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Milei endurece su discurso contra la oposición y apuesta a la energía como motor del nuevo ciclo económico

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El presidente Javier Milei utilizó el escenario del Latam Economic Forum para profundizar la narrativa política y económica que atraviesa su gestión: confrontación con la oposición, cuestionamiento al rol de los medios de comunicación y defensa cerrada del programa de ajuste y desregulación impulsado desde diciembre de 2023.

Ante empresarios, funcionarios, legisladores y referentes del oficialismo reunidos en Parque Norte, Milei buscó instalar la idea de que la Argentina ingresó en una etapa de estabilización macroeconómica irreversible y que el próximo desafío será transformar esa estabilidad en crecimiento sostenido vía inversiones privadas, especialmente en energía, minería e infraestructura.

La exposición tuvo una fuerte carga política. El mandatario acusó a sectores opositores de haber intentado “un golpe de Estado” contra su programa económico durante 2025 y sostuvo que los medios de comunicación “atacan injustamente” al Gobierno. El mensaje no fue aislado: formó parte de una estrategia discursiva orientada a consolidar la identidad política de La Libertad Avanza frente a un año de reconfiguración parlamentaria y de negociación permanente con gobernadores y actores económicos.

A diferencia de otros discursos centrados exclusivamente en el ajuste fiscal o la desaceleración inflacionaria, Milei intentó mostrar una segunda etapa de gestión. La premisa fue clara: la estabilidad macroeconómica ya no alcanza por sí sola y ahora el Gobierno necesita exhibir perspectivas de expansión real de la economía.

“La baja inflación y la estabilidad macroeconómica no generan crecimiento”, afirmó el Presidente, en una frase que sintetizó el nuevo enfoque oficial.

Según Milei, el crecimiento llegará a partir de un cambio estructural basado en energía barata, menor presión fiscal, apertura económica y desregulación. En ese esquema, el sector privado aparece como protagonista absoluto del modelo.

El mandatario vinculó directamente ese escenario con el desarrollo energético argentino. Mencionó petróleo, gas, energía nuclear y minerales como activos estratégicos en un contexto internacional marcado por el reordenamiento de cadenas globales de suministro y la búsqueda de países considerados “seguros” para invertir.

La apuesta oficial es transformar a la Argentina en un polo industrial asociado a recursos energéticos competitivos, con el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) como principal herramienta de atracción de capitales.

El RIGI como columna vertebral del modelo Milei

El Presidente volvió a defender el RIGI y anticipó una profundización del esquema mediante el denominado “SuperRIGI”, ya enviado al Congreso.

La referencia no fue menor. El oficialismo busca convertir al régimen de beneficios fiscales y regulatorios en el corazón del nuevo ciclo económico, especialmente para proyectos energéticos, mineros y de infraestructura de gran escala.

Para reforzar ese argumento, Milei citó el caso de Neuquén y el crecimiento asociado a las inversiones vinculadas a Vaca Muerta. Según planteó, el esquema permitió multiplicar el ingreso de capitales con un costo fiscal reducido para las provincias adheridas.

La lógica política detrás de ese mensaje también apunta a presionar a las jurisdicciones que todavía mantienen reparos sobre la adhesión plena al régimen.

El Latam Economic Forum dejó otra señal relevante: la creciente centralidad del sector energético dentro del esquema de poder libertario.

Funcionarios, empresarios y legisladores coincidieron en ubicar a la energía como uno de los principales vectores de acumulación económica y política del Gobierno. No casualmente, uno de los discursos más esperados fue el del presidente de YPF, Horacio Marín, mientras que el ministro de Economía, Luis Caputo, reforzó la idea de que la desaceleración inflacionaria seguirá consolidándose durante los próximos meses.

Caputo incluso anticipó que la inflación de mayo sería inferior a la de abril y sostuvo que hacia 2027 la economía “se llevará puesta a la política”, una definición que expone el intento oficial de subordinar la disputa política al desempeño macroeconómico.

La confrontación política sigue siendo parte del modelo

Pese al intento de mostrar una agenda orientada a inversiones y crecimiento, Milei mantuvo intacto el tono confrontativo que caracteriza a su gestión.

Volvió a cuestionar a la oposición, reivindicó el rol de la ministra Patricia Bullrich en el control de la protesta social y defendió a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, al asegurar que resistió presiones internas y externas para desplazarla.

También insistió con la idea de que el kirchnerismo destruyó al sector privado y sostuvo que ahora “florecen miles de nuevas industrias” gracias a la liberalización económica.

