MERCADO DE CAPITALES

La CNV suma a más bolsas de comercio al registro de boletos inmobiliarios

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El mercado inmobiliario en pozo suma un nuevo actor institucional. Con la Resolución General 1114/2026, publicada el 27 de febrero de 2026 en el Boletín Oficial y con vigencia desde el día siguiente, la Comisión Nacional de Valores amplió el universo de entidades habilitadas para anotar boletos de compraventa y contratos sobre inmuebles futuros, una herramienta clave para el desarrollo del crédito hipotecario y la formalización de proyectos inmobiliarios sin posesión efectiva.

El cambio no es técnico ni menor: más bolsas de comercio quedan autorizadas a prestar este servicio, por fuera del mercado de capitales, en el marco del DNU 1017/2024, que busca dar previsibilidad jurídica a operaciones sobre unidades aún no construidas. En un contexto de reactivación incipiente del crédito hipotecario, la decisión apunta a ensanchar la infraestructura institucional que sostiene estas transacciones.

Qué habilita la norma en términos económicos

La resolución modifica las Normas de la CNV para extender la habilitación a bolsas de comercio que, además de su rol tradicional, podrán registrar boletos y contratos de inmuebles futuros cuando no exista situación constructiva suficiente para ejercer posesión.

A partir de ahora, quedan expresamente autorizadas:

  • Bolsa de Comercio de Córdoba
  • Bolsa de Comercio de La Plata
  • Bolsa de Comercio de Mendoza S.A.
  • Bolsa de Comercio de Rosario
  • Bolsa de Comercio de San Juan S.A.
  • Bolsa de Comercio de Santa Fe
  • Bolsa de Comercio de Chaco
  • Bolsa de Comercio de Bahía Blanca S.A.

Estas entidades se suman a los ACRyP, cámaras compensadoras, mercados, ADCVN y entidades financieras, que ya estaban habilitados. Para las bolsas, la norma introduce un punto clave: no necesitan encuadrar esta tarea como actividad complementaria, aun cuando estén registradas como agentes ante la CNV. En la práctica, se amplía su objeto permitido sin exigir cambios adicionales de encuadre regulatorio.

Del DNU al despliegue operativo

La decisión se inscribe en una secuencia normativa iniciada con el DNU 1017/2024, que puso el foco en reconstruir un mercado hipotecario sostenible. Ese decreto facultó a la CNV a autorizar entidades para anotar contratos sobre inmuebles futuros, una figura pensada para ordenar la preventa inmobiliaria y reducir riesgos jurídicos.

Luego, la CNV avanzó por etapas. Primero habilitó a actores clásicos del mercado de capitales (Resolución 1043) y, más recientemente, incorporó a bolsas registradas como ERR (Resolución 1109). La Resolución 1114 completa ese recorrido al sumar bolsas de comercio que operan como ALyC, ampliando la capilaridad territorial del sistema.

El problema que se busca resolver es claro: falta de registros confiables y homogéneos para operaciones inmobiliarias previas a la construcción, una debilidad estructural que limita el financiamiento y encarece el riesgo.

Más infraestructura, menos fricción

El efecto inmediato es institucional, pero con derivaciones económicas concretas: Inversión: mejora el marco de seguridad para desarrollos inmobiliarios en pozo, un segmento sensible al riesgo legal. Costos: al haber más entidades habilitadas, se amplía la oferta de servicios de anotación, lo que puede reducir cuellos de botella y costos operativos. Competitividad regional: las bolsas del interior ganan un rol activo, acercando el servicio a desarrolladores y compradores fuera del AMBA. Crédito hipotecario: un registro más robusto facilita la estructuración de financiamiento sobre proyectos futuros.

No hay impacto fiscal directo ni creación automática de empleo, pero sí una mejora en las condiciones de formalización del mercado inmobiliario, con efectos indirectos sobre actividad y financiamiento.

