LOGISTICA

Las diez obras que pueden cambiar la logística, la energía y las exportaciones de Argentina

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Durante décadas, Argentina convivió con una paradoja estructural: abundancia de recursos naturales, pero infraestructura insuficiente para transformarlos en crecimiento sostenido. Gas que no podía transportarse, rutas saturadas, redes eléctricas al límite y corredores logísticos con elevados costos redujeron la competitividad de sectores capaces de generar divisas y empleo.

Hoy, ese escenario comienza a mostrar un cambio de escala. Bajo el paraguas del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y con una participación predominante del capital privado, avanza un conjunto de diez proyectos estratégicos que buscan atacar uno de los principales obstáculos de la economía argentina: la falta de infraestructura para producir más y exportar mejor.

La mayor parte de las inversiones se concentra en energía, aunque también aparecen iniciativas ferroviarias, portuarias, viales, eléctricas e internacionales que prometen modificar el mapa logístico del país durante los próximos cinco años.

El eje central es Vaca Muerta. Allí se concentran las inversiones de mayor magnitud. La ampliación del Gasoducto Perito Moreno, incorporada al RIGI mediante la Resolución 676/2026, demandará una inversión de 550 millones de dólares para incrementar en 12 millones de metros cúbicos diarios la capacidad de transporte entre Neuquén y Buenos Aires antes del invierno de 2027. La obra permitirá sustituir importaciones de gas natural licuado con producción local, reduciendo costos energéticos para hogares, industrias y centrales eléctricas.

En paralelo, el Oleoducto Vaca Muerta Sur (VMOS) ya supera la mitad de ejecución. Con una inversión de 3.000 millones de dólares liderada por YPF junto a Vista, Pan American Energy, Chevron, Shell, Pluspetrol, Tecpetrol y Pampa Energía, conectará Añelo con Punta Colorada para transportar hasta 550.000 barriles diarios de petróleo hacia los mercados internacionales.

Sin embargo, el proyecto de mayor envergadura es Argentina LNG. La iniciativa impulsada por YPF contempla inversiones cercanas a los 50.000 millones de dólares, de los cuales unos 30.000 millones se ejecutarán durante los primeros cuatro años. El objetivo es convertir el gas de Vaca Muerta en gas natural licuado para abastecer mercados internacionales desde la costa atlántica de Río Negro. La meta inicial apunta a exportaciones cercanas a los 14.000 millones de dólares anuales hacia 2030, con posibilidad de escalar hasta los 20.000 millones.

Ese ecosistema energético se complementa con el Gasoducto San Matías, otra obra incorporada recientemente al RIGI que demandará 1.300 millones de dólares y abastecerá al proyecto Southern Energy, integrado por YPF, Pan American Energy, Pampa Energía, Harbour Energy y Golar LNG. Según las estimaciones oficiales, el ducto permitirá generar exportaciones por unos 2.500 millones de dólares anuales.

Pero el desafío argentino no termina en producir más energía. También requiere transportar bienes hacia los mercados internacionales de manera más eficiente.

En esa lógica aparece el Corredor Bioceánico Capricornio, una obra regional valuada en aproximadamente 10.000 millones de dólares que conectará Brasil, Paraguay, Argentina y Chile mediante una red de 2.400 kilómetros. El corredor pretende consolidarse como una alternativa logística al Canal de Panamá para vincular el Atlántico con el Pacífico, aunque el tramo argentino continúa siendo el más rezagado de toda la iniciativa.

Con un objetivo similar avanza el Tren Trasandino, un proyecto ferroviario de 9.600 millones de dólares que contempla un túnel de 54 kilómetros bajo la Cordillera de los Andes, doble vía electrificada y un puerto de aguas profundas en Chile destinado a facilitar las exportaciones agroindustriales hacia Asia.

Otro componente estratégico es la Hidrovía Paraná-Paraguay. La nueva concesión privada por 25 años busca modernizar el principal corredor fluvial del país mediante inversiones tecnológicas y obras de mantenimiento que permitan reducir tiempos de navegación y mejorar la competitividad exportadora.

La infraestructura vial también atraviesa un proceso de transformación. La Red Federal de Concesiones reemplazará al esquema administrado por Corredores Viales mediante la licitación de más de 9.000 kilómetros de rutas nacionales financiadas íntegramente por inversión privada. Según el Ministerio de Economía, estos corredores concentran cerca del 80% del tránsito nacional y permitirán reducir tanto el deterioro de la infraestructura como el costo fiscal asociado a la administración estatal.

