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Fin del pago a cuenta en rutas: ATM señala que el 95% de los transportistas pasará los controles en menos de dos minutos

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La suspensión del cobro anticipado del Impuesto sobre los Ingresos Brutos en los puestos de control fiscal de Misiones comenzó a regir este miércoles y ya muestra un cambio visible: donde antes había largas filas de camiones, ahora el tránsito fluye con controles exclusivamente documentales.

En una entrevista con Open 101.7, el subdirector de la Agencia Tributaria Misiones (ATM), Gabriel Petta, explicó cómo funcionará el nuevo esquema, que estará vigente en forma de prueba hasta el 30 de junio de 2027 y representa uno de los cambios tributarios más importantes de los últimos años en la provincia.

“La diferencia es que ahora el paso está totalmente dinamizado”, resumió el funcionario, al describir el nuevo funcionamiento de los puestos fiscales.

Según precisó Petta, de un universo cercano a 17.600 contribuyentes que durante 2025 estaban alcanzados por el régimen, alrededor de 16.800 -el 95%- quedan excluidos del pago a cuenta.

En esos casos, las empresas únicamente deberán presentar el Formulario 341 de carácter informativo antes de llegar al puesto de control. Una vez escaneado el documento y verificada la carga transportada con la documentación, el camión continúa su recorrido.

“Si coincide todo, el paso demora menos de dos minutos”, explicó.

El 5% restante corresponde a unos 800 grandes contribuyentes. Sin embargo, la mayoría de ellos tampoco deberá detenerse para realizar pagos, ya que opera mediante un sistema de pago global mensual previamente informatizado. Solo casos puntuales continuarán abonando el anticipo cuando corresponda.

Los puestos seguirán funcionando

Petta aclaró que la eliminación del cobro no implica la desaparición de los controles fiscales. Los puestos continuarán verificando la documentación respaldatoria del transporte de mercaderías, en línea con la normativa vigente de ARCA.

“Es exactamente igual que ocurre en Entre Ríos, Buenos Aires o cualquier otra provincia. Se controla la documentación, la factura y el Formulario 341. Ya no hay discusión por el pago ni demoras administrativas”, explicó.

La informatización del sistema permitió reducir considerablemente los tiempos de permanencia de los transportistas en los controles.

“Toda la operatoria está mucho más dinámica. Hace dos horas que estoy en un puesto y me estoy aburriendo de lo rápido que circulan los camiones. Hace un par de años había filas de hasta dos kilómetros”, graficó.

Consultado sobre el efecto económico de la medida, el subdirector de la ATM evitó hacer pronósticos categóricos, aunque reconoció que el objetivo es favorecer una mayor competencia entre proveedores.

“Mi mayor deseo es que esto repercuta en góndolas y en precios“, señaló Petta.

El funcionario explicó que numerosos proveedores evitaban operar con Misiones debido a las complicaciones administrativas que implicaba el pago anticipado del tributo.

“Había muchos proveedores que directamente no querían vender en Misiones por este inconveniente. Hoy esa excusa se termina. Al haber más competencia y más oferta, eso puede generar alguna consecuencia sobre los precios. Ojalá sea así”, sostuvo.

La suspensión del pago a cuenta fue anunciada semanas atrás por el gobernador Hugo Passalacqua y reglamentada mediante la Resolución General Nº 09/2026 de la Agencia Tributaria Misiones.

La medida pone fin, al menos por un año, a un mecanismo vigente desde 2007, conocido popularmente como la “aduana paralela”, que obligaba a anticipar parte del Impuesto sobre los Ingresos Brutos al ingresar mercaderías a la provincia.

Con el nuevo esquema, Misiones mantiene los controles fiscales sobre la circulación de bienes, pero elimina el componente recaudatorio anticipado para la inmensa mayoría de los contribuyentes, apostando a una mayor fluidez logística y a mejorar la competitividad del comercio provincial.

