejora la confiabilidad de la red y da respuesta a los picos de consumo, sobre todo en el verano“, sostuvo el funcionario en sus redes.

El 16 de junio se publicarán los resultados de las propuestas presentas por las 37 empresas nacionales e internacionales. El 24 de ese mismo mes se realizará la apertura de las ofertas económicas.

La licitación se había lanzado a comienzos de marzo para sumar almacenamiento eléctrico en puntos críticos del país, con el objetivo de robustecer el sistema y reducir los cortes de luz.

La medida se apoyó en el antecedente de Almacenamiento en Gran Buenos Aires (ALMA-GBA), donde el Ejecutivo adjudicó 713 MW de almacenamiento en nodos críticos del AMBA, superando en más del 40% el objetivo inicial, con una inversión estimada superior a US$540 millones.

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El Gobierno activa un canje de deuda en dólares y busca estirar vencimientos a días del cierre de abril

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El Ministerio de Economía puso en marcha una jugada de corto plazo sobre el frente financiero: autorizó el canje de la “Letra del Tesoro Nacional vinculada al dólar estadounidense cero cupón con vencimiento 30 de abril de 2026” por un bono similar con vencimiento el 30 de junio de 2026. La operación, formalizada el 20 de abril mediante la Resolución Conjunta 22/2026, se ejecutará el 21 de abril con liquidación el 24. El dato es preciso y político a la vez: el Gobierno busca correr un vencimiento inminente en moneda vinculada al dólar sin emitir nuevo flujo de pesos. ¿Es una señal de control sobre la deuda en pesos o una necesidad de oxígeno financiero en el corto plazo?

Ingeniería financiera bajo marco legal flexible

El canje se apoya en el artículo 45 del Presupuesto 2026, que habilita la emisión de Letras del Tesoro dentro del mismo ejercicio, y en el esquema introducido por el decreto 331/2022 —modificado por el decreto 846/2024— que permite suscribir deuda con otros instrumentos públicos, independientemente de la moneda.

Ese punto no es menor: la operación se estructura como una “suscripción en especie”. Los tenedores de la letra (LELINK D30A6) entregan ese título y reciben a cambio el “Bono del Tesoro Nacional vinculado al dólar estadounidense cero cupón con vencimiento 30 de junio de 2026” (TZV26). No hay desembolso directo de fondos, sino una reconfiguración de pasivos.

El procedimiento será competitivo, con ofertas en dólares por cada valor nominal de USD 1.000. El precio de la letra a canjear se definirá el mismo día de la licitación. La arquitectura incluye además mecanismos de penalización en caso de incumplimiento, con débitos en pesos según el tipo de cambio de referencia del Banco Central.

Un movimiento para descomprimir el calendario inmediato

El objetivo explícito es claro: diferir un vencimiento concentrado a fin de mes. La letra involucrada fue emitida en septiembre de 2025 y forma parte del esquema de instrumentos dólar linked que el Tesoro viene utilizando para captar financiamiento en pesos ajustado al tipo de cambio.

Al extender el plazo dos meses —del 30 de abril al 30 de junio— el Gobierno gana tiempo en el programa financiero 2026 sin alterar la lógica del instrumento. Se mantiene la indexación al dólar, se evita un pago inmediato y se preserva la posibilidad de seguir administrando vencimientos con herramientas similares.

El diseño también busca sostener la participación del mercado. La operación es voluntaria, pero la estructura técnica —incluyendo la continuidad en el tipo de activo— apunta a facilitar la adhesión de los tenedores actuales.

Impacto y señales al mercado

En términos políticos y económicos, la medida refuerza la estrategia de administración activa de la deuda en pesos. El Gobierno no introduce un instrumento nuevo ni modifica condiciones estructurales, pero interviene sobre los tiempos, que en contextos de alta concentración de vencimientos se vuelven un factor crítico.

El uso de instrumentos dólar linked sigue siendo central. Permite ofrecer cobertura cambiaria sin recurrir directamente a deuda en moneda extranjera. Sin embargo, también mantiene latente la exposición a la dinámica del tipo de cambio.

La coordinación entre la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Hacienda, como órgano conjunto del sistema de administración financiera, muestra además un manejo centralizado de estas decisiones. La operación no pasa por el Congreso: se inscribe dentro de las facultades delegadas en el Presupuesto y en los decretos vigentes.

Un tablero que se mueve en plazos cortos

El foco inmediato estará en el nivel de adhesión que logre la licitación del 21 de abril. Ese dato marcará si el Gobierno logra descomprimir completamente el vencimiento o si deberá complementar con nuevas herramientas.

También será clave observar cómo evoluciona el uso de estos canjes en el resto del año. Si se consolidan como mecanismo recurrente, podrían convertirse en una pieza estructural de la estrategia financiera.