La narrativa oficial busca consolidar un doble mensaje: por un lado, estabilidad y oportunidad de negocios para el empresariado; por otro, confrontación política permanente para mantener cohesionada a la base libertaria.

Aunque el discurso estuvo centrado en variables macroeconómicas y en sectores como energía y minería, la estrategia económica del Gobierno también tiene implicancias para provincias periféricas como Misiones.

La insistencia en atraer inversiones mediante regímenes especiales, desregulación y reducción tributaria vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre competitividad regional, infraestructura energética y costos logísticos.

Para Misiones y el NEA, el foco creciente en energía puede abrir oportunidades vinculadas a biomasa, forestoindustria y proyectos de transición energética. Sin embargo, también profundiza tensiones históricas: las provincias reclaman mayor infraestructura y condiciones fiscales diferenciales para competir en igualdad frente a los grandes polos productivos del centro del país.

El discurso presidencial dejó entrever otra variable relevante: el Gobierno considera que el crecimiento futuro dependerá más de sectores exportadores de gran escala que del consumo interno como dinamizador económico. Esa definición podría reconfigurar prioridades de inversión pública y privada en las regiones.

Un Gobierno que busca pasar de la resistencia a la expansión

El acto en Parque Norte mostró a un oficialismo que intenta dejar atrás la etapa defensiva del ajuste y comenzar a construir un relato de expansión económica.

La Casa Rosada necesita ahora demostrar que el equilibrio fiscal y la desaceleración inflacionaria pueden traducirse en inversión, empleo y actividad. Esa será la principal variable política de los próximos meses.

Mientras tanto, Milei mantiene intacta la lógica de confrontación que lo llevó al poder: polarización política, cuestionamiento al sistema tradicional y construcción de un vínculo directo con sectores empresarios y sociales que todavía respaldan el rumbo económico.

El desafío para el Gobierno será sostener esa narrativa si la recuperación económica continúa mostrando velocidades distintas entre sectores y regiones.

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Milei cuestiona a periodistas y redefine el vínculo con los medios

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El presidente Javier Milei difundió un extenso mensaje en el que cuestionó el rol de periodistas y medios de comunicación, al tiempo que reafirmó una decisión central de su gestión: la eliminación de la pauta oficial. La publicación, realizada en sus redes, se inscribe en un contexto de confrontación creciente con actores del sistema mediático y plantea una redefinición explícita del vínculo entre el Gobierno y la prensa.

El mandatario sostuvo que “nunca en la historia argentina hubo tanta libertad de expresión como hoy”, pero rechazó la idea de que ese derecho implique “decir cualquier cosa sin consecuencias”. En esa línea, planteó que parte del periodismo confunde libertad con impunidad y defendió la necesidad de que quienes comunican asuman responsabilidades por sus afirmaciones.

Libertad de expresión y financiamiento

El planteo presidencial se apoya en dos ejes: la concepción de la libertad de expresión y el esquema de financiamiento de los medios. Por un lado, Milei propone una interpretación en la que el ejercicio de ese derecho está condicionado por la responsabilidad individual. Por otro, cuestiona la estructura de sostenimiento económico del sector, particularmente el rol de la pauta oficial.

Según lo expresado, el Gobierno nacional eliminó ese mecanismo de financiamiento, lo que —de acuerdo al Presidente— debería derivar en un sistema donde los medios se validen en el mercado. Sin embargo, señaló que la persistencia de pauta en niveles subnacionales distorsiona ese proceso, al sostener medios “artificialmente”.

Sin pauta y con confrontación directa

La decisión política ratificada es clara: no habrá pauta oficial desde la administración nacional. Milei aseguró que, mientras su gobierno continúe, no se restablecerán esos fondos y descartó cualquier esquema de financiamiento indirecto.

En paralelo, el Presidente anticipó una estrategia de confrontación discursiva: “vamos a contestar cada una de sus mentiras, operaciones e injurias”, afirmó, marcando un cambio respecto a modelos anteriores de relación más institucionalizada con el sistema de medios.

Este enfoque implica un doble movimiento: retiro de recursos económicos y aumento de la disputa pública narrativa.

El mensaje reconfigura el equilibrio entre el poder político y los medios. Por un lado, fortalece la posición del Ejecutivo en su narrativa de eliminación de privilegios y ajuste del gasto estatal. Por otro, coloca a los medios —especialmente aquellos con dependencia de pauta pública— en una situación más expuesta.

La lógica planteada por Milei traslada la validación de los medios al mercado y a la audiencia, lo que, según su visión, debería “depurar” el sistema. Sin embargo, también incrementa la tensión con sectores periodísticos que interpretan estas declaraciones como un cuestionamiento directo a su rol.