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Impuesto a los combustibles: el Gobierno autoriza un aumento parcial de $22 por litro de nafta y $31 por litro de gasoil

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La política de actualización gradual de los impuestos sobre los combustibles suma un nuevo capítulo. Mediante el Decreto 562/2026, el Gobierno nacional modificó el cronograma previsto para la actualización de los tributos que gravan la nafta y el gasoil, manteniendo la estrategia de diferir parte de la carga fiscal para reducir el impacto inmediato sobre los precios en surtidor.

La medida posterga nuevamente una parte de los incrementos acumulados correspondientes a las actualizaciones previstas por la Ley 23.966, que se calculan trimestralmente según la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC). En lugar de trasladar la totalidad del ajuste desde julio, el Ejecutivo resolvió aplicar únicamente una fracción y dejar el resto para el 1 de agosto de 2026.

Para el entramado productivo, la decisión tiene una lectura que va más allá del surtidor. El combustible representa uno de los principales costos transversales de la economía argentina: impacta sobre el transporte de cargas, la logística de exportación, la producción agropecuaria, la industria y el comercio.

En provincias como Misiones, donde buena parte de la actividad económica depende del transporte terrestre de largas distancias, cualquier variación en el precio del gasoil repercute sobre toda la cadena de costos, desde la producción primaria hasta la distribución comercial.

Un incremento parcial para contener el traslado a precios

El decreto establece que durante todo julio regirá únicamente una actualización parcial de los impuestos.

Los incrementos fiscales fijados son:

  • Naftas: aumento de $21,192 por litro en el Impuesto sobre los Combustibles Líquidos y $1,298 en el impuesto al dióxido de carbono.
  • Gasoil: incremento de $18,959 por litro en el impuesto específico, $10,266 correspondientes al tratamiento diferencial y $2,161 por dióxido de carbono.

La actualización completa de los remanentes acumulados durante 2024, los primeros dos trimestres de 2025 y parte de 2026 quedó reprogramada para los hechos imponibles que se produzcan desde el 1 de agosto, salvo que el Gobierno vuelva a modificar el cronograma, una práctica que se repitió durante los últimos meses.

Una herramienta para administrar el impacto inflacionario

Aunque los impuestos a los combustibles tienen una actualización prevista por ley, el Poder Ejecutivo viene utilizando decretos para escalonar su aplicación.

La lógica económica detrás de esta decisión responde a dos objetivos simultáneos: Por un lado, evitar que un incremento tributario significativo acelere la inflación mensual mediante un aumento inmediato de los combustibles. Por otro, mantener cierta previsibilidad sobre los costos de transporte para los sectores productivos mientras continúa el proceso de desaceleración inflacionaria.

El propio decreto fundamenta la decisión en la necesidad de “continuar estimulando el crecimiento de la economía a través de un sendero fiscal sostenible”, combinando el objetivo de equilibrio de las cuentas públicas con una implementación gradual de la carga impositiva.

La postergación parcial del impuesto no elimina futuros aumentos, pero sí distribuye su impacto en el tiempo, permitiendo una planificación más gradual de costos operativos.

Para el sector privado, los principales efectos son menor presión inmediata sobre los costos logísticos durante julio. Reducción del impacto inflacionario derivado del precio de los combustibles. Persistencia de incertidumbre respecto del ajuste previsto para agosto. Mayor previsibilidad de corto plazo para industrias, transportistas y cadenas comerciales.

Un alivio transitorio que mantiene pendiente el ajuste fiscal

La estrategia oficial no implica una reducción de impuestos, sino un diferimiento de su aplicación.

Eso significa que la presión tributaria prevista por la legislación permanece vigente, aunque distribuida en distintos momentos para amortiguar sus efectos sobre la inflación y el consumo.

Desde la óptica fiscal, el Estado posterga parte de la recaudación potencial; desde la mirada empresarial, se evita un incremento más pronunciado del costo operativo en un solo mes.

El principal interrogante pasa por agosto. Si el cronograma establecido en el decreto se cumple sin nuevas modificaciones, el mercado enfrentará la aplicación del remanente acumulado de las actualizaciones impositivas. La decisión que adopte el Gobierno dependerá del comportamiento de la inflación, la evolución del precio internacional del petróleo y la estrategia oficial para sostener la desaceleración de los precios sin resignar recursos fiscales.

