La Corte suena
Idiota. Imbécil. Débil mental. Calificativos impensados hasta para una discusión acalorada. Sin embargo, fueron palabras utilizadas por el Gobierno de Javier Milei para describir a las personas que pueden recibir pensiones no contributivas por algún grado de invalidez. No es un insulto al aire ni un desliz. De hecho, es una copia textual de una normativa vigente durante el menemato. Parecen, eso sí, palabras seleccionadas especialmente para despertar la ira, el enojo, golpear la incredulidad de una sociedad que ve como a cada instante se corre un poco más el difuso límite de lo políticamente correcto.
Pueden servir también como un velo que cubra, piadosamente, algunas otras cosas, como el criptoescándalo que protagonizan el Presidente y su entorno y algunos problemas económicos que están ahí, latentes, apenas contenidos por el mérito de la inflación contenida.
Los nombramientos por decreto de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla para integrar la Corte Suprema de Justicia parecen también destinados a enfocar la atención en otra polémica -en varias polémicas a la vez- en lugar de en analizar la marcha de la gestión y los deslices del Presidente.
A tres días de que comiencen las sesiones ordinarias, el Presidente utilizó el decreto para evitar el filtro del Senado, remiso a avalar nombres de dudosas trayectorias.
A lo largo de sus 20 años en la judicatura, Lijo recibió 32 denuncias por mal desempeño o por presunta comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones. Es el tercero más denunciado ante el Consejo de la Magistratura. En muchos de los expedientes disciplinarios, se denuncian irregularidades por parte de Lijo en el manejo de las causas, desde la demora injustificada hasta incumplimientos de normas procesales, así como situaciones de violencia y faltas que sucedieron en el juzgado a su cargo. Recibió denuncias en relación a la tramitación de diversas causas de corrupción, como Ciccone y Siemens, y respecto de su actuación en la causa sobre el financiamiento de la campaña presidencial de Cambiemos en 2015 y la investigación sobre lo sucedido con el ARA San Juan. No parece ser el mejor curriculum para un ministro de la Corte.
El apuro y la obsesión con Lijo son llamativos. Será ministro “en comisión” gracias a una licencia autorizada, porque ni él mismo confía en que el Congreso avale su nombramiento. Pidió licencia en su juzgado federal porque “la designación carece de estabilidad”. Entonces, abre él mismo el interrogante: ¿Tendrán estabilidad sus decisiones?
El currículum de García-Mansilla no tiene tantas manchas, pero tampoco es un virtuoso de la Justicia. Más bien un gris. Cuando le preguntaron en el Congreso, afirmó que no aceptaría para sí mismo un nombramiento por decreto por el nivel de controversia que se generaría. Actuó en sentido opuesto. Parece tener una misión inmediata. Su trayectoria está marcada como asesor legal de empresas petroleras, uno de los pocos sectores que están generando inversión relevante en la Argentina –el 97% de las inversiones del RIGI están concentradas en Energía y Minería- con firmas que eventualmente podría necesitar un defensor ante eventuales litigios ambientales o económicos.
El Presidente ya dejó claro que no tiene mucho entusiasmo en las causas ambientales. Tampoco tiene mucho aprecio por la división de poderes y el federalismo. El embate contra Axel Kicillof a quien le pidió que renuncie y amenazó con la intervención de la provincia de Buenos Aires, advierte cuál es su visión. El argumento para pedir una medida extrema como la intervención es la inseguridad de Buenos Aires. Es una realidad innegable y agobiante como cada muerte registrada, pero no muy distinta a otras latitudes. De hecho, un estudio del ministerio de Seguridad, que conduce Patricia Bullrich, revela que Capital Federal es por lejos la ciudad con más robos de la Argentina. Por cada cien mil habitantes, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) se encuentra a la cabeza de la lista con 2.267 robos, seguida por Córdoba con 1.787 y Mendoza con 1.564. Buenos Aires, en el ojo de la tormenta a causa de la serie de homicidios y enfrentamientos armados entre policías y ladrones registrados en el Conurbano, tuvo 706 robos cada 100 mil habitantes el año pasado.
En contraste, Misiones,se encuentra entre las provincias con menor cantidad de robos denunciados. Con una tasa de 475 robos cada 100 mil habitantes, se ubica por debajo de la media nacional y lejos de los distritos con mayor incidencia del delito. En cuanto a los delitos cometidos en la vía pública, ya sean robos o hurtos, los números son aún más favorables. Misiones alcanza apenas el 16,5% en la estadística nacional y es superada solo por Santiago del Estero que registra un 14,5%.
