MADURO

Venezuela: Maduro llama a una Asamblea Constituyente para “refundar el Estado”

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El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo el lunes que convocará a una Asamblea Constituyente, con el objetivo de refundar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución que llevaría a elecciones generales.

“Convoco al poder constituyente originario para lograr la paz que necesita el país, para derrotar el golpe fascista, una Constituyente ciudadana, no de partidos políticos. Una Constituyente del pueblo”, dijo Maduro ante miles de seguidores congregados en el centro de Caracas por el Día del Trabajador.

Henrique Capriles, uno de los líderes de la oposición, utilizó su cuenta de Twitter para repudiar la decisión del actual presidente venezolano y llamar a una movilización en señal de protesta. Además, aseguró que los venezolanos no van a “aceptar” que “siga el autogolpe madurista” con “otro fradude constitucional”.

“El dictador Maduro y su narco corrupta cúpula pretenden matar la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela! No podrán!”, escribió el referente político en su cuenta personal en la red social.

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Ola de violencia y saqueos deja otros 12 muertos en Venezuela

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La Fiscalía General de Venezuela confirmó que doce personas murieron y otras seis resultaron heridas en una ola de violencia con saqueos que azotó Caracas la noche del jueves, en medio de las protestas opositoras contra el Gobierno. Ya suman 21 las víctimas fatales en dos semanas de protestas en el país caribeño.

Los hechos de violencia tuvieron lugar entre la noche del jueves y la madrugada de este viernes especialmente en la zona popular El Valle, en el suroeste de Caracas, donde murieron 11 personas.

La Fiscalía informó sobre la muerte de otro hombre en la zona popular de Petare, en el este de Caracas, lo cual también fue confirmado por el alcalde municipal Carlos Ocariz al reportar incidentes violentos en su jurisdicción.

Las víctimas de El Valle sufrieron impactos de armas de fuego o murieron electrocutadas por los sistemas de seguridad de comercios saqueados. Entre los muertos figura un muchacho de 17 años.

La investigación de las muertes en El Valle fue encomendada al coordinador de la dirección de Delitos contra las personas, Favio Faoro, y dos fiscales del área metropolitana.

La Fiscalía dijo que otro equipo de fiscales investigará los saqueos a comercios ubicados en El Valle y otras zonas, tales como El Paraíso, cercana a la anterior, y Montalbán. Estas zonas fueron sacudidas por la ola de violencia, que estalló el jueves después de que una manifestación opositora fuera reprimida por las fuerzas del orden con gases lacrimógenos y perdigones.

La oposición dijo que la violencia en El Valle fue provocada por grupos paramilitares supuestamente afines al Gobierno que enfrentaron los focos de protestas. La ministra de Relaciones Exteriores, Delcy Rodríguez, acusó a bandas “contratadas” por la oposición de lo ocurrido en el hospital Materno Infantil Hugo Chávez de El Valle, de donde fueron evacuados 54 niños.

El diputado opositor José Guerra, elegido por esa zona de Caracas, atribuyó el incidente a los gases tóxicos utilizados por la fuerza pública contra las manifestaciones cercanas al centro médico.

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Dos muertos en las manifestaciones en Venezuela

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Una estudiante identificada como Paola Ramírez, de 24 años, murió baleada en San Cristóbal, capital del estado andino Táchira. Se suma al estudiante de 17 años que murió por un disparo de bala ejecutado por desconocidos cuando participaba de una marcha contra el gobierno de Maduro en Caracas.

La de este miércoles es la continuación de manifestaciones contra el gobierno que desde el 4 de abril dejaron seis muertos y cientos de heridos y detenidos.

La concentración opositora desde la plaza Altamira, en el este, se movilizó con varios dirigentes al frente por la autopista Francisco Fajardo, con el objetivo de llegar a la Defensoría del Pueblo, pero encontró un cordón de policía que comenzó rápidamente a arrojarles gases.

Las autoridades advirtieron que la oposición no tenía permiso para cruzar hacia el municipio Libertador, donde está la sede de la Defensoría, y que solo podía concentrarse en el este de la ciudad, donde las alcaldías están en poder de la oposición.

Miembros de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB, policía militarizada) disolvieron la concentración opositora en la zona del Paraíso cuando intentaban marchar hacia el centro, lo que originó el enfrentamiento con algunos manifestantes que respondieron lanzando piedras a los agentes, según constató EFE.

