Marcelo Cardozo

Marcelo Cardozo y un golpe al contrabando VIP que salpica a nombres como L-Gante, la China Suarez y La Joaqui

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Por orden del juez federal de Puerto Iguazú, Marcelo Cardozo, una compleja investigación por contrabando internacional de vehículos de alta gama derivó en una serie de allanamientos simultáneos que permitió desbaratar una organización que operaba entre Paraguay, Misiones y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, utilizando autos deportivos de lujo ingresados ilegalmente al país que después eran usados y exhibidos por La Joaqui, L-Gante y Eugenia La China Suárez, entre otros influencers.

La causa, instruida por el fiscal federal Marcelo Bernachea, avanzó a partir de una investigación técnica de la Dirección General de Aduanas que detectó un patrón reiterado de ingresos irregulares de vehículos por pasos fronterizos del noreste argentino. Con esas pruebas, el Juzgado Federal de Puerto Iguazú, a cargo del doctor Marcelo Cardozo, autorizó cinco allanamientos simultáneos, ejecutados con apoyo de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, la Dirección Nacional de Migraciones y la Dirección General Impositiva, todos organismos dependientes de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero.

Los operativos, encabezados por efectivos de la División Contravencionales y de Faltas de la Policía de la Ciudad, concluyeron con la detención e incomunicación de dos ciudadanos argentinos, además del secuestro de treinta millones de pesos, veinte mil dólares estadounidenses y un arma de fuego sin documentación.

En el marco de las medidas ordenadas por el juez Cardozo, se incautaron cuatro automóviles deportivos de matrícula paraguaya, valuados en más de cien millones de pesos cada uno: dos Chevrolet Camaro y dos Ford Mustang, además de una camioneta Toyota SW4 de patente argentina.

El esquema de contrabando

De acuerdo con la reconstrucción judicial, la organización utilizaba de manera fraudulenta el Régimen de Circulación de Vehículos en el Mercosur, previsto en la Resolución General 1419 de la entonces Administración Federal de Ingresos Públicos. El mecanismo consistía en que ciudadanos paraguayos ingresaban los autos a la Argentina declarando fines turísticos, pero al regresar a su país dejaban los vehículos en territorio argentino, donde eran utilizados por sus verdaderos propietarios.

Las pruebas reunidas por la Aduana -cuyo alerta inicial se produjo en Paso de los Libres- permitieron al juez Cardozo tener por acreditado un ardid sistemático, organizado por dos ciudadanos radicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quienes controlaban los automóviles y los explotaban comercialmente.

Ambos exhibían los vehículos en redes sociales y los utilizaban en videoclips de artistas como La Joaqui, L-Gante y Eugenia La China Suárez, además de alquilarlos para producciones audiovisuales y eventos. Uno de ellos se presentaba como titular de una productora de “eventos multitudinarios”, pero no tenía actividad económica declarada ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero.

La causa está encuadrada en el artículo 865 del Código Aduanero, que tipifica el contrabando agravado, con penas de hasta diez años de prisión. Según las actuaciones que tramitan en el Juzgado Federal de Puerto Iguazú, la operatoria se habría iniciado al menos en el año dos mil veintitrés y podría involucrar más vehículos y personas.

Bajo la dirección del juez Marcelo Cardozo, la investigación sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones ni más secuestros, en una causa que ya es considerada una de las más importantes de los últimos años en la frontera norte de Misiones.

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La Justicia Federal asegura que “no hay células terroristas en la frontera misionera”

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“El Comando Vermelho, el PCC y el Ejército del Pueblo Paraguayo no cruzaron a Argentina”, aseguró el juez federal de Iguazú sobre los terroristas en la región.

El juez federal de Iguazú, Misiones, Marcelo Alejandro Cardozo, descartó que en su jurisdicción fronteriza —que abarca las ciudades de Iguazú, Andresito, San Antonio, Bernardo de Irigoyen, Puerto Libertad, Wanda y Puerto Esperanza, en límites con Paraguay y Brasil— existan células dormidas de terroristas.

