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Avanzan con la privatización de rutas nacionales: abren las ofertas económicas de la Etapa III, que incluye a Misiones

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El Gobierno nacional dio un nuevo paso en el proceso de concesión de la infraestructura vial al abrir este miércoles las ofertas económicas de la Etapa III de la Red Federal de Concesiones, un esquema que prevé incorporar capital privado para la operación, mantenimiento y modernización de más de 3.900 kilómetros de rutas nacionales distribuidas en once provincias, entre ellas Misiones.

El anuncio fue realizado por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien destacó que esta etapa forma parte del plan para concesionar más de 9.000 kilómetros de corredores estratégicos, por donde circula cerca del 80% del tránsito nacional. El objetivo oficial es reemplazar el financiamiento estatal de estas obras por inversión privada, bajo un modelo de concesión que busca mejorar la infraestructura vial y reducir los costos logísticos para la producción.

Para Misiones, el proceso adquiere especial relevancia porque la provincia integra dos de los corredores licitados. Por un lado, el Tramo Mesopotámico, que comprende 276 kilómetros sobre las rutas nacionales 12 y 18, y por otro el Tramo Noreste, con 456 kilómetros sobre las rutas nacionales 12 y 105, dos ejes fundamentales para la conectividad provincial y el comercio con Paraguay y Brasil.

La Ruta Nacional 12 constituye el principal corredor logístico de Misiones. Conecta la provincia con Corrientes y el resto del país, además de vincular ciudades estratégicas como Posadas, Jardín América, Eldorado, Puerto Esperanza e Iguazú. La Ruta Nacional 105, en tanto, funciona como uno de los principales accesos al área metropolitana de Posadas y canaliza buena parte del tránsito de cargas provenientes del sur provincial.

La Etapa III también incluye otros seis corredores distribuidos en distintas regiones del país. El Tramo Centro comprende 681 kilómetros sobre las rutas nacionales 9, 19 y 34; el Centro Norte abarca 536 kilómetros de la Ruta Nacional 34; el Noroeste suma 596 kilómetros sobre las rutas 9, 34, 66, 1V66 y A-016; el Litoral comprende 547 kilómetros de las rutas nacionales 12 y 16; el corredor Chaco-Santa Fe cubre 497 kilómetros de la Ruta Nacional 11; mientras que el Tramo Cuyo incorpora 329 kilómetros de la Ruta Nacional 7.

Según explicó Caputo en sus redes sociales, la apertura de las ofertas económicas representa un nuevo avance del proceso licitatorio y permitirá continuar con la evaluación para adjudicar cada uno de los corredores.

“Se realizó la apertura de las ofertas económicas de la Etapa III de la Red Federal de Concesiones, un nuevo avance del proceso licitatorio para concesionar más de 3.900 kilómetros de rutas nacionales mediante inversión 100 % privada”, señaló el ministro.

El funcionario sostuvo además que estos corredores son “fundamentales para la producción, el comercio, el turismo y la integración regional”, al tiempo que reafirmó la estrategia oficial de avanzar hacia un esquema donde el mantenimiento y desarrollo de la red vial quede en manos de operadores privados.

La iniciativa se enmarca en el proceso de transformación del sistema de infraestructura impulsado por el Gobierno nacional, que busca reemplazar el modelo tradicional de obra pública financiada con recursos del Estado por concesiones de largo plazo. En este esquema, las empresas adjudicatarias asumirán las inversiones necesarias para mantener, reparar y ampliar las rutas, recuperando esos desembolsos a través de la explotación de los corredores concesionados.

Para Misiones, donde la competitividad de sectores como la forestoindustria, la yerba mate, el té, el turismo y el comercio internacional depende en gran medida de la calidad de la infraestructura vial, la modernización de estos corredores aparece como un factor clave para reducir tiempos de traslado, mejorar la seguridad y fortalecer la integración logística con el Mercosur. El desafío, sin embargo, será que las futuras concesiones logren equilibrar inversiones, calidad del servicio y costos para los usuarios, en un contexto donde el transporte terrestre continúa siendo uno de los principales motores de la economía regional.

