MADERA DURA

Tras la postergación europea del EUDR, AFoA destacó la preparación del sector forestal argentino

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En un giro clave para el comercio internacional, el Consejo de la Unión Europea confirmó la postergación de la entrada en vigor del Reglamento de Productos Libres de Deforestación (EUDR), extendiendo su aplicación general hasta diciembre de 2026. La revisión busca dar más tiempo a empresas y autoridades para ajustar sistemas de trazabilidad, simplificar procesos y evitar la sobrecarga operativa prevista en la versión original del reglamento.

La noticia llegó el mismo día en que la Asociación Forestal Argentina (AFoA) realizó el seminario “EUDR en Productos Forestales: Estado Actual de la Implementación. Requisitos regulatorios y experiencias privadas”, donde disertantes nacionales e internacionales analizaron los desafíos y oportunidades que abre la normativa para la foresto-industria argentina. Con la moderación a cargo de Lucas Nannini, Gerente de Administración de Planeamiento de Papel Misionero, la apertura oficial del seminario estuvo a cargo del presidente de AFoA – Pablo Ruival – quien destacó el excelente panel de disertantes, en donde se puede tener testimonio directo de empresas que ya están trabajando con estos procesos, marcos legales, enfoques y protagonistas que contribuyen a que todos podamos comprend er y estar listos para cuando entren en vigencia estas nuevas políticas”.

Por su parte, Claudia Peirano, directora ejecutiva de AFoA señaló que “la postergación anunciada hoy ratifica que el cumplimiento del EUDR requiere procesos sólidos, información precisa y herramientas confiables. Argentina ya cuenta con un marco legal muy robusto, plantaciones georreferenciadas y miles de hectáreas certificadas, lo que nos posiciona en condiciones favorables para los mercados europeos”.

Certificaciones y sistemas locales de control: respuestas desde Argentina

La primera en dar testimonio y contexto fue Florencia Chavat, directora ejecutiva de PEFC Argentina, quien repasó el estado de situación técnico-regulatorio del reglamento y analizó las más recientes propuestas de enmienda, que ya anticipaban un posible aplazamiento. Detalló los requisitos de trazabilidad, legalidad y geolocalización, y celebró las mejoras introducidas en el proceso europeo para simplificar el proceso y reducir cargas administrativas para las PYMEs.

Experiencias internacionales: trazabilidad, riesgo y adaptación al nuevo escenario europeo

Luego, ya en la voz de los protagonistas, el primero en dar testimonio fue Fernando Sepliarsky, director técnico de INTASA (España) – principal fabricante español de parquet multicapa y tableros rechapados con presencia global – quien describió el fuerte impacto operativo que el EUDR implica para las empresas europeas que trabajan con múltiples especies y orígenes. Explicó que, en un contexto de crecientes costos y mayores exigencias ambientales, el EUDR opera como una verdadera barrera para-arancelaria, obligando a integrar geolocalización, certificaciones, matrices de riesgo y documentación exhaustiva para cada importación.

Sepliarsky describió con claridad la diligencia debida que ahora deben cumplir los operadores: información detallada del producto, país de origen, proveedor, legalidad y geolocalización; evaluación y reducción de riesgos; documentación disponible durante cinco años; y la incorporación de un número de referencia obligatorio que acompaña cada importación. Compartió ejemplos reales de matrices de riesgo utilizadas por INTASA, mostrando cómo la empresa integra certificaciones (como PEFC), datos geográficos y criterios legales para obtener calificaciones de riesgo “despreciable”. También remarcó que el sistema prevé los primeros seis meses sin sanciones y que la transición de EUTR a EUDR exigirá una adaptación profunda a lo largo de la cadena co mercial.

Desde el sector privado, Vanina Budini, responsable de Cadena de Custodia de Papel Prensa, presentó cómo Papel Prensa integra la madera controlada y los sistemas de diligencia debida para alinearse con las exigencias del EUDR. La empresa, con 47 años de trayectoria y un proceso foresto-industrial que abastece impresión y embalaje a gran escala, trabaja con sauces y álamos de cinco establecimientos propios y más de 45 proveedores. Su esquema se apoya en Cadena de Custodia FSC y PEFC, asegurando trazabilidad completa desde el bosque hasta el producto final, y en un abastecimiento basado en fibra certificada, madera controlada y material recuperado.