En materia energética, el Gobierno también lanzó un ambicioso Plan Nacional de Transporte Eléctrico, que contempla inversiones privadas por unos 6.600 millones de dólares para ejecutar 17 proyectos destinados a reforzar líneas de alta tensión, ampliar la capacidad del sistema e incorporar nuevas interconexiones nacionales e internacionales. El financiamiento se recuperará mediante cargos tarifarios aplicados una vez que las obras entren en funcionamiento.

El décimo gran proyecto corresponde al sistema ferroviario de cargas. La privatización del Belgrano Cargas y Logística incluirá las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza bajo un esquema que habilitará inversiones privadas para modernizar la infraestructura. Entre los principales interesados figura Ferromex, del Grupo México, que analiza un plan de inversiones de hasta 3.000 millones de dólares destinado a recuperar capacidad operativa y reducir costos logísticos para las economías regionales.

Más allá de la magnitud financiera, el denominador común de estas iniciativas es que buscan resolver restricciones estructurales que históricamente limitaron el crecimiento argentino. Para el economista Sebastián Laza, una mejora en la infraestructura energética y logística permitiría potenciar sectores donde el país posee claras ventajas comparativas —como el agro, la minería y los hidrocarburos— y generar un efecto multiplicador sobre la industria, el transporte, la metalmecánica y los servicios asociados.

En la misma línea, José Vargas, director de Evaluecon, sostiene que la verdadera transformación no reside únicamente en cada obra individual, sino en la capacidad de conformar un sistema integrado que reduzca costos, aumente la productividad y genere las divisas necesarias para sostener el crecimiento económico sin repetir la histórica restricción externa.

El desafío trasciende la construcción de infraestructura. La experiencia argentina demuestra que las grandes obras sólo producen cambios estructurales cuando están acompañadas por estabilidad macroeconómica, reglas regulatorias previsibles y continuidad institucional. Inflación baja, equilibrio fiscal, acceso al financiamiento y seguridad jurídica aparecen como condiciones indispensables para que el capital privado complete inversiones cuya recuperación demandará décadas.

Si esas condiciones logran consolidarse, el impacto podría extenderse mucho más allá de los sectores directamente involucrados. Una matriz logística más eficiente, menor costo energético y mayor capacidad exportadora no sólo fortalecerían el ingreso de divisas, sino que también mejorarían la competitividad de miles de empresas, favorecerían nuevas inversiones y ampliarían las oportunidades de desarrollo para las economías regionales, convirtiendo a la infraestructura en uno de los principales motores del crecimiento sostenible de la próxima década.

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El Gobierno estira el “ancla” impositiva a los combustibles

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El Palacio de Hacienda acaba de ejecutar una nueva maniobra de microcirugía monetaria sobre la estructura de precios relativos de la energía. Mediante el Decreto 405/2026, publicado hoy en el Boletín Oficial tras la rúbrica del presidente Milei, el ministro Caputo y el jefe de gabinete Adorni, el Ejecutivo nacional dispuso postergar de forma parcial hasta el 1° de julio de 2026 la aplicación de las actualizaciones remanentes del Impuesto sobre los Combustibles Líquidos (ICL) y el Impuesto al Dióxido de Carbono (IDC).

La medida, analizada bajo la lente macroeconómica del Nordeste Argentino (NEA), opera como un respirador artificial temporal para un sector de consumo de alta sensibilidad. Al alterar los plazos fijados previamente en el Decreto 617/2025 y su cadena de prórrogas mensuales subsidiarias, el Gobierno asume el costo de oportunidad fiscal en el corto plazo con un objetivo unívoco: evitar que la inercia del canal de distribución indexe de manera anticipada la tasa de inflación núcleo (core inflation) del mes que inicia.

¿Qué se posterga y por qué?

La arquitectura del esquema impositivo local, regida por la histórica Ley N° 23.966, estipula indexaciones trimestrales basadas en la variación acumulada del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC. El texto oficial de la norma desnudó el solapamiento de vencimientos que amenazaba el surtidor este mes: el remanente de los períodos fiscales correspondientes a los años calendario 2024 y 2025. Y el impacto pleno del primer trimestre calendario de 2026.