Por ahora, la señal es de gestión activa del corto plazo. El Gobierno gana tiempo, ordena el calendario y evita tensiones inmediatas. Lo que queda abierto es si ese margen se traducirá en mayor estabilidad o si anticipa nuevas intervenciones en un esquema que sigue dependiendo de la renovación constante de deuda.

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Deuda: el Gobierno capta $9,92 billones y reordena vencimientos en una licitación clave del Tesoro

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El Gobierno nacional logró adjudicar $9,92 billones en la última licitación de deuda del Tesoro realizada el 15 de abril, en una operación que combinó emisión de nuevos instrumentos, reaperturas y un canje de títulos para extender vencimientos. La decisión, instrumentada bajo las Resoluciones Conjunta 20/2026 y 21/2026, no solo buscó captar liquidez sino también reconfigurar el perfil de deuda en un contexto donde el manejo de los plazos se vuelve tan relevante como el volumen colocado.

El dato central es doble: por un lado, la demanda superó los $11,80 billones en instrumentos en pesos y dólar linked, lo que permitió seleccionar ofertas por debajo del total ofertado; por otro, el Tesoro avanzó con una conversión significativa de títulos con vencimientos en 2026 y 2027 hacia papeles más largos. En paralelo, se adjudicaron USD 295,57 millones en bonos en dólares, con una segunda vuelta prevista para el 16 de abril.

La señal es clara: el equipo económico busca sostener el financiamiento en el mercado local mientras descomprime vencimientos inmediatos. Pero el equilibrio no es lineal. Economía le sacó liquidez al mercado, al absorber más pesos de los que necesitaba para el próximo viernes (cuando se realice la liquidación). Esto se enmarca en la necesidad de “sacar todos los pesos de la calle hasta que colapse el índice de inflación”, tal como anunció el presidente Javier Milei durante su paso por el Summit 2026 de AmCham (Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina).

Financiamiento y tasas: entre la liquidez y el costo

La licitación mostró un menú amplio de instrumentos, con fuerte concentración en pesos. La nueva letra capitalizable a agosto de 2026 absorbió $4,44 billones con una tasa efectiva mensual de 2,00% (TIREA 26,82%), mientras que los bonos ajustados por CER y los atados a tasa TAMAR también captaron volumen relevante.

Los instrumentos a tasa variable (TAMAR) marcaron rendimientos elevados, con TIREA superiores al 33%, lo que expone el costo implícito de sostener la demanda en un contexto de tasas reales positivas. A la vez, los bonos CER a 2028 y 2029 consolidan la estrategia de indexación como ancla para los inversores.

En el tramo dólar linked, el Tesoro adjudicó la totalidad de las ofertas (USD 458 millones), reflejando interés por cobertura cambiaria aun con precios por debajo de la par (USD 835,50 por cada 1.000).

En el segmento en dólares, la licitación de BONAR 2027 y 2028 mostró un recorte significativo vía prorrateo: se adjudicaron USD 296 millones sobre USD 741 millones ofertados. La decisión de limitar la colocación sugiere una administración selectiva del endeudamiento en moneda dura.

Conversión de deuda: patear vencimientos sin ruido

El otro eje de la operación fue la conversión de títulos próximos a vencer. Con 133 ofertas recibidas, el Tesoro logró canjear bonos como el TZXD6, TZXM7 y el dual TTS26 por instrumentos con vencimiento en 2028.

El volumen más significativo se concentró en la Opción 1: se adjudicaron $14,42 billones en el BONCER TZXM8, lo que implicó rescatar $4,74 billones del bono con vencimiento en diciembre de 2026. A esto se suman otras conversiones menores y la emisión de un nuevo bono TAMAR a febrero de 2028.

La lógica es explícita: reducir presión en el corto plazo y trasladar compromisos hacia adelante. El marco legal que habilita estas operaciones —especialmente el decreto 846/2024— permite incluso suscripciones en especie, lo que amplía el margen operativo del Tesoro.

Respaldo del mercado, pero a un precio

El resultado exhibe un dato político clave: el Gobierno mantiene acceso al financiamiento en el mercado doméstico, con un nivel de ofertas que supera ampliamente lo adjudicado. Esa relación sugiere confianza relativa de los inversores en la continuidad del programa financiero.

Sin embargo, ese respaldo no es gratuito. Las tasas elevadas en instrumentos variables y la indexación creciente implican compromisos futuros más exigentes. El Tesoro consigue rollover y financiamiento adicional, pero consolida una estructura de deuda sensible a tasas e inflación.

Al mismo tiempo, la decisión de acotar la colocación en dólares marca un límite: el endeudamiento en moneda extranjera sigue siendo administrado con cautela, probablemente para evitar señales de vulnerabilidad externa.