Ampliación sin desregulación

La resolución no implica una desregulación ni un retiro del Estado. Por el contrario, muestra una estrategia de expansión controlada: más actores habilitados, pero bajo un marco definido por la CNV y anclado en el decreto vigente.

El mensaje al mercado es de continuidad. No se cambian las reglas de fondo, se ensancha la base institucional para que esas reglas puedan operar mejor. También es una señal hacia las provincias y economías regionales, que ven fortalecidas a sus bolsas como nodos de servicios vinculados al desarrollo inmobiliario.

Lo que habrá que seguir de cerca

En los próximos meses, el termómetro será el uso efectivo de esta habilitación. Si las bolsas incorporadas logran captar operaciones y generar registros ágiles y confiables, el esquema puede convertirse en una pieza relevante del andamiaje hipotecario. Si no, quedará como una habilitación formal con impacto limitado. La diferencia estará en la demanda real del mercado y en la capacidad operativa de las entidades autorizadas.

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La CNV refuerza el control sobre futuros y opciones con un nuevo régimen informativo semanal

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El mercado de derivados argentino entra en una etapa de mayor supervisión y trazabilidad de riesgos. La Resolución General 1113/2026, publicada el 27 de febrero en el Boletín Oficial y con vigencia desde el día siguiente, obliga a los mercados autorizados a reportar en forma sistemática y estandarizada las posiciones abiertas en contratos de futuros y opciones. El cambio no es menor: la Comisión Nacional de Valores (CNV) busca contar con información detallada, periódica y comparable para detectar concentraciones, anticipar tensiones y evaluar riesgos sistémicos en un segmento cada vez más relevante del mercado de capitales.

El dato clave es el alcance y la frecuencia. Desde febrero de 2026, los mercados deberán enviar información semanal con detalle diario sobre las posiciones abiertas de los Agentes de Liquidación y Compensación (ALyC), con un esquema transitorio que obliga además a reconstruir datos desde agosto de 2025. En un contexto de volatilidad financiera y creciente uso de derivados como cobertura o herramienta especulativa, el refuerzo regulatorio llega en un momento sensible.

Qué cambia en la práctica para el mercado

La norma incorpora un nuevo artículo 56 BIS a las Normas de la CNV y crea un Anexo IX con el detalle técnico de la información a remitir. En términos operativos, los mercados deberán reportar: Posiciones abiertas en futuros y opciones desagregadas por ALyC. Información actualizada con periodicidad semanal. Detalle diario de las posiciones a partir del 1° de febrero de 2026.

Quedan excluidos de esta obligación los Participantes Directos, las entidades financieras reguladas por la Ley de Entidades Financieras y las personas comprendidas dentro del concepto de cartera propia ampliada de los ALyC.

La consecuencia concreta es un salto en la capacidad de monitoreo del regulador: la CNV podrá observar no solo el interés abierto total, sino también cómo se distribuye entre los distintos jugadores, algo clave para identificar exposiciones dominantes o riesgos de contagio.

Contexto y antecedentes regulatorios

La resolución no surge en el vacío. La CNV fundamenta la medida en el crecimiento y la mayor complejidad de los instrumentos derivados, un fenómeno que también se observa a nivel internacional. En ese marco, el organismo alinea su normativa con estándares regulatorios globales, que priorizan el acceso permanente a datos detallados como insumo central para la supervisión.

Hasta ahora, la información disponible era más fragmentada. Con este cambio, la CNV complementa el esquema vigente sin modificar las reglas de operatoria de los derivados, pero sí elevando el umbral de transparencia. El objetivo explícito es mejorar la detección temprana de concentraciones de posiciones y fortalecer la prevención de riesgos sistémicos.

Impacto económico: más control, más costos operativos

Desde el punto de vista económico, la medida tiene efectos diferenciados. Para el sistema financiero y los grandes operadores, implica un mayor escrutinio regulatorio, lo que reduce el margen para estrategias altamente concentradas o poco visibles. Para los mercados y plataformas, supone costos operativos adicionales asociados al procesamiento, estandarización y envío de información.