En Buenos Aires se registró la mayor cantidad de hechos denunciados: 128.477, un aumento del 18% respecto a 2023, cuando se registraron 107.769. Pero más allá de la cantidad, el territorio gobernado por Axel Kicillof aparece recién en la decimocuarta posición a nivel país en cuanto a la tasa de robos, incluso por debajo del total país (1000 cada 100 mil habitantes). Amenazar con una intervención no respeta siquiera a los muertos. Aplaudir sin reflexión, es buscar una ventajita política. De los adláteres del Presidente se entiende. De los que quieren serlo, cuesta un poco más. El radicalismo está en ese tono aplaudidor, en el afán de ser invitado al banquete. Un sector de la UCR misionera protagonizó un capítulo de sumisión pocas veces visto: de la mano de Martín Arjol y el funcionario de Yacyretá, Rodrigo De Arrechea, ex presidente del partido, además de Javier Mela, reemplazante de Germán Kiczka, el ex diputado preso por tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil, los radicales con Peluca hicieron un “banderazo” a favor de Milei en el predio de la Sociedad Rural, el mismo sitio donde los patrones del campo silbaron a Raúl Alfonsín y donde el Presidente dio uno de sus discursos más recordados.
“Son los que muertos de miedo se han quedado en silencio cuando han venido acá a hablar en representación de la dictadura”, había replicado Alfonsín. Los radicales pro -antes pro Macri, ahora pro Milei- olvidaron ese tenso cruce. “La foto de hoy significa que el radicalismo está con Javier Milei”, dijo el ministro de Defensa, Luis Petri, uno de los primeros en pegar el salto. En la foto había no más de 200 dirigentes.
Muchos otros no piensan lo mismo. En Misiones hay también resistencia: la ex diputada Anita Minder representa esa cruzada. “Me encantan los radicales con Peluca cuando dicen que “que los une la libertad y la justicia social’ y Milei dice que “la justicia social es una aberración”. Son un corso a contramano”, cuestionó.
En las rutas también comenzó a escucharse un intenso reproche al Presidente, que ganó en muchos municipios de Misiones y hasta hace algunos meses estaba exento de cuestionamientos. Pero la tensión en el sector primario de la yerba mate fue en crecimiento y ahora no son pocos los que reconocen que la desregulación impuesta por Milei es responsable del derrumbe de los precios de la materia prima. Y exigen respuestas que no aparecen por parte del Gobierno nacional ni los dirigentes que exhiben como libertarios. Arjol es uno de los más cuestionados por prácticamente desaparecer de Misiones y no aportar ninguna solución ni gestiones ante la Nación.
Es el Gobierno provincial el que está trabajando en la búsqueda de soluciones en negociaciones ante la Nación. Esa gestión activa es reconocida incluso por los simpatizantes libertarios que desprecian a quienes buscan solo estar bajo la sombra del poder, como buscan, desesperados, en el PRO y el radicalismo.
Este sábado la protesta yerbatera llegó hasta el acceso a las Cataratas del Iguazú. El miércoles sucederá lo mismo sucederá lo mismo con una concentración en Cruce Karaben exigiendo la restitución plena de las facultades del Instituto Nacional de la Yerba Mate y que se defina el precio en el marco de la ley, no por fuera de las instituciones. Hoy no hay atisbo de que eso pueda suceder. Pero el INYM dio a conocer un valor de referencia apenas por encima de lo estimado previamente por los productores: 355,41 pesos como el costo mínimo de producción por kilo de hoja verde puesta en secadero. A ese valor de referencia hay que sumarle un porcentaje de “rentabilidad” estimado en un 30 por ciento, lo que resulta en un valor final de 462,03 pesos, por debajo de lo que piden los productores en las protestas, pero bastante más del doble de los 190 y 210 pesos por kilo promedio en los secaderos.
Para la Provincia el valor estimado es clave, porque permitirá cotejar números con lo que surja del plan de trazabilidad puesto en marcha, con el que se pretende establecer la cadena de costos y el volumen que se mueve en el mercado. En contraste con la convulsión política del escenario nacional, Misiones entra en una etapa clave sin conflictos. El inicio de clases se dará este miércoles con las escuelas abiertas, paritarias acordadas y un paquete de respaldo económico relevante, con la suma de los Ahora y el Boleto Estudiantil Gratuito. No es un dato menor. En las provincias vecinas no hay acuerdos salariales y la situación económica y social está deteriorada. Misiones logró soportar el peor momento de la crisis sin pérdida relevante del empleo y absorbiendo el impacto del ajuste para que los mayores costos no impacten de lleno en el bolsillo.
Algunos, sin embargo, son inevitables. Marzo amaneció con una nueva suba de combustibles y el acumulado supera el 150% en comparación con diciembre de 2023, exactamente la mitad que los aumentos de la era Macri. Desde que asumió Milei, llenar el tanque cuesta el doble: 80 litros de Infinia Diesel en una Toyota Hilux, que en diciembre costaban $49.520, hoy requieren $125.280, lo que representa un aumento del 153%. Para un auto con 55 litros de nafta Súper, el gasto pasó de $26.675 a $70.125, con un incremento del 162,9%.
Pero la factura en este caso, se la carga al Gobierno nacional. La Provincia no tiene como atajar esos aumentos, aunque el reclamo para mitigar las asimetrías surtió algo de efecto