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La Hidrovía entra en una nueva etapa: cuáles son las condiciones que fija la Resolución 36/2026 para la privatización

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La Agencia Nacional de Puertos y Navegación oficializó las condiciones para avanzar con una nueva licitación de la Vía Navegable Troncal, uno de los activos logísticos más estratégicos de la Argentina. A través de la Resolución 36/2026, publicada el 19 de junio de 2026 en el Boletín Oficial, el organismo aprobó el pliego que regirá el proceso de concesión privada del sistema por donde se canaliza cerca del 80% de las exportaciones agroindustriales del país.

La decisión marca el inicio formal de una nueva etapa para la denominada Hidrovía Paraná-Paraguay, luego de varios años de administración transitoria por parte del Estado nacional y de procesos licitatorios que no lograron concretarse. El nuevo esquema busca otorgar previsibilidad de largo plazo a las inversiones en infraestructura, dragado y señalización, dos factores considerados claves para sostener la competitividad del comercio exterior argentino.

El pliego establece las reglas técnicas, económicas y jurídicas que deberán cumplir las empresas interesadas en operar la concesión. Entre las principales obligaciones figuran el mantenimiento permanente del dragado, la señalización integral de la vía navegable, la incorporación de tecnología para el monitoreo del tránsito fluvial y el cumplimiento de estándares ambientales y de seguridad operacional.

El futuro concesionario también deberá garantizar la continuidad del servicio durante toda la vigencia del contrato, asumir las inversiones comprometidas y responder por el mantenimiento de las condiciones de navegabilidad en los distintos tramos de la Vía Navegable Troncal.

La resolución prevé que la concesión se adjudique mediante un proceso competitivo nacional e internacional, con criterios de evaluación orientados tanto a la capacidad técnica como a la solvencia económica de los oferentes. El objetivo oficial es atraer operadores con experiencia internacional en administración de grandes corredores fluviales.

Uno de los ejes del nuevo modelo consiste en que el financiamiento de las obras continúe sustentándose principalmente mediante el cobro del peaje a los usuarios del sistema, mecanismo que históricamente permitió sostener el mantenimiento de la vía sin aportes directos del Tesoro Nacional.

Un activo clave para la economía argentina

La Hidrovía constituye la principal salida de la producción agroindustrial del país. Desde los puertos del Gran Rosario se despachan la mayor parte de las exportaciones de soja, maíz, trigo, harinas y aceites vegetales, además de cargas mineras, energéticas e industriales provenientes del norte argentino y de países vecinos como Paraguay, Bolivia y Brasil.

Por esa razón, cualquier modificación en su administración tiene impacto directo sobre los costos logísticos, la competitividad exportadora y el ingreso de divisas.

Para provincias del NEA como Misiones, la consolidación de un corredor fluvial eficiente también resulta estratégica en la medida en que puede favorecer la integración regional, reducir costos de transporte y ampliar las posibilidades de inserción internacional de economías como la forestoindustria, la yerba mate, el té y otros productos con perfil exportador.

La publicación de la Resolución 36/2026 abre ahora la etapa de convocatoria y presentación de ofertas. El proceso será seguido de cerca por cámaras portuarias, exportadores, navieras, operadores logísticos y gobiernos provinciales, debido a la importancia que tiene la Vía Navegable Troncal para la competitividad del comercio exterior argentino.

Después de varios intentos frustrados de licitación en los últimos años, el Gobierno busca concretar una concesión de largo plazo que permita garantizar inversiones sostenidas, mayor previsibilidad operativa y una mejora en la eficiencia del principal corredor logístico del país.

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Biodiésel: el Gobierno volvió a subir el precio regulado y suma presión sobre los costos logísticos

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El Gobierno nacional actualizó el precio del biodiésel destinado al corte obligatorio con gasoil y fijó un nuevo valor de $1.858.424 por tonelada para junio, una decisión que, aunque técnica y poco visible para el consumidor final, tiene implicancias directas sobre la estructura de costos del transporte, la logística y buena parte de las economías regionales que dependen del gasoil para movilizar producción y mercaderías.