Un equilibrio en construcción

La operación del 15 de abril combina tres movimientos simultáneos: captar pesos, ofrecer cobertura (CER y dólar linked) y estirar vencimientos. Es una arquitectura que busca estabilidad en el corto plazo sin resignar margen de maniobra.

La próxima señal será la segunda vuelta de la licitación en dólares y, más importante aún, la capacidad de sostener este nivel de demanda en futuras colocaciones. El calendario de vencimientos no se detiene y el costo financiero empieza a acumularse.

En ese contexto, el interrogante no es solo si el Tesoro logra financiarse, sino a qué precio y con qué composición de riesgo hacia adelante.

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El Gobierno avanza con la licitación de la Hidrovía y deja en carrera a dos firmas

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El Gobierno nacional formalizó el avance de la licitación para la privatización de la Hidrovía al aprobar la evaluación técnica inicial y dejar en competencia a solo dos empresas internacionales: Jan de Nul y DEME. La decisión se oficializó tras el análisis del Sobre 1 y marca el inicio de la etapa clave del proceso, en un contexto atravesado por cuestionamientos sobre la transparencia y el diseño de los pliegos.

La definición ocurre en un momento sensible: la Hidrovía concentra cerca del 80% de las exportaciones de granos del país, lo que la convierte en un activo central para la economía argentina y en un foco de disputa política y empresarial.

Marco institucional: una licitación con reglas bajo la lupa

Según el acta oficial, la Comisión Evaluadora consideró que ambas compañías cumplieron con los requisitos técnicos, operativos y financieros exigidos. En paralelo, otras firmas quedaron fuera del proceso, con la posibilidad de impugnar la decisión en un plazo de siete días.

El procedimiento continúa con la apertura del Sobre 2, donde se evaluará el plan de trabajo de los oferentes. Esa instancia definirá aspectos clave como la ejecución del dragado, el balizamiento y los servicios asociados.

Sin embargo, el diseño del pliego aparece como uno de los puntos más sensibles. De acuerdo con la información disponible, las condiciones técnicas habrían dejado fuera a competidores considerados más agresivos en términos de oferta, lo que condicionó el universo de participantes desde el inicio.

Menos oferentes y mayor concentración del proceso

El resultado de esta primera etapa reduce la competencia a dos actores internacionales con experiencia en el sector. Ambas compañías ya operan en el mercado global del dragado y la infraestructura portuaria.

El esquema licitatorio contempla una concesión integral que incluye múltiples servicios, lo que amplía el alcance del negocio y eleva su complejidad técnica. A su vez, el pliego habilita la participación de socios o subcontratistas, un punto que adquiere relevancia en la lectura política del proceso.

Actores locales y redes de influencia

Más allá del resultado formal, el foco se desplaza hacia los posibles beneficiarios indirectos de la adjudicación. En ese entramado aparecen nombres vinculados al empresariado local y a la política nacional.

Entre ellos, el Grupo Neuss y el expresidente Mauricio Macri, asociados a esquemas de negocios en infraestructura y energía. También se menciona al Grupo Román —rebautizado como CSM— como actor con inserción local que podría operar como socio en el esquema.

En paralelo, los vínculos empresariales con Santiago Caputo, asesor cercano al gobierno, agregan un componente político adicional a la licitación.

La dinámica sugiere que, más allá de la competencia entre firmas internacionales, el verdadero foco de poder podría estar en la estructura de alianzas locales que se configure tras la adjudicación.

Una concesión clave para exportaciones

La Hidrovía es el principal canal logístico del comercio exterior argentino. Su operación impacta directamente en costos de transporte, competitividad exportadora y flujo de divisas.

El modelo de concesión que surja de esta licitación definirá condiciones estructurales para sectores como el agroindustrial, donde los costos logísticos son determinantes. También influirá en la inversión en infraestructura y en la eficiencia del sistema portuario.

Implicancias para el NEA y Misiones

Aunque la licitación se centra en el corredor troncal, su impacto se proyecta sobre toda la red fluvial. Para provincias del NEA como Misiones, la Hidrovía funciona como vía indirecta de conexión con mercados internacionales.

Cualquier cambio en tarifas, servicios o condiciones operativas puede repercutir en la competitividad regional, especialmente en economías que dependen del transporte fluvial y de la integración logística.

Definiciones pendientes y variables críticas

El proceso entra ahora en una etapa donde se evaluarán los planes técnicos, pero las variables políticas siguen abiertas. La posibilidad de asociaciones posteriores, la estructura de subcontratación y la resolución final del Ejecutivo serán determinantes.

También quedará bajo observación la eventual judicialización del proceso por parte de oferentes excluidos y la reacción de actores económicos vinculados a la exportación.

En un negocio de alta sensibilidad estratégica, la licitación de la Hidrovía avanza formalmente, pero el desenlace real todavía se juega fuera del expediente.

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