Sin embargo, en términos sistémicos, el impacto apunta a mejorar la estabilidad y la confianza. Un mercado de derivados más transparente tiende a reducir riesgos extremos y a fortalecer la credibilidad del sistema, un factor relevante para la inversión institucional y para el desarrollo de instrumentos de cobertura en el mercado local.

No hay efectos directos sobre empleo o recaudación, pero sí una señal indirecta hacia la calidad institucional del mercado de capitales, un elemento que pesa en las decisiones de inversión de mediano plazo.

Señales políticas y regulatorias

La resolución marca una continuidad en la línea de fortalecimiento regulatorio del mercado de capitales, sin introducir prohibiciones ni límites cuantitativos. No es una desregulación ni un giro restrictivo, sino una centralización de información clave en manos del regulador.

El mensaje es claro: la CNV busca anticiparse a los riesgos antes que reaccionar frente a crisis. Para el mercado, la señal es doble. Por un lado, más control y menos opacidad. Por otro, una apuesta a estándares internacionales que podrían facilitar, en el tiempo, una mayor integración con flujos financieros más sofisticados.

El verdadero impacto se medirá en los próximos meses, cuando empiece a operar el régimen informativo completo. Allí habrá que observar si la mayor disponibilidad de datos se traduce en mejor prevención de riesgos, ajustes en las estrategias de los grandes operadores y un mercado de derivados más ordenado y previsible.

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La CNV simplifica trámites y acelera decisiones para emisores, fondos y agentes del mercado

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La Comisión Nacional de Valores (CNV) avanzó con una reforma silenciosa pero estructural de su funcionamiento interno y de sus reglas operativas. A través de la Resolución General 1112/2026, publicada este 26 de febrero en el Boletín Oficial y con vigencia desde el día siguiente, el organismo actualizó el Título XVI de sus Normas para simplificar trámites, digitalizar procesos, redefinir mecanismos de notificación y ampliar la delegación de facultades hacia las gerencias técnicas.

El cambio no introduce nuevos productos ni modifica regímenes de inversión, pero impacta de lleno en el “cómo” del mercado: tiempos administrativos, costos de cumplimiento y previsibilidad regulatoria para emisores, agentes, fondos comunes de inversión y fideicomisos financieros. En un contexto de revisión normativa y agenda de desregulación selectiva, la CNV ajusta su engranaje interno para ganar velocidad sin resignar control.

Qué cambia en la práctica: menos fricción y más gestión digital

La resolución sustituye íntegramente el Título XVI de las Normas (N.T. 2013 y mod.) y ordena aspectos que, aunque operativos, tienen efectos económicos concretos.

Uno de los ejes centrales es la consolidación de las notificaciones electrónicas. A partir de ahora, las comunicaciones por correo electrónico declarado mediante declaración jurada tendrán efectos jurídicos plenos, siempre que se cursen bajo los recaudos formales establecidos. En términos prácticos, se reducen márgenes de ambigüedad y se refuerza la responsabilidad de los sujetos regulados sobre la actualización de sus datos de contacto.

También se eliminan canales obsoletos —como el uso del fax— y se explicita el horario de atención de la mesa de entradas, un detalle menor en apariencia, pero relevante para la trazabilidad de plazos y presentaciones.

En paralelo, la norma actualiza y amplía el listado de trámites que deben iniciarse obligatoriamente a través de la plataforma de Trámites a Distancia (TAD) del sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE). La enumeración abarca prácticamente todo el ciclo regulatorio: desde la inscripción y cancelación de agentes, la autorización de emisiones, CEDEAR, fideicomisos y fondos comunes de inversión, hasta el registro de proveedores de servicios de activos virtuales.

En la práctica, esto consolida un esquema 100% digital para la interacción con el regulador, reduciendo costos administrativos y tiempos de procesamiento, especialmente para emisores frecuentes y estructuras PyME.