Varios medios locales informaron que un joven de 17 años, de nombre Carlos José Moreno, murió por disparos de bala luego de ser atendido en el Hospital de Clínicas Caracas, centro privado de salud cercano a la zona del suceso, aunque no se confirmó quién fue el autor de los disparos.

Una de las marchas que partió desde el oeste por la autopista fue detenida por la policía, que igualmente disparó gases lacrimógenos para evitar que se uniera con las concentraciones que venían del este.

La masiva movilización principal en la autopista se vio contenida por la valla de seguridad y el humo de los gases.

La oposición planeaba llegar a la Defensoría del Pueblo, para exigirle que abra un procedimiento contra los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que firmaron dos sentencias que despojaron a la Asamblea Nacional (Congreso) de sus atribuciones, y aunque las sentencias fueron retiradas, la oposición insiste en acusar a los jueces de dar un golpe de Estado al poder Legislativo y a favor de Maduro.

Mientras, en varios puntos del oeste y centro de Caracas se reunieron miles de partidarios del gobierno para expresarle apoyo a Maduro, quien cumple el cuarto año de su mandato de seis.

Trabajadores, organizaciones de mujeres, jóvenes y adultos mayores del país comenzaron a concentrarse en diversos puntos de Caracas para marchar hacia la avenida Bolívar, donde se realizará una concentración en apoyo a la Revolución Bolivariana y en defensa de la soberanía en el 207 aniversario de la independencia de Venezuela.

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Cuando las instituciones se prenden fuego

