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La ANPyN extiende la rebaja del 16,7% en el peaje del Canal Martín García

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La Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) dispuso una nueva bonificación del 16,7% en la tarifa de peaje para los buques que utilicen el Canal Martín García, aplicable al tramo comprendido entre las secciones 0.0 y 1.2 de la Vía Navegable Troncal. La medida fue formalizada mediante la Resolución 1/2026, publicada el 8 de enero de 2026, con efecto retroactivo al 4 de enero y una vigencia de 30 días corridos, en continuidad con las rebajas ya otorgadas en noviembre y diciembre de 2025. El objetivo es sostener las condiciones de navegabilidad, ordenar el tráfico y acompañar el proceso de reorganización institucional del sistema portuario y de vías navegables.

Continuidad operativa en la Vía Navegable Troncal

La decisión se inscribe en un esquema de administración transitoria de la Vía Navegable Troncal, cuya concesión para el mantenimiento del sistema de señalización, dragado, redragado y control hidrológico fue otorgada en 2021 a la Administración General de Puertos Sociedad del Estado por el Decreto 427/2021. Posteriormente, el Decreto 699/2024 declaró servicio público a las actividades vinculadas al dragado, balizamiento y señalización de las vías navegables de jurisdicción nacional.

En agosto de 2024, el Decreto 709/2024 delegó en la entonces Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables la facultad de llamar y adjudicar la licitación pública nacional e internacional para la modernización y operación del sistema, bajo el régimen de concesión previsto en la Ley 17.520. En ese marco, se dispuso una revisión integral del contrato de concesión firmado el 2 de septiembre de 2021, aprobada luego por las Disposiciones 24 y 28 de octubre de 2024.

Con la creación de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación mediante el DNU 3/2025, el Estado reordenó el esquema institucional: la ANPyN pasó a ser la continuadora jurídica de la ex Subsecretaría y asumió las funciones de autoridad de aplicación y control del contrato de la Vía Navegable Troncal, mientras se dispuso la disolución y liquidación de la AGP S.A.U.

La bonificación del Canal Martín García: alcance y fundamentos

En ese contexto operativo y regulatorio, la ANPyN había resuelto en noviembre de 2025 una bonificación temporaria del 16,7% en el peaje del Canal Martín García, por 30 días desde el 5 de noviembre, medida que fue renovada en diciembre por un período idéntico. La Resolución 1/2026 extiende nuevamente el beneficio, con carácter retroactivo desde el 4 de enero de 2026, y por 30 días corridos desde su entrada en vigencia.

El descuento aplica en ambos sentidos del trayecto comprendido entre las secciones 0.0 a 1.2 del contrato de concesión y alcanza a todos los buques que utilicen el Canal Martín García. La decisión apunta a mantener la competitividad del corredor, facilitar el ordenamiento del tráfico en el Río de la Plata y acompañar las tareas de mantenimiento de la navegabilidad en un período de transición institucional.

Impacto económico

La reiteración de la bonificación tiene efectos directos sobre los costos logísticos de los usuarios del sistema fluvial, en un corredor clave para el comercio exterior y el transporte regional. En términos institucionales, la medida refuerza el rol de la ANPyN como autoridad rectora del sistema, al tiempo que garantiza continuidad operativa mientras avanzan los procesos licitatorios y de reorganización previstos por los decretos vigentes.

En el corto plazo, el esquema de rebajas temporarias sugiere una estrategia de gestión activa del peaje para sostener el flujo de tránsito y evitar distorsiones en la elección de rutas. Hacia adelante, el impacto dependerá de la definición del nuevo contrato de concesión y de las condiciones económicas que establezca la futura licitación para la Vía Navegable Troncal.

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Red Federal de Concesiones: rutas clave del Mercosur pasan a manos privadas sin subsidios

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En la antesala de un vencimiento de deuda relevante, el Gobierno nacional formalizó la firma de los contratos que habilitan la concesión, explotación y mantenimiento de 741 kilómetros de rutas estratégicas del Mercosur. Se trata de los primeros tramos de la Etapa I de la Red Federal de Concesiones, un esquema sin subsidios públicos y financiado con peajes, que busca trasladar la gestión vial al sector privado, pero que ya genera cuestionamientos por el impacto en los usuarios, el estado de la infraestructura y la ausencia de compromisos de obras de ampliación.

La medida quedó oficializada a tres días de un vencimiento clave de deuda, en un contexto fiscal restrictivo y de fuerte ajuste del gasto público. A partir del 7 de enero, las empresas adjudicatarias asumirán la operación de corredores centrales para el transporte de cargas y pasajeros, en una decisión con implicancias económicas, logísticas e institucionales.