Más decisiones técnicas sin pasar por el Directorio

Otro cambio relevante es la ampliación y sistematización del esquema de delegación de facultades dentro del organismo. La resolución transfiere a las gerencias y subgerencias de áreas clave —Emisoras, Fondos Comunes de Inversión, Fideicomisos Financieros, Agentes y Mercados, Registro y Control, Gobierno Corporativo y Prevención de Lavado— la potestad de resolver trámites técnicos, operativos o de bajo impacto estructural.

Esto incluye autorizaciones de emisiones dentro de programas ya aprobados, modificaciones no esenciales, cancelaciones parciales, registros y bajas, advertencias por incumplimientos formales y decisiones de archivo o caducidad de expedientes sin interés público comprometido.

El Directorio de la Comisión Nacional de Valores conserva las definiciones sustantivas, pero deja de ser un cuello de botella para decisiones repetitivas. A cambio, las gerencias deberán informar mensualmente los actos dictados en ejercicio de la delegación, manteniendo un esquema de control ex post.

Desde la lógica del mercado, el mensaje es claro: menos tiempo de espera para autorizaciones rutinarias y mayor previsibilidad en los plazos regulatorios.

Revisión normativa y simplificación estatal

La reforma se inscribe en un proceso más amplio de revisión y modernización regulatoria impulsado a nivel nacional. El texto cita expresamente el Decreto 90/2025, que ordenó a los organismos del Estado relevar y depurar normas obsoletas o innecesarias, bajo la órbita del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado.

En el caso del mercado de capitales, la CNV ya había avanzado en los últimos años con regímenes simplificados, autorizaciones automáticas y esquemas diferenciados para PyMEs. Esta resolución no crea un régimen nuevo, pero armoniza criterios, unifica terminología y ajusta procedimientos que habían quedado fragmentados o desactualizados.

También introduce precisiones técnicas, como la ampliación de los medios válidos para identificar al deudor cedido en operaciones de cesión de créditos, un punto relevante para fideicomisos financieros vinculados a vivienda y construcción.

Costos, tiempos y competitividad

El impacto económico de la norma es indirecto, pero no menor. La digitalización obligatoria y la delegación de facultades tienden a reducir costos administrativos para los regulados y a acortar los plazos de autorización, un factor clave para emisiones en contextos de volatilidad financiera.

Para emisores frecuentes, fondos y fiduciarios, la agilización de trámites puede traducirse en una mejor sincronización con ventanas de mercado. Para agentes y mercados, la claridad en los procedimientos y en las notificaciones reduce riesgos operativos y contingencias legales.

No hay efectos fiscales ni cambios en la carga regulatoria sustantiva. Tampoco se introducen nuevas obligaciones materiales. El beneficio está en la eficiencia del sistema y en la reducción de fricciones que, acumuladas, impactan en la competitividad del mercado de capitales local frente a alternativas externas.

Continuidad regulatoria con ajuste operativo

La resolución no implica una desregulación en sentido estricto, pero sí un reordenamiento pro-eficiencia. Refuerza la centralidad de la CNV como autoridad de control, al tiempo que descentraliza decisiones dentro de su estructura para ganar agilidad.

La señal al mercado es de continuidad normativa con ajustes operativos. No hay un cambio de reglas de juego, sino una actualización del tablero administrativo. En un contexto donde la velocidad importa tanto como la norma en sí, el regulador busca mostrarse más previsible, más digital y menos burocrático.

Hacia adelante, el termómetro del impacto real estará en los tiempos efectivos de respuesta y en la consistencia de los criterios aplicados por las distintas gerencias. Si la delegación se traduce en agilidad sin dispersión regulatoria, el mercado lo sentirá rápido.

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El Gobierno emite deuda por hasta $5 billones y USD 7.650 millones para reforzar el financiamiento 2026

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El Ministerio de Economía salió al mercado con una batería de instrumentos en pesos y dólares que habilita colocaciones por hasta $5 billones y USD 7.650 millones, en el marco del programa financiero 2026. La medida quedó formalizada este 26 de febrero en el Boletín Oficial mediante la Resolución Conjunta 11/2026 de las Secretarías de Finanzas y Hacienda, y entró en vigencia el mismo día de su dictado.

