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Biodiésel: el Gobierno volvió a subir el precio regulado y suma presión sobre los costos logísticos

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El Gobierno nacional actualizó el precio del biodiésel destinado al corte obligatorio con gasoil y fijó un nuevo valor de $1.858.424 por tonelada para junio, una decisión que, aunque técnica y poco visible para el consumidor final, tiene implicancias directas sobre la estructura de costos del transporte, la logística y buena parte de las economías regionales que dependen del gasoil para movilizar producción y mercaderías.

La medida fue oficializada mediante la Resolución 123/2026 de la Secretaría de Energía, que estableció además que las petroleras deberán cancelar las compras de biodiésel en un plazo máximo de siete días corridos. El nuevo precio regirá durante junio y permanecerá vigente hasta que sea reemplazado por una nueva actualización.

Detrás de la decisión aparece un equilibrio complejo: garantizar rentabilidad a las plantas elaboradoras de biodiésel y sostener el esquema de mezcla obligatoria con combustibles fósiles, sin generar una escalada de costos que termine trasladándose al surtidor

La cadena productiva mira el costo del flete

El sector forestal es probablemente uno de los más expuestos. La industria maderera y de la celulosa moviliza millones de toneladas al año mediante transporte carretero. Un incremento sostenido en los costos del combustible impacta sobre toda la cadena: desde el traslado de rollizos hasta la exportación de productos con valor agregado.

La yerba mate tampoco queda al margen. El movimiento de hoja verde, yerba canchada y producto terminado depende casi exclusivamente de camiones. Lo mismo ocurre con el té, una de las actividades exportadoras más importantes de la provincia.

En un contexto donde los márgenes de rentabilidad siguen siendo ajustados, cualquier modificación en la estructura de costos logísticos se convierte en una variable observada de cerca por cooperativas, secaderos e industrias.

Para el comercio misionero el efecto también existe, aunque de manera indirecta. Los costos de distribución de alimentos, bebidas, materiales de construcción y bienes de consumo masivo están estrechamente vinculados al precio del combustible utilizado por la logística nacional.

Por qué Energía sigue ajustando el biodiésel

La actualización responde al mecanismo previsto en la Ley 27.640, que regula el mercado de biocombustibles y otorga a la Secretaría de Energía la facultad de establecer periódicamente los precios de referencia.

El esquema busca garantizar que los productores de biodiésel puedan operar con una rentabilidad considerada razonable, contemplando: costos de elaboración. Transporte. Materias primas. Costos financieros. Operación industrial.

El biodiésel forma parte del porcentaje obligatorio que las refinadoras deben incorporar al gasoil comercializado en el país, por lo que su valor termina integrando la estructura de costos del combustible.

La Secretaría de Energía argumentó que las condiciones actuales del mercado justificaban una nueva adecuación de precios para junio.

La incógnita para el sector productivo es cuánto de esta actualización terminará trasladándose al precio final del gasoil durante los próximos meses.

La respuesta dependerá de múltiples factores: evolución del petróleo internacional, tipo de cambio, impuestos, costos de refinación y decisiones regulatorias futuras.

Para Misiones, donde el costo logístico es una de las principales barreras para la competitividad, la variable energética sigue siendo tan importante como el tipo de cambio o la presión tributaria.

Una diferencia de pocos puntos porcentuales en el combustible puede terminar reflejándose en el costo de exportar madera, transportar yerba mate o abastecer comercios en el interior provincial.

La actualización del biodiésel confirma que el Gobierno mantiene una política de ajustes periódicos dentro del esquema regulado de biocombustibles. Para las empresas misioneras, el dato relevante no es únicamente el nuevo valor de junio, sino la tendencia que pueda consolidarse durante el segundo semestre.

Si los incrementos continúan y terminan impactando sobre el gasoil, la logística volverá a ocupar un lugar central en la discusión sobre competitividad regional, especialmente en una provincia que compite diariamente con economías fronterizas y que depende del transporte para sostener su perfil exportador.

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Economía avanzó con la privatización de la Hidrovía y prepara una concesión con inversiones por más de US$ 10.000 millones

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El Gobierno cerró la etapa técnica de evaluación de ofertas para la Vía Navegable Troncal. La futura adjudicación concentra apoyo del núcleo exportador y redefine el control logístico sobre la principal ruta comercial del país.

El Ministerio de Economía confirmó que avanzó el proceso de privatización de la Vía Navegable Troncal tras concluir la etapa técnica de análisis de propuestas presentadas por las compañías internacionales Jan De Nul NV y DEME NV. La resolución firmada por el Gobierno habilita ahora el paso hacia la adjudicación y la firma del nuevo contrato de concesión para una infraestructura considerada estratégica para el comercio exterior argentino.