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Santilli y Valdés avanzan en una agenda de infraestructura para Corrientes

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El jefe de Gabinete recibió al gobernador correntino en Casa Rosada para analizar obras estratégicas como los puentes internacionales sobre el río Uruguay, el segundo puente Chaco-Corrientes y mejoras en corredores logísticos clave para el desarrollo del NEA.

La agenda de infraestructura volvió a ocupar un lugar central en la relación entre la Nación y las provincias. En un contexto de restricciones fiscales y fuerte necesidad de inversiones en conectividad, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, recibió en Casa Rosada al gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, para avanzar en proyectos considerados prioritarios para el desarrollo económico y la integración regional del nordeste argentino.

El encuentro permitió repasar la agenda conjunta entre ambas administraciones y analizar los proyectos legislativos impulsados por el Gobierno nacional, pero tuvo como eje principal el impulso a obras de infraestructura que Corrientes considera estratégicas para fortalecer su competitividad y ampliar sus vínculos comerciales con Brasil y Uruguay.

Entre los temas centrales figuró la necesidad de que el Gobierno nacional otorgue el aval para avanzar con dos pasos internacionales sobre el río Uruguay: el puente Alvear-Itaquí, que conectará Corrientes con el estado brasileño de Río Grande do Sul, y el puente Monte Caseros-Bella Unión, destinado a fortalecer la conexión con Uruguay. Ambas iniciativas requieren respaldo nacional para completar las etapas técnicas, administrativas y de financiamiento.

Para Corrientes, estos proyectos representan mucho más que nuevas conexiones viales. La provincia busca consolidar corredores logísticos que reduzcan costos de transporte, faciliten el comercio exterior y generen nuevas oportunidades para las economías regionales, particularmente para los sectores forestal, citrícola, arrocero, ganadero y agroindustrial.

Tras el encuentro, Valdés destacó que el acompañamiento del Gobierno nacional resulta determinante para concretar estas obras y sostuvo que el aval oficial constituye un paso indispensable para transformar los proyectos en infraestructura efectiva que contribuya al crecimiento provincial.

La reunión se inscribe dentro de la estrategia de diálogo que Santilli mantiene con los gobernadores desde su llegada al Ejecutivo nacional y que se profundizó tras asumir la Jefatura de Gabinete. La coordinación con las provincias busca, además, construir consensos en torno a iniciativas que el Gobierno necesita impulsar en el Congreso.

La infraestructura vial también ocupó un lugar destacado durante la reunión. El gobernador reiteró la necesidad de resolver el mantenimiento del corredor Belgrano, especialmente en el tramo urbano de la avenida 3 de Abril, considerado uno de los principales accesos a la ciudad de Corrientes y un punto crítico para el tránsito regional.

Según explicó el mandatario provincial, la situación actual requiere definir responsabilidades institucionales para garantizar el mantenimiento de una vía por la que circula buena parte del transporte de cargas y pasajeros que conecta la capital correntina con el resto del NEA.

Otro de los proyectos analizados fue la construcción del segundo puente Chaco-Corrientes, una obra largamente reclamada por ambas provincias para descomprimir el tránsito del puente General Belgrano y mejorar la conectividad regional. La iniciativa también forma parte de la estrategia logística para fortalecer el corredor bioceánico y facilitar el movimiento de mercancías hacia los principales puertos del país.

Valdés adelantó que su agenda en Buenos Aires también contempla reuniones con el ministro de Economía, Luis Caputo, y otros funcionarios nacionales para avanzar en distintos proyectos de infraestructura considerados prioritarios para la provincia.

Más allá de las definiciones políticas, la reunión refleja uno de los principales desafíos del desarrollo del norte argentino: transformar la infraestructura en una herramienta de competitividad. Para una región con fuerte perfil exportador, mejorar la conectividad significa reducir costos logísticos, atraer inversiones, ampliar mercados y fortalecer la integración con los países vecinos. En ese escenario, la coordinación entre Nación y provincias aparece como un factor determinante para convertir proyectos históricos en obras concretas capaces de impulsar el crecimiento del NEA..