El dato central no es jurídico sino financiero: el Tesoro amplía su menú de deuda en un momento clave del calendario fiscal, combinando letras ajustadas por CER, bonos dólar linked y un bono en dólares al 6% anual, con vencimientos concentrados entre mayo de 2026 y junio de 2028. El objetivo es claro: captar liquidez en pesos, ofrecer cobertura cambiaria y ordenar el perfil de vencimientos dentro de los límites autorizados por el Presupuesto 2026.

Más instrumentos para absorber pesos y ofrecer cobertura cambiaria

La resolución dispone la emisión de una nueva Letra del Tesoro en pesos ajustada por CER con vencimiento el 15 de mayo de 2026, por hasta $5 billones. Se trata de un instrumento a descuento, con capital indexado por el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) que publica el Banco Central de la República Argentina. El ajuste se calculará entre los diez días hábiles previos a la emisión y los diez anteriores al vencimiento. Amortiza íntegramente al final.

En paralelo, el Tesoro habilitó dos bonos vinculados al dólar estadounidense (dólar linked) cero cupón, con vencimientos el 30 de junio de 2027 y el 30 de junio de 2028, cada uno por hasta USD 3.700 millones. Estos títulos se suscriben en pesos al tipo de cambio de referencia Comunicación “A” 3500 del BCRA y se pagan en pesos al tipo de cambio aplicable previo al vencimiento. Funcionan, en los hechos, como cobertura ante eventuales movimientos del dólar oficial.

A eso se suma un bono en dólares estadounidenses con tasa nominal anual del 6%, con vencimiento el 29 de octubre de 2027, por hasta USD 250 millones. A diferencia de los dólar linked, este instrumento paga intereses mensuales en moneda dura y amortiza íntegramente al vencimiento.

La estrategia se completa con la ampliación de dos Letras del Tesoro en pesos ajustadas por CER ya emitidas —con vencimientos el 31 de julio y el 30 de noviembre de 2026— también por hasta $5 billones cada una, en función de la demanda que surja en la licitación.

En todos los casos, la colocación se realizará bajo el esquema vigente de licitaciones públicas y los títulos serán negociables en A3 Mercados y en bolsas y mercados del país. Además, mantienen las exenciones impositivas previstas por la normativa vigente.

Marco legal y coordinación financiera

La operación se inscribe dentro de las autorizaciones previstas en la Ley 27.798 de Presupuesto 2026 y en el régimen de crédito público de la Ley 24.156 de Administración Financiera. El artículo 44 del Presupuesto habilita operaciones de crédito público según los montos y destinos establecidos en planilla anexa, mientras que el artículo 45 autoriza la emisión de Letras del Tesoro reembolsables dentro del mismo ejercicio.

La coordinación corre por cuenta de las Secretarías de Finanzas y de Hacienda, que ejercen conjuntamente el rol de órgano responsable del sistema de administración financiera, de acuerdo con el decreto 1344/2007 y su modificatorio.

No hay, en este caso, un cambio normativo estructural. Se trata de la instrumentación concreta del programa financiero aprobado por el Congreso. Sin embargo, el volumen potencial y la diversidad de instrumentos revelan una señal de política financiera: sostener la capacidad de refinanciamiento en moneda local, extender plazos y ofrecer alternativas que contengan expectativas inflacionarias y cambiarias.

Impacto económico: rollover, liquidez y señales al mercado

Desde el punto de vista económico, el paquete cumple varias funciones simultáneas.

En primer lugar, permite absorber excedentes de liquidez en pesos mediante instrumentos CER, lo que contribuye a administrar la presión inflacionaria sin recurrir exclusivamente a política monetaria. Para el mercado, la indexación ofrece cobertura real frente a la inflación.

