marihuana

Sandra Giménez destacó que la ley de Cannabis Medicinal cambiará la vida de muchas personas enfermas

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El Senado convirtió en ley este miércoles, por votación unánime, el proyecto que habilita el uso de Cannabis medicinal, impulsado por familiares de pacientes que se convocaron en los salones linderos al recinto para celebrar lo que consideraron un avance histórico.

La iniciativa -cuyo debate tuvo su fuerte en la Cámara de Diputados- fue aprobada sin debate tras el tratamiento de la ley de emprendedores, y recibió apoyo de todos los bloques políticos, más allá de la puja de algunos senadores por despenalizar el autocultivo de Cannabis.

En paralelo, también por unanimidad, el Senado aprobó un proyecto de comunicación de la salteña María Cristina Fiore para pedirle al Poder Ejecutivo que promulgue y reglamente la norma cuanto antes –el límite fijado en la flamante ley es de 60 días-.

Si bien el texto avalado este miércoles no habilita el cultivo personal, sí garantiza el acceso al aceite de Cannabis a pacientes que acrediten tener las enfermedades que fijará la reglamentación, entre ellas la epilepsia refractaria.

La norma autoriza la importación del aceite hasta que el Estado se encuentre en condiciones de producirlo, con prioridad para los laboratorios públicos nucleados en la ANLAP, y también permite el cultivo de Cannabis por parte del Conicet y el INTA con fines investigativos.

Desde el año pasado, cuando se instaló el debate en el Congreso, el proyecto fue defendido tanto en Diputados como en el Senado por especialistas y organizaciones de la sociedad civil, como Mamá Cultiva y CAMEDA.

Entre las patologías específicas para las que más se utiliza el cannabis, podemos encontrar: encefalopatías epilépticas, cáncer, dolor crónico no oncológico, VIH/SIDA, esclerosis múltiple, parkinson, alzheimer y demencia, lesión medular, ELA, enfermedad inflamatoria intestinal, glaucoma y estrés postraumático.

La iniciativa promueve la creación del Programa Nacional de Investigación del Uso Medicinal de la Planta Cannabis. Este programa funcionará en la órbita del ministerio de Salud, que decidirá cuál será la autoridad de aplicación. El proyecto deja abierta la posibilidad de utilizar cannabis para distintas dolencias, según se compruebe científicamente.

Por otra parte, la autoridad de aplicación podrá importar los insumos o incluso autorizar el cultivo de cannabis por parte del Conicet y del INTA. La producción, en este caso, queda siempre en manos del Estado Nacional, y los derivados se producirán a través de los laboratorios públicos nucleados en la ANLAP (Agencia Nacional de Laboratorios Públicos).

Además, la ley establece la creación de un registro nacional voluntario para autorizar la inscripción de pacientes y familiares de pacientes que, presentando las patologías incluidas en la reglamentación o prescriptas por médicos de hospitales públicos, sean usuarios de aceite de cáñamo. Este registro resguardará la protección de confidencialidad de datos personales.

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Gendarmería incautó más de 127 kilos de marihuana abandonados en plantaciones de yerba

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 Gendarmería Nacional, en el marco de la lucha contra el narcotráfico llevado adelante por el Ministerio de Seguridad de la Nación, secuestró 127 kilos 656 gramos de marihuana en la localidad misionera de San Ignacio.

 

Ayer, efectivos de la Sección “Núcleo” dependiente del Escuadrón 11, a raíz de información recibida sobre el traslado de estupefaciente por caminos secundarios de la localidad General Urquiza efectuaron un patrullaje eventual en el lugar.

 

Los uniformados observaron a dos hombres que circulaban en una motocicleta tipo todo terreno de alta cilindrada, que al advertir la presencia de los funcionarios emprendieron una veloz huida hacia las sendas y cultivos de yerba.

 

Inmediatamente, los gendarmes realizaron un rastrillaje en la zona, hallando 4 bolsas de arpillera que contenían 142 paquetes con marihuana. Arrojando un peso total de 127 kilos 656 gramos.

 

Intervino en la causa, el Juzgado Federal de Oberá, quien orientó el traslado y secuestro del estupefaciente a fin de labrar las actuaciones correspondientes.