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La crisis política-institucional en América del Sur inició un nuevo capítulo la semana pasada cuando estallaron masivas y virulentas protestas sociales en Paraguay y Venezuela. Una vez más los principales medios de comunicación del mundo occidental pusieron en duda la calidad democrática de nuestros países, remarcaron la falta de transparencia de las acciones gubernamentales y evidenciaron la vulnerabilidad institucional de nuestras repúblicas. Sin embargo, esta nueva oleada de crisis demostró algo más, la fragilidad institucional, los valores anti-democráticos y el abuso de poder no son exclusivos de los Estados suramericanos, también se convirtieron en faltas de los organismos de integración y seguridad regional.
El accionar de la Organización de Estados Americanos (OEA) y del MERCOSUR como respuesta a los sucesos ocurridos en Venezuela y Paraguay, como organismos regionales que salvaguardan el orden democrático de sus países miembros, dejó en claro que violentar algún poder del Estado no siempre es una ofensa digna de sanción o repudio.
Recordemos que tanto la OEA como el MERCOSUR prevén sanciones importantes para los países miembros que no caminen por la senda del respeto a la Democracia o sus instituciones.
Repasemos brevemente cada caso. El día 30 de marzo la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia venezolano dicta una sentencia donde anuncia que asumirá todas las competencias correspondientes a la Asamblea Nacional (Poder Legislativo de Venezuela), cuyas actuaciones considera nulas por encontrarse en una situación de desacato a sentencias anteriores del propio tribunal. El TSJ dictaminó el desacato porque la Asamblea incorporó, en agosto del 2016, a tres diputados del estado de Amazonas, cuya elección había sido impugnada poco después de las elecciones legislativas del 2015.
Las respuestas hacia la decisión del Tribunal Supremo de Justicia venezolano y hacia el gobierno de Nicolás Maduro no se hicieron esperar. El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, calificó el suceso de “auto golpe” y convocó de forma urgente a una sesión del Consejo Permanente para examinar la situación de la República Bolivariana de Venezuela. En esta reunión el Consejo dictó una resolución donde reconoce la existencia de “alteración institucional del orden democrático” en Venezuela. Además, instó al gobierno a garantizar la separación de poderes, restaurar la autoridad del Parlamento y apoyar medidas que permitan el retorno al orden democrático, dejando abierta la posibilidad de convocar a una reunión de ministros para analizar sanciones contra aquel país. En este punto se debe remarcar que el Consejo Permanente violó el procedimiento que prevé la Carta Democrática para determinar una “alteración grave al orden constitucional”, dado que explícitamente este documento requiere la firma de 18 Estados miembros, y esta resolución solo logró juntar 14 firmas.
Esto es importante a los efectos de la legitimidad de la resolución, únicamente con esa mayoría de 18 países se puede entender que la resolución emana del Consejo Permanente, y no de un grupo selecto de países.
Con la misma celeridad y urgencia que la OEA, los miembros del MERCOSUR convocaron a una Cumbre extraordinaria de Cancilleres para analizar la posibilidad de aplicar la “cláusula democrática” a Venezuela, que podría significar la suspensión de este país en dicho organismo. El día sábado 1 de abril los cancilleres de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay instaron al gobierno de Venezuela a adoptar medidas concretas, concertadas con la oposición, de acuerdo con la Constitución, para asegurar la separación de poderes.
El mismo día que se convocaba a la Cumbre Extraordinaria por la situación del país bolivariano, en la República del Paraguay estalla una crisis política-institucional que deja como resultado un dirigente opositor muerto, un centenar de heridos, 200 detenidos y el edificio del Congreso en llamas. El viernes 31 de marzo, se aprueba en el Senado paraguayo un proyecto impulsado por el oficialismo para enmendar la Constitución Nacional, que permitiría la re-elección presidencial. Los disturbios se desataron porque el gobierno de Horacio Cartes violentó las garantías institucionales para el correcto procedimiento de sanción: el proyecto fue aprobado durante una sesión a puertas cerradas, a pesar de que constitucionalmente las sesiones deben ser públicas y la sesión fue realizada sin la presencia del titular de la Cámara Alta, Roberto Acevedo. Además, se hizo trascender que Acevedo previo a ser destituido, según la oposición ilegalmente, había retenido la solicitud de aprobación de esta reforma, ya que una enmienda similar había sido tratada en agosto de 2016, y según la Constitución solo puede volver a tratarse en un plazo de un año.
Para sortear este obstáculo, el senador Julio Velázquez se proclamó como presidente del Senado el martes pasado, y en su posición ilegitima, permitió la introducción de las modificaciones al reglamento interno que posibilitaron el tratamiento de la enmienda.
A pesar del enfrentamiento social que produjo esta, por lo menos dudosa, sanción y el pedido insistente de las fuerzas políticas opositoras paraguayas, las respuestas de los organismos regionales a los que pertenece Paraguay todavía no se han conocido.
El secretario general de la OEA se limitó a emitir un comunicado con “un llamado a las fuerzas políticas de Paraguay a la Paz y al respeto de la Democracia”, y agregó que “no es la violencia la forma de resolver los conflictos políticos en Democracia”.
Asimismo, evitó referirse al hecho que provocó el estallido, y no convocó a reuniones del organismo para revisar la situación de ese país, aunque los principales líderes de la oposición solicitaron la intervención de la OEA “ante los atropellos cometidos contra la democracia paraguaya” por el gobierno nacional.
Tampoco el MERCOSUR se pronunció ante estos hechos ni ninguno de sus miembros, situación que suscita algunos interrogantes, dado que en el 2012 Paraguay fue sancionado por sospechas en el funcionamiento del Senado cuando destituyeron de la presidencia a Fernando Lugo.
El presidente de Bolivia, Evo Morales, calificó de hipócrita al accionar dispar de la OEA en casos tan similares. Afirmación que no parece injustificada si tenemos en cuenta los hechos y la ilegalidad de la resolución de la OEA. Los organismos regionales deberían explicitar los protocolos actuales para realizar la tan peligrosa declaración de que un Estado rompió el orden democrático, teniendo en cuenta las devastadoras consecuencias que podría acarrear.
Entonces, al comparar estos casos se presentan más dudas que certezas, no parece existir una definición clara y acabada de qué acciones gubernamentales violentan las instituciones y provocan rupturas democráticas. ¿O eso depende de la bandera ideológica de la fuerza política gobernante?

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Dinosaurios vivos

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“La ciudad evoluciona. Hay que adaptarse”, describió con frialdad el empresario y dirigente del PRO, Diego Barrios. Respondía así a una noticia sobre el cierre de 254 comercios en Posadas durante el primer año de gobierno de Mauricio Macri. La opinión contradice abiertamente a la postura de la Cámara de Comercio, que supo presidir, que desde hace tiempo reclama de la Nación un abordaje distinto para que Misiones pueda hacer frente a la caída del consumo, la inflación y los tarifazos que no hicieron más que profundizar las asimetrías con Encarnación.

Los 254  comercios que bajaron las persianas son menos empleo y menos recursos circulando. Solo el año pasado se perdieron más de dos mil puestos de trabajo formales en Posadas según los datos oficiales del Gobierno nacional. La Confederación Económica de Misiones sostiene que Posadas es apenas un ejemplo de la situación que se vive en toda la provincia por la recesión y la caída del consumo. Estima que son muchos más los locales que se vaciaron en las principales ciudades. La CEM encara también ingentes esfuerzos en conjunto con el Gobierno provincial para que las demandas de la Provincia sean atendidas por la Nación.