“Del lado misionero no actúan los grupos terroristas como el Comando Vermelho, el Primeiro Comando da Capital (ambos brasileños, este último con ramificaciones en Uruguay) ni el Ejército del Pueblo Paraguayo (grupo revolucionario marxista que opera en el norte de Paraguay). Estos grupos no cruzaron a la Argentina”, aseguró el magistrado.

Cardozo explicó que, a raíz de los hechos delictivos registrados recientemente en Río de Janeiro. Las fuerzas de seguridad nacionales, en especial Gendarmería, le informaron que se está reforzando la seguridad en la frontera. “El Juzgado Federal está atento ante cualquier persona sospechosa”, indicó.

El Juzgado Federal de Iguazú fue creado hace apenas dos meses y ya cuenta con unas 2.000 causas entre civiles, comerciales y penales. Antes de su puesta en funcionamiento, toda esa jurisdicción dependía del Juzgado Federal de Eldorado, ubicado a unos 100 kilómetros al sur de la ciudad de las Cataratas. “Aún no tuve contacto con mis pares de Foz de Iguazú y Ciudad del Este”, agregó Cardozo.

Respecto al tema del terrorismo, el magistrado señaló que tiene conocimiento de detenciones de integrantes del Comando Vermelho y del PCC en Foz de Iguazú. Pero insistió: “Reitero, no cruzaron integrantes de estos grupos por la frontera argentina”.

Cardozo aclaró además que las causas anteriores, como la que involucró la detención del Clan Barakat —liderado por el libanés Assad Ahmad Barakat. Vinculado a operaciones financieras y de contrabando en la Triple Frontera y señalado por sus presuntos lazos con el grupo terrorista Hezbollah—, siguen bajo la órbita del juez federal de Eldorado, Miguel Guerrero.

La “Pedra”, la droga que preocupa en Iguazú

Más adelante, en diálogo con MDZ, el juez federal de Iguazú se refirió a otra preocupación creciente en la zona: el consumo de “Pedra”. “La mayor preocupación de la gente de Iguazú es el consumo de esta droga. Es barata, muy adictiva y destruye las neuronas”, advirtió.

“Estamos en una tarea titánica para sacar esta droga de las calles, porque es consumida por chicos cada vez más jóvenes. Hicimos varios allanamientos en lugares donde sabíamos que se comercializaba y tuvimos éxito en la mayoría de ellos. Se secuestró una importante cantidad de Pedra”, explicó. Según el juez Cardozo, la sustancia ingresa desde Brasil y es inhalada por adolescentes y jóvenes de todas las clases sociales.

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Passalacqua envió nominaciones para cubrir vacantes en el STJ y el Poder Judicial de Misiones

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El Poder Ejecutivo provincial remitió a la Cámara de Representantes varios pedidos de Acuerdo Legislativo para avanzar en designaciones en el Poder Judicial de Misiones, a raíz de recientes renuncias en cargos clave.

Entre las propuestas se destaca la nominación de la doctora Valeria Fiore Cáceres para ocupar el cargo de ministra del Superior Tribunal de Justicia (STJ), en reemplazo del doctor Jorge Antonio Rojas, quien presentó su renuncia aceptada y ratificada por los decretos 1511/25 y 1536/25. La postulación de Fiore Cáceres busca cubrir una de las vacantes más relevantes en la estructura judicial de la provincia.

Asimismo, el Ejecutivo aceptó la renuncia del doctor Marcelo Alejandro Cardozo al cargo de juez de Instrucción N.º 1 de la Primera Circunscripción Judicial, con asiento en Posadas, mediante el decreto 1449/25. Cardozo asumió como juez federal de Puerto Iguazú. 

En paralelo, el gobernador envió el pedido de Acuerdo Legislativo para designar al actual fiscal, doctor Martín Alejandro Rau, como juez del Tribunal Penal N.º 2 de la Primera Circunscripción Judicial, también en Posadas. Rau fue uno de los fiscales del caso más resonantes de los últimos años, protagonizado por el ex diputado puertista libertario Germán Kiczka, quien fue condenado a catorce años de prisión por tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil. 

Foto Mariana Chamorro.
El fiscal Martín Rau fue propuesto como juez del Tribunal Penal 2.

Finalmente, se propuso la designación del doctor Héctor Mariano Viola como juez de Paz Titular Letrado de Segunda Categoría en la localidad de Santa Ana.