Rutas estratégicas del Mercosur y un cambio de modelo de gestión

Las concesiones alcanzan a 741 kilómetros de rutas nacionales, correspondientes al Tramo Oriental y al Tramo Conexión, los primeros segmentos de la Etapa I de la Red Federal de Concesiones (RFC). En el caso del Tramo Oriental, la empresa Autovía Construcciones y Servicios S.A. asumirá la explotación de la red, que pasará a denominarse Autovía del Mercosur. En tanto, el Tramo Conexión, rebautizado Conexión Alto Delta, quedará a cargo de una Unión Transitoria de Empresas (UTE) integrada por Obring S.A., Rovial S.A., Edeca S.A., Pitón S.A. y Pietroboni S.A.

El Tramo Oriental incluye rutas nacionales clave como la RN 12, RN 14, RN 135, RN A015 y RN 117, atravesando las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos y Corrientes. Este corredor constituye una pieza central del Mercosur terrestre, al articular la logística regional y el comercio con Brasil y Uruguay mediante pasos fronterizos estratégicos como Colón–Paysandú, Concordia–Salto Grande y Paso de los Libres–Uruguaiana.

Por su parte, el Tramo Conexión comprende el Puente Rosario–Victoria (RN 174), un enlace vital entre Entre Ríos y Santa Fe, que refuerza el flujo comercial hacia el Gran Rosario, uno de los principales nodos productivos y portuarios del país.

Desde el Ejecutivo, la designación de estas concesiones es presentada como un hito en la política vial, con el objetivo de incorporar más de 9.000 kilómetros de rutas nacionales en etapas sucesivas bajo el esquema de la RFC, desplazando la administración directa del Estado y promoviendo la inversión privada en infraestructura.

Concesiones sin subsidios, peajes y supervisión estatal

Según el comunicado oficial, el nuevo modelo funcionará sin subsidios del sector público, a diferencia del esquema anterior, que requería aportes estatales aun sin garantizar mejoras sustantivas para los usuarios. Los contratos otorgan a las concesionarias la gestión integral de las rutas, que incluye operación, mantenimiento, servicios al usuario y posibles explotaciones complementarias.

El financiamiento de estas obligaciones se realizará a través de un sistema de peajes, que será la principal fuente de ingresos para las empresas. En ese marco, el ministro Luis Caputo celebró públicamente el anuncio de la Etapa I de las concesiones viales, destacando el avance del esquema en línea con el objetivo de equilibrio fiscal.

La Dirección Nacional de Vialidad (DNV) será el organismo responsable de la supervisión de los contratos, con la tarea de evaluar resultados y exigir condiciones que garanticen la seguridad y transitabilidad de los corredores. Al frente de la DNV se encuentra el ingeniero Marcelo Jorge Campoy, quien ya había ocupado el cargo en 1999 durante el gobierno de Menem y regresó a la conducción del organismo en julio de 2024, tras la renuncia de Raúl Bertola.

Críticas, reclamos provinciales y la denuncia de un “Club del Peaje”

Pese a los objetivos oficiales, la iniciativa no estuvo exenta de cuestionamientos. Gobernadores de distintas provincias expresaron públicamente su preocupación por el estado de las rutas nacionales. A mediados de 2025, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, llegó incluso a recomendar a los conductores utilizar rutas provinciales en lugar de nacionales, al describir el estado de estas últimas como “catastrófico”.

Desde el Gobierno nacional, los recortes en mantenimiento se inscriben en el plan de Déficit Cero, aun cuando, según distintos actores, esas decisiones impactan negativamente sobre la productividad y los costos logísticos del país.

En ese contexto, el presidente del Comité Nacional del Usuario Vial (Conaduv), Ricardo Lasca, denunció que el sistema de licitaciones viales deriva en tarifas de peaje elevadas, sin compromisos claros de obras de ampliación o mejoras estructurales. Según advirtió, las concesiones se limitarían a tareas básicas como corte de pasto y bacheo, una crítica publicada por el sitio Construar.

Lasca calificó el esquema como un “Club del Peaje”, al sostener que no ofrece beneficios concretos ni contraprestaciones reales para los usuarios y que funciona como una “caja fácil” para empresas vinculadas al poder. En una entrevista concedida el 05/01 al medio Realpolitik, afirmó: “Quiero aclarar que hubo aumentos de tarifas, no de peajes, sino que es un impuesto al tránsito, también en Córdoba y en Santa Fe. Va a haber a nivel nacional con las nuevas concesiones del presidente Milei”.