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El Gobierno evalúa reactivar el Tren Norpatagónico para potenciar Vaca Muerta y reducir costos logísticos

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La recuperación de la infraestructura ferroviaria vuelve a ganar espacio en la agenda económica nacional. Después de años de paralización, el Gobierno nacional analiza reactivar el proyecto del Tren Norpatagónico, una obra estratégica para acompañar el crecimiento de Vaca Muerta mediante un corredor logístico capaz de reducir costos, mejorar la eficiencia del transporte de cargas y aliviar la presión sobre las rutas patagónicas.

La iniciativa, actualmente en estado de suspensión, busca transformar la conexión ferroviaria entre Bahía Blanca y Añelo, el principal centro operativo de la formación de hidrocarburos no convencionales más importante del país. El proyecto contempla intervenir un total de 665 kilómetros de infraestructura ferroviaria y demandaría un plazo estimado de ejecución de cuatro años.

El avance de Vaca Muerta modificó la escala de las necesidades logísticas de la industria energética. El incremento sostenido de la producción de petróleo y gas exige transportar cada vez mayores volúmenes de arena para fractura, tubos, maquinaria pesada, insumos industriales y combustibles, una tarea que hoy depende casi exclusivamente del transporte por camión.

La propuesta apunta precisamente a diversificar esa logística mediante un sistema ferroviario de cargas con mayor capacidad y menores costos operativos, mejorando además la previsibilidad del abastecimiento para una actividad que se convirtió en uno de los principales motores de generación de divisas del país.

Según la documentación técnica evaluada por el Gobierno, el proyecto prevé el mejoramiento de 374 kilómetros de vías existentes sobre el corredor que une Bahía Blanca con Río Negro y Neuquén. A ello se suma la renovación integral de otros 208 kilómetros correspondientes a los sectores más deteriorados del histórico ramal ferroviario.

La intervención también incorpora uno de los componentes más relevantes desde el punto de vista estratégico: la construcción de 83 kilómetros de vías completamente nuevas entre Contraalmirante Cordero y Añelo. Ese desvío permitirá conectar directamente con el corazón operativo de Vaca Muerta, evitando atravesar áreas urbanas y optimizando la circulación de trenes de carga.

En conjunto, las obras permitirían recuperar un corredor ferroviario pensado para responder a las exigencias de una industria energética en plena expansión. La posibilidad de transportar mayores volúmenes mediante ferrocarril reduciría significativamente la circulación de camiones, disminuyendo costos logísticos, tiempos de traslado, consumo de combustible y desgaste de la infraestructura vial.

El impacto potencial trasciende al sector energético. Bahía Blanca constituye uno de los principales nodos portuarios del país y la consolidación de un corredor ferroviario eficiente fortalecería la salida de la producción hacia los mercados internacionales, mejorando la competitividad exportadora de Vaca Muerta.

En un contexto en el que la energía se perfila como uno de los grandes generadores de dólares para la economía argentina, la logística aparece como un factor decisivo para sostener el crecimiento. Distintos informes económicos coinciden en que la expansión de la producción requiere inversiones complementarias en oleoductos, gasoductos, infraestructura portuaria y sistemas ferroviarios capaces de acompañar el aumento de la actividad.

La eventual reactivación del Tren Norpatagónico se inscribe precisamente en esa lógica: convertir la infraestructura en una herramienta para reducir costos estructurales y aumentar la productividad de toda la cadena energética.

Más allá del beneficio directo para Vaca Muerta, el proyecto también abre una oportunidad para recuperar un activo ferroviario largamente relegado. La modernización del corredor permitiría fortalecer el transporte de cargas en una región con creciente actividad económica, generando condiciones para futuras inversiones industriales y mejorando la integración logística entre el interior productivo y los principales puertos del país.

El desafío ahora pasa por transformar la evaluación técnica en una decisión de inversión. Si finalmente se reactiva, el Tren Norpatagónico podría convertirse en una de las obras de infraestructura más relevantes para acompañar la próxima etapa de crecimiento de Vaca Muerta, consolidando un esquema logístico más eficiente y competitivo para una actividad que hoy ocupa un lugar central en la estrategia económica argentina.