Budini detalló el Sistema de Diligencia Debida (SDD) que aplica la compañía para evitar el ingreso de materiales provenientes de fuentes conflictivas. Esto incluye controles legales y dominiales, revisión de documentación laboral, relevamientos de áreas de alto valor de conservación, evaluación de riesgos sociales y consultas a actores locales. También abordó cómo la empresa responde a las crecientes solicitudes de clientes —tanto dentro como fuera de la UE— en relación con el EUDR: trazabilidad por lote, geolocalización de las unidades de manejo, documentación respaldatoria, acuerdos de confidencialidad y ejercicios de verificación. El sistema permite que la información esté disponible para auditorías, fortaleciendo la transparencia y demostrando la preparaci& oacute;n de Papel Prensa para los nuevos requisitos europeos.

Por su parte, Paula Balla, de Arauco, expuso el desarrollo de una solución tecnológica integral, que vincula información desde el sistema forestal hasta la facturación, permitiendo generar reportes GeoJSON y documentación apta para la plataforma TRACES. Afirmó que Arauco ya cuenta con el 100% de la información de origen y trazabilidad exigida por la norma, y destacó la necesidad de estandarizar la entrega de datos a clientes operadores.

Asimismo, se hizo hincapié en el rol de Arauco como proveedor de fibra y madera, destacando el desafío de estandarizar la entrega de información bajo un formato único y eficiente para evitar la duplicidad de gestiones administrativas. Balla concluyó enumerando los retos a futuro, que incluyen la adaptación continua a las novedades del sistema europeo, el mantenimiento de certificaciones como FSC y la necesidad de instalar la temática en la agenda pública nacional y provincial para proteger y potenciar las exportaciones forestales

La visión del Estado: trazabilidad pública y riesgo nulo de deforestación

En representación del Gobierno nacional, Sabina Vetter, directora nacional de Desarrollo Foresto-Industrial, explicó que Argentina viene llevando adelante una doble estrategia:

  • gestiones diplomáticas y planteos ante organismos internacionales solicitando la postergación del reglamento, y
  • adecuación interna, con la creación del Directorio de Esquemas de Diferenciación Agroindustriales (Res. 50/2024), que ya incluye herramientas como VISEC y Tracestory, orientadas al cumplimiento del EUDR.

Vetter remarcó que el país cuenta con un marco legal que garantiza trazabilidad territorial verificable, ya que el otorgamiento de beneficios dentro del régimen de promoción forestal instituido por la Ley N° 25.080 exige la ejecución de emprendimientos forestales georreferenciados, auditados y verificados por el Estado. Esto permite demostrar, con evidencia pública, que el riesgo de deforestación asociado a la producción forestal argentina es prácticamente nulo.

Argentina: un proveedor confiable para los mercados más exigentes

Con más de 1,3 millones de hectáreas de plantaciones forestales, en su mayoría en la Mesopotamia, Argentina cuenta con una de las regiones más productivas del mundo para pino y eucalipto. Más del 90% de la industria se abastece de estas plantaciones establecidas bajo la Ley 25.080, lo que refuerza su perfil de cumplimiento frente a la EUDR.

Además, el país dispone de dos sistemas de certificación internacionalmente reconocidos (FSC y PEFC), que aseguran gestión sostenible, legalidad y trazabilidad. “El EUDR es un cambio estructural en el comercio global de productos forestales. La decisión de hoy confirma que el proceso de implementación debe ser responsable. Argentina está preparada y lo demostró hoy el sector público-privado en este seminario”, concluyó Peirano.