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El Senado vota las leyes de emprendedores y de Cannabis medicinal

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El Senado se prepara para votar este miércoles el proyecto de ley de apoyo al capital emprendedor -aún con final abierto- y la legalización del Cannabis para uso medicinal, en la primera sesión ordinaria del año, donde además se renovarán los cargos de la Auditoría General de la Nación (AGN) que le corresponden a la Cámara alta.

El debate fue convocado para las 14.30 y una de las mayores disputas se dará, una vez más, en torno al financiamiento de la ley de emprendedores, pues de sancionarse el proyecto aprobado en Diputados el costo recaería en las provincias.

El texto del dictamen de mayoría establece que “los aportes de inversión en capital realizados por inversores en capital emprendedor podrán ser deducidos de la determinación del Impuesto a las Ganancias”, que es coparticipable.

Por la discusión en torno a ese punto, la votación del proyecto había fracasado a fines de noviembre del año pasado con una vuelta a comisiones, y durante la Asamblea Legislativa del 1ro. de marzo fue el propio presidente Mauricio Macri quien pidió al Congreso sancionar la ley.

Entre otras cosas, la iniciativa crea la “Sociedad por Acciones Simplificada” (SAS), una figura jurídica que facilitará la apertura de una empresa en 24 horas a través de Internet, con constitución de CUIT y apertura de cuenta bancaria en forma inmediata.

Por otra parte, el Senado convertiría el ley el proyecto que garantiza a ciertos pacientes el acceso al aceite de Cannabis, habilitando su importación hasta que el Estado se encuentre en condiciones de producirlo, con prioridad para los laboratorios públicos nucleados en la ANLAP.

Además, la iniciativa autoriza el cultivo de Cannabis por parte del Conicet y el INTA con fines investigativos y para elaborar la sustancia destinada a los tratamientos, pero no habilita el autocultivo para las familias.

El texto, que obtuvo dictamen favorable este martes, cuenta con amplio consenso del arco político y se espera una holgada mayoría para su aprobación, promovida por especialistas y organizaciones de la sociedad civil como “Mamá Cultiva”.

El proyecto de ley sobre uso medicinal del Cannabis para enfermedades específicas fue aprobado en la Cámara de Diputados a fines de noviembre del año pasado y ahora el Senado se dispone a convertirlo en ley, con respaldo de todos los bloques políticos.

En su artículo primero, establece “un marco regulatorio para la investigación médica y científica del uso medicinal, terapéutico o paliativo del dolor de la planta de Cannabis y sus derivados, garantizando y promoviendo el cuidado integral de la salud”.

El eje de la iniciativa es la creación de un “Programa Nacional para el Estudio y la Investigación del Uso Medicinal de la Planta de Cannabis, sus derivados y tratamientos no convencionales”, en la órbita del Ministerio de Salud.

Entre sus numerosas funciones, este programa deberá “garantizar el acceso gratuito al aceite de cáñamo y demás derivados del Cannabis” a todos los que se incorporen al programa, e “investigar los fines terapéuticos y científicos” de la sustancia.

La autoridad de aplicación, que deberá determinar el Poder Ejecutivo, podrá autorizar el cultivo de Cannabis por parte del Conicet y el INTA con fines investigativos y para elaborar la sustancia destinada al tratamiento.

Una de las claves está en el artículo 7, que indica que la ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica) “permitirá la importación de aceite de Cannabis y sus derivados”, hasta que el Estado esté en condiciones de producirlo.

Sobre este punto, el proyecto establece que se priorizará y fomentará la producción del aceite a través de los laboratorios públicos nucleados en la ANLAP (Agencia Nacional de Laboratorios Públicos).

Los pacientes beneficiarios serán los que presenten las patologías contempladas en el programa –que serán fijadas en la reglamentación- y que además cuenten con la indicación médica pertinente.

El texto crea en el ámbito del Ministerio de Salud un “registro nacional voluntario” en el que deberán inscribirse los pacientes, y crea además un “consejo consultivo honorario” integrado por instituciones, asociaciones, ONGs y profesionales del sector público y privado.

La reglamentación no podrá demorar más de 60 días, y allí el Poder Ejecutivo dispondrá las partidas presupuestarias necesarias para cumplir con la norma.