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Fin del pago a cuenta en rutas: ATM señala que el 95% de los transportistas pasará los controles en menos de dos minutos

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La suspensión del cobro anticipado del Impuesto sobre los Ingresos Brutos en los puestos de control fiscal de Misiones comenzó a regir este miércoles y ya muestra un cambio visible: donde antes había largas filas de camiones, ahora el tránsito fluye con controles exclusivamente documentales.

En una entrevista con Open 101.7, el subdirector de la Agencia Tributaria Misiones (ATM), Gabriel Petta, explicó cómo funcionará el nuevo esquema, que estará vigente en forma de prueba hasta el 30 de junio de 2027 y representa uno de los cambios tributarios más importantes de los últimos años en la provincia.

“La diferencia es que ahora el paso está totalmente dinamizado”, resumió el funcionario, al describir el nuevo funcionamiento de los puestos fiscales.

Según precisó Petta, de un universo cercano a 17.600 contribuyentes que durante 2025 estaban alcanzados por el régimen, alrededor de 16.800 -el 95%- quedan excluidos del pago a cuenta.

En esos casos, las empresas únicamente deberán presentar el Formulario 341 de carácter informativo antes de llegar al puesto de control. Una vez escaneado el documento y verificada la carga transportada con la documentación, el camión continúa su recorrido.

“Si coincide todo, el paso demora menos de dos minutos”, explicó.

El 5% restante corresponde a unos 800 grandes contribuyentes. Sin embargo, la mayoría de ellos tampoco deberá detenerse para realizar pagos, ya que opera mediante un sistema de pago global mensual previamente informatizado. Solo casos puntuales continuarán abonando el anticipo cuando corresponda.

Los puestos seguirán funcionando

Petta aclaró que la eliminación del cobro no implica la desaparición de los controles fiscales. Los puestos continuarán verificando la documentación respaldatoria del transporte de mercaderías, en línea con la normativa vigente de ARCA.

“Es exactamente igual que ocurre en Entre Ríos, Buenos Aires o cualquier otra provincia. Se controla la documentación, la factura y el Formulario 341. Ya no hay discusión por el pago ni demoras administrativas”, explicó.

La informatización del sistema permitió reducir considerablemente los tiempos de permanencia de los transportistas en los controles.

“Toda la operatoria está mucho más dinámica. Hace dos horas que estoy en un puesto y me estoy aburriendo de lo rápido que circulan los camiones. Hace un par de años había filas de hasta dos kilómetros”, graficó.

Consultado sobre el efecto económico de la medida, el subdirector de la ATM evitó hacer pronósticos categóricos, aunque reconoció que el objetivo es favorecer una mayor competencia entre proveedores.

“Mi mayor deseo es que esto repercuta en góndolas y en precios“, señaló Petta.

El funcionario explicó que numerosos proveedores evitaban operar con Misiones debido a las complicaciones administrativas que implicaba el pago anticipado del tributo.

“Había muchos proveedores que directamente no querían vender en Misiones por este inconveniente. Hoy esa excusa se termina. Al haber más competencia y más oferta, eso puede generar alguna consecuencia sobre los precios. Ojalá sea así”, sostuvo.

La suspensión del pago a cuenta fue anunciada semanas atrás por el gobernador Hugo Passalacqua y reglamentada mediante la Resolución General Nº 09/2026 de la Agencia Tributaria Misiones.

La medida pone fin, al menos por un año, a un mecanismo vigente desde 2007, conocido popularmente como la “aduana paralela”, que obligaba a anticipar parte del Impuesto sobre los Ingresos Brutos al ingresar mercaderías a la provincia.

Con el nuevo esquema, Misiones mantiene los controles fiscales sobre la circulación de bienes, pero elimina el componente recaudatorio anticipado para la inmensa mayoría de los contribuyentes, apostando a una mayor fluidez logística y a mejorar la competitividad del comercio provincial.