En segundo término, los bonos dólar linked amplían la oferta de cobertura cambiaria dentro del mercado doméstico. Esto puede reducir la demanda de dólares financieros si los inversores consideran atractiva la paridad ofrecida por el Tesoro.

El bono en dólares al 6% introduce, además, una referencia explícita de tasa en moneda dura bajo ley local, con pagos mensuales. Aunque el monto máximo es sensiblemente menor que el de los dólar linked, funciona como señal de acceso a financiamiento en divisa extranjera en el mercado interno.

En términos de costos, el impacto dependerá del precio de corte que convalide el Tesoro en la licitación. La tasa real implícita en las letras CER y la prima cambiaria de los dólar linked serán claves para evaluar el costo efectivo del financiamiento. No obstante, al estar dentro de los límites presupuestarios, la operación no altera el techo legal de endeudamiento aprobado para 2026.

Para el sector financiero, el menú amplía oportunidades de inversión y arbitraje. Para el Tesoro, el desafío es sostener el rollover en un contexto donde los vencimientos en pesos siguen siendo voluminosos.

Señales políticas y de mercado

La medida no implica un giro en la estrategia de financiamiento, sino continuidad. El Gobierno refuerza la apuesta por el mercado local, prioriza instrumentos bajo ley argentina y mantiene la combinación de deuda indexada y vinculada al dólar como anclas de confianza.

También consolida un esquema centralizado de decisiones en el Ministerio de Economía, que delega la implementación operativa en distintas áreas técnicas de la Oficina Nacional de Crédito Público.

La señal al mercado es doble: por un lado, disciplina dentro del marco presupuestario; por otro, flexibilidad para adaptar la oferta a la demanda en cada licitación.

En los próximos meses habrá que observar el nivel de adhesión, las tasas convalidadas y el grado de participación de bancos y fondos comunes de inversión. Allí se medirá el verdadero termómetro de confianza y el costo real del financiamiento 2026.

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Caputo licita deuda para cubrir $7,2 billones y pone a prueba el rollover del Tesoro

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El ministro de Economía, Luis Caputo, encabezará el próximo miércoles una licitación clave de títulos públicos con el objetivo de refinanciar vencimientos por $7,2 billones. La operación, a cargo del Ministerio de Economía y la Secretaría de Finanzas, se apoya en un menú amplio de instrumentos en pesos ajustados por CER, bonos dólar linked y deuda en dólares, en un contexto de menor tensión financiera y tras canjes previos con el Banco Central de la República Argentina que redujeron significativamente el volumen de vencimientos inmediatos.

Una licitación para sostener el financiamiento y despejar el frente de deuda en pesos

El Gobierno nacional licitará el miércoles 25 de febrero de 2026 una nueva serie de instrumentos del Tesoro con el fin de refinanciar vencimientos por aproximadamente $7,2 billones. El monto representa un nivel sensiblemente menor al originalmente previsto, luego de canjes previos entre el Tesoro Nacional y el Banco Central por cerca de $15 billones, que permitieron aliviar el perfil de pagos de corto plazo.

La licitación estaba contemplada en el calendario anual oficial publicado por la Secretaría de Finanzas y se produce en un escenario de menor tensión en la tasa de interés, tras una última colocación exitosa. En esa operación previa, el Tesoro adjudicó $9,02 billones frente a vencimientos por $8 billones, lo que implicó un ratio de refinanciamiento (rollover) del 123,39%, una señal relevante para la estrategia financiera oficial.

El desafío inmediato es sostener ese nivel de adhesión del mercado, en un contexto donde la administración económica busca consolidar la normalización del financiamiento en pesos y diversificar instrumentos para distintos perfiles de inversores.

El menú de instrumentos: CER, dólar linked y deuda en dólares

En este llamado, la Secretaría de Finanzas ofrece un conjunto amplio y diversificado de títulos, estructurados para captar demanda tanto en moneda local como en instrumentos atados a la evolución del tipo de cambio y en dólares estadounidenses.