Auditores

En la sesión también se votarán los tres auditores que le corresponden al Senado: Alejandro Nieva (UCR) y Javier Fernández (PJ) continuarán en sus cargos por otros ocho años, mientras que Vilma Castillo será reemplazada por Graciela De la Rosa, la formoseña aliada al gobernador Gildo Insfrán.

En la carrera por el reemplazo de Castillo se habían anotado también María Laura Leguizamón (Buenos Aires) y Marina Riofrío (San Juan), pero en reunión de bloque se decidió este martes, por consenso, que sea De la Rosa la nueva auditora.

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Bullrich destacó el acompañamiento de Misiones en la lucha contra el narcotráfico

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En la cumbre de Asunción, realizada este jueves entre el presidente Horacio Cartes y el argentino Mauricio Macri, hubo reuniones paralelas de ministros y gobernadores. En uno de esos encuentros, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, destacó el acompañamiento de Misiones en la lucha contra el narcotráfico.

La titular de la cartera de seguridad se acercó al gobernador Hugo Passalacqua y le dijo que Misiones es un ejemplo a seguir en el país. “Es una de las provincias que mejor trabajan con nosotros en el combate al narcotráfico”, indicó Bullrich.

En esa línea, Passalacqua indicó que “el esfuerzo común en la lucha contra el narcotráfico merece ser destacado. Seguiremos en esa senda”.

En materia de seguridad, las Gobernaciones manifestaron la importancia de generar el compromiso de viabilizar acciones concretas en cuestiones urgentes y de alta sensibilidad, como la seguridad en fronteras, trata de personas, narcotráfico y contrabando, que se constituyen en la actualidad en un flagelo que amenaza a ambos pueblos.

Asimismo, consideraron necesario impulsar, en el marco de los convenios bilaterales ya existentes, la cooperación, el intercambio de información y estadísticas y la lucha contra el delito organizado transnacional en zona de fronteras.

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Mar del Plata: Casación revocó la exención de prisión a un acusado de transportar casi tres toneladas de marihuana

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En sintonía con el recurso interpuesto por el fiscal general Daniel Adler, la sala III de la Cámara Federal de Casación Penal revocó por unanimidad una resolución de la Cámara Federal de Mar del Plata que había concedido la eximición de prisión a Hugo Alberto Esteban, principal imputado en el marco de la investigación de una organización criminal dedicada a la comercialización de estupefacientes provenientes de Paraguay. El tribunal destacó la gravedad y dimensión del accionar del imputado, quien habría estado a cargo de la “inteligencia operativa” para acondicionar y facilitar la documentación que permitiera el desplazamiento del camión con el cargamento de 2.802 kilos de marihuana que finalmente fue requisado el 23 de agosto de 2015 en la localidad de Wanda, provincia de Misiones. En ese contexto, Casación fundamentó la restricción de la libertad ambulatoria en la existencia de riesgos procesales, en momentos en que se encuentra pendiente la producción de diversas medidas investigativas. “Advertimos que en su razonamiento la Cámara Federal interviniente ha omitido valorar los diversos y serios elementos de prueba obrantes en autos que no hacen más que reforzar los riesgos procesales”, señaló en su voto el juez Eduardo Riggi, al que adhirieron Juan Carlos Gemignani y Liliana Catucci.

Los hechos

Hugo Alberto Esteban se encuentra imputado en orden a los delitos previstos en el artículo 292 y 296 del Código Penal –referidos a la falsificación de documentos- y partícipe del delito de transporte de estupefacientes –art. 5 inc. c) de la ley 23.737-. El 24 de junio de 2016, el titular del Juzgado Federal de Mar del Plata n°3, Santiago Inchausti, rechazó el pedido de exención de prisión presentado por su defensa legal. El magistrado fundamentó tal decisión en la complejidad de la investigación en curso; la pluralidad de personas intervinientes; el importante rol asignado al imputado en la maniobra criminal y en la existencia de medidas de investigación pendientes.

La defensa del imputado apeló esa decisión y el 8 de septiembre de 2016, la Cámara Federal de Mar del Plata revocó el fallo y, en consecuencia, dispuso el beneficio de la eximición de prisión para el acusado. Entre otros aspectos, los magistrados consideraron que el magistrado de primera instancia había llevado a cabo “una suerte de prejuzgamiento” a la hora de establecer la referida “complejidad de la investigación” o el rol asignado al imputado dentro de la estructura delictiva, circunstancias que –consideraron los camaristas- no se encontrarían acreditadas en el expediente, sino que constituían más bien hipótesis a corroborarse durante la instrucción.