Según el comunicado oficial, la evaluación incluyó planes de trabajo y antecedentes específicos de ambas empresas bajo un sistema de puntaje validado por Naciones Unidas. El proceso no registró impugnaciones entre los oferentes.

La decisión adquiere peso político y económico porque la Hidrovía concentra buena parte del flujo exportador argentino y funciona como uno de los principales corredores logísticos para la salida de producción agroindustrial. El nuevo esquema prevé inversiones superiores a los US$ 10.000 millones destinadas a modernizar la infraestructura y mejorar la conectividad operativa.

El Gobierno acelera la definición de la nueva concesión

La resolución marca el cierre de una instancia técnica que venía siendo observada de cerca por actores del sistema portuario, exportador y agroindustrial. Economía sostuvo que, finalizadas las evaluaciones, se avanzará hacia la adjudicación formal de la concesión.

El comunicado oficial destacó que el proceso recibió respaldo de entidades empresariales vinculadas al comercio exterior y la producción, entre ellas la Unión Industrial Argentina (UIA), la Sociedad Rural Argentina, la Bolsa de Comercio de Rosario, la Cámara de Actividades Portuarias y Marítimas, el Centro de Navegación, la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y la Cámara Naviera Argentina.

Ese alineamiento expone una convergencia de intereses entre el Gobierno y sectores que dependen directamente de menores costos logísticos y mayor previsibilidad operativa para exportar.

La futura concesión contempla una inversión estimada superior a los US$ 10.000 millones. De acuerdo con Economía, los fondos estarán orientados a modernizar infraestructura estratégica, mejorar la conectividad logística y fortalecer la competitividad de la producción argentina en mercados externos.

El Gobierno sostuvo además que el nuevo esquema permitiría reducir costos y generar mayor previsibilidad operativa para el sistema de transporte fluvial y marítimo.

Aunque el comunicado no detalla plazos ni condiciones específicas del contrato, el cierre de la etapa técnica reduce el margen de incertidumbre sobre el proceso licitatorio y acerca una definición sobre quién administrará uno de los corredores comerciales más sensibles del país.

La disputa por la logística exportadora

La Hidrovía representa mucho más que una obra de infraestructura. Su control impacta sobre costos de exportación, tiempos logísticos y competitividad de las cadenas productivas vinculadas al agro y la industria.

Por eso, la validación técnica sin impugnaciones aparece también como una señal institucional hacia el mercado y hacia los sectores exportadores que reclamaban definiciones sobre el futuro del corredor navegable.

El respaldo explícito de cámaras empresariales y entidades agroindustriales fortalece la posición política del Gobierno en una discusión históricamente atravesada por tensiones entre administración estatal, concesión privada y regulación del comercio exterior.

La evolución de la Vía Navegable Troncal tiene implicancias regionales por su incidencia sobre costos de transporte y conexión con mercados externos. Las provincias del noreste dependen en parte de la eficiencia logística nacional para colocar producción industrial, forestal y agropecuaria. Una reducción de costos o mejoras en previsibilidad operativa podrían tener impacto indirecto sobre cadenas exportadoras regionales.

Al mismo tiempo, el proceso vuelve a poner en discusión el lugar de la infraestructura logística dentro de la estrategia económica nacional y el rol del sector privado en activos considerados estratégicos.

Con la etapa técnica cerrada, el próximo movimiento será la adjudicación formal y la firma del nuevo contrato de concesión. El Gobierno apuesta a que la inversión privada acelere la modernización del sistema navegable y mejore la competitividad exportadora.

La atención ahora quedará puesta en las condiciones finales del contrato, el alcance efectivo de las inversiones comprometidas y la capacidad del nuevo esquema para sostener eficiencia logística en uno de los corredores más sensibles para el ingreso de divisas del país.

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Privatización vial: se posterga la definición de las concesiones para la etapa tres que incluye a Misiones

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A través de la Resolución 607/2026, el Ministerio de Economía oficializó una prórroga en los plazos de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la “Red Federal de Concesiones – Etapa III”. La nueva fecha de apertura de ofertas, fijada para el 22 de mayo, posterga la transferencia al sector privado de tramos críticos para la logística misionera, como el Corredor Mesopotámico y el Noreste, en un proceso que busca eliminar el déficit operativo de Corredores Viales S.A.

El Palacio de Hacienda, bajo la firma de Luis Caputo, introdujo la Circular Modificatoria N° 1 que recalibra el cronograma de la Etapa III del plan de privatizaciones. Esta fase es la más sensible para la estructura de costos del NEA, ya que abarca la administración, mantenimiento y ampliación de las arterias que conectan a Misiones con los centros de consumo y los puertos de exportación. El nuevo esquema bajo la Ley 17.520 (Concesión de Obra Pública) no solo implica la transferencia de la operación de peajes, sino que faculta a los nuevos adjudicatarios a desarrollar explotaciones colaterales para garantizar la rentabilidad de las unidades de negocio, un punto de inflexión para el sector logístico regional.