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Guardaparques detienen carga ilegal de madera nativa en la zona norte

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En el marco de las tareas de control y fiscalización ambiental que desarrolla el personal de Guardaparques del Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables de Misiones en la zona norte (en los parques Urugua-í y Foerster), y en trabajo conjunto con la Policía de Misiones de Comandante Andresito, se llevó adelante un procedimiento que culminó con el secuestro de madera nativa de las especies Azota Caballo, Laurel y Caña Fístola.

El operativo se concretó durante un control vehicular sobre la Ruta Nacional N° 101, donde efectivos policiales interceptaron un vehículo que transportaba rollos de madera sin la documentación obligatoria. Frente a esta infracción, los guardaparques del Parque Provincial Urugua-í realizaron las actuaciones correspondientes, disponiendo el secuestro tanto de la carga como del rodado, que quedaron bajo resguardo en el puesto Uruzú.

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FRESA Run 2025: energía limpia por un futuro sostenible en Virasoro

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Con el lema “Corré por el futuro”, la segunda edición de la FRESA Run se realizó el 2 de noviembre en la localidad de Gobernador Virasoro, Corrientes. Organizado por Fuentes Renovables de Energía S.A. (FRESA), una de las empresas pertenecientes a Insud, junto a la Municipalidad local, el encuentro reunió a empleados, familias y vecinos de toda la región en torno a una propuesta que combinó deporte, integración y conciencia ambiental.

La jornada incluyó competencias de 5K y 10K, una caminata participativa y carreras para niños, con el objetivo de promover hábitos saludables, fortalecer los lazos comunitarios y reafirmar el compromiso de FRESA con un futuro sostenible. Cada participante colaboró además con un alimento no perecedero, reafirmando el compromiso solidario que caracteriza las iniciativas de sostenibilidad de la empresa.

El evento contó con la participación del secretario de Innovación, Infraestructura y Asuntos Estratégicos, Darío González, y por parte de FRESA, de Adriana Steckler, gerente de Gestión Integral y Sostenibilidad, y Atilio Amerio, gerente de Recursos Humanos.

“La FRESA Run refleja el espíritu de nuestra organización: generar energía limpia y también energía humana. Queremos seguir construyendo, junto a la comunidad, un futuro sostenible para Virasoro y toda la provincia”, expresó Steckler.

Los ganadores fueron Lucas Méndez (Apóstoles) y Antonela Gallardo (Gobernador Virasoro) en los 5K, y Edgardo Franco (Azara) y Romina Peña (Oberá) en los 10K.

En su segunda edición la FRESA Run 2025 se consolida como un encuentro anual de la comunidad, en el que se celebra la vitalidad, el trabajo en equipo y la convicción de que la energía más poderosa es la que se comparte.

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ConfiAr impulsa soluciones en logística, normativa y competitividad para el sector foresto industrial

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En un nuevo encuentro de la Mesa Foresto-Industrial, el Consejo Foresto Industrial Argentino (CONFIAR) junto a autoridades nacionales avanzaron en una agenda común que abarca mejoras logísticas, actualización normativa, producción de información clave y simplificación de trámites, con el objetivo de fortalecer la competitividad del sector.

El Consejo Foresto Industrial Argentino (CONFIAR), que nuclea a las principales entidades de la cadena foresto-industrial del país, participó de una nueva reunión de la Mesa Foresto-Industrial. El encuentro que permitió abordar temas estratégicos para el desarrollo de la industria, se realizó el 16 de setiembre y fue convocado por la Secretaría de Industria y Comercio y la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. Por el sector público participaron, en representación de la Subsecretaría de Gestión Productiva, Ornela Calvette, directora nacional de Proyectos Estratégicos y Cecilia Jobe, directora de Desarrollo Sectorial. Por la Subsecretaría de Gestión Productiva, Juan Galeano, jefe de Gabinete y Sandra Planes, directora nacional de Competitividad Industrial. Por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, Sabina Vetter, directora nacional de Desarrollo Foresto Industrial. Y por la Secretaría de Transporte, Jorge Zarbo, director nacional de Transporte Automotor de Cargas. También tomaron parte otros representantes de organismos públicos y referentes del sector privado.