Instrumentos ajustados por CER (inflación):

  • Letra del Tesoro en pesos ajustada por CER a descuento, vencimiento 15 de mayo de 2026 (nuevo).
  • Letra del Tesoro en pesos ajustada por CER a descuento, vencimiento 31 de julio de 2026 (X31L6, reapertura).
  • Letra del Tesoro en pesos ajustada por CER a descuento, vencimiento 30 de noviembre de 2026 (X30N6, reapertura).
  • Bono del Tesoro en pesos cero cupón ajustado por CER, vencimiento 30 de junio de 2027 (TZX27, reapertura).
  • Bono del Tesoro en pesos cero cupón ajustado por CER, vencimiento 30 de junio de 2028 (TZX28, reapertura).

Instrumentos dólar linked:

  • Bono del Tesoro vinculado al dólar estadounidense cero cupón, vencimiento 30 de junio de 2027 (nuevo).
  • Bono del Tesoro vinculado al dólar estadounidense cero cupón, vencimiento 30 de junio de 2028 (nuevo).

Estos títulos se suscriben en pesos, utilizando el tipo de cambio de referencia de la Comunicación “A” 3500 del Banco Central correspondiente al día hábil previo a la licitación.

Instrumento en dólares estadounidenses:

  • Bono del Tesoro en dólares estadounidenses 6% con vencimiento 29 de octubre de 2027 (BONAR 2027, nuevo), con suscripción y pago exclusivamente en dólares. El monto máximo a colocar será de USD 150 millones en la primera vuelta, con posibilidad de ampliar hasta USD 250 millones sumando la segunda vuelta.

La recepción de ofertas se realizará entre las 10:00 y las 15:00 horas del miércoles 25 de febrero de 2026, bajo la modalidad de licitación por indicación de precio, sin precio mínimo ni máximo.

Tramos competitivos, no competitivos y reglas operativas

La licitación se estructura en dos tramos:

  • Tramo no competitivo, destinado a personas humanas o jurídicas sin especialización financiera, con montos máximos de VNO $50 millones para instrumentos en pesos y VNO USD 50.000 para los denominados en dólares. Las entidades financieras, fondos comunes de inversión y otros agentes especializados quedan excluidos de este segmento.
  • Tramo competitivo, orientado a inversores institucionales y agentes especializados, sin tope máximo de monto, con ofertas mínimas de VNO $1.000.000 en pesos y VNO USD 1.000 en dólares.

Para el BONAR 2027, se prevé además una segunda vuelta el jueves 26 de febrero de 2026, por adhesión al precio de corte, destinada a todos los interesados, siempre que la primera vuelta no resulte desierta.

La liquidación de todas las ofertas adjudicadas se realizará el viernes 27 de febrero de 2026 (T+2). En todos los casos, los procedimientos se rigen por la Resolución Conjunta de la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Hacienda N° 9/2019, marco normativo que regula las licitaciones de deuda del Tesoro.

Señales al mercado y efectos esperados

Desde el punto de vista financiero, la licitación busca asegurar el rollover de vencimientos relevantes, evitando presiones adicionales sobre la emisión monetaria o el mercado cambiario. La combinación de CER, dólar linked y deuda en dólares apunta a captar distintos apetitos de riesgo, en un contexto donde los inversores siguen de cerca la evolución de la inflación, el tipo de cambio y la tasa de interés.

En términos políticos e institucionales, el resultado de la colocación funcionará como termómetro de confianza del mercado en la estrategia económica del Gobierno. Un nivel elevado de refinanciamiento reforzaría la señal de estabilidad financiera de corto plazo, mientras que una menor adhesión podría reabrir interrogantes sobre el costo del financiamiento y la sostenibilidad del esquema.

Para el sistema financiero y los grandes inversores, la licitación representa además una referencia clave de precios para el resto del mercado de deuda pública, en un momento en el que el Tesoro busca consolidar previsibilidad y disciplina en su programa de financiamiento.

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