Licitación, antecedentes y expectativas oficiales

La puesta en marcha de los tramos concesionados es el resultado de un proceso de licitación pública nacional e internacional, que atrajo a múltiples oferentes y fue lanzado en 2025 mediante la Resolución 29/2025 de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía, publicada en el Boletín Oficial.

Desde el Ejecutivo sostienen que la adjudicación y el manejo profesionalizado de los corredores podrían incrementar la eficiencia del transporte terrestre, reducir tiempos de traslado y bajar costos logísticos para la circulación de cargas y pasajeros. Al mismo tiempo, el Gobierno apuesta a que la integración de estas rutas fortalezca la competitividad regional y la conectividad internacional.

Sin embargo, el debate permanece abierto. A pocos días de un vencimiento financiero relevante, la decisión de avanzar con concesiones sin subsidios y con peajes como principal fuente de financiamiento vuelve a poner en discusión el equilibrio entre ajuste fiscal, calidad de los servicios públicos y el impacto directo sobre los usuarios y la producción.

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Puertos prorrogó hasta fin de año la bonificación del peaje en la Vía Navegable Troncal Santa Fe–Confluencia

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La Administración General de Puertos S.A.U. (en liquidación) prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2025 la bonificación tarifaria aplicada al peaje del tramo Puerto de Santa Fe–Confluencia (Sección II) de la Vía Navegable Troncal. La medida, formalizada mediante la Resolución 145/2025, mantiene la tarifa para el transporte internacional en USD 1,25 por tonelada de registro neto (TRN) y se inscribe en un esquema de gradualidad mientras persiste el proceso de transición institucional y no se completan los estudios técnicos sobre la razonabilidad del cuadro tarifario.

Un peaje en revisión y un esquema de gradualidad prolongado

La decisión se apoya en una extensa secuencia normativa iniciada con la Resolución 625/2022 del entonces Ministerio de Transporte, que había fijado el peaje del tramo Santa Fe–Confluencia en USD 1,47 por TRN para el transporte internacional y $1,47 por TRN para el cabotaje, condicionado a la instancia de participación ciudadana. Sin embargo, tras esa etapa se presentaron acciones judiciales y reclamos de entidades representativas de los usuarios, lo que derivó en la suspensión de la aplicación plena de la tarifa.

En ese contexto, la entonces Administración General de Puertos dispuso en septiembre de 2024 la creación de la Mesa de Trabajo de la VNT – Sección Santa Fe al Norte, en el ámbito del Comité Ejecutivo de la Vía Navegable Troncal, y estableció un esquema de bonificaciones temporales. Ese régimen comenzó con tarifas reducidas de USD 0,80 por TRN para el período comprendido entre el 15 de febrero de 2023 y el 31 de agosto de 2024, y luego de USD 1,20 por TRN entre el 1° de septiembre de 2024 y el 28 de febrero de 2025.

Transición institucional y prórrogas sucesivas

La entrada en vigencia del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 3/2025, que creó la Agencia Nacional de Puertos y Navegación como continuadora jurídica de la AGP S.A.U. y dispuso la disolución y liquidación de esta última, modificó el escenario institucional. Según los considerandos de la Resolución 145/2025, la transición absorbió buena parte de los recursos técnicos y de gestión, lo que impidió la constitución efectiva de la Mesa de Trabajo y la realización de los estudios necesarios para definir el valor tarifario definitivo.

Ante esa situación, la bonificación fue prorrogándose de manera sucesiva mediante las Resoluciones 8/2025, 32/2025, 54/2025, 77/2025, 103/2025 y 127/2025, con ajustes graduales. En particular, desde septiembre de 2025 se fijó una tarifa de USD 1,25 por TRN para el transporte internacional, bajo el argumento de avanzar en una convergencia progresiva hacia el valor pleno sin eliminar abruptamente el beneficio.

La nueva prórroga, vigente del 1° al 31 de diciembre de 2025, mantiene exactamente ese esquema, ratificando el criterio de razonabilidad y gradualidad explicitado por la autoridad portuaria.

Impacto económico y expectativas de los usuarios

La continuidad de la bonificación tiene impacto directo sobre los costos logísticos del transporte fluvial internacional, especialmente para los usuarios del tramo Santa Fe–Confluencia, un segmento clave para las economías regionales vinculadas a la Hidrovía. La decisión evita un salto tarifario inmediato en un contexto de incertidumbre institucional y regulatoria, aunque también prolonga la indefinición sobre el cuadro tarifario definitivo.