Entre los principales ejes tratados se destacaron:

  • Logística y transporte: se analizaron avances normativos vinculados a configuraciones de camiones, bitrenes y circulación de cargas en rutas nacionales, que buscan homogeneizar regulaciones con la región y reducir costos de transporte. También se plantearon preocupaciones sobre la hidrovía y las condiciones de navegación, fundamentales para la competitividad exportadora.
  • Normativa y construcción con madera: se resaltó la necesidad de contar con soluciones estructurales que reconozcan los sistemas constructivos en madera ya aprobados, como el SIP (Structured Insolated Panel) evitando depender de prórrogas administrativas.
  • Información estratégica: la Dirección Nacional de Desarrollo Foresto Industrial anunció que en 2026 se realizará un nuevo Censo Foresto-Industrial, que permitirá contar con estadísticas actualizadas y confiables sobre producción y comercialización.
  • Facilitación de trámites y comercio exterior: se solicitó ver temas vinculados a agilizar certificaciones, digitalización de documentos, depósitos fiscales y pagos de importaciones, a fin de reducir costos y mejorar la operatoria de empresas del sector.

Un motor económico con proyección global

El Consejo Foresto-Industrial Argentino (CONFIAR) está integrado por cinco instituciones: la Asociación de Fabricantes de Celulosa y Papel (AFCP), la Asociación Forestal Argentina (AFoA), la Asociación de Fabricantes y Representantes de Máquinas, Equipos y Herramientas para la Industria Maderera (ASORA), la Federación Argentina de la Industria Maderera y Afines (FAIMA) y la Sociedad Rural Argentina (SRA). Todas ellas son protagonistas de un sector productivo que, junto a la minería, la energía y otros rubros pujantes, constituye uno de los actores con mayor potencial para atraer inversiones al país.

CONFIAR representa a este motor económico que involucra a más de 53 millones de hectáreas de bosques nativos y 1,3 millones de hectáreas de plantaciones forestales, el 80% de ellas localizadas en la Mesopotamia. La foresto-industria de Argentina se abastece en un 95% de madera proveniente de estas plantaciones, generando un agregado de valor que incluye la producción de celulosa y papel, madera y tableros para viviendas y muebles, energía eléctrica y térmica y diversos productos químicos. Todos ellos poseen muy baja huella de carbono y son necesarios para la descarbonización de la economía.

Con 13.000 productores forestales y más de 6.000 empresas, el sector emplea de manera directa y formal a unas 100.000 personas, y exporta alrededor de 550 millones de dólares anuales. En un contexto internacional en el que, según la consultora finlandesa AFRY, el valor de la industria forestal global crecerá en más de 210 billones de dólares entre 2019 y 2035, Argentina cuenta con una oportunidad única para posicionarse como un jugador relevante en los mercados internacionales.

Desde CONFIAR subrayaron que la articulación público-privada y la búsqueda de soluciones conjuntas son fundamentales para que el sector despliegue todo su potencial, fortalezca su aporte al desarrollo sostenible del país y se consolide como un protagonista clave de la economía argentina en los próximos años.

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Economía sancionó a Forestal María José S.A. por incumplir el régimen de promoción en Misiones

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El Ministerio de Economía resolvió aplicar una multa de $152.000 a Forestal María José S.A. por incumplimientos en un proyecto forestal aprobado bajo el Régimen de Promoción No Industrial. La sanción se suma al decaimiento de los beneficios fiscales ya dispuesto en 2022, y refleja la decisión oficial de endurecer los controles sobre empresas que recibieron incentivos y no cumplieron sus compromisos de inversión y empleo.

El caso: un proyecto millonario inconcluso

La Resolución 1259/2025, firmada por el ministro Luis Caputo y publicada este 28 de agosto en el Boletín Oficial, concluye un extenso proceso administrativo iniciado hace más de dos décadas.