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Impuesto a los combustibles: el Gobierno autoriza un aumento parcial de $22 por litro de nafta y $31 por litro de gasoil

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La política de actualización gradual de los impuestos sobre los combustibles suma un nuevo capítulo. Mediante el Decreto 562/2026, el Gobierno nacional modificó el cronograma previsto para la actualización de los tributos que gravan la nafta y el gasoil, manteniendo la estrategia de diferir parte de la carga fiscal para reducir el impacto inmediato sobre los precios en surtidor.

La medida posterga nuevamente una parte de los incrementos acumulados correspondientes a las actualizaciones previstas por la Ley 23.966, que se calculan trimestralmente según la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC). En lugar de trasladar la totalidad del ajuste desde julio, el Ejecutivo resolvió aplicar únicamente una fracción y dejar el resto para el 1 de agosto de 2026.

Para el entramado productivo, la decisión tiene una lectura que va más allá del surtidor. El combustible representa uno de los principales costos transversales de la economía argentina: impacta sobre el transporte de cargas, la logística de exportación, la producción agropecuaria, la industria y el comercio.

En provincias como Misiones, donde buena parte de la actividad económica depende del transporte terrestre de largas distancias, cualquier variación en el precio del gasoil repercute sobre toda la cadena de costos, desde la producción primaria hasta la distribución comercial.

Un incremento parcial para contener el traslado a precios

El decreto establece que durante todo julio regirá únicamente una actualización parcial de los impuestos.

Los incrementos fiscales fijados son:

  • Naftas: aumento de $21,192 por litro en el Impuesto sobre los Combustibles Líquidos y $1,298 en el impuesto al dióxido de carbono.
  • Gasoil: incremento de $18,959 por litro en el impuesto específico, $10,266 correspondientes al tratamiento diferencial y $2,161 por dióxido de carbono.

La actualización completa de los remanentes acumulados durante 2024, los primeros dos trimestres de 2025 y parte de 2026 quedó reprogramada para los hechos imponibles que se produzcan desde el 1 de agosto, salvo que el Gobierno vuelva a modificar el cronograma, una práctica que se repitió durante los últimos meses.

Una herramienta para administrar el impacto inflacionario

Aunque los impuestos a los combustibles tienen una actualización prevista por ley, el Poder Ejecutivo viene utilizando decretos para escalonar su aplicación.

La lógica económica detrás de esta decisión responde a dos objetivos simultáneos: Por un lado, evitar que un incremento tributario significativo acelere la inflación mensual mediante un aumento inmediato de los combustibles. Por otro, mantener cierta previsibilidad sobre los costos de transporte para los sectores productivos mientras continúa el proceso de desaceleración inflacionaria.

El propio decreto fundamenta la decisión en la necesidad de “continuar estimulando el crecimiento de la economía a través de un sendero fiscal sostenible”, combinando el objetivo de equilibrio de las cuentas públicas con una implementación gradual de la carga impositiva.

La postergación parcial del impuesto no elimina futuros aumentos, pero sí distribuye su impacto en el tiempo, permitiendo una planificación más gradual de costos operativos.

Para el sector privado, los principales efectos son menor presión inmediata sobre los costos logísticos durante julio. Reducción del impacto inflacionario derivado del precio de los combustibles. Persistencia de incertidumbre respecto del ajuste previsto para agosto. Mayor previsibilidad de corto plazo para industrias, transportistas y cadenas comerciales.

Un alivio transitorio que mantiene pendiente el ajuste fiscal

La estrategia oficial no implica una reducción de impuestos, sino un diferimiento de su aplicación.

Eso significa que la presión tributaria prevista por la legislación permanece vigente, aunque distribuida en distintos momentos para amortiguar sus efectos sobre la inflación y el consumo.

Desde la óptica fiscal, el Estado posterga parte de la recaudación potencial; desde la mirada empresarial, se evita un incremento más pronunciado del costo operativo en un solo mes.

El principal interrogante pasa por agosto. Si el cronograma establecido en el decreto se cumple sin nuevas modificaciones, el mercado enfrentará la aplicación del remanente acumulado de las actualizaciones impositivas. La decisión que adopte el Gobierno dependerá del comportamiento de la inflación, la evolución del precio internacional del petróleo y la estrategia oficial para sostener la desaceleración de los precios sin resignar recursos fiscales.

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