Las solicitudes forman parte del procedimiento constitucional que exige la intervención de la Legislatura provincial para dar acuerdo a las designaciones, antes de que los candidatos puedan asumir formalmente sus cargos.

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El Superior Tribunal de Justicia ordenó investigar a tres jueces por desconocer un fallo

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El Superior Tribunal de Justicia instó al Procurador Miguel Ángel Piñero a que inicie una investigación contra tres jueces inferiores por desconocer una sentencia ratificada por el máximo organismo judicial de Misiones. El conflicto, calificado de gravedad institucional, envuelve a los jueces César Jiménez, César Yaya y Marcelo Cardozo, quienes hace algunas semanas decidieron la excarcelación de Fabio Durán y Lucía Olmo, los transportistas acusados de abuso y que habían sido condenados en primera instancia por otro tribunal.

Los magistrados entendieron que había “mora judicial” y que después de ocho años no había una sentencia firme contra los acusados.

El STJ comenzó a analizar el caso el 24 de abril y por decisión de la mayoría, entendió que los magistrados habían desconocido un fallo de la propia Corte misionera, que, como máximo organismo judicial, había ratificado la condena de primera instancia. Es decir, que “había dos sentencias previas” que los jueces no podían desconocer.

El caso fue elevado en apelación a la Corte Suprema y ya habría por lo menos un voto –el de Elena Highton de Nolasco, la misma ministra que votó a favor del 2×1 para los genocidas-, por lo que en el STJ descartan que haya una “mora judicial”.

En cambio, los jueces se defienden y acusan a la Corte de “intromisión”. Alegan que ni siquiera el abogado defensor de las familias denunciantes se opuso a la excarcelación. “Acá hay un abuso sin derecho. Están revisando una cuestión jurisdiccional. Nuestro fallo ni siquiera fue apelado”, opinó uno de los jueces que ahora serán investigados, aunque prefirió reservar su nombre hasta ser notificado formalmente. Entre líneas, desliza que también puede tratarse de “un pase de facturas” por el escándalo del supuesto “espionaje”, denunciado por Yaya y Cardozo, entre otros, y que fue desestimado por Jiménez en octubre de 2015. Esa denuncia apuntó contra el entonces ministro, César Santiago –luego eyectado envuelto en denuncias por cobrar doble sueldo-, pero terminó salpicando a todo el STJ que puso en marcha el Sistema de Gestión de Expedientes Digitales del Poder Judicial.

Tras la decisión del STJ de revisar la actuación de los jueces, Piñero instruyó a la fiscal Patricia Clerici para que avance en la investigación –todavía no se conoce qué determinación tomará la funcionaria-.

En la Corte misionera entienden que los magistrados emitieron su fallo en base a información desactualizada de la causa, ya que la primera apelación fue de 2013 y posteriormente, hubo dos condenas.

“Los jueces no pueden alegar desconocimiento de un fallo del STJ. Es una extrema gravedad institucional lo que sucedió”, contaron en la Corte.

El escándalo puede derivar en un pedido de jurado de enjuiciamiento para los tres magistrados. Mal día para semejante noticia. Yaya está rindiendo hoy en el Consejo de la Magistratura para un ascenso que podría quedar trunco.

El conflicto de intereses ya había tenido un primer episodio, a raíz de un pedido de informes del Alto cuerpo a los jueces, que terminó en una queja ante la Corte Suprema por supuesta “intromisión”.

El fallo de la polémica se conoció el 5 de abril. Ese día, Jiménez, Yaya y Cardozo, en el Tribunal Penal 2, decidieron la excarcelación de Durán y Olmo.

Madre e hijo fueron condenados en noviembre de 2011 a 20 años de prisión por el abuso de dos niños de 4 y 5 años, clientes del transporte escolar que manejaban. La fiscal del caso fue Liliana Picazo, flamante nominada a integrar el Superior Tribunal de Justicia. Ella pidió 20 años para los transportistas, condena que finalmente recibieron los acusados. El fallo fue ratificado por el STJ en mayo de 2014. La Corte misionera actuó como cámara de casación, función encomendada por la Constitución provincial, para que los fallos penales tengan la necesaria revisión.

 

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