La teoría darwinista expresada por Barrios no es propia ni original. Es sostenida por el ministro de Producción, Francisco Cabrera y el de Trabajo, Jorge Triaca. Respondieron así al cierre de empresas en el resto del país.

La idea de evolución de Darwin es clara. Las especies que no se adaptan, perecen, desaparecen o mutan en otra cosa. Sustentó después la concepción del capitalismo más salvaje, en el que sólo los poderosos tienen la posibilidad de crecer y expandirse. Los que no se adaptan, quedan fuera del sistema. Bajan las persianas, cierran, quedan desempleados. En la pobreza. En la miseria.

La contracara es la inclusión. De todos, del más pobre, a través de una mejor -nunca es igual-, distribución de la riqueza. Es la presencia del Estado como ordenador de las tensiones económicas, inclinando la balanza hacia el más débil. El último ejemplo es la lucha yerbatera por el cumplimiento de los precios de la materia prima. El gobernador Hugo Passalacqua dejó claro desde un principio que el Gobierno estaba del lado de los eslabones más débiles de la cadena productiva, los pequeños productores y los tareferos. Bajo esa premisa la Renovación se hizo fuerte en la última década, en coincidencia con un modelo político nacional que iba en paralelo.

La defensa del misionerismo es intensa ahora y lo fue antes. Los nuevos valores que regirán a la yerba mate, que se conocieron extraoficialmente en la noche del viernes, no son los que quería la Provincia y mucho menos, el sector productivo. Para la hoja verde apenas se arañó los seis pesos, bastante por debajo de los 50 centavos de dólar pretendidos como precio ideal por el Gobierno provincial. Para la canchada, se alcanzaron los 22 pesos, por debajo de los costos estimados por el sector industrial, que no puede competir con precios imposibles del producto en las góndolas de Buenos Aires. Dos marcas líderes tienen la yerba de un kilo a 24 pesos, 25 por ciento por debajo de cualquier empresa tradicional de Misiones. Es decir, lejos de alcanzar una solución, los nuevos valores extienden una agonía que agobia por igual a pequeños productores y a las grandes industrias. “Temo por la permanencia en el mercado de nuestras empresas”, contó preocupado un ejecutivo de una firma yerbatera.

Mientras tanto, los grandes problemas del sector siguen sin resolverse. Apenas se dilataron.

En diciembre de 2015 llegó el “sinceramiento” de la economía. El ajuste apuntó a los subsidios que alimentaban el consumo  y el empleo. La economía entró en una profunda recesión de la que no sale y las caídas, comparadas ya con los primeros meses del propio Macri, son más profundas. Sin embargo, el déficit fiscal siguió en aumento, la deuda externa se multiplicó y la fuga de divisas se hizo incontenible. En febrero, comparado con el primer febrero de Macri, la industria se contrajo seis por ciento y la construcción, cayó 3,4 por ciento.

La enfermedad se agravó a la espera de una milagrosa cura que no aparece. Como en toda “evolución”, hay quienes salen incluso más fortalecidos. Los sectores financieros, algunos industriales y la patria sojera, son los claros ganadores de los primeros doce meses del cambio. “La economía todavía no arrancó para mucha gente”, admitió el propio Mauricio Macri.

La economía no arranca porque se desmanteló el mercado interno y hay una brutal caída del consumo y del poder adquisitivo. El Gobierno no ha tenido hasta aquí una política clara para que haya una reactivación, sino que, por el contrario, cada medida profundizó un poco más la caída, como los tarifazos eléctricos o la nueva suba del gas, que aumentará 400 por ciento en relación con el invierno pasado. Los precios “transparentes”, eliminando la financiación en cuotas a través de las tarjetas de crédito no hicieron más que profundizar el desplome. Tanto que hubo que dar marcha atrás y reimplantar el programa heredado del kirchnerismo, en doce, seis y tres cuotas sin interés. Pero así no se genera confianza. Las cuotas sin interés, no eran, como se ve, una estafa.

Tampoco hay un volumen suficiente para hablar de reactivación del crédito hipotecario, en otro de los programas que sobreviven al cambio. El Procrear fue relanzado con cambios y distintas modalidades. “Hasta ahora hay más marketing que realidad. Pocos son los que cumplen con todos los requisitos”, coincidieron fuentes bancarias que operan en Misiones. Es que, como también sucedía durante el kirchnerismo, los créditos están pensados para un núcleo duro del país central, con ingresos mucho más elevados que los que se perciben en el norte argentino.