Al unificar los efectos de estos tres bloques impositivos para los hechos imponibles que se perfeccionen recién a partir del 1° de julio, la administración central busca amortiguar la presión sobre la nafta sin plomo, la nafta virgen y el gasoil. El argumento oficial explicita el delicado equilibrio de la hoja de ruta económica: “Continuar estimulando el crecimiento de la economía a través de un sendero fiscal sostenible”. Traducido al llano: la recaudación secundaria cede el paso al control del índice de precios.

Para las provincias del NEA —una región caracterizada por la ausencia estructural de redes de gas natural domiciliario de cobertura total y una dependencia absoluta del transporte automotor de cargas—, el precio del gasoil no es una variable marginal, sino el denominador común del costo logístico global.

Misiones, Corrientes, Chaco y Formosa conviven históricamente con una distorsión de precios en boca de expendio respecto al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Mientras el artículo 7° de la Ley 23.966 ratifica exenciones y montos diferenciales fijos para la Patagonia (Neuquén, La Pampa, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Patagones y Malargüe), el Norte Grande continúa absorbiendo los costos de flete interno desde los nodos de refinado.

El aplazamiento impositivo mitiga de forma transitoria el salto en los costos fijos de las pymes de transporte regionales, pero no neutraliza el sendero de recomposición de márgenes que las petroleras (encabezadas por YPF como market maker) aplican por fuera del componente puramente impositivo, asociadas al precio internacional del barril de crudo (Brent) y la devaluación mensual programada (crawling peg).

Cronología de la contención fiscal

El laberinto administrativo que derivó en la firma de este decreto exhibe una secuencia sistemática de postergaciones durante el último semestre, configurando la principal ancla nominal del programa de estabilización.

Decreto 617/2025 – 28 de Agosto de 2025: Establece la matriz de postergación de los pasivos impositivos hidrocarburíferos devengados.

Decretos de Fin de Año – Septiembre – Diciembre 2025: Tránsito sucesivo mediante los Decretos 699, 782, 840 y 929 para evitar el traslado a góndolas durante el pico de consumo de las fiestas de fin de año.

Batería Normativa 2026 – Enero – Abril 2026: Congelamiento secuencial mes a mes mediante las oficinas de Hacienda (Decretos 74, 116, 217 y 302) bajo monitoreo de ARCA (ex AFIP).

Decreto 405/2026 – 29 de Mayo de 2026: Firma definitiva de la norma actual. Publicación e inicio de vigencia al 1° de junio, fijando el nuevo horizonte de impacto al inicio del segundo semestre.

El interrogante central para los analistas radica en la sostenibilidad de esta estrategia. El diferimiento del cobro de tributos a los combustibles implica una renuncia fiscal líquida e inmediata para las arcas de la Nación y, por derrame de coparticipación, para las provincias del NEA.

Sin embargo, el coeficiente de elasticidad de la demanda de combustibles ha mostrado signos de fatiga ante las actualizaciones previas. En una economía de frontera donde el diferencial de precios con los países vecinos (Paraguay y Brasil) se ha acortado drásticamente, la caída del consumo fronterizo ya eliminó el histórico “colchón” de demanda externa que dinamizaba las estaciones de servicio misioneras.

En conclusión, el Decreto 405/2026 compra tiempo. Otorga 30 días de estabilidad formal a la base imponible del combustible, transfiriendo al mes de julio —pleno período de receso invernal y estacionalidad turística alta— el desafío de calibrar el precio definitivo de la energía sin disparar las expectativas de inflación regional.

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Privatización de la Hidrovía: suman una auditoría integral en la etapa final de la licitación

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La Agencia Nacional de Puertos y Navegación inició una auditoría interna sobre todo el proceso de licitación de la Vía Navegable Troncal (Hidrovía), en la etapa final de evaluación de ofertas, con el objetivo de reforzar las garantías de transparencia y selección objetiva del futuro concesionario.

La revisión abarcará cada una de las etapas desarrolladas hasta el momento y se realizará sobre la base de la normativa vigente. Según la información suministrada, esta nueva instancia de control no interrumpirá el avance del proceso licitatorio.