El planteo presidencial sugiere una transición hacia modelos basados en audiencias y mercado, aunque reconoce que la continuidad de pauta en otros niveles de gobierno podría amortiguar ese cambio.

Mercado, política y narrativa

El posicionamiento de Milei abre varios frentes a observar: la reacción del sistema mediático, la eventual replicación de políticas de ajuste en pauta a nivel provincial y el impacto en la calidad y diversidad informativa.

También queda en juego cómo evolucionará la relación entre el Gobierno y los medios en términos institucionales, en un contexto donde la confrontación pública se vuelve un componente central de la estrategia política.

El posteo de Milei

SOBRE LOS “PERIODISTAS” Hay un fenómeno muy recurrente en los periodistas argentinos, o entre aquellas personas que dicen ejercer el periodismo, que es que ante la primera crítica que reciben acusan censura y violaciones a la libertad de expresión. Déjenme decirles un par de cosas así saldamos esta discusión. En primer lugar nunca en la historia argentina hubo tanta libertad de expresión como hoy. Un error que suelen cometer los periodistas es creer que libertad de expresión significa decir cualquier cosa sin ningún tipo de consecuencia. Eso no es libertad de expresión. La libertad exige responsabilidad. Reclamar un supuesto derecho a poder decir lo que se les antoje sin consecuencias es reclamar el privilegio de poder seguir viviendo en la torre de marfil en la que vivieron durante muchos años. Sin embargo, la Argentina de los privilegios de ha terminado. Todos debemos hacernos responsables de nuestros actos. Hoy les toca enfrentarse a un ciudadano que llegó a Presidente y no le debe nada a nadie más que cumplir el mandato de cambio que nos dio el país, y que no tiene miedo de decir un par de verdades incómodas aunque a muchos privilegiados les duela. En segundo lugar, en un mercado verdaderamente libre, sería la propia sociedad la que se encargaría de limpiar el sistema mandando a la quiebra a aquellos medios que publican falsedades, operaciones e injurias de manera constante, porque la gente no es idiota, a diferencia de lo que algunos medios creen. Pero el sistema de medios en Argentina no es libre. En tanto y en cuanto la mayoría de los medios de comunicación sigan viviendo de la pauta oficial de algún gobierno subnacional ya que nosotros hemos eliminado la pauta, los mecanismos de corrección del mercado no funcionan ya que se sostienen artificialmente al servicio del interés de algún político. Es exactamente lo mismo que sucede con las empresas que subsisten gracias a la prebenda estatal y reclaman poder seguir cazando en el zoológico. En esencia, lo que la mayoría de los periodistas reclaman no es libertad de expresión. Es poder vivir sin hacerse cargo de las consecuencias de las cosas que dicen y que encima la factura la pague el pagador de impuestos. Privilegios y pauta. Ese es el verdadero reclamo de algunos periodistas. Quiero que sepan que mientras nosotros tengamos el honor de seguir conduciendo los destinos de nuestro país, no van a obtener ni privilegios ni pauta (al menos no de nuestra parte). Vamos a contestar cada una de sus mentiras, de sus operaciones y de sus injurias, y tendrán que hacerse responsables de las cosas que dicen como cualquier ciudadano de a pie. Se acabó la Argentina con ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Todos somos iguales ante la ley, todos debemos hacernos cargo de nuestras acciones y de la misma manera que los empresarios tienen que aprender a competir en una economía cada día mas abierta, los periodistas tienen que aprender a hacerse cargo de sus palabras. VIVA LA LIBERTAD CARAJO…!!!

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El Gobierno redefine la segmentación audiovisual y actualiza el esquema de espacios electorales gratuitos

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La Jefatura de Gabinete aprobó una reconfiguración integral del esquema que determina cómo los servicios de comunicación audiovisual ceden tiempo de programación para fines electorales. La medida, formalizada mediante la Resolución 160/2025, reemplaza el anexo de la Resolución 675/2023 y redefine los porcentajes que cada segmento de prestadores deberá aplicar como pago a cuenta de impuestos nacionales. La decisión actualiza el marco regulatorio tras los cambios normativos introducidos por el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 y la derogación del Reglamento General de los Servicios de TV por Suscripción.

Un nuevo esquema de segmentación para un sistema audiovisual en transformación

La resolución, fechada el 28 de noviembre de 2025, sustituye el anexo que establecía la segmentación entre licenciatarios de servicios de comunicación audiovisual. El cambio se sustenta en el artículo 2 del Decreto 342/2023, que delegó en la Jefatura de Gabinete la responsabilidad de definir los parámetros para distribuir el monto previsto como pago a cuenta de impuestos nacionales.