Contradicciones y arbitrariedad manifiesta

El fiscal general ante la Cámara Federal de Mar del Plata, Daniel Adler, interpuso recurso de casación ante la resolución que concedió la exención de prisión a Hugo Alberto Esteban, actualmente con pedido de captura nacional e internacional. El representante del MPF cuestionó que el fallo en cuestión habilitaba al principal imputado “a presentarse cuando quiera en el juzgado y mantenerse en libertad luego de haber traficado más de tres mil kilos de marihuana”.

En su escrito, el fiscal general destacó que a la fecha la causa cuenta con 23 imputados de los cuales 11 se encuentran detenidos con prisión preventiva. En ese contexto,  Esteban fue convocado a prestar declaración indagatoria en razón de haber planeado –junto a otras personas, algunas de las cuales aún no fueron identificadas- la compra de un importante volumen de material estupefaciente en la frontera entre la provincia de Misiones y la República de Paraguay. En concreto, el acusado habría colaborado para la provisión y acondicionamiento del camión Scania con caja de doble fondo, así como con la documentación requerida para darle legalidad a la circulación del mencionado automotor. Asimismo, habría impartido las instrucciones para para llevar a cabo la operación en cuestión, controlando su ejecución desde el inicio mediante comunicaciones telefónicas con otros integrantes de la organización.

En ese contexto, Adler describió algunas de las características particulares del caso, que no fueron tenidas en cuenta por el tribunal de alzada, especialmente en lo referido a la complejidad de la investigación en curso. En este sentido, el representante del MPF puso de relieve que en el expediente logró acreditarse, con el grado de probabilidad que esta etapa del proceso requiere, “la existencia de una organización criminal dedicada al tráfico y comercialización de estupefacientes, la cual desarrolló una maniobra de tráfico desde la República de Paraguay de casi tres toneladas de marihuana; junto con la existencia de un grupo de personas encargadas de distribuir estupefacientes y comercializarlos a ocasionales consumidaores en la Ciudad de Mar del Plata; como así  también el aporte sustancial de un grupo de personas dedicadas a satisfacer las necesidades logísticas del plan criminal”.

En su dictamen, Adler cuestionó además que el tribunal de alzada haya desestimado el rol asignado al imputado al interior de la estructura delictiva, al caracterizarlo como una “hipótesis a probar” a lo largo de la pesquisa.  “Si el razonamiento del fallo fuera correcto, deberíamos preguntarnos cuál sería el ‘grado de verosimilitud’ necesario para que, durante la etapa de instrucción, pueda afirmarse la ‘hipótesis a demostrar’ sin incurrir en el pretenso prejuzgamiento por parte del juez”, consignó.

Por último, el fiscal general indicó que el fallo había incurrido en contradicción con lo resuelto el 4 de enero de 2016 en el marco de la misma causa, cuando la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata había confirmado el auto de procesamiento con prisión preventiva de los primeros seis imputados. En ese fallo, el tribunal estimó que el poderío económico del acusado y la organización constituían un fundamento válido para sostener la existencia de riesgos procesales. Por el contrario, en el presente incidente, los camaristas desestimaron tal argumento.

“En una resolución del mes de enero se afirma que el poderío del imputado es un elemento que debe ser valorado como una pauta objetiva para avalar la prisión preventiva. Por el contrario, en el fallo que se cuestiona se lo considera como ‘una hipótesis a demostrar en el curso de la investigación’. La contradicción es palmaria y cuestiona de manera severa el poder de convicción de esta argumentación”, consideró Adler.

Detención urgente

Finalmente, el pasado 20 de febrero la sala III  de la Cámara Federal de Casación Penal resolvió hacer lugar al recurso de casación interpuesto por el MPF, anuló el fallo de Cámara y revocó la exención de prisión. “La Cámara a quo ordenó la eximición de prisión del incuso valiéndose simplemente de afirmaciones dogmáticas que no reparan suficientemente en las constancias de la causa”, concluyeron los camaristas.

 
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