Implicancias en el esquema de costos y servicios

Para el empresariado misionero, la transición de una gestión estatal deficitaria a una concesión privada bajo el modelo de “Red Federal” conlleva una serie de vectores de impacto directo:

Logística y Fletes: La calidad del mantenimiento en el Tramo Mesopotámico es determinante para la competitividad de la madera y la yerba mate. Un retraso en las obras de infraestructura vial se traduce en mayores costos de amortización de flota y tiempos de tránsito incrementados.

Tarifas de Peaje: El nuevo modelo busca el equilibrio fiscal eliminando subsidios nacionales. Esto anticipa una readecuación tarifaria basada en costos operativos reales, impactando directamente en el costo por kilómetro transportado.

Inversión en Seguridad Vial: La licitación incluye la obligación de realizar obras de ampliación y conservación, fundamentales para reducir la siniestralidad en rutas que, por el relieve misionero, exigen intervenciones constantes que el Estado Nacional ha postergado.

Misiones y el desafío de la integración

A diferencia de los corredores del centro del país (como el Tramo Centro o Cuyo), el Corredor Noreste y Mesopotámico opera como el cordón umbilical de una provincia con el 90% de su frontera internacional. Mientras en Buenos Aires las rutas tienen un carácter predominantemente de consumo interno, en el NEA son rutas de exportación y tránsito internacional (Mercosur). La eficiencia de estas concesiones definirá si Misiones puede capitalizar las asimetrías fronterizas a través de un comercio más fluido con Brasil y Paraguay o si, por el contrario, la infraestructura se convierte en un cuello de botella.

Voces y perspectivas del sector

Desde las cámaras de transporte y la industria maderera, la expectativa es de cautela propositiva. Si bien la eliminación del déficit de las empresas públicas es un objetivo macroeconómico compartido, la preocupación radica en la transparencia de los Pliegos de Especificaciones Técnicas Particulares. Los tomadores de decisiones locales priorizan que los ingresos generados por los peajes en la región se reinviertan efectivamente en los tramos del NEA y no se desvíen para subsidiar corredores con menor densidad de carga pero mayor peso político en el centro del país.

Escenario a mediano plazo

La apertura de sobres del 22 de mayo será el termómetro del interés real del capital privado por el riesgo argentino en infraestructura. Habrá que monitorear de cerca la solvencia de los grupos adjudicatarios y el cumplimiento de los planes de inversión inicial. Para el bolsillo del misionero, el impacto se sentirá no solo en el costo de los viajes particulares, sino en la traslación de los nuevos cuadros tarifarios de peaje a los precios de góndola, dada la dependencia absoluta del transporte terrestre para el abastecimiento de la provincia.

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La Virginia ya opera en Garupá y prepara su centro de distribución sobre la ruta 12

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La firma La Virginia ya se encuentra instalada en Garupá con su nuevo centro de distribución ubicado sobre la ruta nacional 12, en una apuesta logística que refuerza su presencia en Misiones y en el Nordeste argentino. Desde el pasado 20 de abril ya comenzó a operar en el predio, mientras avanza con los últimos ajustes de infraestructura interna.

El nuevo centro logístico se ubica en una zona estratégica de Garupá, sobre uno de los principales corredores viales del Mercosur, lo que permitirá optimizar la recepción y distribución de mercadería en toda la región. Actualmente, la firma atraviesa una etapa de mudanza, reorganización operativa y adecuación interna del predio. En principio, trabajarán 23 jóvenes, más cuatro fleteros.

Desde el municipio indicaron que la empresa se encuentra todavía en proceso de asentamiento y que entre junio y julio alcanzaría el funcionamiento pleno.

“Están tratando de acomodarse y yo creo que el mes que viene van a empezar ya el 100% de las actividades ahí. De acuerdo a lo que nos comunicaron, después de ese asentamiento normal y formal de la empresa, van a empezar a tomar algunos operarios”, señalaron fuentes cercanas al proceso.

Actualmente, el trabajo está centrado en el acondicionamiento de la estructura interna del predio, especialmente en todo lo vinculado a la recepción y salida de mercadería, un punto clave para el funcionamiento de un centro de distribución de gran escala.

La llegada de La Virginia a Garupá representa una señal relevante para la actividad económica local, especialmente por el movimiento logístico que implica una operación de esta magnitud sobre la ruta 12, y por el potencial impacto en empleo privado formal en un contexto donde la provincia viene mostrando dificultades en ese segmento.