Se observa que dos de los programas emblemáticos del kirchnerismo sobreviven. No hubo ideas nuevas ni mejores.

Los dinosaurios se extinguieron hace 65 millones de años. Pero están vivos en la imaginación de miles de chicos y grandes que desde esta semana disfrutan de Tecnópolis en Posadas. La megamuestra heredada y transformada, al fin en federal por el gobierno nacional, exhibe lo mejor de la ciencia y la tecnología al alcance de la mano. Obviamente, los enormes monstruos de la prehistoria son el atractivo principal para los más pequeños, llegados desde todos los rincones de Misiones, muchos de los cuáles tienen una doble felicidad: es la primera vez que salen de la colonia y llegan hasta “la capital” y pueden ser protagonistas de un evento que garantiza el asombro.

Tecnópolis es una forma de inclusión social, política y educativa muy importante”, destacó Passalacqua durante la inauguración de la megamuestra. Misiones es la primera provincia en recibir a Tecnópolis durante 2017 y se espera superar los 700 mil visitantes, un número incluso mayor al de Salta, durante el año pasado. Y es probable. Después del turno escolar, miles de familias disfrutaron el sábado de cada punto de la enorme feria de ciencias, distribuida en el Parque del Conocimiento, una perla de la evolución misionera de los últimos años.

Así como los dinosaurios, las prácticas autoritarias de la política, se pensaba, estaban extinguidas. Sin embargo, todavía se perciben signos de que resta mucho por hacer para fortalecer la democracia.

El mundo se escandalizó por el fallo del Tribunal Supremo de Venezuela, que anuló la inmunidad de los legisladores y se arrogó poderes del Legislativo. Los principales gobiernos de la región denunciaron un autogolpe de Nicolás Maduro, el denostado heredero de Hugo Chávez. Le acusan, entre otras cosas, de desconocer las leyes y la propia Constitución. De gobernar por decreto. Y tienen razón, Mauricio Macri, Michel Temer, Donald Trump y varios otros.

Maduro ha logrado descomponer un poderío político y económico que fue reconstruido por Chávez y perdió todo el respeto internacional. Mucho de eso fue producto de los embates de una derecha internacional que no cesa en sus ataques y de la propia oposición interna, conformada por los ricos petroleros que perdieron sus privilegios y que se apoderó del Poder Legislativo bloqueando las principales decisiones del Ejecutivo.

Maduro no es Chávez y el poder no se hereda. Muchos consideran que en Venezuela se vive un Fujimorazo, el recordado autogolpe de Estado de Alberto Fujimori en Perú, cuando disolvió el Parlamento e intervino el Poder Judicial con respaldo de las Fuerzas Armadas.

Y tiene sus paralelos. En Perú cerca del 80 por ciento de la población apoyó la jugada por el desprestigio del Poder Legislativo. En Venezuela, la población no salió a las calles en contra de Maduro.

El oficialismo venezolano sostiene en su defensa que lo que el Tribunal Supremo evitó, fue justamente que la oposición inicie un “golpe blando”, como el que logró destituir a Dilma Rousseff en Brasil o el que tumbó a Fernando Lugo en Paraguay. La “opinión publicada” no hace referencia a la otra cara del conflicto, que, obviamente, es repudiable. Por suerte –para Maduro y Venezuela-, tras la presión internacional, el Tribunal decidió “no asumir” los poderes de la asamblea.

Curiosamente fue Michael Temer uno de los que repudió el “golpe” en Venezuela, pese a que asumió a través de un impeachment cuestionado desde su raíz contra Dilma Rousseff. Eduardo Cunha, presidente de la Cámara de Diputados y principal promotor de la caída de la presidenta, fue sentenciado a quince años de prisión por hechos de corrupción que no pudieron probarle a Dilma.

Lugo no se pronunció sobre Venezuela, más preocupado por los avances de la enmienda constitucional que teje junto a su rival, el presidente Horacio Cartes. El apuro por contar con la reforma constitucional que permitiría la reelección del segundo y la nueva postulación del ex obispo, desató una batalla campal en Asunción, que dejó al menos un muerto y el Congreso destrozado por los manifestantes. En Paraguay también se desconoció la letra constitucional, con una reforma amañada a puertas cerradas por parlamentarios del oficialismo y sus aliados que permite avanzar con la idea de reelección. Un símbolo: la enmienda fue aceptada en una de las oficinas del Frente Guazú, que lidera Lugo. Afuera, se vivía otro Marzo Paraguayo, similar a aquel de la última semana de marzo de 1999 cuando siete jóvenes que protestaban por el asesinato del vicepresidente Luis María Argaña, fueron masacrados presuntamente por orden del presidente Raúl Cubas y la complicidad del general Lino Oviedo, quien terminó refugiado en la Argentina de Carlos Menem.