Desde el punto de vista institucional, la resolución vuelve a poner en primer plano la necesidad de normalizar la gobernanza del sistema de la Vía Navegable Troncal y avanzar en los estudios técnicos pendientes. Hasta tanto eso ocurra, el esquema de prórrogas mensuales aparece como la herramienta elegida para equilibrar la sostenibilidad del servicio con las demandas de los usuarios.

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Argentina lanzó la Red de Aprendizaje para descarbonizar y modernizar el transporte

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La Red de Aprendizaje para la Gestión Eficiente del Transporte (RdA GET) inició oficialmente el 9 de diciembre, con el objetivo de acompañar a empresas del sector en la reducción de costos operativos, la optimización energética y la transición hacia un sistema de transporte más sostenible. La iniciativa, vinculada al proyecto ProCLIM-AR, marca un hito institucional al articular academia, sector privado y organismos internacionales.

Una nueva plataforma colaborativa para modernizar el transporte argentino

La presentación de la Red de Aprendizaje para la Gestión Eficiente del Transporte (RdA GET) consolidó un espacio inédito en Argentina para impulsar la reconversión operativa y ambiental del transporte de cargas. Uno de los sectores de mayor incidencia en el consumo de energía y las emisiones asociadas. El lanzamiento, realizado el 9 de diciembre, reúne a trece empresas de transporte asociadas a FADEEAC–FPT y FAETYL, que integrarán esta primera edición con una fase de trabajo intensivo de 10 meses.

La iniciativa se enmarca en el proyecto ProCLIM-AR y es liderada por la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), con apoyo de Fundación AVINA y la cooperación técnica de GIZ. También participan organismos del Gobierno nacional, en una articulación que apunta a generar capacidades institucionales para un modelo logístico más eficiente, competitivo y ambientalmente compatible con los compromisos internacionales en materia climática.

La creación de la RdA GET responde a un diagnóstico compartido: la cadena de transporte y logística enfrenta costos crecientes, presiones ambientales, exigencias regulatorias globales. Y una necesidad histórica de actualización tecnológica y de gestión. Mediante talleres periódicos, instancias de acompañamiento técnico y espacios de consulta, la red busca promover soluciones basadas en evidencia, favorecer la innovación operacional y mejorar la toma de decisiones empresariales.

Metodología, actores y objetivos: hacia una logística más competitiva y sostenible

La Red funciona bajo un esquema voluntario, apoyado por especialistas técnicas y moderadoras, que facilitan la construcción colectiva de diagnósticos, el intercambio de buenas prácticas y la evaluación de resultados. El modelo de Red de Aprendizaje ha sido implementado en distintos países para acelerar transiciones productivas complejas. Y en Argentina representa un instrumento estratégico para modernizar la estructura logística.

Las empresas participantes podrán: Analizar consumos energéticos, trazados de rutas y patrones de operación. Identificar oportunidades de ahorro de combustible. Incorporar herramientas de gestión inteligente. Medir su impacto ambiental y mejorar indicadores de desempeño. Producir información comparable entre actores del sector.

El objetivo es avanzar de manera progresiva hacia la descarbonización del transporte. Un eje que ya forma parte de las estrategias empresariales y públicas a nivel global. En ese sentido, la participación de FADEEAC, FAETYL y organismos nacionales configura un ecosistema que permite transformar aprendizajes en políticas y estándares sectoriales más amplios.

Repercusiones e impacto esperado en el sector logístico

La creación de la RdA GET puede generar impactos inmediatos y de mediano plazo. En el plano económico, la eficiencia energética implica reducciones directas en costos operativos —una variable crítica en un contexto de volatilidad de precios y presión sobre la competitividad. En el plano técnico, las empresas incorporarán metodologías de medición y gestión que son crecientemente requeridas en cadenas de valor internacionales.

Desde una perspectiva institucional, la red introduce un mecanismo replicable para otros sectores estratégicos, articulando universidad, sector privado, cooperación internacional y Estado. En el plano ambiental, la iniciativa contribuye a facilitar el cumplimiento de metas de mitigación. En un país donde el transporte es uno de los principales emisores.

La expectativa del sector es que esta primera edición funcione como un laboratorio para desarrollar herramientas escalables. Capaces de integrarse más adelante en programas de certificación, financiamiento verde y estrategias logísticas nacionales.

