Casanello levantó el secreto fiscal y bancario del hermano de Adorni por presunto enriquecimiento ilícito
El juez federal Sebastián Casanello ordenó el levantamiento del secreto fiscal y bancario de Francisco Adorni, hermano del vocero presidencial Manuel Adorni y actual diputado bonaerense de La Libertad Avanza, en el marco de una causa por presunto enriquecimiento ilícito que impulsa el fiscal Guillermo Marijuan.
La resolución judicial incluye una batería de medidas para reconstruir la evolución patrimonial del legislador provincial, entre ellas la verificación de un crédito hipotecario por 60 millones de pesos, la compra del 50% de un vehículo y un incremento patrimonial estimado en 84% en apenas un año. También se solicitaron sus declaraciones juradas a la Oficina Anticorrupción.
La investigación se inició a partir de una denuncia presentada por la diputada nacional Marcela Pagano, quien advirtió presuntas inconsistencias en el patrimonio declarado por Francisco Adorni desde su desembarco en la función pública, primero como titular de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Defensa y luego al frente del Instituto de Ayuda Financiera para pago de retiros y pensiones militares (IAF).
En las últimas elecciones, Francisco Adorni obtuvo una banca en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires y se incorporó al bloque de La Libertad Avanza.
El expediente tramita en el Juzgado Federal N°6, originalmente a cargo de Daniel Rafecas, aunque esta semana fue subrogado por Casanello, quien avanzó con las primeras medidas patrimoniales.
Por su parte, Manuel Adorni también enfrenta otra investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito, aunque el fiscal aclaró que esa causa no forma parte de este expediente, ya que se encuentra bajo la órbita del juez Ariel Lijo y del fiscal Gerardo Pollicita.
En un dictamen de 19 páginas, Marijuan precisó que la pesquisa se concentrará exclusivamente sobre Francisco Adorni. Como primer paso, convocó a Pagano para ratificar formalmente la denuncia y dispuso el cruce de información en organismos nacionales, provinciales y municipales.
Entre los pedidos más sensibles figura el requerimiento a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que deberá informar declaraciones juradas, pagos, bienes registrables, regímenes de facturación y eventuales sanciones aduaneras desde 2020 hasta la actualidad. También deberá precisar si el dirigente adhirió a algún régimen de sinceramiento fiscal.
La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP), la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA), la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad Inmueble y el Registro bonaerense deberán informar sobre propiedades, impuestos activos, operaciones realizadas y titularidad de bienes.
El Banco Central también recibió un pedido de información reservado para que releve cuentas bancarias, depósitos, transferencias, movimientos en efectivo, tarjetas, cajas de seguridad, plazos fijos, compra de divisas y tenencias financieras a nombre del legislador.
En paralelo, el Banco Provincia deberá ampliar la información sobre el crédito hipotecario detectado en la denuncia, detallando cronograma de pagos, refinanciaciones, saldos y toda la documentación respaldatoria.
La Justicia también pidió informes a Migraciones sobre salidas del país, a la Inspección General de Justicia sobre participación en sociedades comerciales y a la Unidad de Información Financiera (UIF), que deberá elaborar un informe patrimonial, financiero y societario integral.
Además, Marijuan solicitó al fiscal Pollicita una certificación sobre la causa que involucra a Manuel Adorni para determinar si Francisco Adorni aparece mencionado en ese expediente y bajo qué carácter.
La investigación recién comienza, pero la decisión de levantar el secreto fiscal y bancario marca un avance de peso en una causa que puede tener alto impacto político dentro del oficialismo libertario.