  • En 1997, Forestal María José S.A. había sido declarada beneficiaria del Régimen de Promoción No Industrial (Ley 24.764, Decreto 494/97), con un proyecto de implantación de 800 hectáreas de eucaliptus grandis sobre un establecimiento de 1.000 hectáreas en los departamentos Apóstoles, 25 de Mayo y San Ignacio (Misiones).
  • La empresa comprometió una inversión de $1,9 millones y la creación de al menos 3 puestos permanentes, 4 tras la puesta en marcha, y hasta 20 empleos temporarios.
  • El proyecto debía estar en marcha antes del 31 de diciembre de 2009.

El 21 de abril de 1999, la compañía obtuvo el Certificado de Inicio de Ejecución de Inversiones Nº 32, lo que habilitaba el acceso a las franquicias fiscales previstas en la normativa (Ley 22.021, arts. 2° y 11).

Sin embargo, una auditoría posterior detectó que la firma vendió las tierras en marzo de 2015 y dejó de contratar personal desde septiembre de 2014, incumpliendo así los compromisos de producción y empleo.

La sanción: multa y ejecución fiscal

El procedimiento sancionatorio comenzó en mayo de 2023, tras el sumario ordenado por la Subsecretaría de Ingresos Públicos. La instrucción sumariante verificó que:

  • La empresa realizó un único raleo y tala rasa en marzo de 2015, vendiendo la totalidad de la producción.
  • No mantuvo personal en planta durante varios meses previos a la venta de los lotes.

Por esos incumplimientos, el Ministerio de Economía dispuso:

  • Imponer una multa de $152.000, equivalente al 8% de la inversión comprometida, según el art. 17 de la Ley 22.021.
  • Establecer un plazo de 10 días hábiles para el pago.
  • Facultar al Estado a ejecutar la deuda por vía fiscal si no se cumple en término.

La resolución aclara que el acto constituye título ejecutivo y que el simple vencimiento del plazo produce mora de pleno derecho, sin necesidad de intimación.

Beneficios caídos y controles más estrictos

La multa no es el único revés para Forestal María José S.A. En junio de 2022, mediante el Decreto 307/22, el Gobierno ya había dispuesto el decaimiento total de los beneficios promocionales y el reintegro de los tributos diferidos, al comprobarse el abandono del proyecto.

La sanción actual es complementaria y marca un endurecimiento de la política de control sobre los programas de promoción. El dictamen de la Dirección Nacional de Incentivos Promocionales fue categórico: “la efectiva configuración de las infracciones materiales cuya comisión fuera imputada oportunamente a la firma conducen a la aplicación de las sanciones contempladas en la normativa vigente”.

El Gobierno de Misiones fue notificado de la resolución, al igual que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), sucesora de la AFIP en funciones de fiscalización de este régimen.

El caso revela los desafíos históricos de los regímenes de promoción económica, en especial en sectores como la forestación en Misiones, que recibieron importantes beneficios fiscales desde fines de los ‘90.

La sanción tiene varias implicancias:

  • Económicas: refuerza la señal de que el incumplimiento de compromisos de inversión y empleo tendrá consecuencias, incluso décadas después de otorgado el beneficio.
  • Políticas: se alinea con la estrategia del Gobierno de austeridad y orden fiscal, mostrando voluntad de recuperar recursos y disciplinar el uso de regímenes de promoción.
  • Institucionales: sienta un precedente para otras empresas bajo investigación por proyectos inconclusos, reforzando el rol de la Dirección de Incentivos Promocionales y ARCA.

La empresa sancionada podrá interponer un recurso de reconsideración en un plazo de 20 días hábiles, conforme al Reglamento de Procedimientos Administrativos (Decreto 1759/72, T.O. 2017). De no hacerlo o si la apelación es rechazada, el Ministerio avanzará con la ejecución fiscal de la multa.

En paralelo, se espera que la cartera económica siga avanzando con la depuración de regímenes de promoción inactivos o incumplidos, en un contexto en el que el oficialismo busca ordenar las cuentas públicas y reducir gastos tributarios improductivos.

La medida también podría generar tensión con actores provinciales y empresas locales, que históricamente reclamaron una mayor flexibilidad en la fiscalización de proyectos forestales por las particularidades de los ciclos de producción.

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