La investigación judicial sobre el colapso del criptoactivo $LIBRA volvió a impactar en el corazón del poder político argentino. Un peritaje realizado sobre el teléfono celular del empresario Mauricio Novelli reveló una intensa red de comunicaciones con el entorno inmediato del presidente Javier Milei durante la noche del 14 de febrero de 2025, fecha en la que se lanzó el token.
Los registros muestran que Novelli mantuvo ocho comunicaciones con el Presidente ese mismo día, además de siete contactos con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. También aparecen intercambios con el asesor presidencial Santiago Caputo —al menos 14 comunicaciones registradas— y con el entonces jefe de asesores Demian Reidel.
El dato central no es solo la existencia de contactos, sino la sincronía entre esas comunicaciones y el lanzamiento del criptoactivo, un episodio que más de un año después continúa generando repercusiones judiciales y políticas. La aparición de estos registros vuelve a colocar bajo escrutinio la relación entre el ecosistema cripto que impulsó el proyecto y el núcleo político que rodea al mandatario.
La pregunta que sobrevuela la escena es inevitable: ¿se trató de una interacción circunstancial con actores del sector tecnológico o de un vínculo más estrecho en la gestación del proyecto?
El ecosistema $LIBRA y los actores que orbitaban alrededor del proyecto
El peritaje reconstruye una red de empresarios y operadores tecnológicos que mantuvieron contacto con el Presidente en distintos momentos previos al lanzamiento del token.
En el centro de esa red aparece Mauricio Gaspar Novelli, fundador del evento tecnológico Tech Forum y de la firma N&W Professional Traders. Según registros oficiales, el empresario había establecido vínculos con Milei desde 2020, cuando el entonces economista dictaba capacitaciones en su academia.
Con la llegada de Milei a la presidencia, el vínculo continuó. Novelli visitó seis veces la Casa Rosada, siendo recibido por Karina Milei en su primer ingreso el 8 de enero de 2024. Los encuentros se produjeron en el contexto de la organización del Tech Forum realizado en octubre de 2024, evento patrocinado por la Presidencia de la Nación y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Ese foro tecnológico funcionó como un punto de contacto entre el mandatario y figuras del ecosistema cripto global. Entre ellas aparecen el empresario Hayden Davis, señalado por la investigación como la figura detrás de Kelsier Ventures, y Julian Peh, quien participó como expositor.
La propia documentación analizada por la Justicia agrega un elemento adicional: un archivo titulado “LOI_KELSIER.docx”, recuperado del teléfono de Novelli. El documento fue enviado por el empresario a sí mismo por WhatsApp el 29 de enero de 2025, un día antes de una reunión entre Milei y Davis en la Casa Rosada.
Ese encuentro quedó registrado públicamente cuando el Presidente publicó una selfie con el empresario en redes sociales, señalando que lo estaba asesorando en temas vinculados a blockchain.
El “triángulo de hierro” y la dinámica interna del poder
Los registros telefónicos también iluminan la estructura política que rodeaba al Presidente durante los primeros meses de gestión.
En ese momento, el Gobierno funcionaba con un esquema informal de poder en el que Karina Milei y Santiago Caputo representaban dos vértices centrales del llamado “triángulo de hierro” que articulaba las decisiones estratégicas del oficialismo.
La aparición de comunicaciones frecuentes entre Novelli y Caputo —14 registros telefónicos— introduce un elemento sensible en esa dinámica. No porque pruebe responsabilidades directas, sino porque vincula al núcleo político del Gobierno con los actores que promovían el proyecto cripto.
En ese entramado también figura Demian Reidel, economista y físico que había asumido como jefe del Gabinete de Asesores al inicio del mandato presidencial. Su salida del cargo el 21 de julio de 2025 ya había marcado un cambio en la estructura de asesores del Gobierno.
Posteriormente fue designado al frente de Nucleoeléctrica Argentina, la empresa estatal que opera las centrales nucleares del país. Sin embargo, su gestión quedó bajo presión en las semanas previas a su renuncia el 9 de febrero, tras cuestionamientos internos por un contrato tecnológico cuyo costo habría pasado de 600.000 dólares a 7 millones.
La coincidencia temporal entre esas tensiones y el avance de la investigación judicial sobre $LIBRA vuelve a ubicar a su figura dentro del radar político del caso.
Empresarios, tecnología y acceso al poder
La investigación también reconstruye el rol de otros actores vinculados al proyecto.
Uno de ellos es Manuel Terrones Godoy, socio de Novelli en distintas iniciativas empresariales y participante del Tech Forum. Los peritajes registran un mensaje de WhatsApp entre ambos el 20 de febrero, en el que Novelli escribió: “Llevo eso para allá, pero borrá”.
El contenido de ese intercambio se suma a la reconstrucción judicial de los vínculos entre los organizadores del foro tecnológico y el entorno presidencial.
En paralelo, el empresario estadounidense Charles Hoskinson, que también participó del Tech Forum, declaró en una entrevista internacional que le pidieron dinero para concretar una reunión con el presidente argentino. Su testimonio lo convirtió en uno de los 20 citados a declarar en la investigación.
La causa, sin embargo, atraviesa un momento procesal particular: se encuentra parcialmente paralizada tras maniobras de dilación atribuidas al bloque libertario y a sus aliados parlamentarios.
La política detrás del expediente
La aparición de los registros telefónicos tiene un impacto político inmediato. No modifica por sí sola el estado judicial de la causa, pero vuelve a colocar el caso $LIBRA dentro del debate público y legislativo.
El oficialismo enfrenta así una tensión que combina dos dimensiones sensibles:
por un lado, la relación del Presidente con el ecosistema tecnológico y financiero que impulsaba el token; por otro, la cercanía de algunos de esos actores con el núcleo político del Gobierno.
La investigación también expone un rasgo estructural de la administración actual: la fuerte interacción entre el poder político y redes informales de asesores, empresarios y promotores tecnológicos.
Ese modelo de interacción —que en otros contextos suele presentarse como una apuesta a la innovación— se vuelve más complejo cuando la Justicia intenta reconstruir responsabilidades en torno a proyectos financieros de alto riesgo.
Un expediente que podría reactivarse en medio del calendario político
La causa $LIBRA todavía no definió responsabilidades penales. Sin embargo, el avance de los peritajes informáticos y la citación de empresarios extranjeros indican que la investigación sigue abierta.
Además, existe un elemento que podría aumentar la tensión política: las declaraciones judiciales previstas podrían producirse en pleno escenario electoral, lo que amplificaría el impacto del caso.
El expediente, en ese contexto, deja de ser solo una investigación sobre un criptoactivo fallido. También se convierte en una ventana para observar cómo se articuló el vínculo entre tecnología, financiamiento y poder político durante los primeros meses del gobierno de Milei.
Por ahora, los registros telefónicos ofrecen piezas de un rompecabezas que todavía está lejos de completarse.