Con fuerte presencia nacional en café, té, yerba mate, azúcar y otros alimentos de consumo masivo, La Virginia consolida así una base estratégica en Misiones, apuntando a mejorar tiempos de distribución y cobertura comercial en toda la región.

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Puertos aplica una rebaja del 16,7% en la Hidrovía para buques que usen el Canal Martín García

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El Gobierno nacional decidió intervenir en la ecuación de costos de la Vía Navegable Troncal con una señal concreta: una rebaja del 16,7% en el peaje para los buques que transiten por el Canal Martín García. La decisión quedó formalizada el 4 de mayo de 2026 mediante la Resolución 25/2026 de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, con aplicación retroactiva desde el 1° de mayo y vigencia hasta el 30 de junio.

El movimiento no es menor. Se inscribe en pleno proceso de rediseño del esquema de concesión y control de la hidrovía, uno de los activos logísticos más sensibles del país. La pregunta que queda flotando es si se trata de un incentivo táctico de corto plazo o de una señal más profunda sobre el modelo de navegación que el Ejecutivo busca consolidar.

Reconfiguración institucional en la hidrovía

La medida no surge en el vacío. Se apoya en un proceso de reorganización que comenzó con la declaración como servicio público de las tareas de dragado, señalización y mantenimiento de las vías navegables en 2024, y que tuvo un punto de inflexión con la creación de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación mediante el DNU 3/2025.

Ese rediseño institucional implicó la disolución de la Administración General de Puertos y la transferencia de funciones a un ente autárquico con mayor capacidad de intervención. La nueva agencia no solo heredó competencias técnicas, sino también la potestad de actuar como autoridad de aplicación y control del sistema.

En ese marco, la resolución actual aparece como una herramienta operativa dentro de ese esquema: ajustar tarifas para ordenar el tráfico y sostener condiciones de navegabilidad mientras se define el futuro concesionario del sistema.

La decisión establece una bonificación del 16,7% sobre el peaje en el tramo comprendido entre la Sección 0.0 y la Sección 1.2 de la Vía Navegable Troncal, en ambos sentidos, exclusivamente para los buques que utilicen el Canal Martín García.

El beneficio no es nuevo en términos conceptuales. Ya había sido aplicado previamente mediante una resolución de marzo de 2026, pero con plazo vencido. Ahora se renueva bajo el argumento de los “resultados obtenidos”, aunque el texto no detalla cuáles fueron esos efectos.

La clave operativa está en tres elementos: Temporalidad definida: desde el 1° de mayo hasta el 30 de junio de 2026. Aplicación retroactiva: alcanza operaciones ya realizadas desde el inicio del período. Y focalización: solo para quienes opten por el Canal Martín García.

En términos concretos, la medida altera los costos relativos entre rutas dentro de la hidrovía, lo que puede incidir en la elección de trazas por parte de los operadores.

Control tarifario en transición

El movimiento refuerza el rol de la Agencia como actor central en la regulación económica del sistema. No solo administra contratos o fiscaliza obras: también interviene directamente en la estructura de incentivos del transporte fluvial.

En un contexto donde el contrato de concesión está en revisión y se proyecta una nueva licitación, la política tarifaria se convierte en una herramienta de gestión y, al mismo tiempo, en una señal hacia el mercado.

El Ejecutivo mantiene así capacidad de arbitraje en una etapa de transición. La bonificación puede leerse como un mecanismo para sostener flujo operativo, evitar desbalances en el tráfico o corregir distorsiones detectadas en la operatoria reciente.

Sin embargo, también introduce una variable política: quién define el costo de navegar la hidrovía mientras el modelo definitivo aún no está cerrado.

Costos logísticos en ajuste

Aunque la resolución no cuantifica impactos agregados, la reducción del peaje implica una disminución directa en los costos de transporte para los buques que utilicen el canal beneficiado.

En un sistema donde cada decisión logística impacta en la competitividad de las cargas, pequeñas variaciones tarifarias pueden modificar rutas, tiempos y márgenes.

La clave está en que la medida no es generalizada: premia una vía específica. Eso introduce competencia interna entre canales y puede redistribuir el tránsito dentro del sistema troncal.

Señales en medio de la transición

La bonificación tiene fecha de vencimiento: 30 de junio. Ese límite temporal funciona como recordatorio de que el esquema está en revisión.

Lo que ocurra después será clave. Si la medida se prorroga, podría consolidarse como política de incentivo. Si se modifica, indicará ajustes en la estrategia. Si desaparece, quedará como intervención puntual.

En paralelo, el proceso de licitación y redefinición del contrato de la hidrovía seguirá marcando el pulso de fondo. La política tarifaria, en ese contexto, aparece como una herramienta flexible para administrar una infraestructura crítica en plena transición.

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