La norma recuerda que la Ley 26.215 de Financiamiento de los Partidos Políticos obliga a los servicios de comunicación y televisión por suscripción a “ceder en forma gratuita el CINCO POR CIENTO (5%) del tiempo total de programación para fines electorales”, y que desde 2020 la mitad de ese porcentaje puede imputarse al pago de tributos nacionales.

El nuevo anexo —identificado como ACTO-2025-124252227-APN-ENACOM#JGM— actualiza la clasificación de segmentos y porcentajes, con una estructura que abarca:

  • Segmento A (AMBA):
    • TV de media y alta potencia: 35 %
    • AM de media y alta potencia: 9 %
    • FM de media y alta potencia: 9 %
    • Servicios de baja potencia y no categorizados: 3 %
  • Segmento B (ciudades > 600.000 habitantes):
    • TV media y alta potencia: 10 %
    • AM media y alta potencia: 3 %
    • FM media y alta potencia: 2 %
    • Servicios de baja potencia y no categorizados: 1 %
  • Segmento C (ciudades entre 100.000 y 599.999 habitantes):
    • TV media y alta potencia: 9 %
    • AM media y alta potencia: 2 %
    • FM media y alta potencia: 2 %
    • Servicios de baja potencia y no categorizados: 1 %
  • Segmento D (ciudades < 100.000 habitantes):
    • TV, AM y FM de media y alta potencia: 1 %
    • Servicios de baja potencia y no categorizados: 1 %
  • Segmento E (señales inscriptas en el Registro del art. 58 de la Ley 26.522): 10 %

La distribución será “igualitaria dentro de cada segmento”, según establece el artículo 2º de la resolución.

Decreto 70/2023, impacto normativo y redefinición del mapa regulatorio

El Gobierno fundamenta la nueva estructura en el profundo cambio regulatorio provocado por el DNU 70/2023, que declaró la emergencia pública en materia económica, administrativa, fiscal y tarifaria hasta el 31 de diciembre de 2025.

En particular, el artículo 329 del decreto modificó la Ley 27.078 de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para incorporar como servicio TIC a la “radiodifusión por suscripción mediante cualquier vínculo”, exceptuándola de las disposiciones de la Ley 26.522. Ese cambio implicó desregular la estructura histórica del sector audiovisual y habilitar la revisión de reglamentos previos.

Como consecuencia, el ENACOM derogó en 2024 el Reglamento General de los Servicios de Televisión por Suscripción (Resolución 1491/2020), lo que tornó necesario adecuar toda la arquitectura de segmentación definida en 2023.

La resolución 160/2025 señala que este rediseño responde a la necesidad de “adaptar el marco regulatorio de los servicios de televisión por suscripción” a un ecosistema que, según el propio DNU, debe contar con “mayor libertad para su desarrollo” a fin de eliminar “barreras y restricciones estatales”.

Financiamiento político, medios y federalismo regulatorio

El rediseño del esquema impacta de manera directa en tres frentes:

Financiamiento electoral y acceso equitativo a los medios

La cesión del 5% del tiempo de programación es uno de los pilares del sistema de comunicación electoral argentino. La redefinición de segmentos puede alterar los niveles de exposición de los partidos políticos en distintas regiones y plataformas, especialmente en provincias con gran dispersión geográfica.

Competencia en el sistema de medios

La distribución igualitaria dentro de cada segmento, sumada a la reclasificación de potencias y localizaciones, puede cambiar el equilibrio entre prestadores de AMBA y del interior. El nuevo esquema reduce brechas históricas en la asignación entre servicios de mayor alcance y emisoras locales.

Federalismo comunicacional

Al incorporar ciudades según rangos poblacionales (más de 600.000 habitantes, entre 100.000 y 599.999, y menos de 100.000), el modelo funcionará como una matriz federal que distingue realidades muy heterogéneas. Esto puede derivar en pedidos de revisión por parte de cámaras, grupos regionales y operadores independientes.

Reacciones esperadas y próximos pasos

La norma obliga a los prestadores a ajustar sus declaraciones de pago a cuenta de impuestos según los nuevos porcentajes. El proceso podría activar consultas ante el ENACOM, especialmente por parte de operadores medianos y pequeños.

La resolución será publicada en el Boletín Oficial, con el anexo técnico disponible para descarga, y deberá ser tomada como referencia para el próximo ciclo electoral.

Al tratarse de una disposición basada en un DNU vigente hasta diciembre de 2025, el esquema podría ser revisado si hubiera modificaciones legislativas o reformas integrales en materia de telecomunicaciones y servicios audiovisuales.

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