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El Gobierno aprobó una mega inversión logística en Timbúes bajo el régimen RIGI

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Economía aprobó la adhesión al régimen RIGI del proyecto portuario de Terminal Timbúes por USD 276,9 millones

El Ministerio de Economía oficializó la incorporación de Terminal Timbúes S.A. al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), habilitando un proyecto de USD 276.900.000 para construir una terminal portuaria multipropósito sobre la Vía Navegable Troncal. La medida, publicada el 19 de noviembre de 2025, busca acelerar inversiones estratégicas en infraestructura logística y profundizar la competitividad exportadora.

Un proyecto estratégico en la Vía Navegable Troncal

La Resolución 1842/2025 del Ministerio de Economía aprobó la solicitud de adhesión al RIGI presentada por Terminal Timbúes S.A. (TTSA), en el marco de un Proyecto Único denominado “Proyecto Terminal Multipropósito Timbúes”.

La obra se desarrollará en 186 hectáreas ubicadas en la Comuna de Timbúes, provincia de Santa Fe, sobre el Río Coronda, a la altura de los kilómetros 467,350/468,250 de la Vía Navegable Troncal.

Según la empresa, la inversión total en activos computables asciende a USD 276.900.000, cifra que supera los requisitos mínimos previstos por los artículos 172 y 173 de la Ley 27.742.
Solo la adquisición del terreno —computable al 15%— alcanzó USD 6.200.000, cumpliendo con el límite normativo.

La resolución precisa que la fecha formal de adhesión al RIGI es el 23 de octubre de 2025.

Entre los hitos declarados por la compañía:

  • USD 91.702.446,49 de inversión en el primer año.
  • USD 74.200.000 en el segundo.
  • Total en los dos primeros años: USD 165.902.446,49, superando el 40% mínimo exigido para mantener los beneficios del régimen.

El cronograma de obras fue presentado el 24 de junio de 2025, y la fecha límite para alcanzar la inversión mínima total quedó fijada para el 1° de abril de 2027.

Además, según el plan de desarrollo de proveedores, el 87% del monto destinado a bienes, servicios e infraestructura será cubierto por proveedores locales, muy por encima del piso del 20% que exige la normativa.

Avales institucionales y control regulatorio: CNDC, BCRA y Puertos dieron luz verde

El procedimiento de evaluación del RIGI, regulado por la Ley 27.742 y el Decreto 749/2024, activó múltiples instancias técnicas.

La Agencia Nacional de Puertos y Navegación analizó el proyecto, solicitó información aclaratoria y pidió la intervención de organismos claves.

Competencia y oferta de servicios portuarios

La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) dictaminó que: “la adhesión al RIGI de Terminal Timbúes S.A (…) resultaría en una ampliación de la oferta de servicios portuarios a terceros” y que “una mayor oferta (…) podría redundar en menores costos operativos y así generar una disminución en los precios de los servicios portuarios”.

Por ello, la CNDC no presentó objeciones a la adhesión del proyecto.

Aspectos cambiarios y financiamiento

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) también informó que no posee observaciones, dado que TTSA:

  • No solicitará el beneficio de libre disponibilidad de divisas del artículo 198 de la Ley 27.742.
  • Prevé cubrir la demanda de divisas mediante un préstamo de una empresa vinculada del exterior.

Cláusula arbitral y seguridad jurídica

La Procuración del Tesoro de la Nación confirmó que la cláusula arbitral propuesta por TTSA se ajusta al artículo 221 de la Ley 27.742 y al Decreto 749/2024, consolidando así el marco jurídico de resolución de controversias.

El proyecto fue finalmente elevado al Comité Evaluador de Proyectos RIGI, que en su Acta 12 del 4 de noviembre de 2025 recomendó la aprobación.

Más inversión logística en el corredor agroexportador

El proyecto se enmarca en el sector “Infraestructura” del RIGI y contempla la construcción de tres unidades de gestión logístico-portuaria destinadas a optimizar operaciones de carga, descarga, almacenamiento y despacho.

Se trata de un eslabón estratégico para la logística del corredor agroexportador y para la eficiencia del comercio exterior, al ubicarse en uno de los puntos de mayor flujo de la Hidrovía Paraná–Paraguay.

El Ministerio de Economía remarcó que el régimen apunta a: “favorecer la creación de empleo y generar de inmediato las condiciones de previsibilidad y estabilidad para las grandes inversiones”.

Con la aprobación de la adhesión, el proyecto accede a los beneficios tributarios, aduaneros y cambiarios de la Ley 27.742, y queda bajo control de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, encargada de fiscalizar su cumplimiento.

Finalmente, se instruyó a la Unidad de Coordinación RIGI a inscribir a TTSA en el Registro de Vehículos de Proyecto Único y se dispuso la comunicación de la medida a ARCA y al BCRA para aplicar los incentivos específicos del régimen.

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