La medida fue oficializada mediante la Resolución 123/2026 de la Secretaría de Energía, que estableció además que las petroleras deberán cancelar las compras de biodiésel en un plazo máximo de siete días corridos. El nuevo precio regirá durante junio y permanecerá vigente hasta que sea reemplazado por una nueva actualización.

Detrás de la decisión aparece un equilibrio complejo: garantizar rentabilidad a las plantas elaboradoras de biodiésel y sostener el esquema de mezcla obligatoria con combustibles fósiles, sin generar una escalada de costos que termine trasladándose al surtidor

La cadena productiva mira el costo del flete

El sector forestal es probablemente uno de los más expuestos. La industria maderera y de la celulosa moviliza millones de toneladas al año mediante transporte carretero. Un incremento sostenido en los costos del combustible impacta sobre toda la cadena: desde el traslado de rollizos hasta la exportación de productos con valor agregado.

La yerba mate tampoco queda al margen. El movimiento de hoja verde, yerba canchada y producto terminado depende casi exclusivamente de camiones. Lo mismo ocurre con el té, una de las actividades exportadoras más importantes de la provincia.

En un contexto donde los márgenes de rentabilidad siguen siendo ajustados, cualquier modificación en la estructura de costos logísticos se convierte en una variable observada de cerca por cooperativas, secaderos e industrias.

Para el comercio misionero el efecto también existe, aunque de manera indirecta. Los costos de distribución de alimentos, bebidas, materiales de construcción y bienes de consumo masivo están estrechamente vinculados al precio del combustible utilizado por la logística nacional.

Por qué Energía sigue ajustando el biodiésel

La actualización responde al mecanismo previsto en la Ley 27.640, que regula el mercado de biocombustibles y otorga a la Secretaría de Energía la facultad de establecer periódicamente los precios de referencia.

El esquema busca garantizar que los productores de biodiésel puedan operar con una rentabilidad considerada razonable, contemplando: costos de elaboración. Transporte. Materias primas. Costos financieros. Operación industrial.

El biodiésel forma parte del porcentaje obligatorio que las refinadoras deben incorporar al gasoil comercializado en el país, por lo que su valor termina integrando la estructura de costos del combustible.

La Secretaría de Energía argumentó que las condiciones actuales del mercado justificaban una nueva adecuación de precios para junio.

La incógnita para el sector productivo es cuánto de esta actualización terminará trasladándose al precio final del gasoil durante los próximos meses.

La respuesta dependerá de múltiples factores: evolución del petróleo internacional, tipo de cambio, impuestos, costos de refinación y decisiones regulatorias futuras.

Para Misiones, donde el costo logístico es una de las principales barreras para la competitividad, la variable energética sigue siendo tan importante como el tipo de cambio o la presión tributaria.

Una diferencia de pocos puntos porcentuales en el combustible puede terminar reflejándose en el costo de exportar madera, transportar yerba mate o abastecer comercios en el interior provincial.

La actualización del biodiésel confirma que el Gobierno mantiene una política de ajustes periódicos dentro del esquema regulado de biocombustibles. Para las empresas misioneras, el dato relevante no es únicamente el nuevo valor de junio, sino la tendencia que pueda consolidarse durante el segundo semestre.

Si los incrementos continúan y terminan impactando sobre el gasoil, la logística volverá a ocupar un lugar central en la discusión sobre competitividad regional, especialmente en una provincia que compite diariamente con economías fronterizas y que depende del transporte para sostener su perfil exportador.

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Economía avanzó con la privatización de la Hidrovía y prepara una concesión con inversiones por más de US$ 10.000 millones

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El Gobierno cerró la etapa técnica de evaluación de ofertas para la Vía Navegable Troncal. La futura adjudicación concentra apoyo del núcleo exportador y redefine el control logístico sobre la principal ruta comercial del país.