La auditoría se incorporará al esquema de seguimiento que llevan adelante usuarios privados y provincias a través del Consejo de Control. Una vez concluida, se avanzará con la adjudicación del contrato a la mejor oferta, de acuerdo con los criterios fijados en los pliegos.

La licitación corresponde a una de las obras de infraestructura más relevantes del país y comprende la vía por la que circula el 80% de las exportaciones argentinas. De acuerdo con la información difundida, el proceso no registró impugnaciones por parte de las empresas participantes en ninguna de las etapas de evaluación.

Asimismo, antes de la publicación de los pliegos se habilitó una instancia de observaciones sobre los borradores, en la que participaron empresas, cámaras, organizaciones civiles y otros interesados, quienes pudieron formular objeciones y aportes.

La confección de los pliegos contó además con la auditoría de la UNCTAD, organismo especializado de Naciones Unidas en licitaciones de infraestructura estratégica, y con instancias técnicas de participación para usuarios privados, cámaras navieras y representantes provinciales.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, tanto los usuarios privados como las provincias respaldaron las distintas etapas de evaluación y destacaron la claridad de la información y la objetividad de los criterios utilizados, al tiempo que solicitaron avanzar hacia la adjudicación definitiva.

El director ejecutivo de la ANPYN, Iñaki Arreseygor, afirmó ante los usuarios que el procedimiento es “abierto y transparente” y sostuvo que cualquier interesado puede revisarlo para verificar que cada paso se desarrolló siguiendo las mejores prácticas internacionales.

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Hidrovía: Jan De Nul no afloja, ratifica la oferta y descarta socios chinos

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El consorcio integrado por la belga Jan De Nul y la argentina Servimagnus volvió a defender su propuesta por la concesión de la hidrovía Paraná-Paraguay. Las compañías ratificaron los “lineamientos estratégicos, tecnológicos y operativos” de su oferta para quedarse con la concesión de la Vía Navegable Troncal (VNT) y buscaron despejar las sospechas sobre una eventual participación china en el proyecto. Según remarcaron, no habrá financiamiento soberano extranjero ni intervención de empresas estatales vinculadas a Beijing.

Recordemos que la licitación de la hidrovía ingresó en su tramo decisivo y la disputa entre los gigantes del dragado mundial sumó la presencia de USA.

Directores de Jan De Nul mantuvieron reuniones con el embajador estadounidense en la Argentina, Peter Lamelas, para presentar detalles técnicos de su propuesta y responder cuestionamientos surgidos desde sectores vinculados a la competencia.

Presuntos vínculos con China

El foco de la polémica gira alrededor de presuntos vínculos de Servimagnus con capitales chinos. Incluso, desde Washington surgieron advertencias sobre una eventual influencia de Beijing en el proceso licitatorio.

Sin embargo, Jan De Nul rechazó de plano esas acusaciones y sostuvo que la operatoria prevista contempla exclusivamente dragas, tecnología e insumos propios o provenientes de proveedores occidentales, muchos de ellos estadounidenses.DEME, juega fuerte

La otra gran competidora en carrera es la belga DEME, que también busca quedarse con el control de la principal vía exportadora de la Argentina. Tras la exclusión de la brasileña DTA Engenharia, el proceso quedó reducido a una pelea mano a mano entre DEME y el consorcio Jan De Nul-Servimagnus.

A todo esto, en el sector admiten que se trata de una batalla multimillonaria donde confluyen intereses logísticos, políticos y comerciales. La hidrovía moviliza buena parte de las exportaciones agroindustriales argentinas y es considerada una infraestructura crítica para el comercio exterior.Licitación muy tensa La evaluación técnica y económica de las ofertas será determinante para decidir quién controlará durante los próximos años el dragado, señalización y mantenimiento de la principal arteria fluvial del país.

Mientras la presión internacional crece, los operadores privados aceleran el lobby y la hidrovía se consolida como otro capítulo donde la geopolítica global impacta de lleno sobre los negocios estratégicos de la Argentina.

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El juez Daniel Rafecas avaló el proceso de licitación de la Hidrovía

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El juez a cargo del Juzgado Federal 6, Daniel Rafecas, rechazó el pedido de suspensión inmediata de la licitación de la Hidrovía Paraná-Paraguay. La decisión, firmada este jueves, se produjo después de una denuncia por un supuesto entramado de fraude, falsificación de documentos y reparto anticipado del millonario contrato público.