El proyecto de reforma constitucional aprobado en Paraguay establece que los presidentes y vicepresidentes del país podrán buscar un periodo más, sea de manera continua o alternada. El partido de Lugo respalda la enmienda para que el ex obispo pueda presentarse a las elecciones de 2018, y el gubernamental Partido Colorado, para que lo haga el presidente paraguayo, Horacio Cartes.

Cartes no habló al país tras los incidentes. Apenas escribió unas líneas que difundió a través de redes sociales en las que acusó a la oposición de querer destruir la democracia. Raro. Parte de la oposición, lo acompaña en la búsqueda de la reelección.

El nuevo Marzo Paraguayo dejó en evidencia las diversas varas con las que se mide. A diferencia de Venezuela, ningún país salió a cuestionar que se vulnere la letra constitucional entre gallos y medianoche. Ningún presidente condenó la brutal represión de la Policía que dejó decenas de heridos –entre ellos el presidente del Senado, que se opone a la enmienda y el presidente del opositor Partido Liberal, Efraín Alegre- y al menos un muerto.  No hubo reunión de urgencia de los cancilleres ni mensajes de los Jefes de Estado. Pero Paraguay arde, como Latinoamérica que después de una década comenzó un lento viraje político. Ecuador será hoy la ratificación de ese giro o la excepción en la región. A través de su delfín, Lenin Moreno, Rafael Correa pone a prueba la continuidad de sus políticas.

En la Argentina el nuevo modelo cruje y enfrenta a la calle que se moviliza constantemente. El 6 de abril la tímida CGT hará un paro nacional. Son pocos los que se animan a salir a la calle en defensa del Gobierno. La marcha de la tarde del sábado dejó en evidencia que el voto PRO quizás no haya sido por amor, sino por hastío. Pero sostienen al Presidente y sus políticas un núcleo duro que permanece leal. Es el mismo corte de la sociedad que apuró a Cristina desde la 125 y que hizo fuerte a Cambiemos.

Uno de los pocos motivos para celebrar que tiene el Gobierno es el resultado del blanqueo. Se alcanzaron los 115 mil millones de dólares. Una cifra superior a la esperada. Sin embargo, esa noticia no necesariamente es buena para Misiones. El volumen declarado solo hará más firme el atraso cambiario, con la profundización de las asimetrías como consecuencia directa. En la provincia también se hizo un blanqueo, cuyos resultados todavía son difíciles de estimar, pero que pueden traer aparejado el traslado de esos recursos a la compra de bienes o vehículos, lo que reactivará la economía.

Como los dinosaurios, los jueces eternos también se extinguirán en la Argentina. El fallo de la Corte que pone un límite de 75 años a los cortesanos y jueces inferiores abre una enorme caja de Pandora. La jueza Romilda Servini de Cubría, una piedra en el zapato del presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, cree que el fallo apunta a excluirla a ella, después de que haya quedado firme la continuidad de Elena Higthon de Nolasco. En realidad, hay cerca de una treintena de jueces federales que está al borde de la jubilación forzosa. Son cargos que podrá cubrir a gusto el Presidente. Una Justicia a su medida.

La continuidad de los jueces de más de 75 dependerá del aval del Congreso y del visto bueno presidencial, lo que echa por tierra un precepto básico de la independencia de los magistrados: si quieren seguir, deberán agradar al poder de turno.  Por caso, Elisa Carrió ya pidió por la continuidad de Leopoldo Schiffrin, uno de los que debe dejar su despacho. Más allá de los pergaminos, un juez amigo del poder. 

A través de una carta enviada a Macri, la socia fundadora de la alianza Cambiemos consideró que la decisión de ratificar la edad límite para los jueces en 75 años, como lo fijó la Convención que reformó la Constitución en 1994, está “digitada” en contra de los magistrados Servini de Cubría y Schiffrin y que Lorenzetti tiene “razones de lo más espurias” para promover ese fallo.

Pero el fallo ya comenzó a generar movimientos en la Justicia. El Superior Tribunal de Justicia comenzó a analizar el impacto en Misiones. “El impacto será beneficioso, porque asegurará el recambio en una estructura envejecida y permitirá la incorporación de una nueva generación de magistrados con nuevos bríos”, contó un ministro que analiza la adecuación local. Evolución.

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