El Ministerio de Economía confirmó que avanzó el proceso de privatización de la Vía Navegable Troncal tras concluir la etapa técnica de análisis de propuestas presentadas por las compañías internacionales Jan De Nul NV y DEME NV. La resolución firmada por el Gobierno habilita ahora el paso hacia la adjudicación y la firma del nuevo contrato de concesión para una infraestructura considerada estratégica para el comercio exterior argentino.

Según el comunicado oficial, la evaluación incluyó planes de trabajo y antecedentes específicos de ambas empresas bajo un sistema de puntaje validado por Naciones Unidas. El proceso no registró impugnaciones entre los oferentes.

La decisión adquiere peso político y económico porque la Hidrovía concentra buena parte del flujo exportador argentino y funciona como uno de los principales corredores logísticos para la salida de producción agroindustrial. El nuevo esquema prevé inversiones superiores a los US$ 10.000 millones destinadas a modernizar la infraestructura y mejorar la conectividad operativa.

El Gobierno acelera la definición de la nueva concesión

La resolución marca el cierre de una instancia técnica que venía siendo observada de cerca por actores del sistema portuario, exportador y agroindustrial. Economía sostuvo que, finalizadas las evaluaciones, se avanzará hacia la adjudicación formal de la concesión.

El comunicado oficial destacó que el proceso recibió respaldo de entidades empresariales vinculadas al comercio exterior y la producción, entre ellas la Unión Industrial Argentina (UIA), la Sociedad Rural Argentina, la Bolsa de Comercio de Rosario, la Cámara de Actividades Portuarias y Marítimas, el Centro de Navegación, la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y la Cámara Naviera Argentina.

Ese alineamiento expone una convergencia de intereses entre el Gobierno y sectores que dependen directamente de menores costos logísticos y mayor previsibilidad operativa para exportar.

La futura concesión contempla una inversión estimada superior a los US$ 10.000 millones. De acuerdo con Economía, los fondos estarán orientados a modernizar infraestructura estratégica, mejorar la conectividad logística y fortalecer la competitividad de la producción argentina en mercados externos.

El Gobierno sostuvo además que el nuevo esquema permitiría reducir costos y generar mayor previsibilidad operativa para el sistema de transporte fluvial y marítimo.

Aunque el comunicado no detalla plazos ni condiciones específicas del contrato, el cierre de la etapa técnica reduce el margen de incertidumbre sobre el proceso licitatorio y acerca una definición sobre quién administrará uno de los corredores comerciales más sensibles del país.

La disputa por la logística exportadora

La Hidrovía representa mucho más que una obra de infraestructura. Su control impacta sobre costos de exportación, tiempos logísticos y competitividad de las cadenas productivas vinculadas al agro y la industria.

Por eso, la validación técnica sin impugnaciones aparece también como una señal institucional hacia el mercado y hacia los sectores exportadores que reclamaban definiciones sobre el futuro del corredor navegable.

El respaldo explícito de cámaras empresariales y entidades agroindustriales fortalece la posición política del Gobierno en una discusión históricamente atravesada por tensiones entre administración estatal, concesión privada y regulación del comercio exterior.

La evolución de la Vía Navegable Troncal tiene implicancias regionales por su incidencia sobre costos de transporte y conexión con mercados externos. Las provincias del noreste dependen en parte de la eficiencia logística nacional para colocar producción industrial, forestal y agropecuaria. Una reducción de costos o mejoras en previsibilidad operativa podrían tener impacto indirecto sobre cadenas exportadoras regionales.

Al mismo tiempo, el proceso vuelve a poner en discusión el lugar de la infraestructura logística dentro de la estrategia económica nacional y el rol del sector privado en activos considerados estratégicos.

Con la etapa técnica cerrada, el próximo movimiento será la adjudicación formal y la firma del nuevo contrato de concesión. El Gobierno apuesta a que la inversión privada acelere la modernización del sistema navegable y mejore la competitividad exportadora.

La atención ahora quedará puesta en las condiciones finales del contrato, el alcance efectivo de las inversiones comprometidas y la capacidad del nuevo esquema para sostener eficiencia logística en uno de los corredores más sensibles para el ingreso de divisas del país.

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