El fallo se refiere al tramo central de la licitación pública nacional e internacional para la concesión del corredor fluvial más importante de la Argentina. Los denunciantes aseguraron que la adjudicación, de un valor estimado en USD 7.000.000.000, estaba preacordada para un grupo empresario vinculado al poder político.

El juez, siguiendo el dictamen del fiscal Guillermo Marijuan, concluyó que no se acreditó peligro concreto ni evidencia suficiente para frenar el proceso.

El conflicto

La controversia gira en torno a la adjudicación para dragado, señalización y balizamiento de la Hidrovía, un canal clave para la exportación argentina.

La diputada Marcela Pagano denunció ante la justicia presuntos manejos irregulares en el diseño de los pliegos —los requisitos para competir—, señalando que las condiciones habían sido elaboradas “a medida” para excluir empresas de origen chino, pese a su peso internacional en el sector.

Según la denuncia, el Grupo Neuss, liderado por Juan y Patricio Neuss, pasó en apenas dos años de ser un participante mediano a principal beneficiario de privatizaciones y concesiones estatales en el país.

La presentación sumó otras acusaciones. Indicó que la empresa Jan de Nul aparecería como oferente formal, pero el Grupo Neuss, como “socio oculto”, controlaría en realidad el 50% del contrato a través de subcontratos no declarados. También involucró al Grupo Román y, en el plano político, al expresidente Mauricio Macri.

El segundo denunciante, Fernando Míguez, presidente de la Fundación por la Paz y el Cambio Climático, argumentó que la licitación impone un requisito —un calado de 44 pies (13,41 metros)— de cumplimiento inmediato que solo la firma Jan de Nul puede satisfacer en la región, lo que, a su juicio, garantizaba un solo ganador.

El fiscal había rechazado suspender la licitación

Las denuncias exigían una medida cautelar de no innovar, es decir, que el juez ordenara suspender de inmediato todos los pasos de la licitación hasta evaluar los hechos.

Este lunes, el fiscalMarijuan, se opuso al pedido, considerando que los requisitos para una medida tan drástica no estaban justificados.

En su dictamen, el fiscal federal consignó: “No se acredita la verosimilitud del derecho invocado ni la arbitrariedad manifiesta del obrar administrativo, especialmente exigible frente a la Administración Pública… tampoco se demuestra el peligro concreto en la demora al que alude la presentante”.

Explicó que las cautelares —las suspensiones o medidas preventivas— solo pueden otorgarse cuando hay pruebas concretas y urgentes de que, si la justicia no actúa ya, el daño será irreparable para el denunciante o el Estado. Ese “peligro en la demora” es uno de los requisitos legales ineludibles.

El fiscal recordó la presunción de legitimidad del accionar de la administración, por lo cual solo puede suspenderse su marcha si aparecen pruebas claras de ilegalidad o riesgo gravísimo e inminente.

El juez respaldó al fiscal

En relación con los planteos y pruebas presentadas, el juez señaló que las denuncias se basan en hipótesis sobre hechos futuros, y que la investigación aún se encuentra en una fase inicial, sin elementos concretos para una decisión tan grave como suspender la concesión en curso.

Aclaró que las medidas cautelares “son remedios procesales de aplicación restrictiva”, solo válidos si se verifican, en simultáneo, tres condiciones: apariencia de derecho (probabilidad fundada de que lo denunciado sea cierto), peligro en la demora (daño irreparable si no interviene la justicia ya) y presentación de una garantía suficiente.

Para el juez Rafecas, tanto la presentación de Pagano como la de Míguez carecen de esos requisitos, ya que lo expuesto —aunque detallado— no supera la instancia de denuncia inicial ni aporta pruebas materiales que justifiquen una intervención excepcional.

El fallo señala jurisprudencia reciente que exige a los jueces actuar con “máxima prudencia”, especialmente cuando la medida afecta el funcionamiento administrativo normal de organismos públicos y cuando existen otros juicios en trámite en el fuero federal de Santa Fe, donde ya se han rechazado medidas preventivas sobre el mismo proceso.

El fallo impacta sobre uno de los contratos públicos de mayor peso histórico en materia de infraestructura fluvial y deja en pausa, por el momento, una investigación judicial sobre la mayor privatización en marcha por el Estado argentino.

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